PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

3.2.2.4 Perú: democracia, golpes de Estado, informalidad, corrupción

En Perú, durante la segunda mitad del sigo XX los militares gobernaron mayoritariamente entre los años 1950-1980, pero a partir de este último año la democracia logró consolidarse. El Cuadro Nº 3.17  muestra una cronología de los presidentes peruanos entre los años 1948-2010 y destaca además a quienes vistieron de uniforme.
Cuadro Nº 3.17

Presidentes de Perú 1948-2010

Fuente: Elaborado en base a información contenida en (a) Iglesias, Abelardo; Fernández, Daniel; Blanco L., Patricia et al, op. cit., p. 302; (b) Cortina Toral, Lorenzo ; Alert Puig, Josep; García Jordán, Pilar et al, op. cit., pp.610-695, pássim, (c) Portocarrero  Maisch, Javier y Franco Quincot, Jorge, Mensajes presidenciales, democracia y caudillismo: Perú 1980-2006, Economía y Sociedad 61, CIES, pp. 37-45, pássim, Lima, Perú,  octubre del 2006; (d) García Pérez, Alan, Plan de gobierno 2006-2011 (Resumen Ejecutivo), Partido Aprista Peruano, p. 9, Lima, Perú, Febrero del 2006 y (e) http://es.wikipedia.org/wiki/Presidentes_del_Per%C3%BA .
(*) Nota: Su período  de gobierno finaliza en el año 2011.
La participación de las Fuerzas Armadas peruanas durante la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un importante intervencionismo en el ámbito político, en medio de una sociedad y economía que evolucionaron persistentemente hacia el terreno de la informalidad. En los últimos 25 años de este siglo, a pesar de una clara tendencia a la normalidad democrática, el país se vio envuelto en confusas situaciones  relacionadas con corrupción del aparato estatal y en las que tuvo gran protagonismo el hombre fuerte del Presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, e importantes oficiales castrenses. 
En la primera década del siglo  XXI, por otra parte, Perú parece haber tomado una senda de progreso sostenido, con altas tasas de crecimiento y con mayor estabilidad política. Sin embargo los hechos del pasado han determinado un escaso interés de la población por identificarse con determinados proyectos partidarios y no parece existir, hoy en día, una organización política capaz de atraer las preferencias de un sector mayoritario de la población.
A mediados de la década de 1940, Perú vivía una situación política con clara preeminencia de la Alianza Popular Revolucionaria (APRA), organización partidista que había sido fundada por el entonces joven estudiante peruano Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en la ciudad capital de México. Haya de la Torre en 1923 había conocido a José Carlos Mariátegui, escritor e intelectual  que más tarde fundó el Partido Socialista en el año 1928, a quien invitó a participar en la revista “Claridad”. Las ideas un tanto similares que ambos mantenían hacia 1929 se diferenciaban sólo en que Haya de  la Torre deseaba instituir un movimiento político, mientras que Mariátegui pensaba que era mejor adscribirse al amparo de Tercera Internacional. Sin embargo, tanto el aprismo como el  socialismo peruano de entonces estaban excluidos ideológicamente de  ésta organización, pues el Komintern Internacional y los marxistas-leninistas discrepaban de sus planteamientos.1
Después de la crisis de 1929, las ideas de Haya de la Torre incluían la nacionalización de industrias básicas, posibilitar la participación obrera en las empresas, la reunión de un Congreso Económico Nacional tripartito (Estado, trabajo, capital), extensión del voto a mayores de 18 años y  en carácter calificativo a las mujeres, así como un fervoroso nacionalismo integrador latinoamericano. El aprismo comenzó de esta manera a influir cada vez con mayor intensidad en la opinión pública, pero la férrea oposición planteada desde las clases pudientes, que contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas, consiguió proscribir al APRA de toda actividad política entre diciembre de 1931 y mayo de 1945.  En este lapso, en el que sus seguidores debieron actuar en la clandestinidad, Haya de la Torre sobrevivió a tres atentados contra su vida organizados con anuencia oficial.2
En los años siguientes, Haya de la Torre continuó participando en la vida política contribuyendo a organizar el Frente Democrático Nacional, renunciando como candidato        a la Presidencia. Este  partido ganó las elecciones con un 62% de los votos, pero sólo pudo mantener el poder por un poco más de tres años, pues la mayoría anti-aprista del Senado  bloqueó el normal funcionamiento del Congreso, desencuentro que se tradujo en un golpe militar reaccionario que ocupó el poder durante 8 años y en el que integrantes del APRA nuevamente debieron soportar persecución, rechazo y destierro. Entre 1948 y 1956 gobernaron Manuel Odría y Zenón Noriega de manera alternada, pudiendo el APRA en éste último año recuperar su legalidad  tras 20 años sin representantes en el Congreso.3
El lapso comprendido entre los años 1950-1970 se caracterizó por la irrupción de fuertes movimientos políticos y sociales, unidos a una tendencia democratizadora y al reconocimiento de la pobreza urbana. Con respeto a esta última materia se discutieron una serie de estrategias para solucionar los problemas derivados de la desigualdad y la pobreza en  todo Perú. La reforma agraria se planteaba como un tema prioritario a ser resuelto, especialmente de parte de sectores más radicales. La creación del partido Demócrata Cristiano, de naturaleza católico-reformista y que nació como un frente de oposición a la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), ejerció una gran influencia en la opinión pública.4
Las posturas de sus intelectuales eran críticas frente a la oligarquía pero totalmente opuestas a las conductas violentas de los partidos de izquierda. Entre sus líderes estaban Héctor Cornejo Chávez, Luis Bedoya Reyes, Mario Polar y Mario Alzamora, entre otros. En esencia, sus propuestas apuntaban a consolidar una vía democrática reformista y aliviar las dificultades tanto sociales como políticas del país. Con el paso de los años, hacia fines la década de 1960, la Democracia Cristiana peruana se dividió, pues Luis Bedoya Reyes fundó, junto a otros integrantes con ideas de derecha, el Partido Popular Cristiano. 5
La estabilidad democrática peruana, sin embargo, en ningún caso se pudo alcanzar en aquella década. Cabe destacar que en las elecciones presidenciales del año 1962 triunfó Haya de la Torre, pero el partido Acción Popular, apoyó un golpe de Estado que desconoció aquel resultado electoral y, tras breves gobiernos militares de  Ricardo Pérez y Nicolás Lindley, se abrió paso a la elección de Fernando Belaúnde Terry como Presidente del Perú en 1963. En este gobierno los planteamientos progresistas se diluyeron de manera rápida y la reforma agraria apenas fue considerada. En general, las expectativas que había creado sobre reformas del Estado y desarrollo industrial terminaron en una total desilusión de quienes esperaban una efectiva implementación.6
En esta primera época de la segunda mitad del siglo XX es cuando surgió un reformismo de militar de carácter progresista. La razón que motivó aparentemente la toma del poder por parte de la milicia habría sido la necesidad de efectuar y poner en práctica reformas que un débil gobierno civil no había conseguido. Es el caso de la junta militar que derrocó a Belaúnde Terry en su primer mandato, efectuando una modernización de la sociedad tradicional que buscó disminuir la dependencia desde el exterior. Además, se impuso una ley de reforma agraria en respuesta al descontento campesino existente que había estado acompañado del surgimiento de guerrillas en el año 1965.7
En la década de 1960 el poder institucional de las Fuerzas Armadas peruanas aumentó de manera significativa y el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) adquirió gran relevancia en la actividad intelectual castrense de esos años. En sus aulas se formarían oficiales que en algún momento alcanzarían grados superiores y en ellas surgió un paradigma de seguridad nacional caracterizado por rasgos claramente progresistas. 8         
El CAEM se había iniciado como una institución orientada a la formación de oficiales que, de algún modo, debían prestar servicios en ámbitos que excedían lo estrictamente militar. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, su quehacer incluyó también la preparación de civiles que debían actuar en temas de defensa nacional relacionados con el bienestar de la población. En esta visión, cabe destacar que los uniformados peruanos comprendieron ya en esos años que la actividad castrense no se limitaba sólo a mantener una preparación exclusivamente belicista, sino además efectuar acciones a favor del desarrollo, la formación de una conciencia nacional y la integración.9
La Defensa Civil fue creada en la época del Gobierno Revolucionario, debido a que entre 1968 y 1980 ocurrieron dos fuertes terremotos: uno en el año 1970, que fue el más desastroso del siglo y otro en el año 1974, menos intenso pero con réplicas continuas durante unos 15 días. Esta situación  llevó a plantear la idea de que se entrenara a la población a  través de ensayos preventivos y sistemáticos de desastres, cuestión que quedó sólo en intenciones. El local de la Defensa Civil, paradójicamente, estaba ubicado en un segundo piso en precarias condiciones de seguridad.10
El régimen velasquista mantuvo algunas políticas administrativas castrenses de tendencia clientelista y socialista. Entre las primeras estuvo la de asignar en cargos de directores de las empresas estatales más importantes, a oficiales de alta graduación en retiro, lo que les permitía compensar sus pensiones de jubilación. Con el paso del tiempo se estableció un programa denominado  “cédula viva”, a través de la cual se incrementaron los haberes de los uniformados retirados al mismo tiempo que los que se encontraban en servicio. Entre las segundas, el cambio de  nacionalidad de los instructores para las Fuerzas Armadas, que en vez de norteamericanos o franceses fueron cubanos y rusos, que llegaron a Perú con equipamiento militar incluido.11
En materia de modernización militar, la Marina  siguió un camino semejante, pues desde la compra de cañoneras a Inglaterra en la época del general Odría, por poner un ejemplo, se pasó a la compra de material naval ruso que distaba mucho en calidad respecto del inglés. La Aviación, que en cierto momento había adquirido aviones P-47 a Estados Unidos junto a la visita de instructores de este país, procedió a la compra de aviones “Zhukoi” rusos.12
Las instituciones policiales en la época de Velasco Alvarado comprendían a la GuardiaRepublicana, a la Guardia Civil y a la Policía de Investigación del Perú (PIP). Estas fuerzas no recibieron la misma dedicación que las demás ramas castrenses, y ya habían perdido ciertas prerrogativas en julio de 1968 respecto a precios reducidos de diversas provisiones que adquirían en bazares exclusivos, debiendo formar cooperativas. A fines de su gobierno, en 1975, al no considerar las aspiraciones de salarios más altos, la mejora de condiciones del personal y el maltrato de físico y de palabra que recibía el personal subalterno, desencadenó una huelga que provocó incontables problemas de calidad de vida en la población. La ausencia de policía no sólo produjo caos vehicular, sino además un espantoso saqueo en la ciudad de Lima, seguido de incendios y tragedias como la muerte de civiles y policías.13
 La crisis antes mencionada encaminó la revolución militar peruana a una segunda etapa encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez, quien después de un pronunciamiento en Tacna el 29 de agosto de 1975 reemplazó al general Juan Velasco Alvarado. En sus primeras declaraciones afirmó que no se trataba de un derrocamiento, sino de un cambio por acuerdo al interior de las Fuerzas Armadas y según los reglamentos castrenses de paso a retiro. Por esta razón es que el nuevo gobierno dio a entender que los militares entraban en una “segunda fase” y que, dados los logros alcanzados, era necesario consolidarlos, corregir los errores cometidos  y proceder a promulgar reformas pendientes en temas como inquilinato y urbanismo, nacionalización de la banca y educación.14
El 4 de octubre de 1977 dio a conocer un plan gubernamental llamado “Túpac Amaru”, que tenía por objeto “consolidar el proceso revolucionario, evitando que se derive hacia el estatismo comunista o que, por reacción, retroceda a las formas ya superadas del capitalismo prerrevolucionario; completar y reajustar las formas estructurales, de manera de lograr un avance tal que se haga irreversible la marcha del proceso hacia la consecución de su objetivo final, que es la democracia social de participación plena”.15
Aunque el texto del mensaje contenido en dicho plan tenía un cierto aire revolucionario, en la práctica el Presidente Morales Bermúdez orientó su gobierno en la búsqueda paulatina de la normalidad democrática. Permitió el regreso de exiliados y trató de  entablar vías de acuerdo con los partidos políticos, en el marco de establecer una nueva Constitución.  Entre las medidas concretas que tomó estuvieron las de autorizar la libertad de prensa y la convocatoria e elecciones en el año 1977. 16
A partir de la década de 1980 Perú volvió a la estabilidad democrática, tras años de golpes e intervenciones militares. Fernando Belaúnde Terry fue el triunfador en las elecciones generales realizadas en el año 1980, quien entre sus primeras decisiones tomadas como nuevo primer mandatario, estuvo la de continuar el proceso privatizador que había sido iniciado por el gobierno de Morales Bermúdez. En este contexto fueron devueltas a manos privadas empresas periodísticas, estaciones de televisión, radioemisoras, empresas de cemento, yacimientos mineros, se otorgaron mayores facilidades al ingreso de capital extranjero y se detuvo la implementación de diversos proyectos productivos estatales que habían sido iniciados en gobiernos anteriores.17
A fines de esta década de 1980, el empresario y economista peruano Hernando de Soto publicó una importante investigación sobre el fenómeno de la pobreza e informalidad en Perú. En ella afirma que, en el lapso que va desde la Segunda Guerra Mundial y hasta el momento de publicar los resultados de sus hallazgos, el Perú había experimentado el cambio más profundo de su historia republicana. En esos cuarenta años la migración indígena hizo que la población urbana se quintuplicara y con ello la reorganización de las ciudades, apareciendo nuevas actividades productivas, surgiendo multitudes de pequeños talleres e incontables líneas de microbuses, que cotidianamente han sido acompañadas de la presencia de diversos ruidos, olores, personajes urbanos y el quehacer de organizaciones  populares.18
La mayor participación de estas nuevas instituciones surgidas por el aumento natural de la división del trabajo, el empuje migratorio y el crecimiento poblacional en las ciudades, ocurrió  a parejas con un retiro gradual del Estado en la atención  eficiente de servicios muy necesarios para el ciudadano común y que corresponden a su verdadero rol en una sociedad moderna:

“Lo preocupante es que el espacio abandonado por el Estado en su repliegue ha sido ocupado sólo en parte por esas nuevas organizaciones. Al parecer, el restante ha sido ganado por la violencia. Asaltos, secuestros, violaciones y descuartizamientos han coincidido con una creciente agresividad en el tránsito y una falta de seguridad en las calles. Las fuerzas policiales se han visto progresivamente rebasadas, e incluso algunos de sus miembros se han convertido en protagonistas de escándalos y en avezados delincuentes.19
Las lamentaciones de Hernando de Soto respecto a la realidad económica y social que observaba no terminaban allí. Con evidente pesar hacía notar la creciente desnaturalización de los verdaderos valores humanos relacionados con la virtud, prudencia, así como el aumento de la pobreza y miseria en amplios sectores populares. Por un lado, actos que constituían delitos eran soslayados por gentes de toda clase, desde ricos a pobres, en especial por la compra de artículos provenientes del contrabando y al corromper a funcionarios estatales. Por otro, la disminución del ingreso real promedio  peruano había decaído en los últimos diez años hasta un nivel alcanzado hacía veinte años atrás, surgiendo verdaderas legiones de pordioseros, lavacarros (sic) y “pájaros fruteros” que día a día encimaban a los peatones para solicitar propinas. En medio de desagradables entornos  de basura dispersa, era habitual observar madres solteras, niños, enfermos mentales desnudos y hasta tullidos ubicados  en las esquinas pidiendo limosnas.20              
La informalidad peruana que analiza De Soto en su libro se refiere principalmente a diversas e importantes actividades productivas que se realizan al margen de la legalidad vigente. La explicación de ella, después de realizar la debida investigación, resulta bastante sencilla: en Perú no convenía ser legal, resultaba demasiado costoso. En palabras también simples, De Soto se percató que la cantidad de trámites e incomodidades burocráticas impuestas por la legislación peruana, a quienes deseaban instalar pequeños negocios o actividades productivas de manera honrada, era tan grande, que simplemente la mayoría  de los peruanos se rebelaba contra el Estado y prefería actuar de manera ilegal. Descubrió que esta informalidad propia del comercio se extendía a ámbitos como la obtención de vivienda, el transporte e incluso a la Justicia, pues cuando esta última no resuelve debidamente situaciones conflictivas, los pobres se las arreglaban para hacerla cumplir por su propia mano.21

Cuadro Nº 3.18

Situación económica heredada por los presidentes entrantes, Perú 1980-2006

Fuente Portocarrero Maisch, Javier y Quincot, Jorge Franco, op. cit., p. 36.
Nota Técnica: (a) BCRP = Banco Central de la República del Perú;; (b) PIB = Producto Interno Bruto; (c) MM = miles de miles , es decir, millones; (d) US $ = en dólares de Estados Unidos; (e) * = Balanza en cuenta corriente de la Balanza de Pagos; (f) ** = Sector Público no financiero.
En  la época de los gobiernos democráticos, desde la década de los años 80 y en lo transcurrido del siglo XXI, a pesar de numerosas dificultades Perú ha continuado avanzando en la senda de la normalización política y desarrollo económico social, a pesar de que la sombra del caudillismo militar siempre parece pender como una virtual “espada de Damocles” sobre el país.
Uno de los puntos a favor en el balance macroeconómico ha sido el crecimiento anual promedio positivo del PIB en los gobiernos de Fujimori y Toledo, si bien modesto, pero acompañado de una tendencia inflacionaria decreciente. Lo más negativo fue la hiperinflación alcanzada también durante este primer gobierno de García, que a pesar de  sus pésimos resultados económicos fue reelecto en el año 2006. Los Cuadros Nº 3.18 y 3.19 aportan una visión general de esta última etapa en la historia económica y social de Perú, en que la conducción política estuvo en manos civiles,  a pesar de que en el primer período del Presidente Alberto Fujimori, en abril del año 2002, éste disolvió el Congreso e instauró un gobierno de naturaleza autoritaria. 

Cuadro Nº 3.19

Principales Indicadores Económicos, Perú 1981-2005
(Promedios por gobierno)

Fuente: Portocarrero Maisch, Javier y Quincot, Jorge Franco, op. cit., p. 40.
Nota Técnica: (a) BCRP = Banco Central de la República del Perú; (b) PIB = Producto Interno Bruto; (c) MM = miles de miles , es decir, millones; (d) US $ = en dólares de Estados Unidos; (e) * = Balanza en cuenta corriente de la Balanza de Pagos; (f) ** = Sector Público no financiero.
Las cifras anotadas en ambos cuadros, Nº 3.18 y Nº 3.19, permiten señalar que los gobiernos de Fernando Belaúnde y el primero de Alan García obtuvieron pobres resultados en materia de crecimiento e inflación, afectando con ello gravemente la situación de pobreza y calidad de vida. Por un lado, la teoría económica señala que un crecimiento negativo del PIB per cápita genera alto desempleo, y por ende falta de ingresos a importantes sectores populares, mientras que una inflación desatada empobrece de manera dramática a los más pobres, por cuanto eventuales reajustes de sus salarios van muy a la zaga de los aumentos de precios. Este desastre económico vivido en Perú logró ser controlado en los gobiernos de  Fujimori y Toledo, que lograron reducir el déficit fiscal.
En el gobierno de Alan García, el ministro de Economía Luis Alva Castro diseñó un plan de “estabilización general de costos”, que incluía una congelación de precios útil por algunos meses, pero no sostenible en el mediano o largo plazo. El personalismo de García, para resolver este tipo de temas, lo indujo a cometer graves errores, entre ellos proponer las estatización de la banca. Esta medida contribuyó a consolidar la hiperinflación y el caos económico reinante al final de su mandato, que se vio agravado por la irrupción del grupo guerrillero Sendero Luminoso (SL) y la polarización de las diferencias políticas en la ciudadanía.22
La aparición de SL en la escena política y social de Perú se efectuó a través de dos actos simbólicos, semanas antes de las elecciones de 1980 y a inicios del gobierno de Belaúnde Terry. El primero de ellos tuvo una connotación de primitivismo espeluznante: colgaron unos pobres perros muertos en postes públicos, cada uno de ellos  con carteles colgados de sus cuerpos y escritos con los nombres de los principales líderes del gobierno chino. El segundo ocurrió 17 de mayo de aquel año, en la plaza central del pueblo de Chuschi, Ayacucho, en que un pequeño grupo armado quemó las ánforas a utilizar en unas elecciones del día siguiente.23
En sus inicios SL constituía un grupo de hombres armados sin experiencia en el campo militar y el gobierno de Belaúnde llegó a considerarlos como parte de un grupo de forajidos que practicaban el abigeato. Sin embargo, este movimiento pretendía iniciar una “guerra popular desde el campo a la ciudad” en rebeldía por el olvido en que el Estado tenía sumidos a los campesinos, especialmente de la zona de Ayacucho, entonces muy empobrecida. Entre 1980 y 1982 tuvo un crecimiento importante en el número de adeptos, como lo testifica el multitudinario entierro que tuvo la joven dirigente senderista  Edith Lagos en septiembre del año 1982. Este respaldo alcanzado por el grupo guerrillero se explica nos sólo por el olvido y pobreza existentes en la zona del “trapecio andino” ayacuchano, aino además por la protección otrogada contra abigeatos y autoridades corruptas, por las características culturales de los lugareños y por su apoyo a comunidades en el respeto a sus linderos territoriales.24
El accionar de SL incluyó la matanza de personas pertenecientes de las comunidades de Huancasancos y Lucanamarca, a manos de un centenar de senderistas, en abril de 1983. La razón fue el negarse a aceptar su protección. Este tipo de situaciones motivó la participación de las Fuerzas Armadas peruanas y tras el asesinato del director de la filial  en Ayacucho del Instituto Nacional de Cultura. Con esto, la población rural quedó entre dos fuegos y los militares retomaron su presencia  e ingerencia política en asuntos del Estado.  La acción del Ejército no estuvo exenta de graves acciones en detrimento de la calidad de vida de parte de la población, pues las estrategias contrainsurgentes mantuvieron cierto tinte de racismo. Al margen de que en la práctica el poder civil quedó sujeto al poder militar, algunas estrategias utilizadas por los uniformados incluyeron coaccionar a campesinos, utilizar unas comunidades contra otras, realización de “juicios sumarios” semejantes a los “juicios populares” de SL y ataques de saturación a poblados.25
Las fluctuantes políticas orientadas a acabar con el grupo senderista no dieron resultados en los años 80 y, para peor, las Fuerzas Armadas de Perú fueron cuestionadas por diversas violaciones a los derechos humanos. A inicios del año 1984 se nombró al general Adrián Huamán como jefe político-militar de Ayacucho, quien desarrolló una política asistencialista de apoyo a la población para conseguir su respaldo. 26
Los actos violentos continuaron afectando a diversas personas y sectores de la población, de manera más o menos grave, generando de paso problemas de calidad de vida adicionales, si bien la tendencia a su ocurrencia en los primeros años del siglo XXI pareció aminorar. En enero de 1983 la opinión pública se enteró de la muerte de ocho periodistas en la localidad de Uchuraccay, en las alturas de Ayacucho. Estos profesionales habían concurrido con el propósito de averiguar lo sucedido a siete senderistas que habían muerto a manos de campesinos de Huaychao. La renuencia de las Fuerzas Armadas a colaborar con la prensa y la explicación entregada de lo sucedido obligó al gobierno a conformar una comisión investigadora, que fue presidida por el escrito Mario Vargas Llosa. El informe elaborado al respecto no fue claro, entregándose finalmente tres interpretaciones: convicción absoluta, convicción relativa y convicción dudosa.27  
Un segundo movimiento violentista que alcanzó notoriedad a mediados de la década de los 80 fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), gestado en los años 60 y conformado por ex militantes de diversos grupos de izquierda. Se trataba de una organización marxista-leninista que promovía la revolución bajo “todas las formas de lucha”, combinando en lo militar tácticas guerrilleras propias del “foquismo” castrista con técnicas urbanas insurgentes. Entre sus acciones cabe citar  el ataque a un puesto policial de Villa  El Salvador, ataques a la sede de la embajada de Estados Unidos y varias sucursales de bancos. 28
En el primer gobierno de Alan García el MRTA anunció una tregua unilateral con el objeto de “evaluar la situación” y “fiscalizar las promesas del gobierno”, pero SL rechazó esta postura. El aprista Alan García propuso medidas antisubversivas como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción. Es oportuno señalar que, sobre esto último, centró su preocupación en la reorganización de las fuerzas policiales y las Fuerza Armadas, unificando los mandos de la policía, que pasó a llamarse Policía Nacional (PNP)  e integrando los ministerios de Guerra, Marina y Aviación en uno solo, denominado Ministerio de Defensa. El primer titular del este nuevo organismo estatal  fue el general (r) Enrique López Albújar, asesinado por el MRTA en 1989.29
En el gobierno de Alan García tanto el Ejército como la Marina y la Aviación recibieron un generoso 25,6% de aportes presupuestarios generales de la nación como apoyo a sus necesidades. En cambio, se redujeron las sumas destinadas a las fuerzas policiales, debiendo estas replegarse  incluso en áreas rurales de zonas de emergencia. En cuanto a derechos humanos, a pesar de evidencias que demostraron la participación directa de uniformados en masacres ocurridas en Pucayacu, Accomarca y Cayara, la comisión del Senado encargada de investigar los hechos presidida por Carlos Enrique Melgar, luego de intentar negar las pruebas presentadas, emitió un dictamen que liberaba de toda responsabilidad a las fuerzas de orden.30
La serie de crímenes y barbaridades ocurridas  en torno a la cuestión de la subversión y la represión de las Fuerzas Armadas continuó en los años siguientes durante la década de los años 90, marcando con ello los puntos más altos de impacto negativo en calidad de vida de muchísimas personas, muertas por razones de intolerancia política.
La fuga de 52 prisioneros del MRTA a través de un túnel de la cárcel de alta seguridad “Miguel Castro Castro”, el incremento de las voladuras de torres de alta tensión por parte de SL, la explosiva situación de hacinamiento carcelario, lentitud de los procesos y corrupción de funcionarios a cargo de dichos penales, la molestia de las Fuerzas Armadas por otorgar cárceles de mejores condiciones a reos por terrorismo, motines de estos últimos convictos en El Sexto, Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, así como el surgimiento de grupos paramilitares apristas que detonaron artefactos explosivos en mítines sindicales o en contra sospechosos  de subversión, son algunos  ejemplos de  esta dura realidad vivida. 31
El resultado de todo esto y según el especialista Enrique Obando, ha sido el aumento del poder de las Fuerzas Armadas en cuanto a capacidad de influir en los gobiernos, la vigencia de sus planteamientos de seguridad nacional, poder de presión para aprobar sus presupuestos y prerrogativas especiales en particular respecto a mejoras en sus sueldos y protección o más bien blindaje respecto a investigaciones que el poder civil pueda efectuar con relación a delitos de derechos humanos e incluso malos manejos de fondos del Estado.32
Un conjunto de datos recopilados por un investigador de la Historia de Perú contemporáneo, Heraclio Bonilla, muestra que entre 1980 y 1990 se produjeron 17.466  atentados y 12.055 muertos, mientras que en 1992 la cantidad de fallecidos a causa de la violencia política fue de aproximadamente unos 22.000. Los costos por destrucción de bienes materiales alcanzaron durante la mencionada década unos US $ 22 mil millones, equivalente al total de la deuda externa del Perú.33
Un breve análisis más en detalle en torno a estas cifras, señala que los departamentos más afectados por atentados han sido Lima (4.245), Ayacucho (3.541), Pasco (788) y Puno (684), con un 63% del total. Además, se observa que los atentados habían aumentado paulatinamente, con picos entre 1983-1985 y 1989-1992 y con tendencia creciente de ocurrencia en zonas urbanas. Otra conclusión relevante de este análisis es que la población civil ha sido la más afectada en cuanto al máximo problema de calidad de vida negativo: el mayor número de muertos. Hasta el año 1990 la distribución de personas fallecidas por estos hechos era: población civil (5.477 personas); miembros de Fuerzas Armadas y policiales (997 personas); autoridades civiles (381 personas) y subversivos (5.200 personas). 34
Al margen de toda esta cadena de desgracias descritas sobre el fenómeno de la violencia político-militar en Perú, en los gobiernos de Alberto Fujimori emergió un fenómeno que no era nuevo y había ocurrido en tiempos pasados, pero que adquirió proporciones nunca antes vistas: la corrupción  político-administrativa. Las ideas e iniciativas de Fujimori para sacar a Perú de la gran crisis macroeconómica heredada de su antecesor, Alan García, indudablemente tuvieron resultados bastante aceptables (ver Cuadros Nos. 3.18 y 3.19). Por un lado, Fujimori decidió reinsertar a Perú en la comunidad financiera internacional y presentó un contra proyecto para derogar la estatización de la banca privada y consiguió sentar fundamentos de índole liberal que permitieron consolidar la estabilidad económica del país. Por otro,  sin embargo, su actuar político tendió al autoritarismo, pues sin ser uniformado, implementó un autogolpe que disolvió el Congreso en abril de 1992. 35
En esos años, en que apareció un polémico funcionario con gran poder político y nexos con las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, fue que se produjo la captura del principal líder del grupo Sendero Luminoso. En lo económico-social, tras reforzar una agenda neoliberal, consiguió mantener su popularidad y ser reelecto  con el 64% de los votos válidos. En su segundo mandato intentó más reformas liberales pero la crisis económica mundial, sumado a un estilo de conducción poítica semejante a la de un caudillo militar y a una creciente red de influencias y corrupción erigida por Vladimiro Montesinos terminaron por minar su gestión gubernativa. 36
Los economistas modernos tienden asociar el fenómeno de la corrupción  con  el tamaño del Estado de cualquier país. De acuerdo a sus planteamientos, existe una relación directa entre mayor tamaño del Estado y  mayor probabilidad de corrupción. Algunos economistas como Sebastián Edwards, John Williamson y otros del Banco Mundial se han referido a la importancia de  disminuir el tamaño del Estado como una forma de reducir la corrupción detectada en épocas de gran endeudamiento y estancamiento, como las décadas de 1970 y 1980. El argumento señala que el Estado regulador, con una compleja estructura de permisos y licencias, es el que contribuye a la corrupción. La solución es, bajo esta perspectiva, la eliminación del exceso de regulación y la simplificación administrativa.  Este diagnóstico se efectuó tras analizar la corrupción en los gobiernos del PRI, en México, que estuvo en el poder las cinco décadas siguientes del año 1940 y el gobierno  del APRA en Perú, que había dejado el poder con juicios de corrupción en contra de un ex Presidente del Banco Central, congresistas del partido y el propio Presidente de la República. 37
De acuerdo a lo anterior es que resulta sorprendente como un gobierno de carácter neoliberal, con ideas y planteamientos claramente favorables al protagonismo del mercado como agente promotor del desarrollo económico y un Estado centrado en un rol menos intervencionista, llegó a niveles de corrupción que alcanzaron niveles de escándalo. Más aún, la extensión de la red de corrupción a gran escala hasta las propias filas de las Fuerzas Armadas, simplemente raya en lo inaudito.
El historiador Antonio Zapata ha escrito que el neoliberalismo le aportó credibilidad a Alberto Fujimori, obteniendo el apoyo de diversos sectores y la posibilidad de conformar cuadros profesionales para elaborar la propuesta de transformación integral del país y como conseguir un rápido desarrollo. No obstante la corrupción habría estado presente desde su primer mandato, cuando se hizo público que algunos de sus familiares estaban vinculados  a serias irregularidades comerciales en un negocio de ropa usada y relacionado con donaciones japonesas. Las donaciones fueron manejadas desde el Palacio de Gobierno bajo la administración logística de la secretría general de la Casa Militar.38
En el ámbito militar, para lograr derrotr a Sendero Luminoso se había iniciado una alianza tácita entre Fuerzas Armadas y narcotraficantes. El poder en aumento del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en el cual trabajaba el asesor presidencial Vladimiro Montesinos actuando como nexo con las Fuerzas Armadas, se basaba en su capacidad para relacionar a los uniformados con la vida política y la influencia ejercida en la determinación de los ascensos o propuestas a retiro.  Una de las primeras instituciones castrenses que fueron víctimas de la voluntad corruptora de Montesinos fue la Caja de Pensiones Militar y Policial (CPMP), cuyos fondos fueron utilizados con fines ilícitos.39  
En cuanto a cifras importantes de dinero y relacionadas con la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, cabe destacar  las referentes a compras de armas debido a la guerra del Cenepa en el año 1995. En aquella ocasión, Ecuador se había preparado prolijamente para una contienda focalizada y Perú perdió terreno sin conseguir los objetivos a que aspiraba antes de que los países garantes impusieran una franja desmilitarizada. Por esta razón los uniformados decidieron la compra de armamento que,    bajo la anuencia de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza, destinaron US $ 1.885.- millones  canalizados a través de intemedirarios que otorgaron sobornos a gran escala. El propio general Hermoza devolvió US $ 14.- millones en su poder al Estado peruano después de reconocer que los había obtenido ilegalmente. Además, empresarios de armas israelíes encabezados por Swi Sudir confesaron que sobornaron a varios integrantes de la cúpula militar con 32 contratos de venta a lo largo de una década. 40
Al margen de lo hasta anecdótico que puede resultar el descubrimiento de videos filtrados a la opinión pública, en que Vladimiro Montesinos delata su conducta corruptora, algunas investigaciones  realizadas han demostrado que el ex asesor de Fujimori poseía diversas cuentas bancarias y propiedades tanto en Perú como en el exterior. Las cuentas de Montesinos detectadas en territorio extranjero llegaban a la suma de US $ 70.- millones y se piensa que puede tratarse en realidad de varios cientos. Algunos de sus testaferros, como Venero Valencia, mantenían alrededor de US $ 40.- millones y sus socios uniformados, generales Hermoza y Malca, US $ 20.- millones y US $ 16.- millones respectivamente.41  

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