LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA EN AMÉRICA LATINA. Cooperación Hispano- Venezolana

1.2- Principales cambios operados en el contexto de desarrollo.

1.2.a- Cambios en el nivel institucional y político.

Durante el período considerado en nuestro trabajo, Venezuela fue, probablemente, el país del Hemisferio en que hubo una mayor discusión en cuanto a la vigencia efectiva de los principales rasgos que rigen la democracia moderna. Según Gómez Buendía, entre otros autores, los rasgos básicos que identifican a la democracia son cinco, a saber: “El pluralismo”, “la competencia”, “el principio de la mayoría”, “las elecciones” periódicas, y “el constitucionalismo” (Goméz Et al, 2008:4-5). De un análisis rápido de la realidad venezolana entre los años 2006 a 2010, pudiera inferirse que, al haber existido elecciones periódicas y limpias, sujeción general de las autoridades a la Constitución de la República, vigencia del respeto a la voluntad de las mayorías, pluralismo político y social así como la posibilidad de que accedan al poder los partidos de oposición, el régimen político venezolano debería de caracterizarse como plenamente democrático. Sin embargo, un análisis más detallado del período, en el marco de los más de diez años de proceso revolucionario, muestra señales preocupantes de la pérdida de calidad de la democracia venezolana. Algunos autores no dudarán en llevar este análisis al extremo al hablar de la “intención totalitaria” del Chavismo (Petkoff 2010:79) o al señalar el signo “autoritario” del socialismo propuesto por el Gobierno Bolivariano (Krause, 2010: 341). Veamos algunos ejemplos. Si bien el avance de la oposición en los procesos electorales celebrados en Venezuela en el lapso de tiempo considerado, los comicios regionales (alcaldías y gobernaciones estadales) de noviembre de 2008, y los legislativos de 2010; fueron un indicador claro de la existencia de suficiente competencia democrática como para permitir el cambio de “color político” en importantes alcaldías y gobernaciones del país, así como en buena parte de la Asamblea Nacional; tras las elecciones regionales, se dieron tres ejemplos que parecieron poner en duda la voluntad de respeto, del oficialismo, al principio de competencia democrática.

Un primer ejemplo lo constituyó la aprobación, en la enmienda constitucional del 2008, de la posibilidad de reelección presidencial indefinida, que había sido rechazada en la reforma constitucional del 2007 (Hidalgo 2008 y 2009). En un régimen fuertemente “presidencialista”, como el venezolano, una importante amenaza al principio de competencia democrática lo constituye, sin duda, la posibilidad de reelección indefinida del Presidente de la República. El ejercicio prolongado de las amplias competencias presidenciales puede influir, de manera negativa, en las reales posibilidades de acceso al poder del Estado por parte de la oposición política. Un segundo ejemplo lo constituyó la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional (AN), en marzo del 2009, de la reforma a la “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público se debe interpretar en términos de reversión del proceso de descentralización fomentado en décadas anteriores, y consagrado en la vigente Constitución de 1999. Por último un tercer caso fue la aprobación, en abril del 2009, de la “Ley Orgánica del Régimen del Distrito Capital”, que si bien presentaba un correcto encaje constitucional, arrojaba dudas razonables sobre su verdadera intencionalidad política, al restarle importantes competencias al recién electo Alcalde Metropolitano de Caracas, José Antonio Ledesma, de la corriente opositora, en relación a la administración de escuelas, hospitales, policía y bomberos, entre otros, legislación que no había sido aprobada  mientras la Alcaldía Metropolitana estuvo en manos del oficialismo.

Junto a los ejemplos expuestos, el hecho de que los opositores sólo obtuvieran un tercio de los escaños de la AN, pese a haber logrado la mayoría de los votos totales, es otro indicador objetivo de la limitación del principio de competencia. Esta situación paradójica se explica por los cambios operados por el Centro Nacional Electoral (CNE), bajo control oficialista, en los circuitos electorales, con anterioridad a las elecciones legislativas. Al mismo tiempo y pese a la modificación en la correlación de fuerzas en la AN, el Presidente dispuso de amplios poderes para profundizar el proceso de transición hacia el socialismo por la vía de una nueva Ley Habilitante que fue aprobada por la AN saliente y que en la práctica, vació de contenido, a la nueva Asamblea Nacional, que comenzó su mandato en Enero del 2011, por un período de dieciocho meses, lo que nuevamente afectó al principio de competencia democrática.

Otro modo de analizar la evolución de la calidad política e institucional de Venezuela en los años recientes, nos lo proporcionan los “Indicadores Globales de Gobernanza” (IGG) propuestos por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2009), que presentan la ventaja de ser uno de los métodos de medición de la calidad de la “gobernanza” a nivel mundial que cuentan con mayor prestigio y con datos de la práctica totalidad de los países. Los IGG analizan seis dimensiones de la “gobernanza”, a saber: “Participación y rendición de cuentas”, “estabilidad política y ausencia de violencia”, “efectividad gubernamental”, “calidad regulatoria”, “imperio de la ley” y “control de la corrupción” Los indicadores, según señalan los propios autores, agregan los puntos de vista sobre la calidad de la gobernanza proporcionados por un gran número de empresas, ciudadanos y expertos tanto de países industrializados como en vías de desarrollo. Los datos son proporcionados tanto por instituciones encuestadoras, como “think tanks”, y organizaciones internacionales y no gubernamentales, considerando desde el año 1996, hasta el 2011 (Kaufmann et al 2012).

En el caso específico de Venezuela es interesante comparar las distintas dimensiones de los IGG venezolanos, con países del entorno latinoamericano de similares nivel de desarrollo e ingreso  como Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá y México. De dicho análisis comparativo el país presenta los peores niveles porcentuales en todos los indicadores propuestos y en todo el período señalado 1996-2010. Sólo se producen excepciones a la anterior regla en los años 1996-1998, en qué México superó a Venezuela en términos de inestabilidad política y participación y “accountability”, así como el período 2002-2003 en el que Argentina tuvo un peor desempeño en términos de calidad regulatoria. Destaca también que en ese largo período, el indicador en que Venezuela presenta un peor desempeño en términos comparativos con todos los países analizados es el relativo a la efectividad gubernamental, con un promedio superior a los veinticinco puntos porcentuales de diferencia con respecto a Argentina, el segundo país de peor desempeño del grupo analizado. Es importante señalar que Venezuela ya partía para el año 1996, dos años antes del ascenso al poder del presidente Chávez, de las peores posiciones en la mayoría de los indicadores. En todo caso, también es cierto que, el período transcurrido desde entonces vino caracterizado por el deterioro progresivo de todos los indicadores. Dicho deterioro es más acentuado hasta los años 2003-2004. A partir de ese momento la mayoría de los indicadores se estabilizan, con pequeñas subidas y bajadas, en torno a las cifras porcentuales alcanzadas en esa fecha, aunque siempre con una ligera tendencia al deterioro, que es más acentuada, del 2005 al 2008 en los casos de “imperio de la ley”, “calidad regulatoria” y control de la corrupción”. Ver cuadro anexo 1: Comparativo IGG página 181-186. En dicho cuadro se incluye también a Cuba, aunque por sus especiales características no se toma en cuenta para el análisis comparativo.

Si comparamos la situación de los IGG en Venezuela tanto con el promedio de cada uno de los indicadores a nivel regional latinoamericano y caribeño, como con el promedio según nivel de ingresos, la situación venezolana, para el año 2011, debe calificarse como de muy mala.

Fuente: IGG. Kaufmann et al (2012)

Relacionado con lo anterior un aspecto de gran importancia en el período analizado fue la falta de seguridad física, pues Venezuela registró, según la Unión Europea, una media de 10.114 muertes violentas al año. Sólo la ciudad de Caracas contabilizó el 21,7% de los asesinatos cometidos en el país durante el período 1999-2008 (UE 2010). En este sentido el Gobierno declaró como prioritaria la lucha contra la inseguridad, creando la Policía Nacional Bolivariana, anunciando la reforma urgente del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en un contexto que destacó por las acusaciones de parcialidad y descrédito de todo el sistema judicial.