SUJETOS SUBALTERNOS, POLÍTICA Y MEMORIA

El lugar del Estado en la conflictividad abierta en los terrenos de la Estación

            ¿Cuál es el papel que cumple el Estado en el conflicto en torno a los terrenos de la Estación? Si, siguiendo a Harvey, consideramos que el capitalismo contemporáneo acumula por desposesión, y si consideramos, a partir de lo señalado por Meiksins Wood, que el mercado se ha constituido en un espacio de concentración de poder de los sectores dominantes, que las emancipa de sus obligaciones comunes permitiéndoles concentrarse en la defensa de sus intereses privados, es verosímil sostener que las funciones del Estado se han redefinido bajo las actuales condiciones históricas en un país que, como Argentina, atravesó más de una década de reformas neoliberales del Estado.
Efectivamente, para llevar adelante su propia acumulación y reproducción, el capital continúa dependiendo de la intervención del Estado, de la funcionalidad de su política en cualquiera de sus niveles administrativos (nacional, provincial y municipal). Es cierto que en los últimos 30 años los procesos de mundialización del capital, de mercantilización de todas las actividades y relaciones de la vida social, han producido una profunda transformación en las relaciones entre economía y política; y en ese sentido, dicha transformación puede ser reconocida también en los efectos sobre la “fisonomía” de los Estados, tanto de países centrales como periféricos. Sin embargo, estas transformaciones no marcharon en el sentido que indicaban los ideólogos del neoliberalismo: un simple y llano “achicamiento” del Estado, un retraimiento de su intervención en la “economía”. Por el contrario, está claro que, los Estados, fueron una instancia política crucial en la implementación de su propia “reforma”, agentes involucrados en esas transformaciones que modificaban las relaciones entre economía y la política. Por ejemplo, notemos que los mercados solo se “desregulan” mediante una fuerte intervención estatal1 . Pese a lo afirmado a todas voces durante mucho tiempo y desde distintas posiciones político-ideológicas2 , los Estados nacionales todavía son actores cruciales de la economía mundial, y las economías nacionales siguen existiendo. Para Atilio Boron (2002), sucede que hay que distinguir las formas estatales de las funciones y tareas de los Estados. En este sentido, dado que el Estado no es una entidad metafísica sino una criatura histórica continuamente formada y reformada por una relación de poder específica, la luchas de clases, se puede decir que es la forma del Estado lo que ha cambiado notablemente: el Estado capitalista neoliberal. Más que una desaparición del Estado, tenemos un “Estado escindido”, que cumple una función para los ricos y otra muy diferente para los pobres y excluidos del sistema: se asemeja al Leviatán hobbesiano en los ghettos y barrios marginales y garantiza las bondades del contrato social lockeano a quienes habitan los opulentos barrios privados (Boron, 2002)3 .
Los Estados en América Latina tienen una larga historia de complicidad con los emprendimientos que lleva adelante el capital privado y con sus estrategias de acumulación. Estos mismos terrenos de la Estación en Mendoza, que hoy son objeto de disputa política fueron testigos, en el pasado, de conflictos similares: se puede leer trazos de una cierta continuidad histórica. La misma historia de los ferrocarriles en Argentina puede dar cuenta de la trama compleja que tejen las relaciones entre empresas privadas y Estado nacional. Así, por ejemplo, en el proceso de formación de los ferrocarriles argentinos (FFAA), durante la década del 80 del siglo XIX, según Juan Carlos Cena, encontramos un Estado que investiga, invierte, construye y luego vende todas las obras construidas a un precio irrisorio, a empresas privadas (en su mayoría extranjeras, capitales ingleses) sin que éstas arriesguen un centavo de capital (Cena, 2008: 58).
Esa misma lógica la encontramos en la actualidad. Sin alejarnos demasiado del conflicto en cuestión, se advierte en los antecedentes que tiene en su historial la Corporación Antiguo Puerto Madero S. A. (CAPMSA): la creación de esta “sociedad anónima” puede ser entendida como la expresión última del rol asumido por el Estado en la privatización del territorio 4. Creada en 1989, año de la hiperinflación, marca la intensificación de la implementación del neoliberalismo en nuestro país, iniciada con la dictadura militar (privatizaciones, flexibilización laboral… reforma del Estado: “desregulaciones” de los mercados), Puerto Madero puede ser tomado como expresión de las nuevas formas de intervención del Estado ligadas a las necesidades del capital (Krause y otros/as, 2009). Las intervención de Puerto Madero, una empresa estatal en realidad, ha acompañado las fluctuaciones de los negocios inmobiliarios privados, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades del país5 . Es decir, el Estado ha sido quien comienza las inversiones cuando no hay ganancias, sostiene los emprendimientos en el momento de crisis y tiende a desaparecer en el momento de rentabilidad en auge. De esa manera, CAPMSA es una forma estatal novedosa que contribuye a transformar lo que es un fragmento de ciudad en desuso en un buen negocio (Krause y otros/s, 2009).
Ahora bien, los primeros pasos de Puerto Madero sobre el territorio provincial han seguido un patrón de intervención: se ha buscado un gran terreno en desuso, abandonado y deteriorado como producto de la misma intervención del Estado, para convertirlo en un buen negocio rentable. Para lograr ese objetivo, en forma similar al pasado, el capital privado continúa dependiendo de la intervención del Estado para que le deje “vía libre”; por ejemplo, en el “terreno jurídico”.
La “Declaración en defensa de las tierras públicas del ferrocarril Gral. San Martín” describe el recorrido de esas complicidades. A principios del año 2008, ante nuevos rumores periodísticos y políticos sobre la inminente llegada de Puerto Madero, el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAM) redacta un documento, acordado luego por el resto de las organizaciones, que defiende el carácter público de estos terrenos, en el que explica la serie de modificaciones jurídicas que introduce el Estado en función de posibles emprendimientos privados, particularmente, el de Puerto Madero. En el mismo se explica que el significado y valor estratégico de esos terrenos y del edificio de la Estación trasciende lo meramente económico. Ello motivó, en 1991, el dictado de la Ley Provincial 5761 que los declara “Reserva Ambiental Urbana”. Sin embargo,
La modificación de la ley por parte de la Legislatura Provincial el 10 de agosto 2004, habilitó al Consejo Deliberante de Capital a modificar la Ordenanza que reglamenta el sector para que la Corporación Antiguo Puerto Madero pueda desarrollar la urbanización del predio con índices de densidad poblacional incompatibles con nuestro modelo urbano de zona árida. (…) La dificultad para obtener los convenios firmados entre la Municipalidad, la ONABE y la Corporación Antiguo Puerto Madero, sumado a la falta de fundamentos técnicos de la medida, sólo justificable como un negocio inmobiliario que compromete en forma gravísima la calidad de vida, las redes de servicio, la disponibilidad de agua y el desarrollo del ferrocarril, nos trae tristes recuerdos de una película que ya vimos y no queremos repetir. Negocios privados de bajo riesgo y alta rentabilidad con bienes del Estado, donde todos deberemos hacernos cargo de las externalidades (colapso de las plantas de tratamiento de agua y cloaca, redes de servicio, transporte, etc.) (ver Apéndice Documental IV).

            En relación al conflicto planteado alrededor de los terrenos de la Estación, los diferentes niveles del Estado, han intervenido desde una posición colaboracionista con los proyectos de privatización del lugar. Si bien no es posible homogeneizar la política del Estado, pues cada uno de sus niveles ha sabido perseguir diferentes intereses. Mientras que el gobierno nacional promueve el proyecto de Puerto Madero; la Municipalidad tiene sus propias expectativas sobre el predio, como por ejemplo, la apertura de algunas calles céntricas que actualmente se interrumpen en la Estación. Es decir, la heterogeneidad que existe entre los diferentes niveles del Estado, no le ha impedido contribuir, en términos generales, a facilitar la estrategia de la empresa CAPMSA. Y lo ha hecho de varias maneras: firmando acuerdos, ocultando y negando información, modificando las reglamentaciones, leyes y ordenanzas que regulan las condiciones de construcción en la ciudad de Mendoza (tal como aparece en el documento citado) 6.
En el Foro organizado por la UNCu para debatir la situación de los terrenos de la Estación, el presidente del Colegio de Arquitectura de Mendoza, decía:
(respecto de las ordenanzas y convenios firmados) todos apuntan a convertir a estas 32 hectáreas en un proyecto inmobiliario de gran magnitud (…) o sea que, a través de esta pieza, de esta ordenanza, cumple la Municipalidad con lo que establecía ese convenio que se firmó el 30/07/2004 en donde una de las cláusulas decía que… la Municipalidad tomaba la responsabilidad de elaborar los mecanismos administrativos y políticos necesarios como para que se lleve adelante este emprendimiento inmobiliario (Carlos Boitto, Observación Foro, 2008).