ACCIONES DE GOBIERNO Y SU IMPACTO EN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE TORIM, GUAYMAS SONORA, 1997-2009

2.3 DESARROLLO SOCIAL EN COMUNIDADES INDIGENAS

Hablar de la política social en México, nos remite a centrarnos en dos momentos históricos muy diferentes. El primero, el de antes de la apertura, signado por un estilo de patronaje estatal y que se caracterizó por más de 40 años, por ser el producto de la puesta en marcha de los derechos constitucionales que motivaron el proyecto de país de los gobiernos posrevolucionarios. De esta manera, el Estado se situó en el centro de la sociedad para promover el crecimiento económico con un control centralizado, bajo la potestad de ser el garante del desarrollo y de la justicia social. Derivándose así, que el propio concepto de política social debería partir de una racionalidad más política que social o económica.

El otro momento de la política social, es el que comienza con la apertura del país, donde, por una parte, lo social se diluye en los aspectos económicos y de mercado, y se orienta a los sectores más debilitados por las políticas de ajuste, adquiriendo aquella un sentido muy específico, y por otra, la reforma del Estado se vuelve una estrategia de racionalización de los recursos públicos con el objeto de construir un nuevo esquema de vinculación económica con el exterior. “La descentralización será acompañada por un proceso de desconcentración, así como por el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación entre los tres niveles de gobierno” (Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, 1995:69). Vale la pena plantear que esta política privilegia nuevas formas de organización territorial, en especial la asociación y la creación de espacios virtuales (asociación de regiones, ciudades hermanas, etc.), otorgando posibilidades a las regiones y espacios más competitivos.

            De acuerdo con James Midgley (1995) el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Para algunos autores, (Esquivel Hernandez, Gerardo, Lopez-Calva, L.F. y Vélez Grajales, Roberto. 2003),  el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran metas sociales deseables. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.

Para Amartya Sen (2000), “el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.  El desarrollo humano para Sen “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”.

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como: los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.

En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional, tal es el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria en el artículo tercero constitucional en 1992. Actualmente, la discusión se centra sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

Las mediciones tradicionales de desarrollo consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, el nivel de industrialización, entre otras. En el enfoque propuesto por Sen Amartya. (2000), existen cinco tipos distintos de libertades: 1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora. Los factores considerados por las mediciones tradicionales son algunos de los medios para lograr estas libertades.

Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados.

De lo mencionado anteriormente, podemos asumir que una política social en un sistema  neoliberal, reconoce ampliamente el costo social que irremediablemente implica el esfuerzo de una integración de la economía universal; por ello, al neoliberalismo lo sitúo lejos de una ética de responsabilidad.

 Así, los escritos de Von Hayek, (1946) pág.37, principal ideólogo y padre fundador de la doctrina neoliberal, son elocuentes al respecto:

“El Estado debe proveer un cuerpo general de leyes que lleve al mejor funcionamiento del mercado. Esto implica mejorar gradualmente las reglas del derecho privado y comercial. Luego está la función de proveer, por fuera del mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo. Pero esto no debe hacerse interfiriendo en el mercado. Las personas que no puedan lograr un nivel de ingreso que les permita cubrir sus necesidades más elementales deben recibir una compensación uniforme del Estado”

En el plano social de manera muy resumida, podemos decir que los ejes del modelo liberal se centraron en la descentralización del Estado, privatización de empresas y servicios públicos; incremento de la participación privada en la gestión y prestación directa de servicios y en la focalización hacia los más pobres de políticas sociales de carácter asistencial. Esto trae como consecuencia una responsabilidad ilimitada del estado hacia la población mas vulnerable, lo que no alcanza, en materia de asistencia social poder tender la mano a tantas necesidades.

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el referente mundial en las políticas sociales, son una contribución de Amartya Sen. (1977)

Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales recomiendan dar un mayor peso a la calidad del crecimiento, esto es, lograr que el crecimiento económico incluya y contribuya al desarrollo social.

Por otro lado el  desarrollo social ha sido uno de los pilares de las Naciones Unidas desde su fundación y está estrechamente vinculado con el desarrollo económico. La ONU ha hecho hincapié en el desarrollo social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas.

Las Naciones Unidas sostienen que el desarrollo social en todos sus aspectos es un desafío tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados. Todas las sociedades enfrentan en mayor o menor grado problemas de desempleo, fragmentación social y pobreza persistente. Asimismo, muchos otros problemas sociales sólo se pueden enfrentar de forma efectiva a través de la cooperación internacional. Como ejemplos de estos problemas podemos mencionar la migración forzosa o el uso indebido de drogas, la delincuencia organizada y la propagación de enfermedades.

Asimismo, varios organismos especializados, fondos, oficinas y programas trabajan en favor de distintos aspectos del desarrollo social.

Tenemos que desde 1960, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició sus actividades en apoyo al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, estuvo presente el objetivo de generar una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Los proyectos aprobados por el BID en diversos sectores como: salud, agrícola, etc. estaban destinados a toda la población urbana y rural, sin diferenciar grupos étnicos y sin dar mucha importancia a las características socioculturales y lingüísticas de la población indígena, quien ha sido la que más ha sufrido los impactos negativos de las obras de desarrollo nacional.
A partir de 1990, se institucionaliza, en el contexto de los nuevos procedimientos ambientales, el control de la calidad de todas las operaciones en cuanto a su posible impacto sobre poblaciones indígenas, el BID no apoyaría proyectos que requieren una intromisión innecesaria o evitable en territorios utilizados y ocupados por grupos indígenas, a no ser que éstos estén de acuerdo con los objetivos del proyecto tal y como repercuten en ellos.

A partir de 1994, con la adopción de los nuevos mandatos resultantes de la Octava Reposición de Recursos del Banco especialmente, la reeducación de la pobreza crítica, se estima que la población indígena representa entre un 8 y un 10% de la población total de América Latina y el Caribe, sin embargo, su proporción entre la población pobre se estima en alrededor del 25% la población indígena está siendo reconocida en forma explícita como grupo meta de la acción del BID, se crea como objetivo promover el desarrollo indígena de forma sistemática y concertada, con base en los principios de participación, reconocimiento de la diversidad cultural y respecto a los derechos fundamentales.

El impulso de una nueva estrategia en materia de desarrollo indígena, para el Banco, no sólo refleja un proceso de reflexión interna que coloca el tema indígena en el centro del debate sobre la reducción de la pobreza, sino que obedece a una confluencia de factores interrelacionados: fortalecimiento de las organizaciones y movimientos indígenas a escala nacional e internacional, creación en el ámbito internacional de una nueva normativa respecto a los derechos indígenas, declaración de la ONU sobre derechos indígenas, la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, el proceso de democratización de casi todos los países del continente.

Las acciones del BID en pro del desarrollo indígena han sido limitadas, en la práctica han sido muchas las barreras que han limitado el acceso de la población indígena a estos programas. De hecho, muchos pueblos indígenas se encuentran en zonas remotas o de difícil acceso, no hablan o no dominan bien el idioma nacional lo que hace que la participación de los actores sociales sea mínima; a pesar de todo, el BID espera contribuir a un avance real en las condiciones de vida de los pueblos indígenas aunque el proceso es incipiente y aún queda mucho camino por recorrer.

Stravenhagen (1988) dice “que todavía los indígenas sufren de no tener los derechos humanos más básicos, que sufren de discriminación y alienación. Las condiciones de los indígenas son asustantes especialmente en comparación con la población non- indígena.”

La fundación del BID mejor del fondo indígena era solo un paso muy pequeño en un proceso histórico bastante largo. Pero ahora se puede ver como los indígenas se hacen arquitectos de su propio futuro que ya parece más fácil desde cuando unos países manifestaron por ejemplo la realidad multi-étnica y pluri-cultural en sus sistemas institucionales. Así indígenas pueden participar activamente en el proceso.

Ahora el problema que se tiene que resolver es poner los indígenas en el contenido de la sociedad existente, como aceptar que la mayoría vive fuera de las grandes ciudades y que ellos dependen de la agricultura y que tienen sus relaciones sociales ahí. El cambio de la sociedad tiene un impacto bastante alto a la estructura de las comunidades indígenas. Las nuevas tecnologías y otros factores efectúan por ejemplo: migración, violencia y más pobreza etc.

Así la crítica de no tomarse cuenta de las opiniones de los indígenas tiene razón y es muy importante que se colabora mejor con ellos para que se logre un mejor efecto como por ejemplo: los Organismos no Gubernamentales lo hacen. El desarrollo sostenible se tiene que entender como un proceso de hacer un estado de bienestar: más reservar que destruir.

El desarrollo social en las comunidades rurales indígenas es medido a partir del acceso que éstas tienen a los servicios que el gobierno otorga para la satisfacción de sus necesidades básicas y a partir de los ingresos familiares. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ubica a la generalidad de los municipios con mayoría de población indígena en la categoría de marginación alta y muy alta, lo que implica que no reciben los suficientes servicios básicos en la vivienda, infraestructura urbana, educación, salud, comunicación y transporte y comercio, así como tampoco ingresos adecuados. Como ejemplo mencionamos, que en la Sierra de Papantla en Veracruz, todos los municipios están clasificados en la categoría de marginación muy alta, sólo Espinal, ubicado en la frontera entre la Sierra y la Llanura Costera, presenta un grado de marginación alta.

Los criterios para determinar el grado de marginación y pobreza de los indígenas totonacos son dictados por las instituciones de gobierno, con una perspectiva de que el menos marginado es el que posee más elementos de la vida moderna, urbana: televisor, drenaje, sistema de eliminación de aguas residuales, agua potable, electricidad, clínica y hospitales, escuelas de varios niveles de enseñanza, vivienda con piso y techo de cemento, etcétera. Sin embargo, las comunidades indígenas poseen elementos culturales que no son tomados en cuenta para medir su grado de marginación desde su propio punto de vista, eso lo podemos observar en la generalidad de estas poblaciones.