SITUACIÓN Y ALTERNATIVAS DE COORDINACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO COMO V�A PARA LOGRAR MAYOR DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, 2012

CAPITULO II
 MARCO TEÓRICO

2.1 La agricultura en México ante la globalización

La agricultura 1 en México es el principal componente en el sector agropecuario, ya que aporta mayormente al PIB en relación al sector pesquero, pecuario y acuícola, además permanece vigente durante todo el año con sus distintos cultivos (Escalante & Catalán, 2008). Es de gran importancia porque provee alimentos, materias primas, y mano de obra al sector agroindustrial y de servicios. Además, demanda gran cantidad de  productos industriales de primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinaria, entre otros. También ayuda a retener cierto número de población en dichas localidades productoras promoviendo el arraigo a sus tierras, el sustento a familias y la preservación de recursos naturales (Fletes, 2000).

Dentro de la producción agrícola del país, las frutas y hortalizas han concentrado el mayor número de empresarios interesados en participar en un modelo de producción condicionado por las tendencias económicas y sociales internacionales (Macías, 2010). Prueba de ello es que para el 2005 las frutas, hortalizas y el maíz representaron el 67.7% del total de cultivos agrícolas producidos en México y estos a su vez representaron el 24% en términos de exportación (Escalante & Catalán, 2008).

En México se practican dos tipos de agricultura. La primera, es la agricultura tradicional o extensiva, la cual consiste en un sistema de producción donde el productor depende en gran parte de las lluvias, condiciones climatológicas y mano de obra no salariada. La segunda, es la agricultura comercial o intensiva que consiste  en un tipo de producción donde se implementa tecnología de punta y mano de obra asalariada (Minutti, 2007). Dentro de los dos tipos de agricultura, los mecanismos y actores involucrados dejan ver las relaciones que forman para generar  dinámicas que superan las exigencias de las fronteras territoriales (Macías, 2010).

Así pues, la agricultura mexicana se encuentra influenciada por la llegada de la globalización que  implica la integración eficaz entre actividades dispersas internacionalmente (Gereffi, 1999). Lo anterior, constituido por distintos actores que luchan, negocian y acomodan, intentando reducir la ambigüedad y la incertidumbre del cambio y al mismo tiempo tratan de obtener poder en sus diversas formas a través de estar sujetos a retos continuos en un lugar determinado  (Rodríguez, 1998).

México abrió su economía a la globalización a inicios de los años ochenta. En 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en 1994 entra en vigor. Permitiéndole al país estar dentro de un modelo de desarrollo amplio, en el cual, el comercio exterior se muestra como un eje importante. Los principales objetivos que el tratado planteaba eran: el impulso productivo, la reducción de la pobreza y el incremento en los niveles de vida, entre otros. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado dar respuesta a los objetivos planteados para superar los problemas estructurales acumulados a lo largo de los años  (Rosenzweig, 2005).

Por el contrario, el TLCAN  generó numerosos cambios a su llegada. Uno de ellos fue el  acarreo de normas de calidad para los productos agroindustriales. La adopción de la calidad y los reacomodos que ésta implicaba, transformaban las condiciones de la competencia agroindustrial y renovaban las formas de interrelación de los actores sociales (Urzúa, 1998). Esto también ocasionó conflictos entre los productores y las agroindustrias, ya que en algunos casos existía rechazo para asumir cambios en la producción y en los programas de modernización para mejorar la producción y la calidad, así como para propiciar la rentabilidad y el mejoramiento de calidad de vida (Rodríguez, 1998). Sin duda alguna, el TLCAN además de sus beneficios también trajo consigo numerosos problemas de readaptación.

Por lo tanto, la creciente desregularización y apertura comercial pone a los productores agropecuarios tanto exportadores como de mercado interno en relación directa con sucesos globales, como fluctuaciones de la demanda y acuerdos comerciales que alteraron los equilibrios económicos, sociales y políticos, obligándolos de cierta manera a renegociar su inserción en todos los niveles y poniéndolos en riesgo frente a productores, consumidores y unidades familiares de las ciudades fronterizas y del interior de los Estados Unidos, es decir, sus contrapartes  (Bartra, 2008).

La liberación comercial tuvo como consecuencias una serie de reformas que han tenido como principal objetivo la redefinición  del papel del Estado; eliminación de los precios de garantía y de los subsidios de los productores del sector; la disolución de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la desaparición o venta de otras empresas publicas relacionadas con la alimentación; la reducción del crédito oficial al campo, la reforma al artículo 27 constitucional, que permite la privatización de los derecho de propiedad de la tierra en el sector social o reforma ejidal y la transferencia a los usuarios del manejo de la infraestructura de los distritos de riego público (Reyes, Perales, & Morales, 2009). Así como el aumento de las importaciones de granos básicos, de productos de la industria alimentaria y hasta la inflación por el aumento de la tortilla  (Nadal, 2001).

Aunado a las consecuencias que el TLCAN trajo consigo, surgieron acontecimientos que dejaron a la intemperie los impactos en el sector agropecuario, entre ellos destacan la crisis de 1994-1995, la depreciación y posterior apreciación del tipo de cambio, insuficiente inversión en infraestructura, las políticas de subsidios de Canadá y Estados Unidos, los cambios en los precios internacionales de productos agrícolas, insuficiencia de crédito, diferencias en las condiciones de producción y comercialización de los distintos tipos de productores, ineficiente funcionamiento de los mercados internos, fragmentación de la tenencia de la tierra, rezagos estructurales en el desarrollo de mercados regionales, fenómenos naturales, y los sistemas de apoyo implementados por el gobierno federal  (Rosenzweig, 2005).

Como resultado de los altibajos que el sector agrícola mostraba, nacieron programas de apoyo al campo por parte del Estado y las agroindustrias en favor de los agentes primarios (productores) que al pasar de los años han ido disminuyendo a causa del cambio estructural, de  la retirada del Estado, desplazamiento del mercado interno, incremento de los pasivos en la banca comercial y el establecimiento de los estándares internacionales (Ayala, 2007). Así como la política agrícola, tenencia de la tierra, políticas neoliberales y cultura general (Minutti, 2007). Por último, el cambio de la reforma agraria y los movimientos populares a finales de los sesentas (Canales, 1988).

El sector agropecuario también  ha sido afectado por las crisis: alimenticia, de combustibles, económica y financiera que como consecuencia ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país, ya que impulsó la disminución de la inversión pública, en la generación de empleos y en los salarios de los trabajadores del sector agropecuario. Y por último, otros factores que han afectado directamente son la deficiente integración de la cadena productiva, las tendencias globales del comercio agroalimentario y las tendencias del consumidor  (Becerril, Rodríguez, & Ramírez, 2011).

Con la apertura comercial y el retiro de los apoyos para el campo muchos empresarios y productores se vieron afectados en el ámbito financiero por la pérdida de rentabilidad de sus cultivos. Ante esta situación los productores buscaron una alternativa productiva, y encontraron un nicho donde se modificó el tipo de producción y el mecanismo de trabajo para lograr responder a las condiciones internacionales y la política gubernamental, convirtiéndose en la principal opción de agricultura capitalista para las agroindustrias de productos congelados  (Macías, 2010).

Por lo anterior, el sector  agropecuario tendrá que enfrentar algunos retos, entre ellos: el crecimiento poblacional y el consumo diferenciado por tipo de población, la incertidumbre de los mercados como resultado de los cambios en los precios y disponibilidad de alimentos, la competencia de alimentos para consumo humano y para producción de agro-combustibles, y la disminución en la disponibilidad de agua y superficie destinada a la actividad agropecuaria (Becerril, Rodríguez, & Ramírez, 2011). En consecuencia, la estructura de producción y comercialización del sector agropecuario actualmente es muy distinta antes de la llegada del TLCAN (Rosenzweig, 2005).

En lo que respecta una necesidad de incorporar tecnología de punta e  innovaciones en los procesos productivos, así como el aprovechamiento eficiente y eficaz de los insumos primarios y secundarios. Sin dejar de lado mecanismos y acciones políticas que impulsen el desarrollo del sector agrícola, tomando en cuenta un método deductivo, es decir, creando políticas de abajo hacia arriba con el fin de implementar programas de apoyo a la producción y comercialización de la agricultura mexicana y llevando a cabo cada una de estas estrategias de una manera coordinada para lograr un desarrollo local.

2.2 Estado Benefactor

El sector agrario mexicano durante al menos cuatro décadas (1930-1970), dio varias muestras de competitividad, dinamismo y autosuficiencia (Ayala, 2007). Durante ese periodo México estaba envuelvo en lo que se conocía como Revolución Verde (1943- 1961), también era llamada Revolución Comercial ya que se tuvieron que importar tanto insumos como maquinaria para llevarse a cabo el proceso de producción agrícola. Esta política logró como resultado hacer una agricultura diferente a la tradicional, en la que se incorporaban semillas mejoradas, tracción mecánica y agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas), con el fin de aportar divisas al país para el desarrollo industrial, proveer alimentos baratos a los centros urbanos, aportar mano de obra al sector industrial y ser el mercado de consumo de la industria nacional. En este periodo también se implementó el Programa Braseros (1942-1964), en el que emigraron legalmente 4,461,999 trabajadores y otro tanto de manera ilegal (Reyes, Perales, & Morales, 2009).

Para el año 1965, se crearon algunas empresas de participación estatal mayoritarias con la finalidad de atender las necesidades de la población.  Cinco años después se implementa el Modelo de Industrialización por sustitución de Importaciones (ISI) que estuvo vigente un periodo de diez años (1970-1980), para impulsar la industrialización y disminuir las importaciones, por tanto durante esa década el país se convierte en una economía cerrada. Posteriormente se implementa una política pública que tiene como objetivo lograr la autosuficiencia alimentaria, a través del programa conocido como Sistema Alimentario Mexicano (SAM) el cual se suspende en 1982 por la caída de los precios del petróleo (Reyes, Perales & Morales, 2009).

2.3 Neoliberalismo

Al término del modelo de desarrollo tipificado como del Estado benefactor, las paraestatales se privatizaron dejando desamparadas las necesidades básicas de la población. Para 1986, México inicia la apertura comercial con la entrada  al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). En este periodo la competitividad, dinamismo y autosuficiencia dio un giro que se reflejó en la crisis que hasta hoy conocemos, debido a que la política agrícola de México giró en torno a privilegiar la liberalización comercial por encima de la propia seguridad alimentaria de los mexicanos (Ayala, 2007).

En 1992 las reformas al artículo 27 Constitucional planteaban eliminar la propiedad social de la tierra y transferirla a los productores, con el doble objetivo de fomentar la capitalización del sector campesino, al potenciar tanto el acceso al crédito privado como a las asociaciones con empresas agroindustriales y comerciales, y propiciar una democratización del ejido, al promover los derechos individuales y romper con el control corporativo que se expresaba mediante la asamblea y el comisariado ejidal (Léonard, 2003).

La reforma al artículo 27 Constitucional significó la finalización al reparto de la tierra y un énfasis a los derechos de propiedad. El reparto agrario era concebido como una demanda modernizadora que tenía como propósito la ruptura de los factores que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas y el fortalecimiento del mercado interno, impulsando al productor a ser un ranchero emprendedor (Gordillo, 1988).

2.4 Desarrollo local

El desarrollo es un proceso localizado de cambios que tienen como finalidad el progreso permanente y constante de la región, de la comunidad regional y de los individuos que en ella residen (Jiménez, 2005). También es un proceso de transformación, que brinda una mejor calidad de vida a la sociedad a través de mayores ingresos, mejor educación, salud, servicios, etcétera (Mozas, 2006). Es un proceso dirigido por las personas y para las personas, su logro engloba factores que van desde lo económico hasta lo cultural, sin dejar de lado lo social, político y ecológico (Ruiz, 2010). En otro sentido es un proceso donde se toman en cuenta los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial (Alburquerque, 2003).

Permite facilitar a los actores principales de una región económica a emprender de manera independiente, iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de su región y a su posicionamiento estratégico en el país e incluso en el contexto global a través del desarrollo de ventajas competitivas  (Vázquez, 2001). Es el conjunto de relaciones y encadenamientos productivos y comerciales que explican la eficiencia productiva y competitividad de la economía (Alburquerque, 2003).

El desarrollo local es visto como  un conjunto de atributos que se adquieren en un lugar determinado, entre ellos: el crecimiento del PIB per cápita, la industrialización de la estructura económica, la democratización y modernización de la sociedad. El conjunto de atributos anteriormente mencionados son adquiridos a través de un conjunto de capacidades que se generan internamente, sujetas a la calidad de los recursos humanos, la capacidad organizativa y de articulación público-privada,  la innovación y emprendurismo de los agentes locales, la capacidad institucional territorial, con una estructura de relaciones establecidas y consolidadas  (Madoery, 2000).

Se determina a través del uso potencial y del excedente de un lugar en específico (Vázquez, 2001). Algunos piensan que el desarrollo se establece a través de cinco etapas: la primera es la autosuficiencia, la segunda es la especialización de los sectores primarios, la tercera es el despegue económico aumentando la industrialización, la cuarta es el camino a la madurez es decir, la economía se diversifica en nuevas áreas y la quinta y última etapa es el consumo a gran escala (Salguero, 2006). Otros piensan que se necesitan seis instrumentos para lograr un desarrollo entre ellos: que el grupo tenga un objetivo en común que permita a las distintas empresas fortalecerse, expandirse, permanecer y volverse competitivas; los factores de ubicación, es decir, tener claro un área geográfica y al mismo tiempo lograr ver si se tienen o no un escenario favorable; la participación y gestión de los actores, la organización local, conformación de redes, cooperación, plataformas de concertación y alianzas público-privadas, el fomento de la descentralización y distribución de responsabilidades y el desarrollo de la institucionalidad regional; diagnosticar, planear, monitorear y evaluar; las políticas que se aplican a nivel nacional y local; y  por último, el enfoque de desarrollo sostenible que permite ampliar y aprovechar estrategias para la obtención de resultados perdurables (GTZ, 2009).
El desarrollo pretende satisfacer las necesidades y demandas de una población local a través de la participación activa de la comunidad local en los procesos de desarrollo (Madoery, 2000). Busca un enfoque territorial de abajo hacia arriba, donde se quiere que actúen distintas intervenciones que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de desarrollo local (Alburquerque, 2003).

Se logra en un lugar estratégico, donde se realizan actividades económicas, sociales y culturales, el cual se encuentra estructurado estratégicamente, es decir, cuenta con infraestructura industrial, carreteras, hospitales, escuelas, transporte, población económicamente activa, calificada y no calificada. Con estas características el desarrollo impacta en variables como el empleo, la educación, la salud, la calidad de vida, la cultura, entro otros. Este impacto se logra  a través de cambios en la producción, distribución, consumo, condiciones de vida, estructura social, conciencia social y modo de vida (Jiménez, 2005). Y al mismo tiempo de una eficiente coordinación de los distintos actores que participan en toda la cadena agroindustrial (Alburquerque, 2003).
El desarrollo depende siempre de la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base productiva y a la coordinación empresarial de un territorio determinado (Alburquerque, 2003). En otras palabras, para lograr un desarrollo local es prioritario planificar, organizar y gestionar desde cada lugar con capacidad de decisión estratégica, como son las ciudades y los espacios regionales (Madoery, 2000).

2.5 Concepto de coordinación

Uno de los factores centrales que determina el proceso de acumulación de capital es la organización y coordinación que se aplica en los sistemas productivos. Estos últimos se han puesto en marcha en las últimas décadas en Alemania y en las economías de desarrollo tardío del sur de Europa (Italia y España) y de América Latina (Brasil, Argentina y México), con el fin de mostrar la incidencia de la coordinación en distintos ámbitos de cada una de estas economías  (Vázquez, 2001).

La coordinación consiste en la organización de cada uno de los actores involucrados en un sistema competitivo, respaldado por el Estado  (Rodríguez, 1998). La importancia de llevar a cabo la coordinación reside principalmente en la organización que exista en el sistema productivo local sin importar  el tamaño de la empresa, es decir, la organización del entorno en el que se establecen las relaciones entre las empresas, los proveedores y los clientes son las que condicionan la productividad y competitividad de las economías locales. Así pues, los sistemas productivos locales y las relaciones entre las empresas son uno de los mecanismos a través de los que se producen los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías locales y regionales, ya que permiten generar rendimientos crecientes cuando las relaciones y la interacción entre las empresas propician la utilización de economías de escala ocultas en los sistemas productivos y los centros urbanos, a fin de cuentas uno de los potenciales de desarrollo económico local (Vázquez, 2001).

Las cadenas productivas en esta caso agroindustriales (CAI) se entienden como el conjunto de actores que se interrelacionan desde la fase de producción primaria hasta la agroindustria, es decir, van desde la producción de insumos y bienes de capital hasta la de consumo, pasando por las de producción primara, mercadeo, transformación y distribución. Estos actores pueden ser: funcionarios gubernamentales, empresarios de compañías exportadoras, técnicos en irrigación, líderes comunitarios, jefes políticos, terratenientes privados, campesinos parcelarios, grupos de mujeres rurales, trabajadores agrícolas, comerciantes, así como actores sin presencia física pero que están involucrados en todo este sistema productivo (Long, 1998).

Las CAI son un conjunto productivo y organizativo regulado por actores sociales con poder similar al de las agroindustrias. La agroindustria  es un eslabón muy importante dentro de la organización de las CAI y de las regiones, ya que permiten lograr el proceso de transformación de un determinado producto para comercializarlo en un mercado meta. Al mismo tiempo, con el apoyo del gobierno diseñan y aplican programas orientados a fomentar el desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar el producto terminado  (Urzúa, 1998). Los actores rurales también son un eslabón muy importante aunque no influyente de manera significativa en las CAI, en particular los productores organizados se encargan de diagnosticar, proponer e impulsar una política de Estado para el campo cuando el gobierno federal evade la responsabilidad de trazar políticas públicas estratégicas, con el fin de cumplir metas que impulsen la mejor calidad de vida a través de la explotación de sus recursos naturales (Bartra, 2008).
Las CAI también son vistas como un sistema complejo de agentes, en las que participan diversos actores sociales y sus distintas dinámicas. Son descritas como un conjunto de actividades diferentes y complementarias (Rodríguez, 1998). También son consideradas campos empresariales en las que la dispersión de las etapas productivas ha tenido que irse organizando, es decir, coordinándose  a través de los actores que intervienen en todo el proceso de producción, de tal manera que genere valor a la cadena y beneficios a los actores participantes (Macías, 2010).

Las cadenas agroindustriales permiten mostrar las formas de coordinación de los actores y sus alcances estratégicos y culturales (Rodríguez, 1998). Las CAI están determinadas por los procesos de coordinación vertical. Estos últimos, pueden ser mecanismos para diseñar e instrumentar políticas y medidas diferenciadas, específicas y adaptadas al mismo tiempo por parte de las instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo agropecuario, rural y agroalimentario (Urzúa, 1998).

Se han señalado tres tipos básicos de cadenas agroindustriales:                             
1. La cadena tradicional en la que predominan los productos tradicionales, es decir, que son originario de la región. Estas cadenas movilizan el conocimiento artesanal, que se derivan de una experiencia acumulada y no incorporan ningún  proceso de transformación. Se caracterizan además por ser cadenas muy cortas y el polo dominante es la agroindustria de tipo artesanal o agentes que tienden a ocupar un lugar transcendente dentro de las relaciones sociales de producción de una localidad. 2. La cadena básica moderna se trata de una cadena larga en el sentido que incorpora abiertamente la fase de insumos y bienes de capital hasta el consumo, pasando por la producción primaria y en parte la organización de productores, la industria y un sistema de distribución, que apuntan a los grandes núcleos urbanos, aunque toman en cuenta los mercados local, regional y nacional. 3. La cadena transnacional  presenta gran similitud con la cadena básica moderna ya que organiza en torno a productos altamente normalizados, aunque en un procesamiento más sofisticado y con valor agregado más elevado que los precedentes  (Urzúa, 1998). La coordinación permite la interdependencia tecnológica entre las diferentes relaciones de una cadena para regularizar  tiempos y flujos productivos, así como corregir imperfecciones del mercado y para estabilizar intercambios  (Rodríguez, 1998). En otras palabras la coordinación permite ser competitivo y al mismo tiempo productivo, lo cual lleva a la mejora de la calidad y diferenciación del producto, la entrega a tiempo y/o la eficiencia en el servicio posventa (Alburquerque, 2003).

Así pues la competitividad al mismo tiempo se logra a través de disponibilidad de los servicios avanzados de apoyo a la producción, dotación de infraestructuras básicas, naturaleza y magnitud de la investigación y desarrollo, capacitación en gestión empresarial, vinculación del sistema educativo y de capacitación de recursos humanos con los requerimientos productivos y empresariales territoriales, red de proveedores y competidores locales, nivel de exigencia de los usuarios locales y grado de interacción creativa entre el sector público y los agentes sociales. Es decir, actividades realizadas dentro de la empresa que involucran producción , organización y coordinación, actividades relacionadas con proveedores y clientes  y actividades relacionadas al acceso y los servicios de apoyo (Alburquerque, 2003).

Entonces estudiar la coordinación en la cadena de mango puede contribuir a generar beneficios para el lugar, las empresas y productores, al identificar los mecanismos que ponen en relación a los distintos agentes económicos y encontrar los cuellos de botella de la cadena productiva ( Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Beneficios que se logran a través de la coordinación.

Fuente: Elaboración propia con base a los autores citados (Vázquez, 2001; Rodríguez, 1998; Urzúa, 1998; Bartra, 2008; Jiménez, 2005, Alburquerque, 2003).
2.6 La evolución de la política agrícola y programas de apoyo al campo para el desarrollo

Las relaciones entre campesinado y Estado han sido relevantes en el sector agrario. La cancelación de la reforma agraria, el desgaste de las organizaciones campesinas oficiales  y la intermediación a la política del campo, la crisis de las políticas económicas que han sacrificado la agricultura de temporal en proceso de industrialización y la satisfacción de la demanda de los consumidores urbanos, las luchas de las organizaciones de los productores por el trato diferente, han propiciado la creación de políticas públicas dirigidas al sector agrícola (Zendejas, 1988).

Las políticas públicas dirigidas al sector rural giran alrededor de tres puntos principales. En el primero, el progreso del campo y de la población que vive en el mismo, busca que la agricultura no quede limitada a una visión de producción primaria, sino también que se tome en cuenta la importancia de la vinculación y la integración de cadenas productivas. En el segundo, se busca que el desarrollo agrícola deje de ser solo actividades agrícolas, por lo tanto las otras actividades no agrícolas pasan a tomar  mayor importancia ante esta situación. En el tercero, se busca tomar  importancia a la interrelación entre las actividades rurales y urbanas para una productividad y comercialización más eficiente y eficaz (Reyes, Perales & Morales, 2009).

Algunas de las políticas implementadas al sector agrario afectan la vida rural, ya que se tienen que enfrentar a medidas como: el desmantelamiento de la legislación  proteccionista diseñada  con el fin de abrir la economía a la inversión extranjera, forzando en gran medida a los productores y empresarios a competir sobre la base de ventajas comparativas, la negociación del TLCAN que impulsaba al flujo libre de mercancías e inversiones, el retiro de susidios gubernamentales a productos agrícolas y la reducción de apoyo hacia agencias gubernamentales que proporcionaban insumos, procesamiento o comercialización y finalmente la privatización de tierras ejidales y comunales (Long, 1998). Las exigentes anteriormente mencionadas, hacen que los productores y empresas destanteen, ya que tuvieron que enfrentarse a grandes cambios para permanecer en el ámbito comercial de productos agropecuarios.

Por lo anterior, los programas agropecuarios se construyen a través de la articulación  de ideas y prácticas de la globalización  y las provenientes de otros procesos socioculturales, políticos y económicos. Constituyen también el espacio donde estas ideas y prácticas son puestas en evidencia para ser negociadas, rechazadas, apropiadas  transformadas por los distintos actores de la globalización (Rodríguez, 1998). Sin embargo, la política gubernamental ha concentrado los apoyos y privilegios solo a unos cuantos empresarios agroexportadores (Quintana, Paré & Vizcarra, 2008). Lo que limita la participación de agricultores, siendo inviable sembrar por cuenta propia (Macías, 2010).

Los programas y políticas de apoyo al campo surgieron gracias a organismos gubernamentales que fomentaron el ámbito rural, entre ellos: Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Conasupo, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (Fira), Tabacos de México (Tabamex), Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), así como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y       Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de  Reforma Agraria (SRA). Del mismo modo, son participes las instancias globalizadoras del gobierno federal y las redes de coordinación interinstitucional, por su incidencia en dirigir el desarrollo rural (Gordillo, 1988). Creando políticas públicas dirigidas al campo como medida para enfrentar los principales dos sucesos que enmarcan la evolución de la política agrícola: el Estado benefactor y el neoliberalismo.

Durante 1917-1992 el territorio del país fue distribuido a los campesinos en un 51.4% a través de la restitución y la dotación de tierras, la ampliación de los ejidos y la creación de nuevos centros de población ejidal. Posterior a la reforma agraria en 1993 surgió el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) encargado de regular la tenencia de la tierra mediante la definición de derechos de propiedad claros para millones de los campesinos de los ejidos y comunidades agrarias, así como la entrega de títulos apropiados a esos derechos. Procede también se encargó de la situación de la tenencia de las parcelas agrícolas y predios urbanos trazando los límites de tierras comunes de 27, 252 ejidos y 2,194 comunidades (Appenditi, 2008). 

Posteriormente se crearon tres programas de apoyo al campo para contrarrestar el principal problema y hacer exitoso al sector: el primer programa fue Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), con el fin de apoyar a los productores con excedentes productivos. El segundo fue el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), que surgió en 1993 al mismo tiempo que el TLCAN como complementario y transitorio en vigencia a 2008, con el fin de hacer transferencias directas a los productores que contaran con cultivos básicos como: cebada, frijol, maíz, algodón, arroz, sorgo, soya, girasol y trigo. Para 1995  se creó el tercer programa, Alianza para el Campo (APC) que ahora se llama Alianza Contigo, con el objetivo de aumentar los ingresos a los productores e incrementar la producción agropecuaria (Rosenzweig, 2005). Las transferencias directas al ingreso vía Procampo, los nuevos programas y las nuevas políticas dirigidas a los agricultores comerciales o empresariales explican por qué la producción de ciertos cultivos básicos no ha decaído en su totalidad (Reyes, Perales & Morales, 2009).

En el periodo presidencial de Vicente Fox la política agrícola tenía como principal propósito lograr un crecimiento en la economía y la creación de empleos, abatir la pobreza, generar igualdad de oportunidades para todas las regiones, empresas y hogares, financiar proyectos de desarrollo, reducir la tasa de interés y expandir el crédito, reactivar la banca y crear condiciones e instrumentos para que la participación en la economía fuera de varios (Chávez & Cruz, 2009). Esta política agrícola se basaba en el modelo neoliberal, en la cual existe mayor apertura comercial y un entorno internacional que influye sobre las decisiones del gobierno, como la limitación de apoyos para no distorsionar el mercado y programas sociales. En este periodo los recursos públicos se destinaron solo al 10% de los productores, siendo los protagonistas los productores exportadores quedando de fuera  los pequeños y medianos productores.

Por ello, surge el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) con motivo de actores rurales ya que no estaban de acuerdo la situación que ocupaba el campo, por lo tanto este acuerdo se hizo para romper con las políticas gubernamentales donde las instituciones públicas en especial las que dependen directamente del Poder  Ejecutivo son las únicas que hacen política y las sitúa como políticas públicas. Sin embargo el dinero se repartió al Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos Agrícolas (FAPPA), al Consejo Agrario Permanente (CAP), a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA) que no firmó el acuerdo junto con el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH), a la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA) y al Movimiento “El Campo No Aguanta Más” (MECNAM) (Concheiro & Quintana, 2007).

Por último, la política más reciente titulada Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) orientada al sector agropecuario nacional que tiene como objetivo principal alcanzar la suficiencia alimentaria a través de distintas técnicas agronómicas e investigación para el mejoramiento de semillas. Una de las acciones a largo plazo es aumentar la producción nacional de maíz entre cinco y nueve millones de toneladas en condiciones de temporal. Por otro lado, también se pretende aumentar la producción de trigo a 350 mil toneladas en el mismo plazo. Esto porque se han presentado algunos impactos globales que han afectado al país en el ámbito del desarrollo: el aumento a la población, el cambio climático y la disponibilidad oportuna de alimentos. Esta política está orientada a apoyar a los productores de menor desarrollo, es decir, los que cuentan con agricultura de subsistencia o tradicional, con el fin de que impacte en el ingreso, el empleo y el arraigo en el medio rural, reduciendo las brechas de rendimiento en relación con los productores de mayor desarrollo relativo, también se empleó la innovación tecnológica, disminución de los subsidios y transferencias que solo hacen al productor dependiente de estas alternativas y por ultimo adaptación al cambio climático  (CIMMYT, 2011).

A través de los años en México se han implementado políticas agrícolas y programas que aparentemente tienen la finalidad de impulsar al sector, sin embargo, es notorio ver cómo las políticas van dirigidas de arriba hacia abajo. Por lo anterior, el gobierno federal no tiene la noción de que es lo que realmente sucede en cada lugar y con cada cultivo, por tanto tiende a implementar estrategias un tanto no acertadas, ya que las aplica de manera globalizadas en vez de aplicar estrategias individualizadas.