La tenencia de la tierra en la Huasteca

En el siglo XIX la huasteca comenzaba a conformarse por Pueblos, rancherías, condueñazgos1, ranchos y haciendas. Desde los primeros años independientes, muchos de los estados de la nueva república comenzaron a elaborar leyes que pretendían privatizar los terrenos comunales; aspecto que se centró a partir de la ley del 25 de junio de 1856, donde directamente y a nivel nacional se ordenó la división y repartición de las tierras de toda corporación civil y eclesiástica.

La constitución de 1857 fue la que obligó a que el derecho fuera individual y no colectivo, siguiendo en mucho las ideas liberales de darle importancia al individuo. (Escobar, 2002: 138-139).
De acuerdo a las investigaciones historiográficas se considera que los más grandes despojos y pérdida de tierras no se dio en el periodo colonial tardío y la primera mitad del siglo XIX, sino que el llamado despojo agrario comenzó con la ley del 25 de junio de 1856 con la ley de Lerdo. Pero realmente tuvo sus comienzos en el siglo XVII y la primera del siglo XVIII en el que los pueblos indios perdieron sus tierras por diversos motivos, como las bajas demográficas causadas por las epidemias que sacudieron a la población indígena, fenómenos naturales adversos como escasez de lluvias, plagas, etc. Esto trajo consigo el abandono de esas tierras y el acaparamiento por parte de los españoles en las tierras que se habían quedado sin dueños.
Sin embargo los años que van de 1821 a 1870 fueron años de expansión territorial para las poblaciones campesinas de las Huastecas, particularmente las indígenas, por medio de tres mecanismos que provenían del periodo colonial: compra de tierras, triunfos en pleitos legales e invasiones. (Ducey, 1988, cit. en Escobar, 2002, 149). Esa fuerza adquirida se reflejó en los conflictos entre la cabecera política no india, es decir, el Ayuntamiento, y los pueblos indios. El conflicto se volvió entre funcionarios locales no indígenas y las autoridades indígenas, principalmente cuando estos últimos evadían las órdenes de la cabecera política-administrativa. “Esto muestra que contrariamente a lo que se pensaba hasta ahora, los pueblos indios de las Huastecas experimentaron un crecimiento de su espacio comunal, en muchos casos heredado del periodo colonial, anexándole nuevas tierras” (Escobar, 2002:151).
Aunque, el trabajo investigativo de Escobar Ohmstede (2002) se centró realmente en la región de Tuxpan, Veracruz, existen diversos argumentos que se contraponen a lo publicado por él, ya que hay documentos de la segunda mitad del siglo XX que señalan lo contrario, específicamente estudios hechos en la Huasteca potosina; documentos como el del Ingeniero topógrafo y socio corresponsal de la Sociedad de Geografía y Estadística; Antonio J. Cabrera, egresado del Colegio Nacional de Minería de México, fechado el 22 de junio de 1873, y publicado hasta el año de 1876. Este documento  fue hecho por el visitador del gobierno estatal, quien del otoño hasta el invierno de 1872 recorrió los tres partidos de la Huasteca: Ciudad de Valles, al que pertenecían “Ciudad de Valles, Tanlajás, San Vicente Tancuayalab y Tamuín”; Tancanhuitz, con Tancanhuitz, Aquismón, San Antonio, Tampamolón, Tanquián, Xilitla, Huehuetlán y Coxcatlán”; y Tamazunchale, integrado por Tamazunchale, Axtla, Tampacán y San Martín”, estando como gobernador del estado de San Luis Potosí el Licenciado Pascual M. Hernández. Dicha publicación narra lo observado por el visitador y como es el modo de vida en la Huasteca potosina. Cabrera describe como era el acomodo de tierras en ese siglo en la Huasteca:
Un condueño pone su rancho donde más le agrada: allí hace que se le avecinen algunos indígenas, a los que, por dejarles fabricar casa y abrir una labor o plantío de caña, les exige que le desmonten, siembren y cosechen una labor de maíz o frijol sin más retribución. El que tiene más indios es el más rico, y como en tiempo de las encomiendas les dicen “mis indios”. El condueño sale de su casa en el mes de marzo acompañado de sus indios, busca un monte tupido con bastante arboleda, y va señalando con su machete, que allí llaman huaparra, los límites de la labor que le han de desmontar. Los indios limpian aquel pedazo, dejan secar unos cuantos días las ramas caídas, y después las queman. Con los troncos y ramas gruesas ponen la cerca, clavando troncos y atravesando ramas que atan con bejucos, y esperan las primeras lluvias, que, cuando vienen y se riega la tierra, van los indígenas a sembrarla con sus estacas. En su tiempo levantan la cosecha, la acarrean en la espalda a la casa de su señor en donde la desgranan y encierran. El condueño tiene la obligación de pagar por sus indios la contribución de guardia nacional o la personal que no pasa de un real2 cada mes por cada uno y defiende a sus indios ante los tribunales (Cabrera, 2002:64).
Se puede observar en este relato de Cabrera la desigualdad e injusticia con la que los dueños de las tierras podían hacerse de las vidas de los indígenas, y además la mala retribución hecha por su trabajo, permitiéndoles construir casa sólo sí trabajaban para sus patrones. Este es un reflejo de las malas condiciones de vida a la que eran sometidos los indígenas, y como tuvieron que trabajar las tierras de los descendientes de españoles, tierras que les pertenecían a sus antepasados, -como lo califica Ignacio Betancourt- en un Darwinismo Social. Contrario a lo escrito por Escobar Ohmstede en la que argumenta un crecimiento del espacio comunal, anexándose más terrenos para los pueblos indios.
El periodo de la historia nacional conocido como porfiriato, o porfirismo, que inicia con la primera presidencia del general Díaz en 1876 y concluye en 1911 con su destitución, no es sólo la paz y el orden impuestos verticalmente por los liberales en el poder, es la incorporación del país a la corriente económica predominante en el continente europeo, a la que México se suma con sus telégrafos, y sus ferrocarriles, y su arquitectura, y sus fonógrafos, y sus automóviles, y sus intelectuales orgánicos encargados de elaborar el discurso ideológico dominante. (Betancourt, 2001:15). En el proyecto modernizador de Porfirio Díaz lo que mejor se consolida es el latifundio en palabras de Jesús Silva Herzog. Y como lo afirma Betancourt  (2001), Silva Herzog se refería al latifundio de Luis Terrazas, (el mayor latifundista de la historia de México) que se extendía en trece millones de hectáreas. Otro caso parecido es el de los máximos terratenientes en la Huasteca, los Martel y los Santos, entrando en conflicto en la lucha por la hegemonía en la Huasteca.
En el año de 1878, un año y medio después de la publicación del libro de Cabrera, el gobernador de San Luis Potosí Carlos Díez Gutiérrez quien gobernó hasta 1898 (año en que falleció) envió una comisión gubernamental a la Huasteca potosina para hacer el fraccionamiento de las propiedades indígenas, y reafirmar los condueñazgos del oriente de San Luis Potosí, a finales del siglo XIX y principios del XX, para supuestamente privatizar los bienes comunales y desamortizar la propiedad colectiva. Esta tarea fue reforzada con una ley expedida en 1875 de colonización, y que fue ampliada en 1883, esto dio origen a las llamadas compañías deslindadoras, cuyo objeto fue “deslindar las tierras baldías para destinarlas a la colonia extranjera”. Estos capitalistas europeos se dedicaron por completo a la industria extractiva, dejando de lado las industrias de transformación.
En 1879 se gesta el movimiento guerrillero en la zona de Tamazunchale, asesorado por el cura socialista Mauricio Zavala, y dirigido por el gobernador indígena Juan Santiago quien combatió más de 10 años hasta caer prisionero. Fue asesinado en el año de 1900 en el traslado de una prisión a otra.
En 1882 “México remitió al país vecino (EUA) veintisiete millones [de pesos] en barras y monedas de plata; henequén, por valor de tres millones de pesos; maderas, por un millón novecientos mil; café, con valor de un millón setecientos mil; cueros y pieles, por un valor de un millón setecientos mil (Betancourt, 2001:17). Ese fue el comienzo de la gran apertura de México hacia el capital extranjero, que sin duda comenzaría a transformar  el territorio mexicano, continuando con la tendencia depredadora. Para ese mismo año se convocó a los primeros colonos europeos para instalarse en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca; llama la atención que son los estados con más población indígena de México.
Antonio J. Cabrera además de los apuntes de la Huasteca levanto un censo de los habitantes que vivían en la Huasteca potosina, pese a las limitaciones de no poder llegar a los lugares más alejados. Este censo fue publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosí, llamado “Sombra de Zaragoza” con el número 663. (Tabla XVII).
El total de la raza indígena asciende a 35,233 y es más que doble de la raza no indígena que apenas llega a 16,265 debiendo ser 17,666, para que llegara a la mitad de aquel número.3
Pero también hizo un recuento de la población que asistía a las escuelas de instrucción primaria4 en los tres partidos de la Huasteca. El número total que obtuvo de las personas que sabían leer fue de 2,496, cerca del cinco por ciento de toda la población y el diez por ciento de los varones, y suma hasta el ocho por ciento si se le agregan las personas que sólo saben leer. Esta tabla estadística fue publicada en el periódico oficial del estado “Sombra de Zaragoza” con el número 657. En la (Tabla XVIII) se puede observar que a pesar de las desigualdades y las condiciones de marginalidad de los municipios,  la Huasteca contaba con al menos una escuela primaria  por municipio. Este era un gran avance para la época como lo comparaba Robles Marta (1977): “en 1843, México contaba con 1310 planteles registrados. Esta cifra, comparada con las 10 existentes durante 1794 denotaba, sin duda, un auge de niños con oportunidades educativas no sólo en los centros urbanos, sino que, aun los ayuntamientos más pobres hacían grandes esfuerzos por obtener recursos suficientes para iniciar la instrucción pública en sus localidades”. Para el año de 1873, gracias al nuevo plan de estudios de Ignacio Ramírez promulgado en 1868, pudieron abrirse las puertas a la educación indígena y de la mujer, además de insertar los libros de texto y la educación municipal. En ese mismo año se funda la Secretaría de la Instrucción Pública.5