MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES, TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: OBJETIVOS PRIMORDIALES DE LA LUCHA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Dra. Aurea Verónica Rodríguez Rodríguez

El trabajo reflexiona sobre las políticas sociales y el neoliberalismo en el marco de la globalización haciendo énfasis en la pobreza, la marginalidad, las exclusiones y las desigualdades pues a lo largo de las últimas décadas en la región latinoamericana, han implementado distintas políticas para combatir la pobreza en los sectores más afectados; sin tener en cuenta el contexto y la raíz del problema, porque las mismas solo son funcionales por un cierto periodo de tiempo y las exigencias, los retos y necesidades van creciendo con el paso del tiempo y solo muestran un gran rezago que cada vez parece más difícil de minimizar. No sólo se trata de una crisis económica, sino también de una crisis social.
Las sociedades latinoamericanas se constituyen sobre la base material de un desarrollo desigual en que la distribución de la pobreza y la marginalidad se combina con la identidad étnica. La pobreza pone su nota específica en las formaciones culturales del continente, concediendo un carácter histórico-concreto a la articulación entre cultura dominante de identificación, cultura popular y cultura de la pobreza.
Es imprescindible no apelar a soluciones de mercado, sino a través del fortalecimiento y la adecuación de la acción estatal, así como satisfacer las necesidades más apremiantes, elevar el estándar de vida, para vivir y funcionar en sociedad. No bastaría con acceder al nivel de la satisfacción de las necesidades básicas; sólo se supera cuando se logra por medios autónomos. La necesidad de una visión semejante no es sólo intelectual o política, sino ética: transformar la cultura regional mediante la difusión y puesta en práctica de un conjunto de valores para la sostenibilidad en el largo plazo.
PALABRAS CLAVES: POBREZA, MARGINALIDAD, POLÍTICA SOCIAL, DESIGUALDAD

La política social es un conjunto de medidas que conllevan al mejoramiento y está orientada para la atención de la sociedad en su conjunto, mediante la repartición de los recursos, servicios y demás oportunidades con las que los gobiernos cuentan y pueden prestar a la sociedad. La misma tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. Su función esencial es la disminución y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto comprende todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social.
A lo largo de las últimas décadas en la región, los gobiernos han implementado distintas políticas sociales para combatir la pobreza en los sectores más afectados; pero sin tener en cuenta el contexto y la raíz del problema, ya que las políticas sociales, solo son funcionales por un cierto periodo de tiempo, así que las exigencias, los retos y las necesidades también van creciendo con el paso del tiempo y solo muestran un gran rezago que cada vez parece más difícil de minimizar. No sólo se trata de una crisis económica, sino también de una crisis social.
En América Latina continúan sin la debida atención los problemas de exclusión de las comunidades indígenas, los negros y otras minorías raciales que por herencias históricas se encuentran localizados en áreas geográficamente desaventajadas, donde el aislamiento físico, económico y social tiende a reforzar las brechas de desarrollo con el resto de la sociedad.
Las sociedades latinoamericanas se constituyen sobre la base material de un desarrollo desigual en que la distribución de la pobreza y la marginalidad1 se combina con la identidad étnica. Es así que la pobreza pone su nota específica en las formaciones culturales del continente, concediendo un carácter histórico-concreto a la articulación entre cultura dominante de identificación, cultura popular y cultura de la pobreza.
Retomar el concepto de cultura de la pobreza ofrece la posibilidad de incluir tanto a las formaciones simbólicas de las tradiciones vivientes como a las que emergen en la existencia comunitaria de los pobres, como un factor de peso en la evolución de las relaciones de fuerza entre las clases subalternas y las clases dominantes, entre los sectores populares rurales y urbanos y los gobiernos, entre las formaciones sociales nacionales y el imperialismo.
Con distintos matices y de acuerdo con los procesos regionales de modernización de las relaciones del trabajo, la situación básica con que nos encontramos en el continente es la siguiente: existen comunidades indígenas cuyas relaciones étnicas con la nacionalidad envolvente son relaciones de clase, como señalamos antes, y en ese marco, cuando se rompe el aislamiento o cuando la nacionalidad envolvente avanza y penetra en la existencia particular de los grupos tradicionales, comienzan a migrar trabajadores (hombres y mujeres) fuera de sus comunidades, muchas de las cuales ya no son étnicamente indígenas sino mestizas. Tanto unas como otras ceden trabajadores, regional y estacionalmente.
También existe migración de miembros de comunidades rurales por asfixia económica, o por la implantación de un estado de terror en las áreas de confrontación entre el Ejército y la guerrilla, como en Perú, Ecuador, Colombia y México. En la actualidad, se han sucedido varias generaciones de trabajadores urbanos que sobreviven mediante el trabajo no calificado, el trabajo de servicio doméstico o a expensas de la venta callejera o de las artesanías y, por fin, están los trabajadores de la construcción e industriales, con mayor o menor grado de calificación, para tareas de gran esfuerzo personal y con regímenes de contrato permanentes, transitorios y precarios. Estas diversas situaciones pueden ser distribuidas en tres categorías: pobrezas integradas, pobres en condiciones de vulnerabilidad y pobres desafiliados o marginales en sentido estricto.
En la primera categoría están los que poseen trabajo estable y desenvuelven vínculos sociales respaldados o pertenecen a comunidades rurales donde predominan los lazos de parentesco. Los pobres vulnerables se mueven dentro de condiciones de empleo precario y relaciones familiares y sociales inconsistentes. Los pobres marginalizados no tienen trabajo ni relaciones sociales contenedoras, situación ésta última en que se encuentran los vagabundos, los ex-presidiarios, los enfermos mentales, los toxicómanos, etc.
La cuarta parte de la población latinoamericana radicada en zonas urbanas vive en asentamientos miserables donde los jóvenes son cada vez más.2
América Latina posee una larga continuidad histórica, y muchas generaciones han constituido su experiencia social a partir de una exclusión constante, sea por la raza, por la clase o por el género, en lo social o en lo político. En las grandes ciudades, los marginales son experimentados como fuente de violencia social, en tanto que los pobres integrados, si bien son tolerados por las clases más favorecidas, reciben estigmas derivados de su espacio social de su origen étnico, de su condición de género, de su carácter de extranjero, etc.
Las economías de subsistencia sostenidas por sectores de trabajadores rurales, campesinos indígenas y no indígenas, y los trabajadores expulsados completa o intermitentemente del empleo en la industria y el comercio en los centros urbanos, definen esferas diferentes de la producción y fenómenos sociales distintos.
Los primeros consiguen articular un modo de vida subordinado pero que conserva los vínculos primarios con los parientes y vecinos en economías incompletamente monetarias, pero cuando se ven en la necesidad de migrar hacia las ciudades, muchas veces el sostén ofrecido por ese lugar social se desintegra en el camino hacia la marginalidad. Los expulsados del trabajo en la ciudad tienen un potencial flojo que sólo es nivelado, y no siempre, por el trabajo de otros miembros de la familia, especialmente por el trabajo femenino. Es decir que ambas circunstancias reiteran por un lado las características generales del sistema en todo el mundo y, a la vez, exhiben las culturas expresivas propias de cada formación cultural.
La historia latinoamericana muestra con claridad la voluntad cultural de las poblaciones subordinadas, sea que ellas construyan culturas indígenas o culturas populares (es decir, culturas propias del pueblo con materiales simbólico-expresivos de distinto tipo correspondientes a la clase, el género, las regiones, etc.). Dicha voluntad se constituye en el seno de una montaña social que toma carácter en la lucha política, en la desigualdad social y racial, en las diferencias culturales, en la relación capital-trabajo y en el curso de un proceso de acumulación-expropiación. El capital selecciona y descarta trabajadores en ese contexto de “atraso”, muchas veces pre-capitalista y semi-monetario, subdesarrollando esferas completas de la economía “nacional” y emprendiendo otras en términos de relaciones “modernas”. Así, estas formaciones sociales se caracterizan por un desarrollo combinado.
Lo que hoy se percibe como un colorido folklore en las regiones económicas de Latinoamerica, es producto de cambios que produjeron o aceleraron la ruptura de las estructuras tradicionales e, inclusive, generaron nuevas clases sociales. Esos procesos han sido la introducción de una economía monetaria en todas partes, la introducción de la propiedad privada de la tierra -y en muchos casos de monocultivo comercial-, el éxodo rural, la urbanización, la industrialización y la integración nacional de los países subdesarrollados, aunque estos factores no actuaron de la misma manera en todas partes ni de la misma manera.
La cultura de la pobreza se resume en la historia de saber quién y qué se es porque se sabe desde donde se viene. La marginalidad lo realiza en su forma más concreta y violenta, cuando el “actuar” no tiene otra restricción que animarse al miedo y “estar jugado”, o consiste en “adaptarse” al curso de las circunstancias. Por eso es que la “seguridad” se torna la concertación típica entre capital y trabajo bajo el modelo liberal, ya sea como asistencia social, concertación con compensación para el trabajador, o como represión, concertación de disciplina social para que opere con tranquilidad el capital.
La globalización de la economía mundial impuesta en las últimas décadas por los países desarrollados y que demanda en primer lugar la privatización indiscriminada en todos los sectores, ha hecho crecer el número de pobres y, a la par, el núcleo de millonarios en el mundo. Encabezando la lista de los más ricos aparece el mexicano Carlos Slim, dueño de numerosos negocios y de las telecomunicaciones en la nación azteca, con una fortuna que alcanza 53.500 millones de dólares.
Mientras uno de cada cinco mexicanos vive con hambre, es decir, no pueden adquirir lo indispensable para tener una alimentación adecuada, en tanto el número de pobres creció en 3.1 millones de personas, 15 de los dueños de México engalanan la lista de los mil 426 más ricos del mundo, de ellos cinco magnates aztecas aparecen por primera vez, y para lo cual es requisito indispensable de la revista Forbes poseer más de mil millones de dólares. Los mil 426 dueños de la aldea –encabezados por Carlos Slim por cuarto año consecutivo– identificados por el exclusivísimo listado, a otros multimillonarios los mantienen en el anonimato sin mediar explicación convincente, acumulan una fortuna sin precedente de 5.4 billones de dólares en comparación con los 4.6 billones de hace un año, lo que equivale al 7 por ciento del producto interno bruto mundial. 3
Internet, símbolo tecnológico de la globalización, se encuentra también atrapada en las redes de la exclusión social, el 13 % de la población latinoamericana no sabe leer ni escribir, por tanto no pueden acceder a la información que se proporciona por esta vía, a ello se suma que un alto por ciento de los textos que se divulgan son en idioma inglés lo que de hecho excluye a los habitantes del planeta no angloparlantes. Esto propicia la fragmentación social que promueve el neoliberalismo; la televisión, el video, la telefonía e Internet, tienden a reducir los espacios de vida colectiva y los sectores populares anti statu quo, deben evadir inmensas dificultades para lograr establecerse como sujetos sociales capaces de cuestionar el sistema político, económico y social establecido.
Entre las disímiles dimensiones indicadoras de niveles de pobreza, se encuentra el escaso acceso de un alto por ciento de los latinoamericanos a la educación. Datos estadísticos demuestran que un alto número de jóvenes entre 15 y 19 años, pertenecientes a familias pobres, que han concluido el primer grado, no terminan el sexto y millones de infantes entre 7 y 14 años, se ven obligados a trabajar y por tanto no asisten a la escuela.
El decadente panorama educativo que caracteriza a la región, tiene entre las causas fundamentales de esa decadencia:
• La precaria situación familiar, que no favorece el desarrollo cognitivo básico de los primeros años de vida, necesario para el futuro rendimiento pedagógico.
• Los escasos y en ocasiones casi nulos ingresos familiares que no permiten invertir en la educación de los hijos ni en la compra de uniformes y materiales escolares.
• La privatización de la educación que limita las oportunidades educativas a los hijos de familias de bajos ingresos.
El carácter selectivo de centros educacionales, que afecta a jóvenes que a pesar de la situación familiar han logrado con grandes esfuerzos alcanzar un determinado nivel de instrucción y que cuando se presentan a concursos o exámenes de admisión, están en desventaja respecto a aquellos que contaron desde su niñez con condiciones educativas más favorables.4
Todo ello se resume en un déficit educacional que limita el acceso a las altas tecnologías y excluye a los pobres a la hora de optar por puestos de trabajo que exigen un determinado nivel de calificación, ubicándolos en lugares desventajosos dentro del mercado de mano de obra.
La desigualdad, en detrimento de amplios sectores de la población, es el anverso de la medalla de la concentración de poder, riqueza, oportunidades y resultados en favor de estrechos sectores. No solo es una inaceptable discriminación que impide el acceso a las oportunidades por parte de muchas personas; también limita la capacidad de crecimiento de las sociedades, alimenta profundas fracturas sociales, debilita la institucionalidad, e incentiva la violencia y la criminalidad. No en vano América Latina, a la vez que ostenta el triste record de los mayores niveles de desigualdad, constituye también la región más violenta del mundo.
El combate de la desigualdad constituye así no sólo un imperativo ético, sino también un imperativo politico de insoslayable atención por parte de los gobiernos de la región.5
La crisis financiera echó por tierra el progreso social de los últimos años en América Latina. La región se consolidó como la más desigual del mundo: el ingreso promedio por persona en el estrato más acaudalado supera 17 veces al que percibe el 40% de las personas en los hogares más pobres. Ese es el problema y la solución, según la Comisión Económica para América Latina, pasa por replantear la forma en que el Estado fue relegado de las decisiones económicas en las pasadas tres décadas. 6
Fenómenos como la explotación de mano de obra infantil y la violencia, afectan seriamente a los excluidos de las políticas globalizadoras neoliberales, los que ven olvidados sus más elementales derechos humanos.7 Con frecuencia la conquista del reconocimiento de un derecho está precedida de largas luchas y presiones. Exactamente lo mismo acontece para que se respeten o se cumplan los derechos una vez reconocidos.
La criminalidad en América Latina (y en el mundo en general) afecta mucho más las zonas urbanas que las rurales, y dentro de las primeras, mucho más a las ciudades grandes que las pequeñas. Esta conexión, aunque raras veces cuantificada, ya forma parte del subconsciente colectivo: las pandillas criminales no ocurren en parajes desolados en el campo sino en el centro de una gran ciudad, entre grandes rascacielos e indiferentes peatones.
Desde ahora hasta el 2015, cuando la ONU hipotéticamente pensaba cumplir las llamadas metas del Milenio (disminución de la pobreza, mortalidad infantil, alfabetización, etc.), se estima que morirán 1.200.000 menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
Durante los últimos 10 a 15 años, varios países de la región han resuelto el descontrol en el gasto público que lleva a crisis de balanza de pagos e hiperinflación. Se implementan fuertes controles de gasto para romper aquellos ciclos, pero ahora estos se están volviendo víctimas de su propio éxito y los gobiernos necesitan invertir más.
El problema ha sido contenido en cierta forma durante los últimos años, debido al alza en los precios de los bienes básicos, pero es significativo destacar que la inversión pública es tan importante como la privada.
Pero, en este esquema global, ante el poder de las gigantescas corporaciones transnacionales, que controlan desde las semillas transgénicas hasta los venenos agrícolas, el latifundio brasileño pasa a ser el eslabón más débil.
El modelo de política social de Cuba postula que toda persona posee el derecho a satisfacer sus necesidades básicas no como consumidor, sino como ciudadano con derechos. En la propia Constitución se considera el derecho al trabajo, a recibir la educación — en todos los niveles de enseñanza- y los servicios médicos gratuitos y a ser protegido contra el desamparo. También se ha destacado en la aspiración de construir una sociedad sin lacras sociales, tales como la drogadicción, el crimen organizado, la corrupción, la prostitución y el abuso a la infancia, entre otros males. Se ha procurado conseguir una escala de relaciones humanas basada en el predominio de valores solidarios en el funcionamiento social. El concepto de desarrollo social en que se sustenta la política social representa desarrollar de modo concurrente en el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar material, en la equidad y en la transformación de los valores, en los comportamientos y en las relaciones sociales. La política social es, por tanto, multifacética en sus objetivos y abarca las esferas de educación, salud, alimentación, vivienda, agua y saneamiento, empleo, seguridad y asistencia sociales. Al evaluar los importantes resultados obtenidos, debe tenerse presente su importante efecto de complementariedad que potencia las acciones en etapas de crecimiento económico y avances sociales sostenidos y ayuda a paliar los efectos del déficit de recursos en el período de crisis económica.
No habrá preservación ambiental sin la superación del modelo actual de desarrollo predatorio basado en la acumulación privada de riqueza.
¿Para qué hay que ser nación umbilical?, ¿qué ofrece el capitalismo “desarrollado” a sus pueblos y al mundo? En realidad, muchos expertos coinciden en afirmar que los problemas que hoy enfrenta la humanidad están más asociados con la distribución que con la producción de bienes, y que —sin transgredir ciertos límites inferiores de posesión de bienes— la pobreza, a los efectos de la realización existencial personal de seres humanos socializados, constituye un problema infinitamente menor que la desigualdad social.
Tal vez por todas esas razones, algunos de los países que actualmente en América intentan con mayores bríos seguir un camino alternativo, no (tan) neoliberal, en su andar histórico comienzan por plantearse referentes claros: qué entenderán por “progreso”, a qué llaman Buen Vivir (el sumak kawsay del kichwa ecuatoriano) o Vivir Bien (el suma qamaña del aymara boliviano), cómo conjugar el “desarrollismo” con el espíritu íntimo de la nación y las necesidades de la población, y otras precepciones básicas.
La inclusión social, que se define frecuentemente en oposición a la exclusión social, es el resultado de políticas que posibilitan a cualquier ciudadano, sector o grupo de población gozar sin restricciones de los derechos, oportunidades y recursos de que dispone la sociedad de referencia. 8
En los países de América Latina y el Caribe –al igual que en otras regiones del mundo– existe un conjunto de presiones socioeconómicas similares que afectan el ambiente; la pobreza y la desigualdad de ingresos están entre las más graves.
Además se deben señalar el desarrollo insostenible de la agricultura, la industria y el turismo, la urbanización no planificada, el crecimiento demográfico y la densidad poblacional.
El ingreso del 20 por ciento más rico de la población es 19 veces mayor que el correspondiente al 20 por ciento más pobre, en contraste con una diferencia de sólo siete veces para los países industriales.
En materia de pobreza y desigualdad social, tanto la crisis de la deuda externa a comienzos de la década de 1980, como las políticas de ajuste y reformas estructurales subsiguientes, tuvieron efectos muy desfavorables.
La salud de la población se ve afectada tanto por los niveles de pobreza como por el impacto del proceso mismo de desarrollo. Los indígenas y otros grupos marginales sufren a menudo de una falta de servicios básicos (agua potable y saneamiento) y de una discriminación social que exacerba aún más la situación.
Problemas como la desnutrición y la deficiencia de yodo son más graves en estos grupos (alcanzan en Bolivia, por ejemplo, a un 47 y un 20 por ciento de la población, respectivamente), al igual que enfermedades como el cólera que también surgen por la falta de agua potable y el número de gente pobre en la región ha aumentado.
En este respecto, aunque las enfermedades infecciosas todavía constituyen una importante causa de mortalidad en la región, las causas de muerte más comunes son las enfermedades cardiovasculares y los neoplasmas malignos, propios del proceso de industrialización. Por otro lado, la mortalidad debida a la violencia, los accidentes y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) están en aumento en muchos países.
En contraste, hasta mediados de los años 70, la pobreza fue generalmente más común en las zonas rurales que en las urbanas. En los años 90, sin embargo, las estadísticas regionales muestran que un 65 por ciento de los hogares pobres está en las zonas urbanas9
El crecimiento no planificado de las zonas urbanas tiene su mayor impacto sobre los pobres, quienes se ven obligados a asentarse en zonas marginales, más vulnerables a los riesgos de origen natural, y con frecuencia carentes de un suministro adecuado de agua y de servicios sanitarios, aun cuando éstos generalmente están bien desarrollados en las áreas urbanas. Esto los expone en mucho mayor grado al impacto de los desastres de origen natural y a enfermedades de gran impacto como el cólera y el dengue.
La necesidad de una visión semejante no es sólo intelectual o política, sino también ética: transformar la cultura regional mediante la difusión y puesta en práctica de un conjunto de valores para la sostenibilidad en el largo plazo.
Durante la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo acordaron establecer una serie de objetivos y metas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la desigualdad entre géneros; todos ellos obstáculos para alcanzar el desarrollo sostenible. 10Los países latinoamericanos tomaron seriamente este compromiso y han trabajado para complementar el acuerdo con una serie de compromisos y acuerdos que reflejen de mejor manera la situación y capacidad de los países de la región.
El resultado principal del proceso preparatorio regional hacia la Cumbre de Desarrollo Sostenible fue el establecimiento de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC).Esta iniciativa fue explícitamente incluida en el Plan de Implementación de Johannesburgo e incluye metas regionales directivas y acciones indicativas en áreas clave de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Un punto importante es que pretende reflejar las singularidades, visiones y metas de la región teniendo en cuenta, ante todo, la vigencia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados. Las propuestas identificadas en esta Iniciativa constituyen la base de la acción futura ante los imperativos del desarrollo sostenible.
En México, como en otros países de Latinoamérica, la pobreza, la marginación, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud de calidad son problemas que afectan todavía a importantes sectores de la población, por lo que su combate es, sin duda, una de las tareas fundamentales del gobierno. La marginación de las minorías y las desigualdades por razón de género conducen a que determinados grupos sociales vivan en ambientes de pobreza, carentes de la seguridad legal de su vivienda y terrenos, y frecuentemente fuera de toda planeación de infraestructura sanitaria y de abastecimiento de servicios básicos, como el agua potable y la energía. Hablar de la riqueza y la dimensión social, especialmente la vinculada a los requerimientos de equidad y justicia distributiva, es un problema histórico de rezago que creció como consecuencia, por un lado, de las desigualdades estructurales generadas por el modelo de crecimiento que acompañó la consolidación del México posrevolucionario y, por otro, por los impactos regresivos de políticas y medidas de ajuste con las que se sustituyó dicho modelo, así como por los efectos de la inestabilidad económica internacional.
La desigualdad en Guatemala tiene un carácter multidimensional. Su expresión más flagrante es en el ámbito económico, pero también se refleja en términos de territorialidad, etnicidad, género y por consiguiente, en una profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos. Tiene además rostro rural, indígena y de mujer. El 73% de los indígenas y el 70% de la población rural son pobres. La tasa de pobreza rural duplica la de pobreza urbana, y afecta principalmente las regiones Norte y Noroccidente del país.
Al final de la escala de ingresos encontramos a las mujeres indígenas rurales. En otras palabras, el efecto de la ruralidad y de la etnicidad agrava las desigualdades de género. A esto se suman las diferencias salariales, ya que por cada quetzal percibido por un hombre, la mujer gana 63 centavos en el área urbana y 69 en el área rural 11.
Es por tanto en el ámbito de la educación donde más patente se hace la transmisión intergeneracional de la desigualdad, donde más espacio tenemos y donde más debemos esforzarnos para avanzar. Porque es también desde ese espacio, el de la educación de calidad, el de la capacitación técnica, sin duda, pero también y muy especialmente de la formación en valores, desde donde más podemos hacer para combatir la transmisión intergeneracional de la desigualdad social, familiar, económica y laboral 12.
Fortalecer los grandes movilizadores sociales, como la educación y la salud, mediante políticas que promuevan una más amplia y efectiva cobertura y una mejor calidad de los servicios, constituye un reto. A la vez, promover una más efectiva articulación de las políticas sociales dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, en reconocimiento a las múltiples carencias que afectan a las familias en condiciones de pobreza. Adicionalmente y en aras de promover lo que el PNUD llama la "inversión temprana en capital humano", sumaremos a las ya exitosas políticas de salud infantil y de educación escolar y preescolar que han existido, una red nacional para el cuidado y el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas de los cero a los cinco años de edad13 .
América Latina, que es la región del mundo más aquejada por la desigualdad como expone el Informe Regional sobre Desarrollo Humano que hoy lanza en Iberoamérica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El resultado es que existe una continua lucha de clases 14
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su informe anual 2010 recomienda repensar el paradigma del desarrollo basado en costos laborales bajos y exportaciones y desmiente que el desempleo se daba a la rigidez laboral y los salarios excesivos15
No hay evidencia empírica que indique que el desempleo se debe a la rigidez laboral y los salarios excesivos, a contracorriente de las posturas de gobiernos y empresarios que exigen flexibilizar el mercado laboral para generar nuevos puestos de trabajo.Para enfrentar el desempleo, que con la crisis financiera alcanzó su nivel más elevado de los últimos 40 años, el organismo plantea que los países en desarrollo deben repensar el paradigma del desarrollo basado en la exportación y el mantenimiento de los costos laborales bajos, y atribuye al mercado interno un papel estratégico para el crecimiento.
Según la UNCTAD, la idea de que la creación de empleos exige salarios menores es errónea, y se basa en la opinión general de que capital y trabajo se sustituyen mutuamente, por lo que su utilización depende del precio del trabajo y el desempleo entonces es producto de las rigideces del mercado laboral.
El desempleo ha persistido en muchos países en desarrollo, que durante las últimas tres décadas basaron su estrategia de crecimiento en las exportaciones y la compresión salarial: sus ventas no crecieron como esperaban o el aumento de la productividad se destinó a bajar el precio de las exportaciones en lugar de aumentar los salarios y, por ende, la demanda interna, afirma. Ya no será posible apostar solamente a las exportaciones. La fortaleza y composición de la demanda interna depende de la distribución del ingreso 16.
La difícil tarea de medir la pobreza
Las condiciones sociales de una población se reflejan en el nivel de pobreza de la misma y también en sus índices de desigualdad.
Si entendemos al desarrollo como la expansión de las capacidades de la gente, tal como lo plantea el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, lo elemental sería estudiar cómo sobrepasar la pobreza desde un enfoque de capacidades. Sin embargo, hay limitaciones que dificultan la utilización de este enfoque. En primer lugar, no existe un consenso definido en la comunidad académica sobre como operacionalizar la noción de capacidades. En segundo lugar, si nos concentramos en dos capacidades básicas (educación y salud) no existe información disponible, con periodicidad anual, que nos permita evaluar los cambios en el corto plazo.
Si bien existe un amplio y no resuelto debate sobre cuál es el mejor de los indicadores existentes, podríamos compendiar en dos formas de medición: el método directo, que calcula las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el método indirecto, que se describe al ingreso. Este último adolece de varias debilidades. Resulta complejo el manejo del umbral entre ciudad y campo, aquí aflora el problema de cómo considerar la situación de quienes no tienen ingresos monetarios. Parte de la población indígena no está monetarizada y tiene sistemas de autoabastecimiento e inclusive de trueque. Una ventaja del método del ingreso es que permite analizar los cambios en la pobreza en el corto plazo debido a cambios en las condiciones macroeconómicas. Una desventaja es que el ingreso es demasiado volátil.
En este punto se utiliza la definición de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) dada por la Comunidad Andina de Naciones, que es la misma que utiliza el SIISE17 .
No se trata exclusivamente de aumentar la inversión social, algo por lo demás indispensable, sino de buscar simultáneamente una mejor calidad y eficiencia en la misma.18
La CEPAL cita a Perú entre los países que han obtenido logros en bajar la pobreza, pero otros informes lo desmienten, como los del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambos aseguran que 3,3 millones de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, trabajan en Perú, principalmente en el sector agrícola o en oficios considerados como peligrosos, colocando a la nación andina con la mayor tasa de trabajo infantil de Latinoamérica, lo que equivale al 42 % de la población nacional en esa edad (que asciende a 7,9 millones)19 .
Podemos resumir señalando que las reformas económicas diseñadas y puestas en práctica siguiendo el esquema lógico neoliberal no mostraron un desempeño exitoso en el manejo de la pobreza y la desigualdad, sino que, por el contrario y como ya es extensamente conocido, tuvieron como efecto la reproducción sistemática de un amplio segmento de la población en esta condición y de las distancias sociales.
Se hace necesario no apelar a soluciones de mercado, sino a través del fortalecimiento y la adecuación de la acción estatal, así como satisfacer las necesidades más apremiantes, elevar el estándar de vida, para vivir y funcionar en sociedad. No bastaría con acceder al nivel de la satisfacción de las necesidades básicas para dejar de ser pobre; sólo se supera la situación de pobreza cuando esta satisfacción se logra por medios autónomos.
La pobreza no es sólo económica, sino también social, política y cultural. Se caracteriza por la privación de los derechos humanos: los derechos económicos (derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado), sociales (derecho a la asistencia médica y a la educación), políticos (derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación) y culturales (derecho a mantener su propia identidad cultural y a tomar parte en la vida cultural de la comunidad). Es resultado de la violación de dichos derechos que han de ser respetados para garantizar la dignidad de toda persona, es la insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas esenciales por un grupo social específico y que reflejan el estilo de vida de una sociedad. Por lo tanto, las problemáticas relacionadas con la pobreza han de verse mediante una visión sustentada en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las obligaciones correspondientes a los estados.
Somos testigos del surgimiento de una joven generación defraudada por la irregularidad endémica que se da entre la adquisición de competencias y las exigencias del mercado de trabajo. La mejor refutación a la crisis económica y el desempleo juvenil es refrendar que los jóvenes consigan alcanzar la formación pertinente y las competencias básicas indispensables para ingresar en el mundo de trabajo con una absoluta seguridad en sí mismos.
La mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado. La pobreza existente en Latinoamérica y el Caribe, es un reflejo de la gran desigualdad que atenta contra el crecimiento económico, que obstaculiza los procesos de integración e imposibilita que se den las condiciones deseadas para afrontar las exigencias del desarrollo y garantizar la seguridad del continente.