PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

3.2.2.1 Argentina: democracia, golpes de Estado, guerra sucia

Al finalizar el siglo  XIX los problemas sociales  argentinos eran materia de preocupación no sólo de intelectuales católicos pertenecientes a familias acomodadas, sino además a oficiales de la milicia, entre cuyas preocupaciones cotidianas se incluían la represión de manifestaciones de carácter laboral. En los primeros años del siglo XX muchos oficiales eran partidarios de una campaña  efectuada por la Unión Cívica Radical (UCR) por la democracia y, la influencia alemana que existía sobre las Fuerzas Armadas no era necesariamente antidemocrática.1
La situación política interna de Argentina a inicios del nuevo siglo XX, sin embargo, se vio enfrentada  a problemas limítrofes con Chile debido a una serie de incidentes fronterizos  que exacerbaron el patriotismo en ambos países. Esta situación motivó la realización de una serie de reformas que condujeron a la instauración del servicio militar obligatorio, la compra de buques de guerra e incluso el surgimiento de Ligas Patrióticas, instituciones de carácter paramilitar que prepararon hombres en el uso de armas, promovieron el patriotismo y estuvieron a favor del fortalecimiento de las instituciones armadas. Algunas mujeres también constituyeron  agrupaciones de similar fervor patriótico, pero más orientadas a la obtención de recursos monetarios para la adquisición de material bélico. 2
El asunto de la diferencia de límites entre Argentina y Chile  fue resuelto finalmente en el año 1902 durante el mandato del Presidente Julio A. Roca, en los llamados  “Pactos de Mayo”, en que ambos países se comprometieron a limitar la adquisición de armamentos y compras navales. El fallo del entonces árbitro elegido de común acuerdo, Eduardo VII de Inglaterra, resolvió el pleito fronterizo entre ambos países, alejando de manera definitiva  la posibilidad de un conflicto.3
En  la segunda y tercera décadas del siglo XX Argentina  entró a un ciclo antidemocrático cuyas raíces se remontan a hechos ocurridos durante el primer y segundo gobierno de Hipólito Irigoyen. Tal como lo señalé en el acápite 3.2.1.2 de este trabajo, en aquellos años se vivieron  dramáticos eventos de protesta social que terminaron con la muerte de mucha gente y en los cuales las fuerzas policiales militares intervinieron alterando los procesos democráticos naturales.
Las razones que tuvieron los militares argentinos para intervenir políticamente e interrumpir el hasta entonces normal desenvolvimiento democrático dicen relación básicamente con las secuelas de la gran depresión mundial de 1929 y que había sido precedida, en el caso argentino, por dos administraciones de Hipólito Irigoyen que fueron cuestionadas  por distintos motivos.
El golpe de Estado ejecutado por el general José Félix Uriburu   el 6 de septiembre de 1930 se produjo por una serie de factores, entre ellos la gran crisis económica que afectaba a Argentina. Cabe señalar que Irigoyen había triunfado en su segunda elección presidencial del 1º de abril de 1928 cuando tenía 76 años y estaba muy envejecido. Para complicar la situación, Irigoyen no era partidario de delegar responsabilidad o autoridad, lo que paralizaba la actividad de gobierno. En los primeros cinco meses de su segundo mandato firmó solamente trescientos cinco decretos, es decir dos al día, incluyendo en ellos todas las materias del gobierno nacional.4
Las exportaciones cayeron violentamente, las reservas de oro salían a tal ritmo que la Oficina de Cambios debió cerrarse y en la burocracia estatal había  reparticiones en que trabajaban hasta trescientos funcionarios, siendo que la ley sólo autorizaba a seis. Con el paso del tiempo esta situación no pudo mantenerse y comenzó a despedir personal en diversas reparticiones públicas. A los cinco meses de su gobierno ya había cesado a más de diez mil empleados y, en mayo de 1929, la oposición a Hipólito Irigoyen había crecido en términos geométricos. Finalmente, una alianza entre oficiales de las Fuerzas Armadas y la aristocracia terrateniente puso el freno final al régimen de Irigoyen, totalmente desgastado en lo político y económico.5
El general José Uriburu, sucesor de Irigoyen, tuvo un difícil gobierno en medio de la crisis mundial y muchas de las medidas que debió tomar tuvieron un carácter absolutamente impopular. El diagnóstico efectuado por Uriburu respecto a los problemas existentes fue que la democracia era  la culpable, que estaba caduca y que no servía. Así la solución de la crisis era dejar en manos de gente preparada los problemas argentinos, en este caso quienes lo acompañaron en el golpe militar y durante su mandato: vicepresidente, Enrique Santamarina, poderoso terrateniente, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil y director de Aga del Río de la Plata y de Baltic S.A.; Ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil, director de ARSA, presidente de Franco Argentina,...; Ministro de Agricultura, Horacio Beccar Varela, abogado del frogorífico  Anglo y de las empresas  petroleras Cía. Argentina de Comodoro Rivadavia y Andina S.A.,...; Ministro de Obras Públicas, Octavio Pico, también director de las subsidiarias de la Standard Oil; ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, presidente de la Cía. Industrial y Comercial de Petróleo; ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ernesto E. Padilla, miembro del directorio de la Germano Argentina Seguros S.A., síndico de las azucareras Nougués Hermanos y Ministro de Hacienda, Enrique S. Pérez, presidente de la fábrica de manteca Unión Argentina, director del Banco de la Nación, y presidente del Banco Hipotecario.6
El Presidente Uriburu y sus ministros no dudaron en combinar sus deberes y responsabilidades gubernativas con el desarrollo de negocios de carácter privado. En lo personal  junto a su hijo, su secretario y algunas amistades, creó una sociedad cuyo objeto era gestionar representaciones  industriales y operaciones comerciales, además de tramitar créditos del Banco Hipotecario Nacional. En lo público, dispuso la intervención de YPF y la expulsión del general Mosconi, decretó la condonación con fondos del Estado de todas las deudas particulares que tuviesen oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, estableció la pena de muerte en todo el país, persiguió a sus opositores permitiendo el uso de la tortura y en lo político desconoció las elecciones efectuadas el 5 de abril de 1931 en que triunfaron los radicales. En las nuevas elecciones celebradas el 8 de noviembre de 1931 y con el radicalismo proscrito, triunfó el general Agustín (Pedro) Justo en condiciones reconocidamente fraudulentas. 7
La literatura histórica referente al manejo económico y social del país, por parte de los gobiernos militares de la década de 1930, se estructura en dos vertientes que muestran una combinación de medidas dispersas tendientes a resolver las dificultades  que sucedían en la coyuntura, por un lado, y una crítica abierta que reafirma la idea de década infame, por otra. 
En el resto de la década de 1930 en Argentina, conocida como la década infame, las condiciones políticas, económicas y sociales tuvieron un desenvolvimiento difícil. El temor a la pérdida del mercado británico el Presidente Justo impulsó el  tratado Roca-Runciman  en el año 1933, mediante el cual los británicos se comprometían a mantener sus compras de carne al nivel del año 1931, suprimir las tarifas aduaneras sobre los cereales y mantener el 15%  de la carne almacenada en frigoríficos argentinos. Por parte de Argentina, se ofreció eliminar tarifas de importación y otorgaron concesiones comerciales. Una de ellas, la monopolización del sistema de tranvías en la Capital Federal, fue atenuado por intervención del propio Presidente Justo. Aunque el acuerdo comercial con Inglaterra no tuvo consecuencias perjudiciales, muchos argentinos pensaban que se trató de una imposición extrajera humillante, denunciando de paso que protegía a sectores acomodados de la población. 8
En materia económica y social el gobierno del general Justo efectuó aportes  pero también cometió numerosos errores. En enero de 1935 ingresó al Congreso Nacional el proyecto de creación de un Banco Central, institución necesaria y fundamental en cualquier economía moderna. En sus inicios tuvo un carácter mixto, con capital estatal y privado, teniendo a su cargo  la emisión monetaria, el manejo de cambios y la política crediticia. La ley permitía que capitalistas extranjeros participaran en la institución y de hecho, dos directores fueron nominados en representación de  bancos extranjeros. Sin embargo, en otras materias como el transporte, la Compañía de Tranvías que era la concesionaria del servicio en Buenos Aires y de propiedad inglesa, logró presionar al Estado para que éste adquiriese colectivos pertenecientes a empresas unipersonales. Luego de esto  pudo formar una única empresa monopólica mixta que prestaba el servicio, 25% de propiedad estatal y 75% de propiedad inglesa.9
La situación económica tuvo un alivio a mediados de la década de 1930, en parte por la recuperación del precio internacional de los granos y el impulso industrial debido a una política de sustitución de importaciones. Debido a ella, el valor de la producción industrial local se triplicó entre 1935 y 1945, aunque la producción agropecuaria no logró duplicarse. Entre otras consecuencias del crecimiento industrial estuvo el aumento de la emigración de desocupados del campo hacia la ciudad, en especial hacia Buenos Aires, pero que en términos generales lograron conseguir algún tipo de empleo según estadísticas existentes. Hacia el año 1944, por ejemplo, se registraron sólo 11.195 desocupados. La desocupación disminuyó y los salarios nominales, que en 1934 fueron los más bajos de la serie estadística, comenzaron a subir pero aún por debajo del año 1929, al menos hasta 1942.  Todos estos antecedentes permiten explicar, al menos en parte, que la población de Buenos Aires creciera desde 1,5 millones de personas en 1914 a 3,4 millones en el año 1935.10
Desde 1940 en adelante las Fuerzas Armadas argentinas se convertirían en un actor protagónico de la vida nacional, asumiendo buena parte de las funciones que el Estado empresario había ideado con diversos propósitos. Es así como, entre 1931 y 1937, el presupuesto militar aumentó desde 189 mil hasta 315 mil pesos de la época. Además, en el mes de octubre de 1941 fueron creadas otras dos instituciones gubernamentales, la Flota Mercante del Estado, dependiente del Ministerio de Marina y la Dirección de Fabricaciones Militares. Por otra parte en aquellos años y con motivo de los hechos bélicos que ocurrían en Europa,  coexistían en la milicia argentina dos tendencias de favoritismo bélico: una que identificaba al general Justo, a favor de los aliados, y otra denominada nacionalista, favorable a la posición alemana.11
Esta extraña combinación de un Estado proteccionista y productor, fraudes electorales, roces entre algunos gobiernos provinciales y el central, militares partícipes de la política local e internacional y la existencia de ciertos negocios favorecidos de autoridades públicas, constituyó finalmente un cóctel perfecto que explotaría el día 4 de junio de 1943 en un nuevo golpe de Estado:

“En ese contexto las Fuerzas Armadas iban camino a transformarse en un poder en sí mismo y en un árbitro ‘natural’ de la situación nacional. El ambiente parecía propicio para las conspiraciones. Así lo entendieron los militares del Grupo de Obra de Unificación (GOU), una logia fundada  el 10 de marzo de 1943 en los salones del Hotel Conte, que estaba frente a la Plaza de Mayo, por iniciativa de los tenientes coroneles Miguel A. Montes y Urbano de la Vega, que fue creciendo en influencia dentro de las filas castrenses. Sus principales referentes eran el coronel Juan Domingo Perón y el teniente coronel Enrique P. González. Los dos eran oficiales del Estado Mayor General, graduados en la Escuela Superior de Guerra, de la que además Perón era profesor de historia militar”.12
En los años siguientes cobraría una enorme relevancia la figura del general Juan Domingo Perón. El golpe de Estado perpetrado el 4 de junio fue más bien tranquilo, pero las relaciones personales entre quienes lo ejecutaron se mantuvieron tensas hasta que, más tarde, el liderazgo fue asumido por Perón. En un comienzos había asumido el general Arturo Rawson, pero sólo duró un día, siendo reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez y luego éste por el general Edelmiro Farrell en febrero de 1944. Estos cambios y los que seguirían  se hicieron en medio de una constante pugna política por alcanzar el poder mediante elecciones democráticas y que, finalmente, conduciría a que ex radicales apoyaran al gobierno revolucionario y en particular a Juan Domingo Perón. Los peronistas organizados al alero de una nueva institución, la “Unión Cívica Radical Junta Organizadora”, resultarían  vencedores en las elecciones celebradas en 1946 y en las cuales Perón obtuvo alrededor del 55% de los votos.13
En el gobierno de Perón se ejecutaron diversas acciones de política económica y social que dificultan hasta cierto punto categorizar su gestión como parte del militarismo reiterativo, de acuerdo a la clasificación de Alain Rouquié, o en cualquier otra. La razón de ello es que en sus medidas se refleja una posición estatista-proteccionista, por un lado, y hasta liberal, por otro. Entre las de carácter estatista y que no corresponden a una función del Estado moderno estaban la nacionalización de diversos servicios públicos como ferrocarriles, teléfonos, gas, aerolíneas, flota mercante y la expropiación de tierras en Jujuy y Salta para crear colonias y granjas. Entre las de carácter proteccionista destacó la creación de un  Banco Industrial para asegurar el financiamiento de la producción de pequeñas y medianas empresas.14
Por otra parte, tomó medidas de carácter subsidiario, que sí corresponden a una función del Estado propias de una economía liberal, como las de perfeccionar la legislación laboral, desarrollar planes de colonización, otorgar créditos agrícolas a sectores más desposeídos, reconocer las culturas indígenas permitiendo inscribir sus nombres en lengua de origen,  asignar un 10% de las utilidades de la Lotería  Nacional a obras de asistencia de los aborígenes y hasta la creación de institutos de lenguas americanas como del Instituto Superior de Arte y Cultura Incaica. 15
A lo largo de los años de gobierno peronista cabe reconocer que hubo prosperidad y pleno empleo, con un aumento en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional el cual alcanzó alrededor del 50% y el ascenso en la movilidad social también aumentó. Sin embargo, la escasa disposición de los propios industriales y la posición de algunos analistas que pensaban que las ideas de Perón constituían un “proyecto burgués sin burguesía” comenzaron poco a poco a  oponerse a su gobierno. Las intenciones de constituir un régimen de tendencias totalitarias lo obligaron a realizar constantes acciones que implicaban abusos de poder, lo que se tradujo en una oposición cada vez más tenaz y que, a partir del año 1951, se vio reflejada en varias conspiraciones militares. La creación del Partido Demócrata Cristiano en 1954 fue otro factor de controversia, pues Perón era partidario de favorecer algunas medidas laicistas que los católicos pensaban eran un atentado contra su fe, como la aprobación de la ley de divorcio por el Congreso.16
La insurrección del 28 de septiembre de  1951, entonces dirigida por el general Benjamín Menéndez, dio inicio a una delicada situación interna en Argentina que el propio Perón calificó como “estado de guerra interna”, siendo de hecho oficiales de la Marina quienes más se oponían a su continuidad en el poder. Algunos años más tarde, relataría en su autobiografía que la Marina de su país fue la institución que fraguó la llamada revolución de 1955 que lo depuso, haciendo notar que los ingleses estaban disgustados por sus ideas anticolonialistas:

“Nuestra  independencia económica sirvió para librarnos de Inglaterra. La Marina está formada por jefes y oficiales que son en su mayoría masones del rito escocés, rito al que pertenece la marina inglesa. Nosotros sabíamos que Inglaterra estaba dirigiendo y financiando esto y por eso le retiramos toda la munición a la Marina. Pero los ingleses, desde las bases de las Islas Malvinas, no solamente les facilitaron esas municiones sino que los abastecieron de combustible y de alimentos desde Montevideo. (...) Proyectaban sacar a la Infantería de Marina, que se hallaba en el Arsenal de Buenos Aires para que atacara la Casa de Gobierno y me matara ahí adentro. Tiraron bombas desde el aire y atacaron también con bazucas, pero yo no estaba en ese lugar, sino en el Ministerio de Guerra ”. 17
En una visión de más largo plazo, se constata que Argentina vivió al menos seis golpes de Estado relevantes ocurridos en el siglo XX, específicamente en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. De acuerdo a la clasificación de Rouquié-Dabène mostrada en la Figura 3.1, los cuatro primeros podrían clasificarse como gobiernos militares provisorios, mientras que los de los años 1966 y 1976 como militarismo desarrollista en lo político y regímenes terroristas neoliberales según su criterio económico. Esta última categorización se justifica debido a que, a partir del mandato de Juan Carlos Onganía se inició de forma ascendente una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado contra la subversión.18
 Un vistazo general al lapso transcurrido entre los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe de Estado en 1930, hasta el término de las dictaduras en 1983, los militares argentinos estuvieron al mando 25 años, instalando un total de 14 dictadores en el cargo de Presidente de la Nación, es decir un promedio de uno por cada 1,7 años. Cabe destacar además que en éste medio siglo de vida económica, social y política, prácticamente todos los gobiernos elegidos democráticamente finalizaron a causa de un golpe de Estado. La excepción fueron dos presidentes electos que nunca hubiesen podido alcanzar la más alta investidura política a no ser por golpes de Estado previos: el general Agustín Pedro Justo, electo en noviembre de 1931, después del derrocamiento de Hipólito Irigoyen en noviembre de 1931 y el general Juan Domingo Perón, electo constitucionalmente en febrero de 1946, pero partícipe de la revolución del 4 de junio de 1943.19
En el proceso político y social vivido en Argentina entre los años 1930 y 1983 la estabilidad de quienes asumían el poder dependía en gran medida del respaldo que tuviesen entre las Fuerzas Armadas. De acuerdo a un análisis efectuado por Alain Rouquié sobre este lapso, la  supeditación permanente a los militares desembocó en una fragilidad política reiterada del poder civil. Una posible consolidación democrática  se alejó totalmente por el hecho de que los uniformados proscribían a quienes habían ganado, convirtiendo de paso a Argentina en un país ingobernable.20
Los antecedentes antes expuestos permiten de algún modo comprender las complejas relaciones que existieron entre civiles y militares, así como la alternancia entre democracia y golpes de Estado hasta el año 1983. Aún cuando la intervención castrense en el ámbito político era ilegítima, siempre mantuvo una cuota de respaldo en uno u otro sector de la opinión pública argentina. En la práctica cada pronunciamiento militar era apoyado por representantes del sector público o privado, opuestos a quienes detentaban el poder. Las voces que pedían las intervenciones militares lo hacían por resentimiento y deseos de desquite por hechos del pasado, pudiendo incluso representar tendencias de cualquier tipo. 21
El militarismo argentino castigaba a cualquier partido, aún cuando otorgaba una sensación de conservadurismo y anticomunismo, permitía que tanto peronistas de derecha como de izquierda, o el propio Partido Comunista, simpatizaran y hasta buscaran algún tipo de alianza con oficiales progresistas. Esto explica la continuidad de su presencia en los destinos de la nación y el hecho de que no fueran condenadas de manera unánime por su ingerencia en asuntos políticos que estaban fuera de sus verdaderas funciones profesionales. Los militares eran percibidos más bien como socios difíciles, quizás molestos pero necesarios, en un campo de lucha política en que se requería astucia y en el que “nada podía hacerse contra ellos ni sin ellos”.22
La inestabilidad política y la participación de los militares en asuntos eleccionarios marcó  los últimos años de la década de 1950. La dictadura de 1955 fue encabezada inicialmente por el general Eduardo Lonardi y luego por el general Pedro Eugenio Aramburu quien, tras más de dos años de gobierno (1955-1958), hizo entrega del poder al Presidente Arturo Frondizi, entonces representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). En las elecciones de 1958 pudo conseguir el triunfo ante su oponente, Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Para ello Frondizi debió recurrir a un pacto con los sindicatos y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la anuencia del depuesto general Perón. 23 
El gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) se caracterizó,  entre otros aspectos, por su política de dar facilidades a la inversión extranjera y en particular en la explotación del petróleo argentino. Al igual que en el caso de Perón, esta decisión debilitó su base de apoyo por el fuerte nacionalismo económico existente en esos años, pero consiguió que las empresas extranjeras invirtieran en Argentina entre 200 y 300 millones de dólares de esa época entre 1959 y 1963. Con esto, logró no sólo que la producción aumentase, sino que hacia 1962 prácticamente había casi alcanzado la autosuficiencia. A pesar de estos y otros logros en materia de producción y perforación de nuevos pozos, al oposición a este tipo de política  terminó por imponerse, bajo argumentos como que las remesas de divisas al extranjero anulaban los ahorros de las importaciones que se evitaban, los contratos fueron firmados en secreto y sin consentimiento del Congreso y hasta por “traición a la patria” o “amenaza a la soberanía nacional”.24
Una combinación de circunstancias desfavorables en lo económico y político, en que el peronismo ganó las elecciones provinciales para gobernador, llevó a que los militares depusieran a Frondizi y nombrasen a José M. Guido como Presidente, hasta la elección de  Arturo Illia  en 1963.25
El nuevo Presidente, veterano líder radical, estableció el nacionalismo petrolero como piedra fundamental de su gobierno, declarando de manera unilateral nulos y sin valor los contratos que Frondizi había firmado, argumentando que el Congreso nunca los había aprobado. La investigación realizada por una comisión ad hoc estableció que los contratos eran concesiones fraudulentas encubiertas, existencia de soborno y que las ganancias excedían los ahorros por importación. Sólo después que Estados Unidos presionó para que el gobierno argentino compensara a las empresas por la expropiación de que eran objeto, Illia estuvo dispuesto a negociar. Paradójicamente, después que Illia perdió el poder debido a otro golpe militar ocurrido el 28 de junio de 1966, el nuevo Presidente y general Juan Carlos Onganía, se orientó  en  favor de la inversión extranjera. Su postura en esta y otras materias era cercana a la de un grupo de militares intelectuales agrupados en torno al general Juan E. Guglialmelli, quien desde 1963 había impulsado entre los oficiales una “doctrina de seguridad nacional” que vinculaba la estabilidad argentina con la derrota de la subversión interna.26
El Presidente  Juan Carlos Onganía actuó de este modo a disgusto de las masas argentinas altamente politizadas y aún leales a Perón, lo que llevó a la represión de una serie de motines en Córdoba y otras ciudades. La situación poco a poco se encaminaba a la llamada “guerra sucia”, pues los presidentes que siguieron a Onganía, los generales Roberto M. Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973), orientaron sus preocupaciones a combatir la actividad guerrillera, en particular al movimiento Montonero, pasando la cuestión petrolera a un segundo plano.27
La historia de los Montoneros en Argentina no deja de sorprender y a pesar de los años transcurridos. Su origen se remonta a una época de gran conflictividad social, dos años después de que el general Juan Carlos Onganía, al mando de las Fuerzas Armadas, tomara el poder por la fuerza. Su anuncio de existencia formal al mundo se produjo en el año 1970. Cabe destacar en este caso, que en las raíces de este movimiento estuvieron algunos hombres y mujeres jóvenes que participaron políticamente en la organización conservadora Acción Católica (AC), e incluso del partido Tacuara, que estaba inspirado en la Falange española. Sería más tarde que los integrantes del movimiento Montonero describieran su postura política como una mezcla entre la guerrilla urbana propiciada por el Che Guevara –y su teoría del foco- y las motivaciones de las luchas peronistas. 28
Las primeras manifestaciones montoneras, sin embargo, se produjeron antes de su anuncio del año 1970. En la fiesta del 1º de Mayo de 1967, Juan García Elorrio y dos de sus compañeros, del comando Camilo Torres, interrumpieron una misa en la Catedral de Buenos Aires en que se encontraba el general Juan Carlos Onganía, manifestándose a favor de una lucha armada contra el gobierno. A fines de los años 60 los llamados proto-Montoneros fueron radicalizándose por distintas razones. La situación política en Argentina era de gran tensión, en 1969 se produjo una fusión de descontento obrero y estudiantil, conocida como “El Cordobazo” en respuesta a un alza del 537% de los precios de los alimentos en el interior de Argentina. La visita al país de Nelson Rockefeller provocó la reacción del entonces Ejército de Liberación nacional (ELN), atacando 13 supermercados “Minimax”. Además, estallaron bombas en Rosario, Mendoza y Paraná. 29
Con el paso del tiempo, el  movimiento fue adquiriendo un cariz profesional. Aunque uno sus líderes ideológicos, Abraham Guillén, proponía una lucha de clases en el sentido amplio, los Montoneros se inclinaban por una guerra popular. Guillén deseaba una guerra total que incorporara lo económico, las huelgas, manifestaciones, protestas por el costo de la vida, acciones violentas aisladas, propaganda bien dirigida, una política internacional coherente y hasta una guerrilla colocada a la espalda del enemigo. Otro mentor ideológico, Carl von Clausewitz, era más partidario de una guerra defensiva, de carácter urbano, triunfando en la controversia. En la práctica, sin embargo, la actividad montonera no tuvo características masivas y recibió sólo el apoyo de apenas unos pocos jóvenes de clase media. 30
La cuestión que interesa destacar aquí, pensando en términos de calidad de vida, es qué tipo de costos y beneficios sociales se produjeron, vistos en grandes lineamientos, por las acciones de los Montoneros en la República Argentina. Esto nos lleva a describir aspectos de su actividad subversiva, comenzando por un asalto al Banco de la Calera, un ataque al puesto de vigilancia del Hospital Militar en Córdoba, atracos a comisarías e incursiones a otros bancos de esta misma ciudad. En mayo de 1970 secuestraron a Pedro Eugenio Aramburu, uno de los líderes que había depuesto a Domingo Perón en 1955, a quien lo  asesinaron. Además, entre 1970 y 1972 asaltaron una sucursal del Banco Galicia en Buenos Aires, robando 36.000 dólares, ocuparon la Casa de Tucumán donde se había declarado la independencia argentina en el año 1816, se tomaron una pequeña población rural en San Jerónimo del Norte, a 60 Kms. de Santa Fe, colocaron más de cien bombas que destruyeron empresas extranjeras, atacaron lugares de “privilegio oligárquico” (Jockey Clubs, clubes de lujo), robaron otros 88.000 dólares al Banco Boulogne de Villa Ballester y en la plaza central de San Isidro colocaron bombas camufladas hiriendo a tres policías, dejando ciego a un bombero y matando a otro.31
Los Montoneros continuaron efectuando acciones armadas y violentas de manera efectiva hasta el año 1976, incluyendo entre ellas las siguientes: ataques a compañías y ejecutivos extranjeros; voladura de una comisaría en Santa Fé; la quema de 38 Fiats a un costo aproximado de US $ 98.000.-; secuestros y pedido de rescate, como el caso de Vocenzo Russo de la Estándar Electric Argentina; también crearon un clima de desorden social y estuvieron detrás de otras protestas  sociales como “el Viborazo” de Córdoba y “el Mendozaso” en los que debieron intervenir tropas para sofocar las manifestaciones. Después de la llegada de Héctor Cámpora al poder, los Montoneros movilizaron multitudes de estudiantes entre 1973-1974 y, hasta 1976, continuaron con su actividad guerrillera, reconociendo haber llevado a cabo unas 400 operaciones y haber matado o lastimado a unos 300 empresarios. 32
El fin de los Montoneros se debió al terrorismo de Estado impuesto por las Fuerzas Armadas argentinas para eliminar la subversión. La Junta Militar que había tomado el poder tras el golpe del año 1976, encabezada por Jorge R. Videla, utilizó toda la infraestructura e institucionalidad del Estado para destruirlos. En marzo de 1978 murieron alrededor de 200 personas en Villa Devoto, que fueron calificadas como presos políticos y delincuentes. Los militares habrían retenido alrededor de unos 18.000 individuos, pero sólo reconocieron 5.108 en mayo de 1977 y apenas 900 reclusos detenidos por el poder ejecutivo. Finalmente los Montoneros comenzaron a emigrar por distintas urbes del mundo, como Madrid, Ciudad de México, Roma, Paris, Caracas y otras. Contaban con varios millones de dólares escondidos en Cuba y otros lugares, que utilizaron en gastos de propaganda contra el régimen argentino.33

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