ACCIONES DE GOBIERNO Y SU IMPACTO EN EL INDICE DE  DESARROLLO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE TORIM, GUAYMAS SONORA, 1997-2009

ACCIONES DE GOBIERNO Y SU IMPACTO EN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE TORIM, GUAYMAS SONORA, 1997-2009

Rodrigo Esquer Rosas (CV)
Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla

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CAPITULO 3
 Políticas PÚBLICAS en comunidades indígenas en México

            En Latinoamérica las poblaciones indígenas han sido excluidas de los procesos de modernización y desarrollo impulsados por los gobiernos, México no ha sido la excepción.

            En el contexto latinoamericano existen muchos ejemplos de diversas culturas y etnias que habitaron la región desde épocas prehispánicas y que lograron formas particulares y avanzadas de desarrollo y gestión de sus territorios y ecosistemas. Sin embargo, estos procesos locales de desarrollo fueron interrumpidos abruptamente durante la conquista española a partir del siglo XV, produciéndose los mayores impactos y efectos que modificaron drásticamente los paisajes y territorios ocupados por las culturas originarias. Este periodo ciertamente no fue pacífico, por el contrario, involucró episodios de mucha violencia y casi exterminio de las comunidades indígenas de ese entonces, y hasta hoy, modificando significativamente el rumbo evolutivo de sus culturas y sus formas de vida tradicional. De hecho hoy en día muchas comunidades indígenas mexicanas  enfrentan nuevos episodios de violencia por la defensa de sus derechos colectivos y sus formas de vida y desarrollo en sus territorios originarios.

 En ellos los procesos de acumulación y distribución de la riqueza generada, según las políticas y los modelos económicos aplicados por los distintos gobiernos, fueron marcadamente centralistas y hasta excluyentes. Lo cierto es, y podemos ver sobre todo en estados del sur del país, que actualmente son poblaciones que por su relativa capacidad de intercambio y negociación con el ámbito externo, en su mayoría no gozan de los beneficios de la llamada modernidad y viven en situación de pobreza, exclusión y relativo aislamiento de los principales centros o polos de desarrollo presentando una serie de carencias y bajos niveles de calidad de vida.

3.1 DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS

            De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (2005)Las luchas de los pueblos indígenas los cuales en América Latina son además los más pobres entre los pobres han ido adquiriendo una creciente importancia simbólica y estratégica. Incluso se observa que en algunos países (como México o Ecuador) las agrupaciones indígenas están a la cabeza de los movimientos sociales. Las nuevas políticas públicas para pueblos indígenas reconocen el derecho a la diversidad cultural. En distintos países de América Latina, el Estado multiétnico incluso ha pasado a formar parte de la Constitución. Esta nueva tendencia va de la mano con una corriente que propone reducir las dimensiones del Estado a un mínimo, transferir las responsabilidades estatales a las propias organizaciones indígenas y contener los procesos de migración hacia las ciudades”. Ya en los años 80 y 90, se llevaron a cabo en Ecuador, Perú y sobre todo en Bolivia  una serie de intervenciones en el marco de los programas de ayuda estructural de tipo social de aquella época.

            En la actualidad, las políticas públicas para los pueblos indígenas de los diferentes países latinoamericanos resultan inseparables de la presión que los movimientos indígenas ejercen sobre los gobiernos y el aparato estatal. Con ello, el propio Estado se ha convertido en el escenario de lucha de diversos grupos de interés. Los movimientos indígenas hoy en día no sólo combinan la protesta con la participación constructiva en la formulación de políticas, sino también aspiran a participar políticamente de forma directa y a beneficiarse del Estado en tanto empleador. Las condiciones de desigualdad para estas negociaciones han llevado en algunos países a la creación de cierto tipo de instancias estatales indígenas paralelas, en las que sólo se emplea a personal indígena.

En América Latina, toda política social corre el peligro de ser sometida a la manipulación política y al abuso. En el caso de los pueblos indígenas, una injerencia estatal demasiado directa puede resultar igualmente perjudicial para sus formas específicas de vida y organización que la total ausencia del Estado. Algunos enfoques y acciones generales de las políticas públicas pueden causar mucho daño a los pueblos indígenas.

Fuera de la imperiosa necesidad de impedir que el Estado opte por políticas nocivas para los pueblos indígenas, se trata sobre todo de dilucidar cómo podría utilizarse la acción del Estado en beneficio de los indígenas. Las organizaciones indígenas no están en condiciones de hacer frente por sí solas a la arremetida de las empresas privadas, ni tampoco de lograr por sí mismas el reconocimiento oficial de los derechos históricos que hasta ahora ejercieron de modo informal. Necesitan de aliados para ello.

Las culturas y formas de vida indígenas han cambiado permanentemente a lo largo del siglo XX, tanto de modo voluntario como apremiadas por la fuerza. Por lo tanto, la disyuntiva entre el apoyo organizativo a los pueblos indígenas, por un lado, o el impulso de políticas públicas para los pueblos indígenas, por el otro, ha perdido vigencia.

Tampoco resulta ya pertinente elegir entre dos opciones: la integración de las sociedades indígenas o su desarrollo y progreso autónomo. Ambas alternativas podrían darse simultáneamente, dado que se puede lograr mucho más a través de la interacción, siempre y cuando ambas partes estén interesadas en una mejora real del intercambio cultural. Las organizaciones indígenas demandan tanto la igualdad de derechos como derechos especiales y no verse obligadas a elegir entre unos derechos y otros.

 El Estado latinoamericano se enfrenta hoy al desafío de responder de mejor manera ante las demandas y expectativas de sus ciudadanas y ciudadanos. Más allá de garantizar los derechos ciudadanos generales a los pueblos indígenas, en muchos casos no se asigna la importancia debida a sus derechos especiales. Las medidas estatales de aplicación general no suelen complementarse con medidas particulares adecuadas a los territorios y culturas de los pueblos indígenas.

Las políticas públicas contemporáneas tienden a orientarse hacia la lucha contra la pobreza con medidas y recetas para todos, en lugar de orientarse hacia los pueblos indígenas con esfuerzos especiales para garantizar sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones, así como sus derechos específicos respetando su lengua y cultura propias. Al mismo tiempo, alrededor del tema de la explotación de los recursos naturales no existen hasta ahora conceptos sostenibles que otorguen especial atención a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas.