PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

3.2.2.2 Colombia: democracia y guerrilla

El estudio de los asuntos democráticos y castrenes en el caso colombiano también conduce inevitablemente a examinar un tema de calidad de vida reciente como es el de los derechos humanos.   Esta materia, que ha adquirido gran relevancia hoy en día, ha estado fuertemente relacionada con el pasado, desde la época colonial, pasando por la  republicana y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.
En el pasado histórico colombiano la concepción de los derechos humanos distaba mucho de lo que entendemos por tales hoy en día. Sin embargo la violencia en este país de acuerdo a una interpretación habría sido impuesta “desde arriba”, con el objeto de defender privilegios e intereses políticos y económicos. El pueblo, en esta visión, ha debido soportar la violencia de los todopoderosos desde la resistencia indígena durante la conquista española, protestando como en el caso de los Comuneros del Socorro encabezados por José Antonio Galán, resistiendo crímenes de latifundistas  y alzando las armas en acción de guerrillas. 1
La historia republicana de Colombia está repleta de enfrentamientos violentos, que hemos visto en acápites anteriores. Incluso ha ocurrido guerras civiles entre grupos dominantes y cuyo objeto ha sido controlar el poder político. Sin embargo, cuando las elites se han percatado de que están en peligro sus intereses comunes, no han dudado en unirse para defender el sistema político tradicional bipartidista. Algunos crímenes políticos históricos, en que las víctimas luchaban por mejorar las condiciones del proletariado, fueron los del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe en 1914, la masacre de trabajadores de “Las bananeras” durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez en 1928, la represión policial de integrantes del recién fundado Partido Comunista en la Plaza Bolívar de Bogotá en 1930 y el asesinato, durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán.2
Según Álvaro Tirado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, el estudio de la realidad histórica colombiana ha sido poco fructífero, quizás por tratarse de una nación muy metida en sí misma, sin grandes movimientos de inmigración, con una economía más bien modesta, ausencia de dictadores que llamen la atención, un sistema bipartidista con tradición electoral y partidos políticos de entre los más antiguos de Occidente. Señala además que algo asombroso del caso colombiano es que en las últimas décadas han coexistido las instituciones propias de una democracia liberal junto a una enorme violencia.3
El caso colombiano constituye además una excepción destacada en América Latina, en el sentido de que ha mantenido a lo largo de su historia una estabilidad democrática hasta casi admirable: apenas ha visto cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En la historia reciente del siglo XX, solamente en el año 1958 fue depuesto el general Gustavo Rojas Pinilla, pero a partir de entonces el gobierno de la Nación siempre ha estado en manos de civiles. Aún así y a pesar de que mantiene un modelo político democrático, en apenas cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987); Luis Carlos Galán (1989); Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (ambos en 1990). No es fácil, de acuerdo a esto, reconocer a la estructura política y el contexto social que vive Colombia como estrictamente democráticos.4
La historia de Colombia señala a los años 1946 a 1957 como la “Era de la Violencia”. Este período se inició con la presidencia de Mariano Ospina Pérez, reconocido como un buen conciliador que posibilitaría la transición de un entonces cambio de partido gobernante. Para ello recurrió a formar una coalición en la que los liberales estuvieron representados ampliamente. Sin embargo, después del cambio de mando, los conservadores triunfantes provocaron estallidos de violencia al salir a cobrar viejas deudas y ofensas acumuladas en los años del anterior predominio de los liberales. Este fenómeno político había tenido un antecedente similar hacia 1930, pero esta vez la violencia desatada no acabaría pronto, sino que se extendería hasta alcanzar casi todo el país.5
Este proceso de carácter político permitió el surgimiento de la figura de Jorge Eliécer Gaitán en los derrotados liberales, pero que desconfiaba de los líderes de ambos partidos. En cierto momento retiró a su partido del pacto de coalición dejando a las masas liberales a merced del oficialismo conservador, lo que trajo no sólo graves desórdenes sociales, sino el asesinato del propio Gaitán el 9 de abril de 1948. Esta fecha sería desde entonces conocida como la del bogotazo, aunque el estallido de violencia ocurrió en todo el país: en Puerto Tejada, por ejemplo, sobre el río Cauca, airados liberales mataron a algunos conservadores respetables, los decapitaron y luego jugaron fútbol con sus cabezas en la plaza del pueblo. En Bogotá, en tanto, el centro quedó destruido y hubo asaltos a un buen número de almacenes, quizás para apoderarse de los “mal habidos” bienes de los oligarcas que odiaban.6
La consecuencia de todo esto fue, indudablemente, un sostenido deterioro de la tranquilidad y orden público que duraría hasta comienzos de la década de 1960. Por ejemplo desde 1950 a 1953 prácticamente todas las zonas del país se vieron afectadas por confrontaciones derivadas de tensiones políticas. Aunque la mayoría de los incidentes eran de carácter rural y no urbano, exceptuando eso sí el bogotazo, no deja de sorprender el fenómeno de surgimiento de bandas organizadas de guerrilleros liberales que hostigaban a representantes del gobierno y sus simpatizantes, por un lado, así como grupos de vigilantes gobiernistas que fueran conocidos por sus curiosos nombres de “chulavitas” y “pájaros”. Estos últimos cometían asesinatos y asaltos con toda impunidad. El conjunto de ataques mutuos y represalias constituye una historia espantosa, con una cifra estimada y no definitiva de entre 100.000 y 200.000 colombianos muertos en esos años.7
Las explicaciones de tanta violencia desatada en Colombia y a partir de esos años son variadas, pero las más probables dejarían perplejos a los adeptos de las idea hobbesiana de un Estado capaz de controlar el caos. Buena parte de los hechos violentos no fueron otra cosa que actos de bandidaje efectuados por delincuentes expertos, por liberales (o conservadores) que habían sido previamente expulsados de sus tierras por el partido rival y que optaron por la vida criminal como una manera de sobrevivir. En otros casos se utilizaron motivos políticos como una pantalla para ocultar bajas pasiones de ambición económica de terratenientes codiciosos o campesinos cegados por deseos de venganza o bien para apropiarse indebidamente de tierras ajenas. 8
El analfabetismo predominante en el campo, las matanzas en pequeñas localidades caracterizadas por pobreza extrema, agresiones a comunidades de protestantes religiosos (por ser liberales), un sorprendente crecimiento económico del país, a una tasa anual de un 5% anual entre 1945 y 1955, junto a la increíble participación de un batallón y un barco de guerra colombiano en una guerra librada al otro lado del mundo (en Corea), terminaban por conformar un panorama aún más complejo de lo que cualquier analista cauto pudiese imaginar y comentar. Otro aspecto paradójico era que quien apoyó a Estados Unidos en esta guerra, el Presidente Laureano Gómez, había sido un opositor a este mismo país durante la Segunda Guerra Mundial.9
Una de las miradas al proceso político colombiano y el fenómeno de la Violencia, que se diera con mayor fuerza destructiva entre  1948 y 1953 pero que continuó hacia 1964 a través de redes partidistas y facciones de connotaciones más bien mafiosas, señala que dicho fenómeno presenta cierta dificultad para ser sintetizado y comprendido a cabalidad. Esto debido a que, por un lado, sería el resultado de una confrontación de elites para imponer desde el Estado un modelo de modernización, en base a diseños liberales o conservadores, y por otro la consecuencia de sectarismos localistas que asfixiaban a todos los grupos partícipes.10
Además, la guerra fría en el mundo contribuyó a caldear aún más los ánimos y profundizó la división liberal-conservadora a través de la escala social. Esta mezcla de elementos detonantes terminó por dar a la Violencia un significado ambiguo, debido a cambios de valores y costumbres de los ciudadanos urbanos, que iban de la mano con una  mayor desorientación de la clase gobernante. 11
En lo político cabe destacar la presidencia del ex comandante de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó a ser destituido por el anterior gobernante, Laureano Gómez. En la práctica sucedió lo contrario, pues Rojas Pinilla consiguió el apoyo casi total de la entonces oposición liberal y casi todos los conservadores, pues se exceptuaban los más cercanos a Gómez. A partir de este momento se pensaba que el nuevo Presidente podría poner fin al derramamiento de sangre y comenzar a reconstruir el país, pero el lapso durante el que Rojas Pinilla gobernó se caracterizó por un nuevo tipo de fracaso: el del populismo militar.12
La personalidad de Rojas Pinilla incluía una adhesión a las ideas cristianas y bolivarianas. El ex general creía en la cooperación estrecha entre el Estado y la Iglesia Católica, con lo que las escuelas y fieles a la Fe protestante debieron sufrir consecuencias de naturaleza intolerante. Su idea de lo “bolivariano”, por otra parte, era bastante imprecisa: algo de patriota, ser valiente, leal y sincero, cualidades a las que nadie tenía por qué oponerse. El resultado de sus buenas intenciones por lograr la pacificación, intentando incluso un ofrecimiento de amnistía a grupos liberales guerrilleros a cambio de la entrega de armas, fue que el recrudecimiento de la violencia continuó y el estado de sitio no fue levantado.13
Con el paso del tiempo, el desgaste político de Rojas Pinilla fue aumentando, tal vez por la naturaleza un tanto arbitraria de algunas de sus medidas y que perjudicaron a la oposición.  Entre las más obvias estaba el deterioro de la libertad de prensa, que llevó a la suspensión del periódico El Tiempo en 1955, que reapareció poco después con el nombre Intermedio. Hubo además otros hechos, que hoy nos parecen brutales y groseros, como la “masacre de la Plaza de Toros”, en que un piquete de fanáticos rojistas, molestos porque la multitud presente se negaba a gritar vivas en favor de Rojas Pinilla, tomaron represalias agrediendo a la multitud con la consecuencia de ocho personas muertas. Esto ocurrió en Bogotá, en febrero de 1956. La oligarquía colombiana provocó un “Paro Cívico Nacional”, en el que patrones, banqueros y hasta obreros que recibieron un adelanto de 15 días de salario fueron a la huelga general. Finalmente Rojas Pinilla fue derrocado el 10 de mayo de 1957.14
En el frente armado mismo, las guerrillas nunca entraron en confianza con el Presidente como éste hubiese querido. La promesa que había hecho de poner fin a la violencia no se pudo cumplir por un eventual mal manejo de la situación, aunque también cabe reconocer que hubo un núcleo de guerrilleros que no aceptó la amnistía. Entre los que mantuvieron la resistencia estaban los miembros de los recintos campesinos comunistas de Alto Magdalena, otros grupos armados que habían evolucionado decididamente hacia la criminalidad y un tercer contingente que estaba a la expectativa y un tanto indeciso a la espera de lo que sucediera. La mala situación económica de Colombia a mediados de la década, en particular por los bajos precios del principal producto exportable como era el café, terminó por debilitar definitivamente un gobierno que llegaría a tener ciertos rasgos de carácter dictatorial.15
El período 1954-1964 colombiano ha sido denominado como el de la Violencia mafiosa, pues se trató de acciones criminales con móviles y objetivos netamente económicos. En este lapso se alcanzó un alto grado de conflictividad especialmente en zonas como las del Gran Caldas, el norte del Valle del Cauca y el norte de Tolima. Entre las razones que explican todo este fenómeno violento estaban los resabios de conflictos aún más antiguos, desde la época de colonización de estas tierras, por luchas de intereses entre pequeños o medios propietarios y compañías organizadas de terratenientes. Las diferencias ocurrían por disputas de linderos, homicidios por regateos y agresiones en las que se veían involucrados alcaldes, policías, notarios, jueces, tinterillos y hasta agrimensores. Detrás de ellos, un tanto ocultos en las sombras, los gamonales, fonderos, arrieros y hasta curas párrocos también intervenían de algún modo, bajo ideas de patriotismo municipal, de populismo agrario, de aspiraciones de ascenso social y una institucionalidad estatal extremadamente débil que, de hecho, posibilitó un tipo de Violencia inusitada y que fue legitimada por intermediarios políticos.16
Al revisar esta parte de la historia colombiana, llama la atención que un aspecto tan fundamental como la inadecuada definición y respeto de los derechos de propiedad ha estado claramente detrás del fenómeno de la Violencia. No se trata sólo de una discusión sobre la validez de los derechos de propiedad de grandes terratenientes o poderosas compañías extranjeras, sino de esforzados agricultores, medianos  empresarios y hasta modestos pobladores que requerían les fueran reconocidos debidamente. 17
El paisaje de la Colombia rural de mediados del siglo XX, por otra parte,  combinaba un Estado central ineficiente y lejano, omnipresencia de redes políticas en medio de plantaciones cafeteras, fragilidad de derechos de propiedad, administración de grupos que amenazaban con el objeto de forzar traspasos de fincas y, en síntesis en una frase atribuida a Carlos Miguel Ortiz, el resultado de “la Violencia como un negocio”:

“Característica del cinturón cafetero colombiano fue la temprana consolidación de un tapiz de pequeñas ciudades y pueblos, bien comunicados e integrados al circuito del comercio del café y con alta capacidad de compra. Allí prosiguió el negocio de la violencia. Una modalidad, la del pájaro, el asesino a sueldo que se originó en el norte del Valle del Cauca en el período anterior, reapareció en el viejo Caldas, dando credibilidad a sistemas mafiosos de control del comercio de las ciudades y expulsando o eliminando a los competidores. En algunas ciudades operó un sistema que ahora conocen muchos habitantes de Cúcuta o Medellín. Líneas invisibles que se trazan en una calle y que alguien considerado enemigo no puede cruzar a riesgo de caer asesinado.” 18
La Violencia transformada en negocio se plasmaría además en las zonas productoras de esmeraldas de Boyacá con Efraín González, un mítico jefe de bandas conservadoras y que sentarían el precedente de otras organizaciones paramilitares de la década de1980.  Poco a poco se fue preparando el escenario para el surgimiento de las guerrillas revolucionarias del período 1961-1989. Una vez que el ejército liquidó las últimas bandas conocidas como las de “Sangrenegra” y “Desquite” al norte de Tolima, comenzó la trama del denominado “período del conflicto armado”, una lucha de facciones guerrilleras cuyo fin era la transformación del orden social existente. Fue justamente entre los años 1962 y 1966 que se fundaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dos organizaciones insurgentes que siguen combatiendo a inicios del siglo XXI. Otro grupo que apareció en la década de 1960 fue el Ejército Popular de Liberación (EPL), que compartió rasgos agrario-comunistas de las FARC y foquistas (con ideas de la revolución cubana) del ELN. 19
Las FARC nacieron hacia 1964 de un grupo de organizaciones conocidas como Autodefensas Campesinas, que habían luchado por la defensa de sus derechos sobre la tierra y colonización autónoma desde los años veinte. En sus inicios no se orientaban al sabotaje ni al terrorismo, sólo a proteger comunidades campesinas que, indebidamente, alimentaban conflictos con otras agrupaciones de campesinos que estaban protegidas por otras fuerzas también armadas. Después de pasar duros aprietos por ataques contrainsurgentes como la ofensiva militar conocida como el “Plan Laso”, las FARC dejaron de estar sujetas al partido Comunista (PC) hacia la década de 1980. En este cambio influyeron los acuerdos de paz con el gobierno en 1984, el aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP), el colapso financiero de la ex Unión Soviética y la irrupción de los narcotraficantes en el mundo del latifundismo ganadero. 20
Al margen del interés que pueda representar la estremecedora historia de una serie de grupos u organizaciones insurgentes colombianas como  ELN,  ELP, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), el Frente Unido del Pueblo (FU), el M-19, la Autodefensa Obrera (ADO), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR – Patria Libre), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), los paramilitares, etc., lo que interesa respecto a derechos humanos, memoria y calidad de vida es destacar que, entre los años 1990 y 1999, murieron unos 260.690 colombianos víctimas de homicidios.21
Con el paso de los años, la situación de derechos humanos en Colombia ha pasado en la actualidad a constituir una de las más delicadas del mundo. En un libro de William Ospina denominado “La Franja Amarilla” se expresa que:

“Colombia es hoy el país con más alto índice de criminalidad en el planeta, tiene la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, de 35.000.000 de habitantes su riqueza está en manos de 5.000.000. En Colombia, por cada 100.000 habitantes la tasa de muertes violentas es de 207 en Medellín, 41 en Bogotá y 89 en Cali. En Medellín, en los últimos seis años se han producido aproximadamente 25.000 muertes, de las cuales el 88% son hombres jóvenes entre 14 y 25 años.” 22
Las transgresiones que se han cometido a los derechos humanos en Colombia durante los últimos cincuenta años han sido innumerables. Cada persona fallecida a causa de un asesinato u homicidio, cada individuo que ha sido despojado de sus bienes adquiridos con el esfuerzo de su trabajo, cada mujer violada y golpeada o cada familia que debió abandonar su hogar por motivos de guerras insensatas es simplemente una víctima más que ve conculcados sus derechos fundamentales.
De acuerdo a lo anterior no resulta difícil percatarse de la gravedad que ha alcanzado la lucha armada interna en Colombia, ni tampoco imaginar las dolorosas experiencias en términos de bienestar que, de manera colateral, han afectado a toda la sociedad de aquel país.
En la actualidad la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, ha reconocido que el fin de la Violencia y el tratamiento de los derechos humanos que han sido violados en Colombia requieren de un enfoque más integrador, que no sólo ponga término a una situación de por sí insostenible, sino que además imparta justicia, posibilite el hacer memoria y conduzca a la sociedad en una senda definitiva de mejora en su calidad de vida. Este enfoque se ha visto reflejado en el llamado Informe Nacional de Desarrollo Humano publicado en el año 2003, que no sólo considera la relevancia de los indicadores económicos tradicionales de mejora en las condiciones de vida, sino otros aspectos del bienestar como protección de minorías, víctimas de la violencia, desvinculación de combatientes, prevención de reclutamiento, combate al narcotráfico y fomento de las negociaciones de paz.23
En el caso colombiano la guerra ha tenido particularidades según regiones pero sus efectos y consecuencias han sido relativamente parejos en todo el país.  Ente otros cabe señalar: (a) la incorporación de los hijos a la guerra y el aumento del reclutamiento forzado de mujeres menores de edad; (b) la negativa del derecho a enterrar a los hijos, pues si se reclama el cadáver se sufren represalias; (c) la utilización del cuerpo de la mujer como instrumento de guerra y de venganza, quedando sometido a exacerbar conductas que terminan por degradarla y atentan contra su dignidad; (d) golpizas públicas contra mujeres justificadas paradójicamente por “conducta inmoral”, tras acusaciones tanto de la guerrilla como de los paramilitares; (e) quedar obligadas a elegir entre ser asesinadas o desplazarse; (f) la alteración de la vida cotidiana, no sólo en términos de abusos corporales de todo tipo, sino en la transmisión de “nuevos valores” respecto del hombre y la mujer; (g) el genocidio y aculturación de los pueblos indígenas que termina por reducir a sus mujeres a condiciones de pobreza extrema y a mendigar en las ciudades; (h) el incremento de la impunidad y la violación del derecho al debido proceso, así como las garantías judiciales, que repercute fuertemente en las mujeres, pues son las encargadas de denunciar las muertes de sus seres queridos y llevar la carga de los procesos.24
El desplazamiento de masas de población ocasionado por las disputas de poder político y económico entre los actores armados (guerrillas, autodefensas y ejército) se enmarca en un contexto de violencia, amenazas y miedo generado por estos mismos referentes. Las consecuencias de los desplazamientos alcanzan niveles de increíble sufrimiento para quienes caen en este tipo de desgracias, situación que resulta de difícil solución y reparación en términos de los que hemos discutido hasta aquí, como es la noción de calidad de vida.
El concepto de calidad de vida y respecto a la Violencia vivida en Colombia desde hace más de medio siglo, pero que repercute en su actual devenir, resulta un tanto difícil de incorporarlo dado el bajo estándar de bienestar social observado en amplios grupos sociales afectados por la guerra. El lector se percatará que resulta tal vez inoficioso intentar hablar de una idea, la calidad de vida, que apunta a alcanzar los estándares más altos de bienestar social no sólo en lo referente a los tradicionales parámetros económicos como PIB, ingreso per cápita y una serie de indicadores relacionados con materias relevantes como la educación, salud, transporte, vivienda, etc. Aún así, la sociedad colombiana puede y debe mejorar en alcanzar un grado de desarrollo acorde con sus enormes riquezas naturales y la calidez de su pueblo.
De este modo, mientras la reformas a favor del libre mercado han aumentado, los líderes colombianos de la droga han obtenido ventajas capitalizando enormes cantidades de recursos obtenidos de manera ilegal. Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha señalado que la privatización de importantes bancos colombianos, a lo que se suma la liberalización del mercado cambiario, ha permitido a los narcotraficantes del país cafetero influir disimuladamente en las políticas y operaciones de algunos bancos nacionales, aumentando de paso sus nexos con el aparato administrativo del gobierno. 25
Las autoridades colombianas y eruditos extranjeros han estado preocupados de cómo salir del actual embrollo. Existen planteamientos, ideas y propuestas para deshacer los ejércitos, desvincular a los combatientes y reinsertar a jóvenes inocentes envueltos en el conflicto por cosas del destino. También ya existen planes para prevenir y evitar el reclutamiento, con alternativas educativas para los niños y jóvenes en una proyección de cobertura que pueda ir creciendo, o bien a través de oportunidades laborales. Pero además se conocen estudios que apuntan a desfinanciar la guerra, a empequeñecer los ingresos de los grupos armados que, mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro obtienen importantes sumas de dinero para adquirir armamento y continuar con esta vorágine de desgracias e injusticias.26
Una vez resueltos los problemas básicos antes descritos y con mayores grados de libertad de parte de las autoridades políticas respecto al tema de la guerrilla, quedarán una mayor cantidad de fondos y recursos disponibles para atender prioridades sociales de salud, educación, reparación de víctimas, etnias, adultos mayores y otros temas de alta prioridad social que, una vez resueltos, contribuirán a elevar la calidad de vida del pueblo colombiano.

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