PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

3.2.2.3 Chile: democracia, fractura política, fractura económica


En Chile resultan llamativos, en la segunda mitad del siglo XX, la ruptura de la Democracia en el año 1973 y  el quiebre de la tendencia creciente en el centralismo de las decisiones en el sistema económico imperante hasta ese mismo año.
La sociedad chilena había emergido a comienzos de la década de 1950 desde un período de fuerte proteccionismo estatal al mundo empresarial, en una época conocida como Industrialización por Sustitución de Importaciones (o estrategia ISI), la que a su vez fue una respuesta natural y lógica a la crisis mundial ocurrida entre los años 1929-1930 que afectó gravemente a Chile y que ha sido ampliamente referida como la Gran Depresión de 1929.
En los años que van desde 1914 a 1945, en tanto, la humanidad debió soportar dos guerras mundiales que provocaron serios trastornos, no sólo por las tragedias derivadas de las mismas -millones de muertos, heridos y desaparecidos- sino por afectar gravemente el funcionamiento de las economías europeas y norteamericana en particular, así como del resto de los países menos avanzados en general.
En este contexto se fundamentaron, además, nuevas tensiones ideológicas que se manifestaron de diversos modos, desde desconfianzas entre bloques de países occidentales y orientales, hasta luchas intestinas al interior de algunos países que, en definitiva, conformaban un cuadro muy desalentador con vista a un sano mejor acercamiento cultural y comercial entre naciones civilizadas. Este contexto político-económico mundial también ha sido también ampliamente conocido como la Guerra Fría.
La revisión de antecedentes en torno a la disyuntiva de democracia versus autoritrismo  lleva a sostener  la idea de que las fracturas más relevantes de Chile ocurridas entre los años 1960-1990, fueron las dos del año 1973 que establecieron tendencias opuestas. Una fractura provocó el paso de un sistema democrático a uno dictatorial en lo político y la otra fractura impulsó el paso de un sistema centralizado-autoritario a uno liberal-democrático en lo económico-social.
El planteamiento anterior requiere en cierta medida especificar el lenguaje utilizado. En especial me parece conveniente aclarar y discutir los conceptos de fractura versus normalidad política, democracia electoral versus dictadura política y centralismo autoritario versus libertad descentralizada en las decisiones relativas a lo económico-social. Con estas precisiones es factible estudiar a grandes rasgos el proceso político, económico y social chileno, vivido entre los años 1960-1990, de acuerdo a los antecedentes disponibles en la bibliografía atingente al tema.
El concepto de fractura surge a partir del estudio de las localizaciones y duraciones de los regímenes democráticos en América Latina a través del tiempo. En particular interesa aquí referirlo al proceso chileno verificado en la segunda mitad del siglo XX y que tiene sus raíces en años previos. Una mejor comprensión de este período se alcanza si se considera la situación política que se inició en el año 1938 y terminó en el año 1973, bajo la siguiente periodización entregada por el profesor Tomás Moulian: (a) 1938-1946, en la cual se verifica un modelo de democracia que denomina “dominación efectiva”; (b) 1946-1958, bajo un modelo de “dominación represiva”; (c) 1958-1973, modelo de “dominación integrativa” y (d) 1970-1973, época de “crisis y fractura”. 1
El esquema de análisis anterior presentado por el profesor Moulian  reconoce un contexto de democratización hasta el fin de la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, momento en que el poder pasó a manos del conglomerado de partidos de izquierda conocido como Unidad Popular. Esto, al ser reconocido el hecho de que este último gobierno intentó ir más allá de la concepción democrática tradicional chilena y que terminó, como consecuencia de esto, en el golpe militar de 1973.2
Sin perjuicio de lo expuesto, el concepto de fractura considera inevitablemente un proceso político en el cual se incluye una revolución. Se trata de la interrupción del tiempo continuo e histórico que aparece en algunos procesos sociales y a través de un acto revolucionario. En otras palabras es el acto revolucionario lo que determina la fractura o quiebre en un proceso histórico. Ejemplos de esto en América Latina y el mundo serían la fractura en Cuba en el año 1959 y la  revolución rusa de 1917. El caso chileno de 1973 corresponde a una fractura sustentada en una revolución capitalista dentro del propio capitalismo.3
La fractura de 1973 se inició con el bombardeo a La Moneda como un aviso, que si bien habría carecido de significado militar (dada la desigualdad de fuerzas de choque), su valor fue más bien de carácter político. El profesor Moulian señala  que este acontecimiento fue el signo de advertencia de una fractura que venía, de que una verdadera revolución comenzaba como tal y, lógicamente, debía estar respaldada por cañonazos.4
Por otra parte la idea de normalidad política contiene, a mi juicio, cierta dosis de relativismo en el sentido de que al menos es necesario establecer la época y el contexto en que una sociedad determinada se desenvuelve en el día a día. La respuesta a la pregunta: ¿Qué es normalidad política?, se constituye en un tema que se presta para múltiples interpretaciones, en especial si un analista tiene en mente intentar teorizar en la historia.
Desde esta última perspectiva, por ejemplo, el Egipto antiguo aparentemente vivió largos períodos de estabilidad o normalidad política, pues los faraones se sucedían unos a otros de acuerdo a tradiciones más bien familiares y creencias religiosas. De vez en cuando, ciertamente, se producía un cambio de dinastía, en el que comenzaba a gobernar una nueva familia de faraones que accedía al poder por factores sociales que no necesariamente coincidían con una ruptura de carácter violenta o brusca en el sentido de constituir una fractura, como aquí la entendemos.
En definitiva, el concepto de normalidad política resulta un tanto difícil de establecerlo con cierto grado de certeza, debido a que la propia dinámica interna de una etapa que cumpla con ciertas características propias de la estabilidad y tranquilidad social, podría contener algunos pocos elementos conflictivos de naturaleza revolucionaria o reaccionaria que atenuarían aquel significado.
En el caso chileno, Juan Carlos Gómez ha planteado la interrogante de si Chile mantuvo un régimen efectivamente democrático que logró establecer la normalidad política entre los años 1932 y 1973, asunto que por décadas se pensaba como una realidad irrefutable. Esta visión que se habría mantenido prácticamente hasta fines del siglo XX, comenzó a ser cuestionada por autores como Gabriel Salazar y Jocelyn Holt en cuanto al carácter supuestamente pacífico de la democracia chilena de esos años, así como por Tomás Moulián, Brian Loveman y Elizabeth Lira en lo relativo a la condición propiamente democrática. Para Gómez existiría una interpretación más detallada y que incluye características como: (a) la democracia en Chile no fue el régimen político predominante entre 1932 y 1973; (b) que en vez de un solo régimen político estable y pacífico existieron tres; (c) que tan solo uno de esos regímenes, el de 1958-1973, tuvo la condición de democrático y (d) que antes de 1958 existió exclusión social y política de importantes sectores nacionales, que coexistió con una obstrucción permanente al proceso democratizador de parte de los propietarios en general y especialmente los terratenientes.5
La noción de Democracia Electoral, ciertamente, nos refiere a tiempos más actuales. En los tiempos modernos se discute sobre los distintos regímenes que existen y evolucionan hacia formas más o menos democráticas en lo referente a las posibilidades de elección que tengan los individuos. En lo político dicha noción de Democracia Electoral nos remite al concepto de representatividad, a través de la cual los electores o votantes eligen sus representantes de los poderes Legislativo (Congreso, Parlamento o Cámaras) y Ejecutivo (Presidente o Primer Ministro).
Las distintas formas de Democracia Electoral pueden estar determinadas por elementos como libertad efectiva de elección, nivel y calidad de información recibida por los ciudadanos, acceso expedito a los lugares de votación y una serie de condicionantes que suelen apuntar a la debida independencia con que los eventuales electores participan en el momento de la votación. Estas condiciones, como lo adelantamos en párrafos anteriores y en referencia al profesor Juan Carlos Gómez, no se habrían dado efectivamente. En términos prácticos, la democracia en general se constituye en una utopía, una especie de meta ideal por alcanzar que no está estructurada en un solo modelo político. De esta consideración es posible diferenciar entre democracia ideal y democracia real, que separa los lineamientos establecidos por los teóricos y lo que sucede en el diario acontecer de un proceso social determinado. 6
De este modo, e interpretando al profesor Juan Carlos Gómez, al establecer requisitos mínimos se cometería cierta arbitrariedad al proponer tales y cuáles requisitos, unos más o menos prioritarios que otros, eventualmente indispensables para admitir la existencia de una verdadera democracia.
En el resumen presentado en el Cuadro Nº 3.11 podemos observar algunas posibilidades en este sentido. La lectura de este cuadro nos lleva a reconocer cada unos de los requisitos allí planteados como deseables o aceptables y es difícil estar en desacuerdo con alguno de ellos.
Una mirada más suspicaz sobre esto, sin embargo, nos puede alertar sobre los múltiples peligros que en todo momento enfrentan los procesos democráticos.

 

Cuadro Nº 3.11

Requisitos para admitir a un régimen político como democrático


Según Robert Dahl

Según Guillermo O’Donnel
(Adiciones a Roberto Dahl).

Según Juan Carlos Gómez

1. Autoridades públicas electas.

1. Quienes ocupan las posiciones más altas en el gobierno no deben sufrir la terminación de sus mandatos antes de los plazos legalmente establecidos.

1. Un origen democrático, o sea, que la génesis de las normas institucionales, plas-madas por lo general en una constitución política, haya sido generada democrática-mente a través de un acto constituyente democrático.

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes.

2. Las autoridades electas no deben estar sujetas a restricciones severas o vetos, ni ser excluidas de ciertos ámbitos de decisión política por actores no electos, especial-mente las Fuerzas Armadas.

2. Competencia política y existencia de oposición.

3. Sufragio universal.

3. Debe existir un territorio indisputado que defina claramente el demos votante.

3. Sufragio universal y otras formas de participación.

4. Derecho a competir por los cargos públicos.

4. La definición de poliarquía debe incluir una dimensión inter-temporal: la expec-tativa generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales se mantendrán en un futuro indefinido (que no se produzca involución democrática).

4. Elecciones competitivas, libres y a intervalos regulares.

5. Libertad de expresión.

 

5. Electividad (sic) de todos los cargos más relevantes.

6. Información alternativa.

 

6. Partidos en competencia.

7. Libertad de asociación.

 

7. Fuentes de información diversas y alternativas.

 

 

8. Duración legal en los cargos electos.

 

 

9. Sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil.

 

 

10. Un demos votante claramente establecido.

Fuente: Elaborado en base a información contenida en Gómez Leyton, Juan  Carlos, op. cit., pp: 22 y 23.
Nota: El concepto involución democrática se refiere a un retroceso en la aspiración de conducir un proceso social hacia un estado ideal democrático de mejor calidad y más avanzado.
El análisis de la información presentada en el Cuadro Nº 3.11 motiva, incluso, otras interrogantes como: ¿Qué sucede si alguno de estos requisitos falla? ¿Todos tienen en la práctica la posibilidad de competir por los cargos públicos? ¿Existe un contrapeso entre los aspirantes civiles independientes y los aspirantes presentados por el oligopolio partidista? ¿Qué sucede con los programas o planes presentados por los partidos políticos con insuficiente información a los electores? ¿Qué sucede con los casos de corrupción o fraude electoral? ¿Es aceptable que una coalición determinada gane durante varias décadas seguidas las elecciones o es nada más que una demostración de lo corruptible de la democracia?. Cuestiones como estas han estado y estarán presentes en todo proceso de construcción (o por el contrario involución) democrático.
En la dimensión opuesta el término dictadura hace alusión a un gobernante único que no tolera oposición o cuestionamientos a sus decisiones al ejercer un poder que puede alcanzar la categoría extrema de totalitario. Al igual como lo hicimos con el término democracia, es necesario aclarar que en este trabajo nos interesará en particular la noción moderna de dictadura, que en cierto modo tiene su equivalente en la historia del mundo antiguo en los tiranos o monarcas autocráticos de diversos lugares y épocas.
El concepto de dictadura parece estar asimilado al de tiranía en la historia antigua, con ciertas salvedades por el hecho de que observamos el pasado con ojos del presente. Las antiguas ciudades sumerias, por ejemplo, contaban con un rey gobernante denominado “lugal” que también asumía deberes religiosos y cuya autoridad era respetada por todos sus súbditos. En este contexto el “lugal” debía asumir un protagonismo autoritario mucho más marcado dada la naturaleza que tiene ejercicio del poder militar necesario para alcanzar la eficiencia desde el punto de vista organizacional.7
La idea de dictadura política en la actualidad se asocia al control del poder alcanzado de manera no democrática y ejercido con un alto grado de autoritarismo, en que las posibilidades de participación democrática y las formas de expresión disidentes son restringidas a expresiones mínimas. Si bien una forma extrema de esta modalidad de gobierno corresponde a otro concepto, el llamado totalitarismo, éste no ha sido la norma tradicional en la historia.
Algunos ejemplos de dictadura típicas podrían ser los casos de Francisco Franco en 1939 y de varios gobernantes líderes latinoamericanos que asumieron el poder producto de un golpe de Estado o derrocamiento. Entre otros podemos citar: el retorno de Fulgencio Batista en 1952 y su propia caída en 1959 a manos de un movimiento guerrillero dirigido por Fidel Castro; la huida de Perón en 1955; el régimen militar instalado en Ecuador en 1972 que derrocó a José María Velasco Ibarra; los golpes de Estado en Chile de Augusto Pinochet en 1973 y en Argentina de Jorge Rafael Videla en 1976 que terminaron con los gobiernos de Salvador Allende y María Estela Martínez de Perón respectivamente. 8
Una nueva mirada de la Historia Chile para la segunda mitad del siglo XX también requiere desarrollar algunas reflexiones sobre los aspectos económicos.  El término centralismo y en lo que respecta al enfoque de  esta parte de la investigación, apunta específicamente a los asuntos económicos de los procesos vividos en el lapso 1960-1990. La ciencia económica refiere a la solución de los tres problemas fundamentales de toda economía (Qué, Cómo y Para Quién producir) en dos grandes sistemas posibles: (a) centralizado y (b) economía de mercado o liberal. 9
El sistema centralizado o autoritario resuelve las decisiones económicas indicadas bajo la óptica de un comité de planificación central u organismo similar que, a través de planes  anuales, trienales o quinquenales de más largo plazo, resuelve la conveniencia de fabricar más o menos autos, camisas, alimentos o vestido según los cálculos estimativos que cada empresa en manos del Estado, debe aportar. 
El sistema de economía de mercado o liberal resuelve los tres problemas fundamentales mediante el sistema de precios. El qué lo deciden innumerables grandes, medianos y pequeños productores individuales al decidir si fabrican más carteras o zapatos y menos lechugas o porotos. Ellos eligen libremente a qué se dedican, según los precios observados en los distintos mercados: si el precio de los repollos ha sido alto, por ejemplo, puede inducir a muchos pequeños agricultores a sembrar y cosechar repollos en la temporada siguiente. Este tipo de decisiones solamente viene respaldada por dicho antecedente del precio y la experiencia propia, asumiendo el riesgo de éxito o fracaso de tal decisión. En este caso el Estado no le indica u ordena al productor agrícola: ¡produzca repollos!. No interviene en la decisión.  Es solamente la intuición, la idea de que “esto es un buen negocio” y el afán de lucro o ganancia el que lo induce a asumir el riesgo de fracasar, o por el contrario alcanzar el éxito, de producir repollos.
Del análisis en conjunto de los dos sistemas -y sus variantes- a través de los años, los economistas en general concordamos en que el sistema de precios libres de mercado es mucho más eficiente, pues dichos precios constituyen la variable que ajusta rápidamente las cantidades necesarias y siempre que no se trate de mercados conocidos como de “competencia imperfecta” (en especial el monopolio). El mercado competitivo permite alcanzar una mayor calidad (la competencia obliga), una mayor eficiencia en la producción (los costos tienden a un mínimo) y en el consumo (se evitan pérdidas innecesarias que tienen un costo social alternativo importante). Se evitan las colas (mercado negro) o, por el contrario, el exceso de oferta (productos en bodega sin vender). Es decir se ajusta la producción al consumo en cada período.
Un sistema de carácter mixto con relación a los problemas fundamentales de toda economía ha sido el llamado Estado de Bienestar, en particular una forma de organización social y económica  de las democracias capitalistas avanzadas después de la segunda guerra mundial. En este caso el aparato estatal asumió fórmulas de ayuda y asistencia a los ciudadanos mas necesitados, reconocimiento a los sindicatos y a las formas de negociación colectiva, además de participar como un componente estabilizador de estilo keynesiano ante las eventuales crisis cíclicas que pueda presentar la economía.
Esta forma mixta de gobierno ha sido criticada tanto desde el punto de vista de la derecha como de la izquierda. Claus Offe ha escrito que la primera ha argumentado problemas derivados de la excesiva carga fiscal, el desincentivo a la inversión y al trabajo, mientras que la segunda ha apuntado  a la ineficiencia derivada de la necesidad de planificación, la represividad (sic) en el sentido de que el individuo debe probar su necesidad y el control político-ideológico del Estado de Bienestar que sugiere una cooperación entre clases, en vez de una continuidad en la lucha de clases.10
La historia de Chile en la segunda mitad del siglo XX nos muestra una evolución social hasta el año 1973 con cierta tendencia a mejorar los derechos y posibilidades de elección democrática de la gente común, con ciertas excepciones o retrocesos en determinadas coyunturas, para luego empeorar hasta niveles casi absolutos después la fractura política ocurrida en aquel año.
En lo económico verificamos que se produjo un fenómeno inverso, pues la sociedad chilena involucionó cada vez más hacia un Estado más poderoso en lo relativo a las decisiones producción (qué, cómo y para quién producir), configurando un escenario que minimizaba las posibilidades de elección de productos y materias primas, se establecieron más exigencias a la contratación de factores productivos y en la práctica se restringió sistemáticamente la libertad de emprender nuevos negocios, aproximando la economía a un esquema de autarquía. Desde el punto de vista de las limitaciones impuestas por el modelo centralizador a los consumidores, se marcó una tendencia en términos más o menos oscilante, a través del período, pero cada vez más orientada a menos posibilidades de elección hasta el momento de la fractura política.
 Después de este evento, la dictadura del General Pinochet propició un tipo de economía liberal tanto en lo referente a las decisiones de producción como de consumo, en que se ampliaron las posibilidades de elección y en un esquema de economía abierta e integrada al mundo. Sin entrar a definir una opinión de lo bueno o malo que pudo revelar este desenvolvimiento, en lo concreto la sociedad chilena debió retroceder hasta un extremo en lo tocante a cuestiones de elecciones democráticas, pero se avanzó con respecto a la libertad de elección económica. A partir del año 1990, con el inicio de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se perfeccionaron elementos tanto de carácter democrático como económico, que si bien en el lapso en estudio no lograron satisfacer todas las demandas de diversos grupos integrantes de la sociedad chilena, al menos sentaron bases más propicias y consensuadas para el desarrollo de nuevas propuestas futuras que consoliden de mejor manera la recuperación de la democracia en nuestro país.
La evolución de las capacidades democráticas en el caso chileno, entendidas bajo un contexto de elecciones verdaderamente libres, bien informadas y en ausencia de corrupción, revelaría que a mediados de la primera mitad del siglo XX las clases dominantes ligadas a la aristocracia terrateniente mantuvieron limitaciones a la participación de los sectores populares. Cabe reconocer que las autoridades públicas en Chile fueron elegidas por votación popular en el lapso indicado, pero las elecciones no fueron del todo libres ni limpias entre los años 1932 y 1958. El profesor J. C. Gómez se ha referido a la discusión parlamentaria que tuvo lugar en 1958 y que estuvo orientada a eliminar el cohecho y la corrupción electoral como prueba de los antes señalado. Además, no se tuvo sufragio universal sino hasta el año 1970, con la incorporación de los analfabetos, pues con anterioridad las mujeres sólo obtuvieron ese derecho en el año 1949. 11
La incorporación de la mujer duplicó la población con derecho a voto  en 1949, un año después de que se dictara la llamada “Ley de Defensa de la Democracia”, que sólo vino a ser derogada en 1958. En el año 1962 una reforma hizo obligatoria la inscripción electoral  (que en mi opinión no constituye un avance democrático en sí), pero que permitió una incorporación constante (más regular) tanto de damas como varones e incrementando con ello el tamaño del electorado. Nuevas reformas en el año 1970, a través de las cuales se otorgaba el derecho a voto a los analfabetos, a los incapacitados (no videntes) y la rebaja de la edad para ser ciudadanos a los 18 años, permitieron que la población civil con derechos políticos alcanzara a unos cuatro millones de personas.12
En lo que sigue examinaremos algunos cuadros estadísticos sobre el comportamiento del electorado en las elecciones celebradas en Chile hasta el momento de la fractura política del año 1973. En el caso de las elecciones parlamentarias (ver Cuadro Nº 3.12), destaca la pérdida de simpatizantes del Partido Radical, el auge y decrecimiento de la popularidad del Partido Demócrata Cristiano, la relativa estabilidad de los Partidos Socialista y Conservadores-Liberales (salvo en 1965), así como el ascenso del Partido Comunista. Estas tendencias obedecen a complejas situaciones políticas y que no pueden ser aquí analizadas en detalle, pero que responden a un contexto de democracia atenuado por algunos de los fundamentos antes citados. Ciertamente, si bien las condiciones de elección probablemente nunca fueron las óptimas, en el Chile de la segunda mitad del siglo XX se distaba mucho de una situación dictatorial extrema como ocurriría después de la fractura de 1973.13
En los Cuadros números 3.12 a 3.15 siguientes, en cambio, se anota una distribución de votos correspondientes a las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970.

 

Cuadro Nº 3.12

Porcentaje (%) de votos de los principales partidos en las elecciones del Congreso en Chile
(Diputados 1957-1973)


Partido

1957

1961

1965

1969

1973

Conservador

17,6

14,3

5,2

20,0

21,3

Liberal

15,4

16,1

7,3

Radical

22,1

21,4

13,3

13,0

3,7

Demócrata Cristiano

 

9,4

 

15,4

 

42,3

 

29,8

 

29,1

Socialista

10,7

10,7

10,3

12,2

18,7

Comunista

----

11,4

12,4

15,9

16,2

Otros

24,8

10,7

9,2

9,1

11,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Bethell, Leslie, op. cit., p.140.
Cuadro Nº 3.13
La elección presidencial de 1958 en Chile


Candidato

Votos

Porcentaje

Alessandri (Conservadores-Liberales)

389909

31,2 %

Allende (Socialistas-Comunistas)

356493

28,5 %

Frei (Demócrata Cristianos)

255769

20,5 %

Bossay (Radicales)

192077

15,4 %

Zamorano (Independientes)

41304

3,3 %

Blancos / Nulos

14798

1,1 %

Total

1250350

100,0 %

Fuente: Bethell, Leslie, op. cit., p.144.
Cuadro Nº 3.14
La elección presidencial de 1964 en Chile


Candidato

Votos

Porcentaje

Frei

1409012

55,7%

Allende

977902

38,6%

Durán

125233

5,0%

Blancos / Nulos

18550

0,7%

Total

1250350

100,0 %

Fuente: Bethell, Leslie, op. cit., p.146.
Cuadro Nº 3.15

La elección presidencial de 1970 en Chile

Candidato

Votos

Porcentaje

Allende

1070334

36,2%

Alessandri

1031159

34,9%

Tomic

821801

27,8%

Blancos / Nulos

31505

1,1%

Total

2954799

100,0 %

Fuente: Bethell, Leslie, op. cit., p.157.
Los resultados de las elecciones desde los años 1958 a 1970 parecen señalar que en la democracia chilena de aquellos años se fue configurando un claro esquema de conocido como de los “tres tercios” en la distribución de las preferencias electorales: 1/3 de votantes de derecha, 1/3 de votantes de centro y 1/3 de votantes de izquierda, cuyos líderes aspirantes al cargo y luego Presidentes resultaban electos en función de cómo el centro era apoyado por la derecha o la izquierda o viceversa.
Las elecciones en general siempre fueron reconocidas como válidas en el caso chileno, a pesar del ajustado triunfo de Salvador Allende en la última elección anotada en que la probabilidad de conflicto por la estrechez de las cifras con el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, se pudo prestar para suspicacias. En realidad este tema nunca ha tenido gran relevancia en Chile producto de la seriedad, orden y experticia que los partidos políticos y la infraestructura estatal habían alcanzado en el logro de la confianza popular en el sistema de votación.
El fenómeno que sí cobró relevancia fue la radicalización de las posturas políticas y la situación de agitación social creciente que se vivió en Chile entre 1970 y 1973. Numerosos acontecimientos de violencia, todo tipo de protestas, falta de alimentos, combustible, la aplicación de una reforma agraria rápida, drástica y masiva, estatizaciones de empresas privadas por doquier, desabastecimiento, así como un clima de odio como nunca antes se había observado en la historia de Chile terminaron por desembocar en un callejón sin salida.14   
La ruptura o fractura política de 1973 dio paso a una dictadura política casi extrema, con gran protagonismo de quien encabezara el movimiento golpista, el general Augusto Pinochet. Los testimonios de la dureza con que actuó en el terreno represivo y político son innumerables, cuestión que ha dado base para numerosos trabajos y obras que la literatura historiográfica nos aporta. Entre los numerosos testimonios que podemos seleccionar están los dos siguientes:

(1) “ Sólo recordar esos meses de comienzos de la dictadura me provoca un escalofrío. La multitud silenciosa frente al Estadio Nacional, usado como campo de concentración. Los rostros desencajados de mujeres y hombres, portando paquetes los más, esperando un dato que calmara su angustia, aguardando un ‘afirmativo, aquí está’ para saber de la persona amada”.15
(2) “La DINA, en mayo del ’77, secuestró a un pequeño niño, Carlos Veloso, y luego lo torturó enfrente de su padre, un dirigente sindical democratacristiano. Una vez que ambos fueron liberados, el hecho se publicó en la prensa, provocando un escándalo que la DINA trató de ocultar culpando a cinco vecinos del dirigente sindical. Las torturas fueron brutales y uno de ellos no resistió. El relojero Jorge Troncoso pasó a integrar la nómina de desaparecidos.”16
La represión política y la llamada “guerra sucia”, enfrentamiento entre grupos armados de izquierda clandestinos y fuerzas militares convencionales, produjo una enorme cantidad de tragedias personales y familiares que se han ido conociendo poco a poco a través de los años. La periodista Nancy Guzmán, por ejemplo, publicó una investigación sobre la desaparición del militante de izquierda Bautista van Schouwen y efectuó una entrevista en la cárcel al denominado “guatón Romo”, personaje que describe como tenebroso y que actuó en su papel de torturador de la DINA especializado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno.17
Una serie de libros reafirmaría las consecuencias negativas que para una buena parte de la población chilena tendría la fractura política. Si bien el golpe puso un freno a la crisis social y política vivida a fines de 1973, dos de los tres tercios de votantes probablemente hubiese preferido un cambio político pacífico y gradual en vez de una revolución de derecha como la que finalmente se impuso. Obras como: “Asesinato en Washington”, que relata el mortal atentado en contra de Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit; “Política Cultural de la Memoria Histórica”, que intenta una reconstrucción de memoria y reparación, con antecedentes y hechos históricos analizados bajo un enfoque con base en el campo de la psicología; “Campos de concentración Chile 1973-1976”, que relata las vivencias personales de su autor en cinco lugares de detención y “La búsqueda interminable”, el relato de las vivencias de aquellos compatriotas  que conformaron una parte de la diáspora chilena después del golpe militar (en particular de quienes se refugiaron en Suecia), constituyen otros testimonios que, desde distintas perspectivas, nos han dado a conocer esta otra faceta para los días, meses y años siguientes a la fractura política  de 1973.18
En el lapso transcurrido entre los años 1982-1990 se fue configurando un escenario político desfavorable al régimen militar, derivado principalmente de la situación socio-económica más que por la falta de participación en procesos eleccionarios regulares. La crisis mundial de 1982 y que repercutiera fuertemente en Chile, en particular en el ámbito de desempleo, terminó por desgastar definitivamente el respaldo que la ciudadanía le había otorgado hasta entonces al gobierno de Augusto Pinochet. En medio de protestas sociales, las autoridades debieron enfrentar de manera creciente la oposición de sectores influyentes como la Iglesia Católica, los sindicatos, los estudiantes, sectores medios y transportistas (que incluso habían sido sus aliados en el pasado) y de amplios sectores populares.19
Las transformaciones económicas vividas en Chile a partir de 1973 y hasta 1990, año en que se retomó la senda de la democracia, definieron en mi opinión otro tipo de fractura. En este caso, el centralismo en las decisiones de qué, cómo y para quién producir fue cambiado por un sistema de mayor libertad en la elección de materias primas y bienes finales tanto para productores como consumidores.  La economía chilena, en el período que hemos incluido en este apartado, fue pasando por distintas estrategias de desarrollo vistas desde el punto de vista del comercio exterior. El grado de apertura de la economía, de acuerdo a un estudio ya tradicional de Ernesto Tironi, habría atravesado por las siguientes etapas distintivas:
(a) De Desarrollo hacia adentro clásico, etapa comprendida entre la crisis de los años 30 y el año 1955 aproximadamente. Se caracterizó porque el impulso de la demanda de bienes manufacturados era el motor principal de la demanda interna de la economía chilena, lo que se tradujo en el surgimiento y hasta consolidación de algunas industrias de bienes de consumo corriente y en subsectores como textiles, calzado y vestuario.
(b) De Desarrollo hacia afuera parcial, en la que por una parte se otorgó una apertura significativa y por otra se detuvo, pero no se revirtió, el proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo. En esta etapa, comprendida entre los años 1956 y 1961, el sector privado tanto nacional como extranjero llegó a tener un rol protagónico en el proceso de desarrollo.
(c) De Desarrollo mixto, que se siguió entre 1962 y 1970, en la cual se buscaba un crecimiento hacia adentro de bienes intermedios junto con la exportación de estos y otros productos de consumo hacia un mercado común latinoamericano. La estrategia incluía además implementar un sistema de planificación mixto entre el Estado y el sector privado, como una manera de superar las limitaciones del desarrollo hacia adentro clásico.
(d) De desarrollo hacia adentro estatista, correspondiente al período 1971-1973, en que claramente el sector externo pierde protagonismo y no constituye el motor del crecimiento de la economía. En esta etapa se pretendía que la demanda interna por bienes de consumo masivo se expandiera a través de la redistribución del ingreso: este objetivo se lograría, al menos en parte, a través de la reinversión de excedentes concentrados en las empresas estatales. En el ámbito internacional, la integración con otros países no tendría un rol tan relevante en lo económico pero sí en lo político.
(e) De crecimiento hacia afuera neoclásico, dese 1973, en que el impulso principal a la demanda agregada de la economía estaría dado por su componente externo, ahora con énfasis la promoción de exportaciones no tradicionales y el aumento de la eficiencia de la industria nacional sometida a la competencia proveniente del exterior.20
Esta última estrategia, que comenzó a implementarse en 1973, constituye el núcleo de lo que me permito denominar fractura económica. El crecimiento hacia afuera neoclásico indudablemente permitió una mayor libertad de decisión tanto a productores como consumidores, si la comparamos con las de etapas anteriores. La apertura de una economía viene dado por el nivel promedio de aranceles (o impuestos a las importaciones) que establecen las autoridades de cada país. Estos tributos se suelen expresar como porcentaje del valor de cada producto o mercadería considerada, por ejemplo un 10%, un 20% un 300%, etc. Mientras más alto es el nivel promedio de aranceles, más cerrada será la economía y menos libertad tendrán los productores y consumidores para elegir, en un sentido también democrático, sus productos finales o materias primas:
“En cuanto a la apertura del comercio exterior, merecen destacarse la eliminación de una serie de trabas al comercio, como cupos por glosas, cuotas de importación, visaciones previas de registros por organismos diferentes del Banco Central y los monopolios comerciales con excepción de la ECA. Se anunció la reducción de la lista de depósitos previos de 10.000 por ciento que afectaba a más de 2.000 ítem y la revisión de algunas prohibiciones de exportar. Lo más importante, sin embargo, fue la decisión de llevar adelante un programa de desgravación arancelaria de significación, en tres años, con la debida consideración de los convenios internacionales vigentes, en especial la ALALC y el Pacto Andino. Junto a esto, los derechos ad valórem superiores al 220 por ciento se redujeron a 200, y los que estaban entre 50 y 220 por ciento a sólo 10”. 21
La cita anterior permite vislumbrar claramente los efectos en la mayor libertad de decisiones. Uno de los principales objetivos de la macroeconomía moderna de cualquier país es el aumento del comercio exterior, debido a los enormes beneficios que conlleva. Esto significa que aumenten tanto las exportaciones como las importaciones, pues es el intercambio de unos bienes por otros, tanto a niveles nacional como internacional, lo que contribuye a generar mayores niveles de bienestar y riqueza.
La eliminación de algunas prohibiciones de exportar que señala la cita, por ejemplo, reflejaba el choque de concepciones entre un centralismo proteccionista del empresariado mal entendido versus la libertad de producir y ofrecer bienes a distintos individuos o comunidades. Recuerdo haber revisado varios boletines de la Sociedad de Fomento Fabril hace unos años, en los cuales un grupo de industriales poderosos le pedía al gobierno de turno que se prohibiera exportar chatarra y fierro viejo en desuso. El argumento era que ese material lo ocupaba la industria nacional para reciclarlo u ocuparlo como materia prima en procesos de fabricación internos. Ellos pensaban que si se exportaba, su precio en Chile aumentaría e iría en contra de sus intereses, al tener que enfrentar costos más altos.
El grave problema de aceptar este tipo de peticiones era que se transgredía el derecho de propiedad de los recolectores de chatarra, pequeños empresarios u hombres relativamente pobres que se ganaban la vida en eso. Independientemente del destino interno o externo que tuviese este producto, la decisión de exportar o vender al industrial nacional corresponde al dueño o recolector de la chatarra. Si el Estado les impuso la obligatoriedad de vender sólo en Chile, entonces interfirió indebidamente en su libre decisión afectando gravemente sus derechos de propiedad. Los charrateros  están en su pleno derecho de vendérselos a los chinos, a los rusos, a los ecuatorianos o a quien sea, pues la chatarra pudieron obtenerla comprándola a un tercero o recolectándola en distintos puntos de la ciudad.
Del mismo modo la larga lista de prohibiciones de importar, altos aranceles, depósitos previos y otras medidas de limitación del comercio exterior, en última instancia afectaba la libertad de decisión tanto de consumidores como productores.22
Por otra parte, el economista Felipe Morandé ha destacado las principales reformas estructurales que la economía chilena efectuó a partir de la situación existente en el año 1973 y su proyección en el lapso 1974-1982.  En el Cuadro Nº 3.16 se confrontan elementos de política económica que permiten observar el paso de una economía más a menos centralizada en las decisiones de productores y consumidores.
Una mirada a las transformaciones estructurales anotadas en el Cuadro Nº 3.16, revela una vez más que se tendió a favorecer en mayor medida la libertad de elección en distintos ámbitos, incluso en el laboral y que quizás resulta probablemente el más polémico. 23

 

Cuadro Nº 3.16

Algunas reformas estructurales en  Chile durante la etapa 1974-1982


SITUACIÓN EN 1973

REFORMAS 1974-1982

COMERCIO EXTERIOR

Sistema de cambios múltiple
Prohibiciones y cuotas
Aranceles altos y diversos (mín. 105% - máx. 750%)
Depósitos de importación previos

Un solo tipo de cambio
Barreras no arancelarias
Un arancel fijo del 10% excepto automóviles

SISTEMA DE PRECIOS

Control general de precios por el Estado

Precios libres excepto salarios y tipo de cambio

RÉGIMEN FISCAL

Impuesto a las ventas tipo cascada
Planilla pública extensa
Déficit elevado

Impuesto al valor agregado
Reducción de la planilla pública
Superávit público

PROPIEDAD DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

Más de 5.000 empresas y Bancos estatales

Sólo 25 firmas en el sector público en 1980

MERCADOS FINANCIEROS LOCALES

Control de tasas de interés y créditos

Tasas de interés libres

CUENTA DE CAPITALES DE LA BALANZA DE PAGOS

Control total del movimiento de capitales
El Gobierno es el principal prestatario externo

Liberación gradual del movimiento de capitales
El sector privado es el principal prestatario externo

LEGISLACIÓN LABORAL

Poderosos sindicatos sectoriales y nacionales y despido de trabajadores costoso
Incrementos salariales obligatorios e indexación del 100%
Elevados costos salariales no laborales (40% del salario)

Suspensión de sindicatos y posterior debilitamiento a través de firmas individuales
Relajamiento de las reglas de despido y reducción drástica del salario real
Reducción de costos laborales no salariales (30% del salario)

SEGURIDAD SOCIAL

Sistema obligatorio de reparto
Administración en manos del sector público

Sistema obligatorio de capitalización individual
Administración en manos del sector privado

SALUD

Contribuciones obligatorias mínimas
Sistema público grande y sector privado pequeño

Contribuciones obligatorias mínimas
Sistema público grande y creación de instituciones privadas de seguros ad hoc

Fuente: Morandé, Felipe, Estabilización y reforma estructural. El caso chileno., CIEDLA, pp. 14 y 15, Buenos Aires, Argentina, 1993.
En materia de comercio exterior, la unificación del tipo de cambio  eliminó distorsiones inadecuadas para la toma de decisiones tanto de exportadores como de importadores y, de paso, evitaba problemas de corrupción o desvíos de flujos de bienes a actividades no rentables. Cuando un importador o exportador enfrenta distintos tipos de cambio, se sabe que puede tener la tentación de “disfrazar” en la facturación mercaderías que compra (o vende) más barato o más caro según su conveniencia.
Los aranceles más bajos dieron más libertad de elección a los importadores que pudieron adquirir no sólo una mayor cantidad de insumos y productos desde el extranjero, sino también una mayor variedad y de distintas calidades. La libertad de precios, por otra parte, es bien sabido que conduce al equilibrio de oferta y demanda en mercados competitivos, como los de alimentos y productos básicos que adquiere la población. Esto eliminó los mercados negros y el desabastecimiento que tantos problemas había generado. La liberación gradual del mercado de capitales también constituyó una señal de mayores posibilidades de decisión de ahorrantes e inversionistas de aquellos años, en perjuicio del control estatal.
En el tema laboral, se aprecia una legislación claramente más proclive al sector empresarial. Al observar en detalle, se aprecian indicaciones que otorgan más libertad de despido a los demandantes de servicios de trabajo (los empresarios), en particular en mercados sindicalizados. Sobre esto, el consenso de los economistas no es unánime y está lejos de ser resuelto. A un mercado del trabajo el legislador le puede dar más poder a los obreros o a los empresarios: este tipo de mercados es conocido como monopolio bilateral (el sindicato es un monopolio de la oferta de trabajo y la empresa es un monopolio de la demanda de trabajo). 24
Un último antecedente que me permito incluir como apoyo se refiere a materias de previsión social y señala una vez más mayores posibilidades de elección en el nuevo sistema respecto al antiguo confirmando de paso la idea de fractura económica que expongo aquí. Un par de autores especialistas y que han examinado este tema en detalle han sido Rodrigo Acuña y Augusto Iglesias. Ellos han destacado que, al momento de iniciarse la reforma en el año 1980, los problemas de arrastre del sistema antiguo eran casi inmanejables.  Citan un estudio del año 1983 que estimaba, mediante tasas históricas de crecimiento, que el déficit del antiguo sistema crecería a tal velocidad que alcanzaría entre el 10,3% y el 16,1% del PIB en el año 2000. 25
Las principales razones para tal estado de cosas eran la administración deficiente de los recursos, el uso de cotizaciones previsionales para financiar otro tipo de actividades, la evasión de cotizaciones, la creación de beneficios sin financiamiento, la fragmentación en la administración, la existencia de formas no libres de afiliación (dependía del sector económico donde se desempeñaba el trabajador), la falta de competencia entre las 32 cajas y más de 100 regímenes previsionales, la persistente baja en el promedio de pensiones pagadas por las tres principales cajas, etc.26
El nuevo sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que comenzó a operar en mayo de 1981, tuvo como principales características la capitalización individual, la libertad de los trabajadores para elegir la institución de su agrado, una nueva administración privada de las cuentas individuales y del fondo de pensiones, además del rol subsidiario del Estado por la vía de regulación y fiscalización del sistema. 27

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1 Moulián, Tomása, Localizaciones y duraciones de los regímenes democráticos en América Latina, en Montesino Jerez, José Leopoldo, Capitalismo y democracia, cuaderno de apuntes del Seminario del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América Latina, Universidad Arcis, inédito, s.p., clase dictada por el profesor Tomás Moulián, Santiago de Chile, sábado 30 de septiembre, 2006.

2 Ibidem.

3 Moulián, Tomásb, El problema de la revolución, en Montesino Jerez, José Leopoldo, Capitalismo y democracia, cuaderno de apuntes del Seminario del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América Latina, Universidad Arcis, inédito, s.p., clase dictada por el profesor Tomás Moulián, Santiago de Chile, sábado 25 de noviembre del 2006.

4 Moulián, Tomásc, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Universidad Arcis, LOM Ediciones, 1ª edición en castellano,  pp. 269 y 270, Santiago de Chile, 2006.

5 Gómez Leyton, Juan Carlos, La frontera de la democracia. El derecho de propiedad  en Chile 1925-1973., LOM Ediciones, 1ª edición, pp. 15-17, Santiago de Chile, 2004.

6 Gómez Leyton, Juan Carlos, op. cit., pp. 20  y 21.

7 Roaf, Michael, Mesopotamia y el antiguo Oriente Medio. Amanecer de las civilizaciones., (Cultural Atlas of Mesopotamia, Andromeda Oxford Ltd.), Colección Atlas Culturales del Mundo, volumen I, Ediciones Folio S.A., pp. 80n y 82, Barcelona, España, 1993. Los soberanos de las ciudades-Estado tenían tres títulos diferentes: en, ensi y lugal, que han sido traducidos como “señor”, “gobernador” y “rey” (gran hombre) respectivamente. El título de lugal pudo haber surgido en la medida que, con el paso de los años, la función militar requería dedicación exclusiva.

8 -------, Enciclopedia de los Hechos Históricos. Política, guerras, ciencias, literatura, Editor Press Service, Inc., Nueva York, véanse pp. 294; 302; 305; 309; 323; 324 y 327, impreso en Italgraf, Bogotá, Colombia, 1981.

9 Véase por ejemplo a Samuelson, Paul y Nordhaus, William, op. cit., p. 6.

10 Offe, Claus, Contradicciones del Estado del Bienestar, (Contradictions of the Welfare State, Hutchinson  & Co. Ltd., Londres, 1988)., 1ª reimpresión en Alianza Editorial S.A., impreso en Closas-Orcoyen, S.L Polígono Igarsa, pp. 135-146, Madrid, España, 1994.

11 Gómez Leyton, Juan Carlos, op. cit., pp. 169 y 170.

12 Ibid. Las palabras entre paréntesis y en cursiva son de mi responsabilidad. De acuerdo al análisis efectuado en el capítulo 2 (véase el Cuadro Nº 2.1), es preferible la libertad de inscripción y participación electoral a la obligatoriedad. La no participación electoral también puede constituir una forma de protesta o desaprobación del mal desempeño de los partidos políticos.

13 Bethell, Leslie, Chile Since Independence, Cambridge University Press, 1ª edición, p. 140, impreso en Estados Unidos, 1993.

14 Véanse por ejemplo: (a) -------, Chile bajo la Unidad Popular, colección de 12 volúmenes o suplementos de la revista Qué Pasa, Santiago de Chile, sin año (¿1975?). Véanse: Vol. 2, pp. 7-18; Vol. 3, pp. 4-14; Vol. 4, pp. 4-15; Vol. 6: pp. 4-18; Vol. 8, pp. 19-20 y Vol. 9, pp. 4-13; (b) Bernedo, Patricio, La prensa escrita durante la Unidad Popular y la destrucción del régimen democrático, en 1973. La vida cotidana de un año crucial., Editorial Planeta, colección Historia y Sociedad, Quebecor World Chile S.A., 1ª edición, pp. 59-66, pássim, Santiago de Chile, septiembre del 2003 y (c) Piñera, José, Una casa dividida. Cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile., Proyecto Chile 2010, Andros Impresores, 1ª edición, pp.  23-29,  Santiago de Chile, abril del 2005.

15 Verdugo, Patricia, Bucarest 187, Editorial Sudamericanan Chilena, Andros Limitada, p. 14, Santiago de Chile, 1999.

16 Ibid.,p. 86.

17   Guzmán, Nancy, Romo. Confesiones de un torturador., Editorial Planeta Chilena S.A., Premio Planeta de Investigación Periodística, Antártica Quebecor S.A., 1ª edición, pp. 108-112, Santiago de Chile, noviembre del 2000. Véase además la información contenida en las solapas del libro.

18 Véanse: (a) Dinges, John y Landau, Saul, Asesinato en Washington. La muerte de Orlando Letelier, el día en que el terrorismo internacional explotó bajo el sol norteamericano., (Assassination on Embassy Row, Laser Press Mexicana S.A., 1980), Editorial Planeta Chilena S.A., 1ª edición, Santiago de Chile, 1990; Vidal, Hernán, Política cultural de la memoria histórica. Derechos humanos y discursos culturales en Chile., Mosquito Editores, colección Setenta & 3, 1ª edición, Santiago de Chile, 1997; Del Valle, Juan, Campos de Concentración Chile 1973-1976, Mosquito Editores, 1ª edición, Santiago de Chile, marzo de 1997 y Pérez, Enrique, La búsqueda interminable. Diario de un exiliado político en Suecia., Mosquito Editores, colección Setenta & 3, 1ª  edición, Santiago de Chile, diciembre de 1996.

19 Montesino Heyer, Alejandro, Entre Historias, Imprenta Ñielol S.A., 1ª edición, pp. 157-160, Santiago de Chile, diciembre de 1993. Véase en el capítulo IV el punto 13: “Algo más que una simple protesta social”.

20 Tironi, Ernesto, El comercio exterior en el desarrollo chileno una interpretación, en Chile 1940 / 1975. Treinta y cinco años de discontinuidad económica, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Alfabeta Impresores, 2ª edición, pp. 90 y 91,  Santiago de Chile, sin año (¿1976?).

21 Bardón, Álvaro; Carrasco A., Camilo y Vial G., Álvaro, Una década de cambios económicos. La experiencia chilena 1973-1983., Editorial Andrés Bello, Alfabeta Impresores, 1ª edición, p. 41, Santiago de Chile, enero de 1985.

22 Lavín Infante, Joaquín, Chile revolución silenciosa, Empresa Editora Zig Zag S.A., 10ª edición, imprenta Salesianos, pp. 24 y 25, Santiago de Chile, septiembre de 1988.

23 Me interesa destacar las características relacionadas con mayores posibilidades de elección a partir de la fractura económica de 1973, no los éxitos o fracasos del modelo económico entonces implantado. Para una postura crítica de los resultados de dicho modelo económico, véase entre otros a Nef, Jorge, Contradicciones en el “modelo chileno”, en Menéndez Carrión, Amparo y Joignant, Alfredo (Editores), La caja de Pandora. El retorno de la transición chilena., Editorial Planeta Chilena S.A., Andros Ltda., 1ª edición, pp. 89-98, Santiago de Chile, 1999.

24 Nota técnica: en los mercados de bienes y servicios, como el pan, las frutas, etc. el oferente del servicio es el productor y el demandante es el consumidor, pero en los mercados de factores (tierra, trabajo, capital), el demandante de servicios de trabajo es el productor, por cuanto los requiere o necesita para producir bienes y servicios. En otras palabras, la demanda de trabajo es una demanda derivada.

25 Acuña, Rodrigo e Iglesias, Augusto, La reforma de las pensiones, en Larraín, Felipe y Vergara, Rodrigo (Editores), La transformación económica de Chile, Centro de Estudios Públicos, Impresos Universitaria, p. 437, Santiago de Chile, abril del 2000.

26   Ibid., p.438.

27 Ibid., p. 444.

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