Tal como  anticipaba, el 1 de julio del año 2007 OSA envía, a través de una cadena de  e-mails, una convocatoria a “todos los interesados” a realizar una reunión para  debatir sobre los terrenos del Ferrocarril Gral. San Martín 1 (ver Apéndice Documental I). La misma tiene como motivación la defensa del  carácter público de esos terrenos, preocupación que despierta a partir de las  “versiones periodísticas sobre un proyecto inmobiliario desarrollado por Puerto  Madero”. El título de la convocatoria, “Frente  al avance de emprendimientos privados”, delimita uno de los ejes del  conflicto, la disputa entre lo público-privado. La invitación hecha desde OSA,  presentaba algunos de los contenidos principales que organizarán el discurso en  defensa de los terrenos del ferrocarril en Mendoza. Si bien el énfasis del  comunicado está puesto en la necesidad de crear un espacio de debate y para  ello, una “amplia convocatoria”, el texto presenta ciertos posicionamientos que  serán acordados posteriormente con el resto de los/las participantes: la  defensa de lo público frente a lo privado; la participación de la sociedad  civil en la planificación; las “necesidades de la provincia” como criterio para  el diseño de proyectos.
              En las primeras reuniones, participan algo más de 30  personas, en su mayoría, miembros de diferentes organizaciones. Entre ellas,  dirigentes de La Fraternidad, el Ferroclub Trasandino, Casa Amérika, la CECA  (centro cultural), OSA, el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el Observatorio  de Desarrollo Urbano y personas cuya participación no estaba encuadrada en  ninguna organización (ferroviarios, artistas, arquitectos/as, vecinos/as). 
  En esos encuentros,  como resultado del debate y el intercambio, se acordaron tanto los ejes del  conflicto como algunas reivindicaciones y propuestas sobre cómo continuar la  lucha. Al mes de haber comenzado las primeras reuniones, el grupo hace circular  un primer documento que expresa el debate desarrollado, bajo el título “No al uso privado de tierra pública”  (ver Apéndice Documental II). En el mismo se expresa la preocupación por la  falta de participación en las decisiones sobre el destino de los terrenos de la  Estación y por el hermetismo de los/as funcionarios/as respecto del proyecto  diseñado por Puerto Madero. El programa queda sintetizado en los siguientes  puntos:
            Esta misma interpretación del conflicto se plasma en el  panfleto repartido durante la primera actividad en la que participaron todas  las organizaciones. En la actividad del 26 de agosto (2007), la Mansa Movida  (ver Apéndice Documental III).
    Estos documentos  públicos, redactados colectivamente (el primer documento y el panfleto),  pertenecen al campo de los discursos políticos, es decir, se presentan como palabra adversativa, por decirlo en los  términos de Eliseo Verón (1987). El panfleto presenta un mapeo del conflicto  que escinde el campo entre destinatarios y paradestinatarios, a los que hay que  convencer, y adversarios (“frente al  avance de emprendimientos privados”). En tal sentido, los enunciadores se  presentan como portavoces del interés general (“recuperación de los espacios públicos”; “no al uso privado de tierra pública”) frente a adversarios que  representan “el negocio privado”. Si  en un primer momento ese adversario es abstracto, luego irá precisándose:  Puerto Madero y algunos organismos del Estado (Municipalidad de Capital, ONABE 2,  Policía de Mendoza) fueron los adversarios más “visibles”3 . 
    Tal como analiza  Verón, el discurso político se caracteriza por una disociación estructural en  relación a la construcción del Otro/a que postula (replica y supone) y a los  cuales se dirige al mismo tiempo. Así como construye Otros/as negativos, a los que se enfrenta y  excluye, también interpela a Otros/as positivos,  a los que convoca y con los que presupone compartir una creencia, los mismos  valores y por lo tanto, perseguir los mismos objetivos (un “nosotros  inclusivo”): OSA y las distintas organizaciones y ciudadanos interesados en  reactivar y revalorizar los terrenos del FCGSM. La convocatoria se sostiene  sobre la importancia que ha tenido históricamente la Estación en “la construcción  de nuestra identidad” (mendocina); la cual motiva esa preocupación por la  “falta de participación provincial” sobre su destino, el “hermetismo de la  información” y la “nula participación ciudadana”. Estos “componentes  descriptivos” del enunciado político (ejercidos por medio de constataciones) funcionan, retomando el  análisis de Verón, a la manera de balance de la situación en cuestión. Es  decir, la lectura de la situación conflictiva se apoya en una mirada que vuelve  la vista al pasado para articularlo al presente, otorgándole su plena  “actualidad”, tiempo-ahora. Inscripción histórica que, como decía, resulta  fundamental en la configuración del conflicto (volveré sobre este asunto en el  próximo capítulo). Del mismo derivan los componentes prescriptivos del  enunciado, pertenecientes al orden del deber: “no podemos perder-privatizar Tierra Pública”.
1 En el capítulo VII, dedicado al análisis de la experiencia de OSA, se podrá advertir que esta iniciativa corresponde a la politicidad propia de este colectivo, preocupado desde su conformación, por una articulación de las luchas que llevan adelante diferentes organizaciones sociales con vistas a superar la fragmentación en la que se encuentran actualmente.
2 En el caso del ONABE, la relación será variable a la largo del conflicto. En primer lugar, porque habrá diferentes posiciones políticas entre la dirigencia de ese organismo a nivel nacional y su responsable en la provincia; en segundo lugar, porque esas diferencias determinarán distintas posiciones asumidas por este último, el cual terminará hacia finales del 2008, participando de algunas reuniones con quienes defienden la Estación como espacio público.
3 No obstante, serán reiteradas y permanentes las dificultades que tendrá el grupo para poder identificar las diferentes posiciones dentro del campo político, esto es, conocer por ejemplo los convenios efectivamente firmados (aquellos vigentes) entre el Estado y Puerto Madero, tener acceso al “Plan Maestro” diseñado por este último y, en general, conocer cuáles son las intenciones políticas del Gobierno (nacional, provincial y municipal) sobre el futuro de la Estación y sus terrenos. Un verdadero “hermetismo” en el manejo de todo tipo de información que, en términos jurídico-formales, debería ser pública, de acceso público.