SUJETOS SUBALTERNOS, POLÍTICA Y MEMORIA

Los terrenos de la Universidad

Otro conflicto que tendrá gran impacto mediático y además influirá en la experiencia organizativa por la recuperación de la Estación de trenes, es el protagonizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu) en contra de la usurpación de una parte de sus terrenos por el Grupo Vila, que adquiere visibilidad durante el año 2007. Se trata, otra vez, de una conflictividad que tiene lugar alrededor de la privatización de terrenos públicos: la tierra en litigio refiere a una porción de 31 hectáreas de la zona norte del campo de deportes de la UNCu que demanda como propia el empresario Alfredo Luis Vila. El expediente hace referencia al título supletorio que reclama Vila, por entender que con el paso del tiempo mejoró el inmueble y ahora le pertenece, por más que en un principio, esa porción de tierra era del Estado nacional y por eso era reclamado por las autoridades de la UNCu (Los Andes, 04/06/2007). El 31 de mayo de 2007, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dictaminó que esas tierras pueden ser del empresario, tal como ya había especificado la Justicia Federal oportunamente. En el fallo, la Cámara de Apelaciones indica que hará lugar a la demanda por usucapión articulada por Alfredo Vila oportunamente1 .
En esos terrenos, el empresario Vila pretende continuar su inversión inmobiliaria del histórico barrio privado Dalvian S. A. Si bien el boom de los barrios privados y “exclusivos” se da durante la década del ’90, modalidad que ha ido creciendo hasta la actualidad, el Complejo Los Cerros (más conocido como Dalvian) es el primero que se construyó en Mendoza, hacia finales de los 70. “Hoy tiene aproximadamente 800 viviendas y 3.200 habitantes. Entre otras de sus particularidades es el barrio que cuenta entre sus vecinos con la “mayor concentración de funcionarios” de los tres poderes del Estado” (Los Andes, 19/06/2006)2 . Dicho barrio marca, en ese sentido, un primer avance en la actual tendencia hacia la urbanización del pedemonte mendocino, cuestión que ha planteado un gran debate urbanístico y ambiental en la provincia.
Ante el fallo desfavorable, la comunidad universitaria comienza un período de movilización e intervención en el espacio público buscando el apoyo de la sociedad en esta disputa. Con ese objetivo, realiza distintas actividades encaminadas a “defender el patrimonio público nacional”. El 20 de junio, fecha en la que se celebra el día de la bandera nacional, la UNCu convoca a realizar una marcha entre docentes, alumnos y personal de la universidad a los terrenos en litigio, donde realiza un acto por dicha fecha bajo la consigna “En el día de la Bandera Patria, defendamos el patrimonio nacional”.
Casi 3 mil personas transformaron lo que a priori iba a ser un acto por el Día de la Bandera, en una masiva manifestación por parte de autoridades docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, en protesta contra el fallo judicial dictado a principios de junio, que sostiene que una porción de 31 hectáreas de terreno universitario pasarán a manos del empresario Alfredo Luis Vila, propietario de Dalvian SA (Los Andes, 21/06/2008).

Luego del masivo apoyo al reclamo de la UNCu, la Justicia Federal multó (por la suma de 1.000 pesos) a la rectora de dicha institución, María Victoria Gómez de Erice, por sus declaraciones públicas sobre la decisión de la Cámara al fallar a favor de Dalvian SA: por “haber actuado contra la autoridad, dignidad y decoro de este Tribunal” (Los Andes, 27/06/2008).
Hacia principios de noviembre del mismo año, el pleito se encontraba en su última instancia judicial, a través de un recurso de queja incorporado por la UNCu ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese mes, la UNCu convocó a una nueva marcha para reafirmar sus derechos sobre los terrenos en litigio. “Nuestra acción -dijo la rectora Gómez de Erice- la hacemos en defensa del patrimonio público y como custodios de los bienes públicos y no en contra de la propiedad privada, que es un derecho constitucional” (Los Andes, 01/11/2007).
Es importante señalar que el conflicto entre UNCu-Dalvian S.A. nos reitera y advierte acerca de las diferentes maneras como determinados proyectos inmobiliarios descansan sobre la privatización de bienes públicos o comunes. El mismo Dalvian S.A. cuenta con una larga historia al respecto. Solo por mencionar algunos de estos antecedentes, el más reciente, en 2007, se producía un debate público por el convenio firmado entre Obras Sanitarias de Mendoza (OSM, empresa privatizada) y Dalvian S.A., por el cual se planificaba construir un “acueducto” privado que abasteciera de agua al mencionado barrio. Los organismos técnicos cuestionaron el permiso, entre otras cosas, poniendo en duda la disponibilidad de agua potable y los potenciales problemas que se pueden presentar al resto de la población3 .
Para todo el Gran Mendoza OSM usa 5.800 litros por segundo y Alto Godoy tiene una capacidad de producción de 800 litros segundo. Es decir que Dalvian prevé usar el 10% de todo el agua del Gran Mendoza y el 75% de la producción de Alto Godoy en la tercera etapa (Los Andes, 14/04/2007)

Cabe recordar que mientras el Gran Mendoza posee cerca de un millón de habitantes (aproximadamente) el bario Dalvian apenas supera las tres mil personas, por lo que el porcentaje en la distribución del agua vuelve manifiesta las desigualdades que significaba la construcción del acueducto. En este caso, la privatización de un bien común, como es el agua, pone de manifiesto una contradicción entre las normativas vigentes y la forma en que se acordó la concesión de la obra. Consultado por el diario Los Andes, un especialista en Derecho del Agua, afirma que “el abastecimiento del servicio en forma de bloques (un operador le vende a otro en el caso de que el agua sobre) es inconstitucional” (Los Andes, 08/07/2006). Por el contrario, desde Dalvian S.A., se argumenta que “el contrato entre Dalvian SA y Obras Sanitarias no es ilegal y no necesita de la Legislatura “porque surge de la Ley de Concesión que también prevé el acuerdo entre privados” (Los Andes, 08/07/2006).
Irremediablemente, el conflicto remite, a su vez, a la privatización de OSM en la segunda mitad de los ’90, durante la gobernación de Arturo Lafalla. En aquel momento, los “compradores” fueron algunas empresas extranjeras y un conjunto de grupos locales que también son propietarios de emprendimientos inmobiliarios que necesitan extender la red de agua para ampliarse, y son dueños de medios de comunicación formadores de opinión al respecto (Noticiero Popular, 07/07/2008). Entre ellos, se encuentra el Grupo Vila, propietario de Dalvian S. A4 . Estas empresas, además de quedarse con OSM a un precio irrisorio, pidieron préstamos, dejaron de pagar el canon de concesión y no cumplieron con el plan de obras (inversiones necesarias y previstas). Estas deudas son pagadas por todos/as los/las mendocinos/as, a través de los impuestos y las regalías provinciales, por ser la Provincia de Mendoza la garante5 .
El conflicto entre la UNCu-Dalvian pone de manifiesto, entre otros problemas, la gran concentración monopólica de capitales privados por parte de algunos grupos económicos, tal como el que representa Vila en la provincia de Mendoza. Concentración de capitales que están llevando a cabo, con nombre y apellido, el proceso de “acumulación por desposesión” de los diferentes bienes comunes, solo por referirme a los que aquí he tratado, la tierra y el agua (otro tanto podría analizarse, en relación al Grupo Vila-Manzano, en materia de comunicaciones, electricidad, petróleo, etc.).