SUJETOS SUBALTERNOS, POLÍTICA Y MEMORIA

El conflicto por la megaminería contaminante: el movimiento socioambiental en Mendoza

Uno de los conflictos con mayor presencia en la experiencia analizada, esto es, como referente de lucha y resistencia, fue el que tuvo lugar, y continúa teniéndolo, en torno de los diferentes proyectos de “megaminería contaminante”. La importancia de esta conflictividad tiene varios motivos. Por un lado, refiere sin dudas a la magnitud de los intereses en juego, una disputa entre dos modelos civilizatorios antagónicos que se dirime, a la vez, en lo económico, lo político, lo social y lo cultural: el enfrentamiento entre el proceso social que tiene como motor la valoración y acumulación de capital (mercantilización de la vida) y aquel otro que, por el contrario, se sostiene en la producción y reproducción de los bienes comunes (incluida la vida de los seres humanos y de la naturaleza). Ese carácter estructural de la conflictividad, pues cuestiona las raíces del modo de producción hegemónico -la organización material y subjetiva que determina nuestras condiciones de existencia- le otorgó al conflicto una fuerte relevancia pública; que interpeló, en mayor o menor medida, a los colectivos involucrados en la recuperación de la Estación de FC. Especialmente, por el hecho de que los meses previos al ciclo de reuniones por la recuperación de la Estación, la AMPAP lograba imponer la sanción de la Ley provincial que impediría el uso de sustancias químicas en la explotación minera (ver más adelante). Dicha sanción, considerada uno de los éxitos “visibles” de su lucha, puso a la Asamblea como ejemplo organizativo y alentó la voluntad de retomar su experiencia en la lucha por la recuperación de la Estación como espacio público.
Si bien la explotación minera, en la provincia de Mendoza, cuenta con una larga historia, incluso vinculada con la llegada del FC a Malargüe en el año 1944 (Delgado, 1997b: 97), los proyectos mineros contemporáneos tienen como telón de fondo las profundas transformaciones históricas ocurridas en las últimas décadas. Hasta los ’80, la actividad minera en Argentina se caracterizó por su mediana y pequeña escala, no metalífera y promovida mayormente por el Estado. Sin embargo, durante los ’90, se produce un cambio en toda América Latina: ante la existencia de yacimientos sin explotar, se promueve el sector otorgando beneficios que atraigan grandes inversiones en exploración y explotación mineras (Wagner, 2008: 197) 1. Esta nueva modalidad en la industria minera, proyectos a gran escala, ha sido conceptualizada con el término “megaminería”, esto es:
mina a cielo abierto, separación de minerales y roca con la utilización de sustancias potencialmente contaminantes –cianuro o ácido sulfúrico, por ejemplo-, utilización de importantes volúmenes de agua y energía, la generación de drenaje ácido de mina (DAM) y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR), entre otros posibles impactos (…) el prefijo mega indica que se trata de grandes proyectos, llevados a cabo por empresas multinacionales, cuyas ganancias son sumamente superiores a los beneficios que reciben tanto la provincia como el país (Wagner, 2008: 198).

Por su parte, la movilización de la resistencia contra la megaminería contaminante, sus experiencias de organización y lucha, cuentan con su propia historia. Los emprendimientos mineros han sido rechazados por un número cada vez mayor de comunidades que han ido conformando, en el país y en Latinoamérica, un movimiento socioambiental2 . En Mendoza, el conflicto alrededor de la explotación minera se inicia durante el año 2004 en el departamento de San Carlos (Valle de Uco, hacia al sur de la provincia) 3: la minera canadiense Tenke Mining Corporation lleva a cabo exploraciones próximas a la reserva natural Laguna del Diamante. Ello produjo gran preocupación en productores y pobladores del departamento por las consecuencias que pudiera tener sobre la calidad del agua. El primer registro del conflicto por la explotación minera que recoge el diario Los Andes aparece el 18 de abril de 2004: “Avanzan proyectos mineros de oro y cobre”. Allí se describe que las exploraciones se localizan en Malargüe, San Carlos y Las Heras, y los derechos de explotación están a cargo de capitales canadienses:
Sin anuncios ni estridencias pero con abundantes dólares, el negocio minero a gran escala está haciendo pie en Mendoza. Las exploraciones en marcha apuntan a yacimientos de oro y cobre, con un mecanismo usual en esta actividad de grandes capitales: las empresas locales o extranjeras “junior” exploran, y las grandes compran los proyectos cuando son prometedores (Los Andes, 18/04/2004).
 
Además, en la nota se advierte que el aspecto ambiental es central, “ya que las explotaciones metalíferas de oro y cobre implican altos riesgos ambientales. En este caso se trataría de minas a cielo abierto y también con pozos subterráneos”. Hacia principios del año 2005, los diarios registran los primeros cuestionamientos a estos emprendimientos: “San Carlos: oposición de municipio y productores a un proyecto minero” (Los Andes, 25/02/2005), “Expertos de la UNCuyo advierte los peligros de la explotación minera” (Los Andes, 18/04/2005)4 .
Mendoza es una zona árida, en la que el 97% de la población se encuentra ubicada en el 3% de la superficie que comprende sus tres oasis (norte, centro, sur). Esto ha marcado la cultura mendocina que identifica a la montaña como reserva de agua: esa concepción del agua como recurso escaso y la visualización de la cordillera como fuente de agua han sido la base del rechazo a la megaminería (Wagner, 2008: 201). Los pobladores de San Carlos, se organizaron primero como Frente Diamante y luego, tras algunas diferencias en relación a la forma de organización, surgen los Vecinos Autoconvocados de San Carlos. Además de diversas protestas, manifestaciones masivas, cortes de ruta, realizaron, sobre todo, un trabajo territorial de base que permitió difundir la información en escuelas y otros espacios (Wagner, 2008: 202). La demanda se organiza en defensa del agua pura y contra el saqueo de los recursos naturales: se oponen a la gran minería contaminante, secante y enajenante 5.
Hacia mediados del 2006, habitantes de Gral. Alvear (sur de Mendoza) inician marchas y protestas en oposición a las exploraciones mineras que se estaban llevando a cabo en el departamento lindante de San Rafael: en noviembre de ese año, logran que el gobierno suspenda las exploraciones. En este caso, se organizan en torno de la Multisectorial de Gral. Alvear y la Asamblea del Pueblo de Alvear. A fines de ese mismo año, la oposición a los proyectos megamineros se organiza y adquiere visibilidad en el Gran Mendoza (integrado por los cinco departamentos que conforman la zona urbana): en ocasión de una jornada de protesta en la Legislatura de la Ciudad de Mendoza llevada a cabo por las organizaciones del sur (Valle de Uco, Gral. Alvear y San Rafael) se conforma la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. En ella confluyen algunos colectivos ya existentes y personas particulares. En el mismo mes, algunos de ellos, conforman la Asamblea Mendocina Popular por el Agua Pura (AMPAP) con el objetivo de articular la lucha a nivel provincial: la defensa del agua es el punto en común que une a todas estas luchas (Wagner, 2008: 202)6 . Así, en la 3ª Asamblea Popular por el agua pura en contra de la minería contaminante, realizada el 29 de enero de 2007 en la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza, se proclama:
Nuestra lucha es por el agua pura porque entendemos que el agua es un derecho social y no una mercancía, Mendoza vive del agua. No podemos aceptar cianuro en nuestra agua de consumo y riego, no podemos aceptar la contaminación que genera la megaminería a cielo abierto (Noticiero popular para la Prensa del Frente, 06/02/2007)

En junio de 2007, luego de algunos meses de intensificación de la lucha callejera (cortes de ruta durante 15 días), la acción conjunta de las organizaciones mencionadas logra forzar al gobierno provincial a sancionar la Ley provincial Nº 7.722/2007. Dicha norma
(…) quita la posibilidad de aplicar en el territorio provincial sustancias como cianuro, ácido sulfúrico y otras, consideradas tóxicas, en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Es decir: borra de la jurisdicción la minería metalífera a cielo abierto (Los Andes, 21/06/2007).
 
Luego de este período de mayor movilización, el conflicto por la explotación minera ha continuado hasta la actualidad. Hacia finales del año 2007, en Alvear, se realiza un acto para defender la ley antiminera: “A seis meses de promulgada la norma que limita la actividad de la minería, reafirmaron su lucha (…) la manifestación será una prueba del departamento para mostrarles a todos que siguen firmes y atentos a los primeros movimientos en la materia” (Uno, 16/12/2007). Posteriormente, en febrero de 2008, la AMPAP sigue con preocupación el desarrollo del proyecto minero de Potasio Río Colorado en Malargüe, emprendimiento que ha sido promocionado por la empresa de capitales angloaustraliano y chino, Río Tinto, como “respetuoso del ambiente” y “sustentable”, porque no se realizaría a cielo abierto ni utilizaría cianuro ni ácido sulfúrico. Sin embargo, este proyecto dejaría para siempre un residuo de sal de 210 ha. de superficie por de 45 mts. de altura (Noticiero Popular, 15/02/2008)7 . Durante el año 2009, la AMPAP continúa con sus actividades, particularmente a propósito del informe de impacto ambiental presentado por el proyecto San Jorge en Uspallata: Coro Mining pretende explotar cobre y oro en el paraje de 115 mil hectáreas conocido como El Yalguaraz, a 45 kilómetros de la villa de Uspallata, durante 16 años.
La ONG Oikos asegura que la empresa canadiense presentó un informe de impacto ambiental con datos falsos y amenaza con presentar una denuncia penal. Vecinos de Uspallata cortaron la Ruta 7 esta mañana en rechazo al emprendimiento (Los Andes, 11/09/2009).

A raíz de esto, durante los meses de septiembre y octubre se realizaron cortes en la ruta internacional a Chile en la localidad de Uspallata, que fueron apoyados por las organizaciones de Valle de Uco y Gral. Alvear e incluso de otras provincias vecinas.
Vecinos autoconvocados del Valle de Uco, Uspallata y de General Alvear cortaron la ruta 7 y 143, para manifestar su rechazo a la minería contaminante” (Los Andes, 11/09/2009). Luego en el mes de octubre: “Cerca de 200 personas cortaron el tránsito desde esta mañana hasta las 6 de la tarde en la ruta internacional 7 a la altura de Uspallata, en contra de los proyectos mineros que se pretenden llevar adelante en la zona. Convocados por la Unión Asamblea Ciudadana y por la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) para protestar contra el proyecto minero San Jorge, participaron del piquete vecinos de esa villa cordillerana y manifestantes de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca (Los Andes, 12/10/2009).

Lo anterior da cuenta del proceso de unificación de los sujetos que participan en el conflicto contra la megaminería contaminante. Surge a partir de la misma experiencia de lucha y enfrentamiento la necesidad de construir espacios de articulación de las resistencias particulares que llevaban a cabo los pobladores en cada una de sus localidades. Una manifestación de este aprendizaje fue la AMPAP y luego, su participación en la Unión de Asambleas Ciudadanas contra el saqueo y la contaminación (UAC)8 .
La unidad de la lucha ha quedado expresada también en la autodenominación de algunos colectivos como movimientos socioambientales, esto es, la confluencia de problemáticas sociales que han incluido lo ecológico o ambiental y viceversa. Cabe señalar, por otra parte, que la articulación de las luchas de diferentes espacios latinoamericanos, de sus problemáticas y colectivos, tiene que ver también con los vínculos existentes entre las actividades que generan esa oposición. Por ejemplo, en relación al proyecto minero Potasio Río Colorado, en Malargue:
(…) el potasio es fundamental para crear fertilizantes para los monocultivos de soja u otros granos transgénicos que son utilizados para la elaboración de agrocombustible o para la alimentación de animales en Europa. (…) Con esto se intenta consolidar un modelo económico cuya calificación de sustentable “es muy discutible”, desde la perspectiva de los asambleístas (Noticiero Popular, 15/12/2008).

A partir de allí, de advertir esa otra unidad, subterránea y heterónoma, “se reconoce como enemigo común a un modelo que es el mismo en todos los lugares y países” (Wagner, 2008: 204).