MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES, TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LAS ORGANIZACIONES DEL CAMPO EN MÉXICO: CAMBIOS Y DEFINICIONES POLÍTICAS.

1 José Zavala Alvarez
El Colegio de la Frontera Norte
 Mexicali B.C.
jza61@colef.mx

El propósito de este documento es hacer un análisis argumentado y propositivo fundamentalmente sobre dos procesos que han destacado en el ámbito de la organización en el campo mexicano. El primero tiene que ver con la transformación al que se han ido sometiendo los grupos u organismos en el campo, en cuanto a sus demandas y propósitos como razón para asociarse y organizarse, la segunda tiene que ver con el posicionamiento político que estas estructuras organizativas han asumido derivado de sus relaciones con entidades que inciden en su desarrollo como son el Estado y el Mercado.

El texto está organizado en tres apartados. El primero establece una breve contextualización del campo mexicano enfocando las condiciones en los noventa, fechas en las que se establecieron las bases político-legislativas para el campo mexicano de la actualidad, el segundo se refiere a las transformaciones de las agrupaciones del campo y su posicionamiento político, el tercer apartado significa un ejercicio conclusivo que se elabora en una lógica de prospectiva.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es hacer un análisis argumentado y propositivo fundamentalmente sobre dos procesos que han destacado en el ámbito de la organización en el campo mexicano. El primero tiene que ver con la transformación al que se han ido sometiendo los grupos u organismos en el campo, en cuanto a sus demandas y propósitos como razón para asociarse y organizarse, la segunda tiene que ver con el posicionamiento político que estas estructuras organizativas han asumido derivado de sus relaciones con entidades que inciden en su desarrollo como son el Estado y el Mercado.

El texto está organizado en tres apartados. El primero establece una breve contextualización del campo mexicano enfocando las condiciones en los noventa, fechas en las que se establecieron las bases político-legislativas para el campo mexicano de la actualidad, el segundo se refiere a las transformaciones de las agrupaciones del campo y su posicionamiento político, el tercer apartado significa un ejercicio conclusivo que se elabora en una lógica de prospectiva.

Panorama del campo mexicano.

Los noventa significaron para el campo mexicano una especie de inicio de época, es en estos años cuando se hicieron modificaciones legislativas tan trascendentes como la reforma al artículo 27 en 1992 y la aplicación de una serie de políticas de corte privatizador. En el campo vivían cerca de 28 millones de habitantes, equivalente, entonces del 30% de la población nacional, la evolución de la población rural se ha mantenido constante: altas tasas de natalidad y flujos migratorios que mantienen sin variación significativa el volumen de población asentada en el campo. Sin embargo, entre 1965 y 1995 se produjeron cambios importantes en el sector que modificaron su perfil demográfico y que están asociados a una débil capacidad de respuesta productiva frente a las necesidades de empleo e ingreso. Así, en los últimos 35 años, este sector ha experimentado un bajo crecimiento de la producción agropecuaria (1.8%), inferior al crecimiento de la población (2.7%). Comparado el ingreso familiar de las áreas urbanas y rurales, las familias rurales recibían en promedio menos del 40% del ingreso que percibían las de las zonas urbanas. La población rural en condiciones de pobreza extrema representaba cerca de las dos terceras partes del total de ésta en el país. La actividad agropecuaria, para mediados de los noventa había generado sólo 5% del PIB y la PEA era del 23%, el 28% de la superficie representaba una rentabilidad negativa (CECAM, 2001) por lo que la agricultura no estaba en condiciones de competencia en los mercados internacionales, situación no superada hasta la actualidad. Por otro lado, existía una marcada desigualdad en los niveles de desarrollo productivo y tecnológico entre regiones y aún dentro de cultivos en una misma zona geográfica, coexistían explotaciones con tecnologías de punta y otras con procedimientos productivos rudimentarios y de baja productividad. Según el Censo Agropecuario del 1991, el 7% del total de las unidades de producción podía calificarse como tecnificadas, el 41% tradicional y el 52% de subsistencia. El noroeste era la región que presentaba la mayor capacidad para producir cultivos de alto valor agregado (Quispe et al, 1999).

Hacia finales de los noventa, en el campo se daba un proceso de reestructuración productiva que llevaba a la transformación social (De Grammont, 1996). La unidad de producción familiar y el ejido ya no eran la base de la organización campesina, la unidad de producción familiar se insertaba cada vez más en estructuras productivas asociativas más amplias que se integraban a una cadena agroindustrial o agrocomercial. El ejido, núcleo organizativo fundamental a lo largo de 50 años, era desplazado por otras estructuras sociales, como las redes de productores por regiones, por rama de producción o por problemas.
La polarización se daba en el acceso a la tierra (INEGI, 1994),2 en el destino de la producción, 3 en los estados o regiones, que tenían (y tienen) unidades de campesinos pobres que consumen su producción,4 y en los estados agroexportadores.5

En el contexto de las nuevas políticas económicas, el gobierno buscaba crear un nuevo actor productivo capaz de sustituir la acción gubernamental para invertir en el campo, por lo que el agricultor, el productor familiar ya no era (es) importante; en su lugar se esperaba que surgieran grandes empresas agroindustriales exportadoras, este era el agente de cambio para los tiempos de la apertura comercial.
La unidad de producción campesina también sufrió cambios significativos. El campo incluye hoy, además de ejidatarios y pequeños propietarios, una importante población que no tiene tierra y vive de diversas actividades económicas. Hasta los años ochenta la organización colectiva para la producción era propia del sector ejidal y fomentada por el gobierno en forma corporativa, uno de los cambios que podrían redundar en aspectos positivos es que hoy, al ir disminuyendo la presencia del Estado, no se fomenta de la misma manera la organización corporativa, y en contrapartida han surgido agrupaciones que han ido adquiriendo autonomía política y han desarrollado experiencias de autogestión con un carácter más asociativo.

Las agrupaciones en el campo mexicano: transformaciones

A causa de la reestructuración económica la organicidad 6 de los agrupamientos sociales en el campo ha encontrado variantes. Surgen nuevos actores sociales, nuevos conflictos, nuevas demandas, nuevas organizaciones y nuevas formas de representación social.

Algunas de las antiguas agrupaciones creadas bajo el esquema del Estado benefactor han demostrado alguna capacidad de cambio para adaptarse a la transformación estatal, es el caso de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). Otras atadas a la relación corporativa con el Estado han demostrado poco dinamismo con desgaste de sus bases sociales, como la Confederación Nacional Campesina (De Grammont, 1996). 7  Algunas se volvieron contradictorias al modelo económico por desempeñar funciones de planificación y control de la producción y comercialización en el marco de un mercado protegido, así fue como la Confederación Nacional de Productores de Hortalizas (CNPH), la organización más acaudalada y poderosa se debilitó a partir de la entrada de México al GATT y prácticamente desapareció en 1993.

En otra vertiente, a raíz de la crisis agrícola a mediados de los años sesenta, numerosas agrupaciones de diversas regiones del país lograron quedar fuera del control estatal y protagonizaron importantes luchas por la tierra que caracterizaron la década de los setenta, Las empresas campesinas fundamentalmente estructuradas en Uniones de Ejidos, se orientaron hacia el control de la producción a través del crédito, la mecanización, la comercialización y la industrialización, aunque proliferaron en el norte del país, también surgieron algunas en el centro y en el sur menos desarrollado, predominantemente indígena (Encinas et al, 1995). Estas agrupaciones estuvieron en su mayoría impulsadas por fuerzas políticas provenientes de abanico de las agrupaciones de izquierda, las cuales después de las movilizaciones de los años setenta, 8 encontraron legalmente nuevos espacios no nada más electorales sino de participación política en el que incursionaron con nuevas modalidades de organización social en el campo. 9

De la misma manera, militantes provenientes del movimiento estudiantil de 1968 y profesionistas formados en programas gubernamentales destinados al campo en los setenta se convirtieron en impulsores y dirigentes de agrupaciones regionales, 10 enfatizando la necesidad de acceder a condiciones crediticias más favorables, de aseguramiento agropecuario, de comercialización y de intervención en la formulación de los proyectos productivos destinados al campo.

Durante los años setenta y ochenta, se acentuó la crisis de las agrupaciones oficialistas. Basadas tradicionalmente en la regulación del acceso a la tierra, encontraban crecientes dificultades para mantener el control político sobre el campesinado, en la medida que el reparto agrario se acercaba a su cierre, se puso de manifiesto el progresivo agotamiento del esquema corporativo rural, en consecuencia, los aparatos económicos estatales y paraestatales, como Fertimex, Inmecafé, Banrural, SARH, 11 ganaron presencia en la legitimación del sistema político (Gordillo, 1995). Poco a poco tomaba fuerza la demanda social de abrir paso a un nuevo enfoque social en el tratamiento del medio rural, de transformar la presencia del Estado y renovar su vínculo con la población rural.12 En una estrategia adicional para la interlocución con las fuerzas plurales en el campo, en abril de 1989, el entonces presidente Carlos Salinas convocó a la conformación de un foro para discutir y hacer propuestas de política agropecuaria (encinas, 1995), se constituyó el Congreso Agrario Permanente (CAP) donde por primera vez en la historia reciente del movimiento campesino participaban las agrupaciones independientes y autónomas con presencia nacional.13

En los primeros años del gobierno salinista, el acercamiento gobierno- agrupaciones alentada desde algunas posiciones del gabinete, particularmente desde la Subsecretaría de Política y Concertación de la SARH 14 fue finalmente desplazada frente al fortalecimiento de las propuestas proclives a la privatización representadas particularmente desde la Subsecretaría de Planeación de la propia SARH,15 luego se vendrían las trascendentales reformas legislativas al artículo 27 de la Constitución.

Después de la reforma de 1992 y hacia 1993, la bancarrota de una importante capa de productores medios por la aplicación de la nueva política económica, la ruptura de los canales de negociación entre los aparatos intermedios de representación de los productores y el gobierno y el importante crecimiento de los partidos políticos y la generalización de la lucha electoral en estos mismos años, tuvieron como consecuencia la generación de un movimiento novedoso: El Barzón. La crisis de diciembre de 1994 incrementó notablemente la cartera vencida, quebró a miles de pequeños empresarios y empresas rurales, contrajo la actividad productiva y paralizó el financiamiento;16 esto obligó a los productores a reorientar su lucha en la defensa de su planta productiva y patrimonio familiar ante la voracidad de los banqueros y prestamistas, y a mantener niveles productivos de subsistencia. El acelerado crecimiento numérico de El Barzón a partir de 1995 se hizo a costa de una gran heterogeneidad de sus miembros en lo económico y lo político, reagrupó tanto a productores del campo como a comerciantes, microempresarios, transportistas, deudores con créditos hipotecarios y tarjetahabientes de la ciudad, si bien el movimiento ganó en tamaño, se enfrentó a graves problemas para armonizar intereses y prácticas sociales entre grupos tan disímiles de las capas medias de la población. Creció sin poder resolver las tensiones inherentes a su origen, intentó ser una agrupación apolítica, autónoma de los partidos, sin lograrlo (De Grammont, 1998). El Barzón no logró consolidarse como una agrupación nacional, sino que funcionaba como una coordinadora de agrupaciones regionales que permitía cierta articulación entre ellas.

Hoy, las estrategias de los productores parecen ser de supervivencia, se reagrupan para definir nuevas formas organizativas, reacomodar sus niveles organizativos y discutir nuevas orientaciones y objetivos. Existe una recomposición de los actores sociales agropecuarios, mientras se concretan nuevas estrategias organizativas, las agrupaciones han buscado y se han ingeniado nuevas formas productivas, para sobrevivir y mantener el empleo y la producción, muchos productores se han concentrado en la actividad agrícola básica y en la que no necesite grandes volúmenes de financiamiento, y se ha incursionado en actividades de servicios y comercialización.

Por otro lado, los cambios políticos producidos a nivel nacional han transformado, en algunos estados y regiones, las prácticas autoritarias y clientelares de las agrupaciones campesinas tradicionales y de los funcionarios públicos, y se han generado prácticas un poco más equitativas en la distribución de los recursos federales y locales. La situación de transición y alternancia política ha provocado que los gobiernos integren las propuestas de desarrollo rural, de fomento y financiamiento de los núcleos agrarios productivos, en los planes regionales. En consecuencia, a nivel federal (y estatal) se ha ido entrando a una mayor discusión de los presupuestos regionales y nacionales, y se han abierto espacios de discusión sobre temas como lo fue con la nueva Ley de Desarrollo Rural, con la participación de las agrupaciones productivas y sociales.

El sector productivo nacional ejidal, comunal, micro, pequeño y mediano ha sentido los efectos de la política económica y ha profundizado su descapitalización, un aspecto que debe destacarse es que los sectores afectados ya no son exclusivamente los ejidatarios, comuneros y pequeños productores, sino que se ha extendido aún a productores medios y grandes.
 Las agrupaciones en el campo mexicano: una categorización básica.
Aunque las actividades de la mayoría de las figuras organizativas comprende un abanico de objetivos que implican una estrecho vínculo y la combinación de estrategias que van desde lo social a lo económico, desde lo administrativo hasta lo político. Se pueden construir tres categorías básicas derivadas del propósito, la relación con el Estado y de su presencia territorial.

Por su propósito:

Agrupaciones económico-productivas. Orientadas al manejo del proceso productivo, que incluye los ámbitos de la industrialización, crédito, apoyos y subsidios, comercialización. Contienen actividades que implican procesos administrativos.
En esta categoría podemos ubicar a las estructuras organizativas que una clasificación tradicional de la extinta Secretaría de Reforma Agraria (SRA) llamó de Primer y Segundo Nivel. En el primer nivel se encuentran; ejidos, comunidades, unidades agrícola industrial de la mujer campesina (UAIM), sociedades de producción rural (SPR), sociedades de solidaridad social (SSS), sociedades cooperativas agropecuarias (SCA) y colonos y pequeños propietarios. En el segundo nivel las uniones de ejidos, uniones de productores rurales, asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC).
En la actualidad las agrupaciones del campo son decenas de miles, solo en los primeros años del  Registro Agrario Nacional (RAN), de 1992 a 1997, había inscrito más de 21 mil, en ese tiempo predominaban las Sociedades de Solidaridad Social. A finales de 1997, el Colegio de Postgraduados (CP) encuestó a 273 organizaciones económicas, los datos de la encuesta dieron cuenta de la diversidad de las agrupaciones de acuerdo a su figura jurídica y a nivel organizativo (según la SRA) con la consideración de que varias agrupaciones tenían más de una figura jurídica, las más frecuentes fueron las Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Uniones de Ejidos y Sociedades de Producción Rural (SPR), las menos frecuentes, las Uniones de Crédito, las Unidades Agroindustriales de la Mujer Campesina (UAIM) (Quispe et al, 1999). Las agrupaciones con fines económico-productivos son por naturaleza geográficamente locales y regionales. La encuesta realizada por el CP reveló que el 31.3% de ellas se localizaban en la parte central del país, el 28.2% en el sureste, el 23.1% en el norte y el 17.4% en el occidente.
Agrupaciones socio-políticas. Su actividad central es la gestión y la autogestión. Principalmente la gestión ante instancias públicas. El perfil de la demanda es por servicios públicos, empleo, salud, educación, vivienda, mejores condiciones de vida, y participación en procesos políticos. En esta clasificación se puede ubicar a agrupaciones con presencia regional o nacional cuyo propósito es la gestión de las demandas de sus agremiados ante el gobierno, las cuales también pueden considerar demandas carácter económico, la SRA tradicionalmente les ha llamado de Tercer Nivel. Algunas de ellas son antiguas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI), la Confederación Nacional Ganadera (CNG), la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), con intereses privados muy particulares. Otras que surgen después de mediados de los ochentas como son: la Coordinadora de Centrales Campesinas y Organizaciones Sociales del Sector Agrario (CCCOSSA), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), y en la primera mitad de esta década El Barzón.

Por su relación con el Estado:

Autónomas. Agrupaciones que escapan al control corporativo estatal, es decir, no tienen una relación orgánica con alguna instancia gubernamental, su constitución no obedece al interés del Estado, sino al de quienes las conforman derivado de un propósito o demanda que les da algún grado de cohesión. Aquí se puede ubicar a CIOAC, UNORCA, ALCANO, FDCCh, CNPA, CNPI, COCEI, CODUC, FDOMEZ, OCEZ, UDC, UCEZ, UGOCEP, UNTA, UOCEZ, UOCEZ-G, TINAM, CNPA.17

Oficialistas. Agrupaciones que responden a un vínculo orgánico con el aparato gubernamental, derivado o a través del PRI. Se puede considerar a agrupaciones de agroempresarios que aunque no tienen un vínculo orgánico con el PRI, su cercanía con él y con instancias gubernamentales hacen ver en los hechos su proclividad oficialista. Como el respaldo a la política oficial –aunque últimamente con cierta discrepancia-, candidaturas de sus dirigentes a puestos de elección popular a través del PRI, ocupación de cargos públicos. Aquí se pueden encontrar  la CNG y el CNA y, por supuesto, las tradicionales CNC, CCI, CAM, UGOCEM, CNPR y en algún tiempo el CONSUCC.

Por su presencia territorial:

Nacionales. Son realmente pocas las agrupaciones a las que se les reconoce una expresión nacional, esta característica está fuertemente ligada al corporativismo estatal que creó las condiciones políticas y económicas para que agrupaciones afines montaran una estructura nacional. En la actualidad, derivado de la política económica que ha reducido sustancialmente la presencia estatal en las actividades económicas del campo ha tenido como consecuencia que la cohesión de estas agrupaciones, la cual dependía de manera determinante del apoyo y las prerrogativas que el Estado les proporcionaba, se encuentra desplomada. Así, podemos encontrar agrupaciones con distintos grados de cobertura, en tal sentido aquí se pueden anotar las agrupaciones que en 1989 se les reconoció oficialmente, presencia nacional y que fueron consideradas para participar en el Congreso Agrario Permanente: CNC, CCI, CAM, UGOCEM, UNORCA, CIOAC, UNTA, UGOCEP, CODUC, CCC; de corte campesino y social. En el lado privado o agroempresarial se pueden considerar a la CNPP y la CNG, el CNA que aunque su membresía es meramente simbólica, hoy por hoy el sector oficial le da gran peso a su opinión en materia agropecuaria.
Regionales. Estas agrupaciones operan fundamentalmente en regiones donde encontraron condiciones para constituirse derivado de demandas o problemática común. Las razones específicas que les proporciona la calidad de regional es variada: una histórica demanda agraria, un tipo de cultivo predominante, un ecosistema, una condición minifundista, una condición social similar, un aislamiento geográfico, el área de acción y alcance de los líderes, hasta la voluntad política de instancias gubernamentales. En este grupo se puede incluir a ALCANO, CEPCO, CNPA, CNPI, COCEI, CODUC, FDCCh, FDOMEZ, OACI-13, OCEZ, TINAM, UCD, UCEZ, UOCEZ, UOCEZ-G, ANEC, AMUCSS, CNOC, MOCAF, CONSUCC.

Las agrupaciones en el campo mexicano: posicionamientos políticos.

La agricultura es un sector sustancialmente distinto al resto de los sectores económicos. Esta especificidad tiene su origen, entre otros factores, en la incertidumbre productiva que la acompaña, en la limitación del principal medio de producción: la tierra, y en el efecto que la inestabilidad de precios y mercados tienen sobre los ingresos del productor.

En el actual modelo de desarrollo económico, el sector agropecuario no es considerado como un eje estratégico de desarrollo, las políticas agrícolas buscan únicamente aumentar su eficiencia a partir de las respuestas de los distintos agentes al mercado. La política agrícola atiende más al control de las variables macroeconómicas que a objetivos del propio sector agropecuario, pero además está influenciada por las concepciones ideológicas de sus diseñadores. Sin embargo, la retirada del Estado y la ampliación del papel del mercado no han bastado para lograr la modernización del campo ni para crear nuevas condiciones de bienestar rural.
Estas consideraciones han hecho que las percepciones del amplio espectro de agrupaciones que actúan en el campo se acerquen y no pocas veces sean coincidentes. Así podemos ver declaraciones y demandas públicas del sector agroempresarial mas encumbrado agrupados en el CNA  sobre la posible desaparición del sector agropecuario mexicano debido a la falta de apoyos y subsidios y la desmedida apertura comercial, como también ver a agrupaciones autónomas exigiendo mayores apoyos, presupuesto público y protección comercial para las actividades agropecuarias. Más allá de las instancias gubernamentales, son contados los segmentos de agroproductores que respaldan la política agrícola actual, algunos exportadores hortícolas, frutícolas y florícolas se encuentran en esta condición.
Esta confluencia de criterios de las distintas agrupaciones sobre las condiciones del campo mexicano y sobre las medidas necesarias por aplicar, fueron encontrando receptividad en instancias legislativas tanto federal como estatales, de tal manera que desde finales de los noventa, las comisiones que atienden al sector agropecuario en los distintos alcances de la representación popular llevaron a cabo foros regionales de consulta pública y encuentros nacionales para el análisis y propuestas de política agrícola. Participaron en estos eventos cientos de agrupaciones del más diverso perfil, además de académicos, empresarios, profesionistas. Los ejes de discusión y propuesta tuvieron que ver con el análisis de precios y subsidios a granos básicos, financiamiento, mercado interno, externo y tratados comerciales, planeación, programación, presupuesto y cuenta pública, organización de productores y capacitación, normatividad fitosanitaria y técnicas de producción y; políticas de investigación y transferencia de tecnología.
La discusión reflejó una gran similitud de criterios tanto de la diversidad de agrupaciones como de representantes de distintos segmentos de agroproductores, derivado de todo ello se puede realizar una clarificación del posicionamiento político de las agrupaciones:

Ante el papel del Estado.

El Estado debe asumir un papel de conducción de la producción y de la forma de producir del sector agropecuario, a la que deben dirigirse los objetivos de las políticas agrícolas. Los instrumentos de política deben responder y ser consistentes con los objetivos de desarrollo del sector. La intervención estatal bajo objetivos de desarrollo, constituye la palanca que permitirá su modernización, en donde el gobierno tiene el papel de principal indicador para la asignación de los recursos en el campo. El carácter estratégico para el desarrollo del país de contar con un sector agropecuario fuerte, hace necesaria la planificación del sector agropecuario por el Estado, inclusive en un modelo de economía abierta. 18 Es responsabilidad del Estado construir un ambiente macroeconómico de soporte para la agricultura que lo fortalezca como un eje del desarrollo económico, que permita el crecimiento del sector y del ingreso en apoyo al ataque a la pobreza. 
La protección estatal de la agricultura es necesaria en los primeros estadios de desarrollo, acompañada por inversión pública, hasta que los aumentos de productividad se hayan alcanzado. México ha estado por abajo de la protección permitida por los acuerdos internacionales.
El Estado debe invertir en servicios e infraestructura básica para la producción y el riego, electrificación, carreteras, comunicaciones y la creación de mercados regionales.
La heterogeneidad del sector rural en cuanto a tipo de productores y los mayores niveles de pobreza de la población campesina obligan a que el Estado fomente a las unidades de producción más débiles para cerrar las brechas existentes entre la productividad y nivel de ingresos de la economía campesina y empresarial.
La intervención estatal debe realizarse, sin embargo, desde las señales del mercado. Orientar la producción con respecto al mercado y, en forma más específica con respecto al consumidor que la demanda permite identificar de antemano qué tipo de producto, de qué calidad, a qué precio y para qué condiciones de venta se debe producir. El Estado debe aportar información para la toma de decisiones en estos procesos productivos, al tiempo que orienta la oferta de los productores hacia la demanda.

Una economía dirigida únicamente por las señales del mercado se enfrenta actualmente a los mercados mundiales de productos agrícolas fuertemente deprimidos, los mercados internacionales no son mecanismos autoregulados determinados por leyes de la oferta y la demanda. Suponer que es el libre juego de las fuerzas del mercado el que debe determinar la asignación de los recursos entre las diferentes actividades económicas, en particular en un sector tan intervenido como el agropecuario, es fatal. Es por ello que el nuevo tipo de regulación estatal en el sector debe ayudar a conducir la inserción de los productores en el mercado internacional y no abandonarlos a sus propias fuerzas.
Es impostergable el establecimiento de una política de desarrollo de largo plazo para el campo mexicano que contribuya a la superación de los grandes atrasos en que se encuentra sumido y que permita una paulatina modernización e integración económica al país en términos equitativos. El campo necesita de un fortalecimiento de la política presupuestaria que asigne los recursos suficientes para el desarrollo rural, ya que una economía fuerte requiere una agricultura sólida sobre la cual sentar sus bases y los productores puedan generar los alimentos que demanda la sociedad mexicana.
Las agrupaciones en el campo y de productores tienen un importante papel que cumplir en el desarrollo agropecuario, por lo que deben participar en la definición de la política sectorial nacional. La política agrícola deberá asegurar la participación del sector social, el desarrollo económico de sus organizaciones y el fortalecimiento de su autonomía organizativa, en un esquema que permita revertir su inserción subordinada en la estructura económica.
Se demandó un acuerdo nacional con fundamento legislativo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). En este acuerdo se asentaron las definiciones de la política interna para cada producto, los niveles de precios, de subsidios, de ayuda interna, de protección a la producción y comercialización nacional, las metas de producción y productividad regional, la velocidad de la  apertura comercial y los mecanismos de fomento a partir de programas específicos de corto y largo plazo diseñados y concertados con las organizaciones de productores. La LDRS cobró vigencia a finales de 2001.

 Ante el mercado: Financiamiento, inversión y crédito.
La inestabilidad económica general afectó los procesos de inversión, de tal suerte que la inversión privada a pesar de la reducción de las regulaciones que la limitaban y de su promoción, no se interesó por ubicarse en el campo, ni por cumplir el papel de motor que los diseñadores de la política le habían asignado. 
La ley estableció obligatoriedad a la banca privada para el apoyo financiero al sector agropecuario. Pero ante la escasa o nula rentabilidad de la producción primaria, la resistencia de la banca comercial ha sido más que notable, en la actualidad contribuye con menos del 2% del financiamiento bancario al sector primario, sobre todo de básicos.
El aumento de las carteras vencidas del sector tanto con la banca comercial como con la banca de desarrollo reflejan la caída de la rentabilidad, que acompañada por una política de altas tasas de interés, provocó que la mayoría de productores agropecuarios fueran incapaces de pagar sus créditos. La estratificación de los créditos de acuerdo al tipo de productores restringió la acreditación por Banrural-Financiera Rural -(hoy Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero) –FNDAFP-, únicamente a productores potencialmente productivos para operar bajo criterios de rentabilidad.

Existe una excesiva tramitación para la obtención de financiamiento y los programas de apoyos son insuficientes. Los beneficiados han sido los sectores industriales y de servicios, se requieren de políticas reales de financiamiento al sector agropecuario. La FNDAFP se debe abocar estrictamente al sector rural, financiando actividades productivas diversas en ámbito rural. Debe existir un trato preferencial al financiamiento agropecuario.
La política agrícola reciente ha colocado a la economía campesina y a los productores campesinos en  transición —ausentes  de  regulaciones estatales, y de las funciones  de redistribución del ingreso y el bienestar que anteriormente había cumplido el Estado— en competencia desigual con los sistemas de producción de los países más desarrollados, frente a un mercado internacional de productos agrícolas, altamente distorsionado e inestable.
Ningún país ha logrado despegar en su crecimiento industrial sin tener un sector agrícola fuerte que contribuya a su desarrollo como fuente de intercambio de ganancias, fuerza de trabajo para el sector industrial y mercado para los productos industriales. La creación de un sector agrícola fuerte en nuestro país requiere, sin embargo, de un proceso de modernización.

Ante el sector agroexportador.
La política agrícola reciente prioriza los cultivos de exportación sobre los cultivos básicos, el sector de frutas y hortalizas absorbe entre el 8 y 9% de la superficie cultivada y cubre el 60% del mercado de productos de importación de Estados Unidos. La política no puede proponerse convertir la mayoría de la superficie cultivada a cultivos de exportación. Reconvertir la producción agrícola nacional destinada al mercado interno, hacia cultivos de exportación, implica transformar el patrón de cultivos, incluir paquetes tecnológicos intensivos en capital —que reducirían la absorción de fuerza de trabajo— de alto costo económico y ecológico. Los pequeños productores se encuentran en desventaja, debido a la marcada dificultad para cumplir con lineamientos de exportación y al escaso valor agregado de sus mercancías exportadas.
Ante la Globalización.
La globalización genera el control monopólico de grandes corporaciones, esto agudiza y acelera la pulverización de pequeños productores e industriales. Sin embargo, es necesario ingresar a la dinámica de los mercados agropecuarios.
Las condiciones de globalización de la economía que le imponen a la producción de granos básicos en el país son de gran desventaja respecto de nuestros socios comerciales (EUA y Canadá), esto ha provocado una gran incertidumbre: aumento de la emigración de hombres y mujeres en plena etapa productiva, disminución de las superficies cultivadas así como de volúmenes cosechados, pérdida de la capacidad interna para producir lo que el país consume, incremento de las importaciones y déficits en la balanza agropecuaria; relación adversa entre los precios de los insumos y los precios de venta de los granos básicos, carencia de infraestructura, de asistencia técnica y capacitación.

La apertura comercial unilateral e indiscriminada, a la que México se sometió a partir de los ochenta, ha repercutido en que un gran número de cultivos, éstos han visto cuestionada su viabilidad frente a la competencia de las importaciones, ocasionando serios problemas para la comercialización de la producción nacional aún en el mercado interno.   
Las asimetrías del sector agropecuario mexicano frente a sus homólogos en Estados Unidos y Canadá han sido evidentes en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Los límites negociados en el TLCAN y el GATT definieron la política agrícola en el corto y largo plazo. Un balance general de la negociación del TLCAN en la agricultura, permite afirmar que los sectores de granos básicos y oleaginosas, los productos forestales, la ganadería para carne, leche, avicultura y porcicultura se han visto afectados negativamente. 19 En tanto, los productos tropicales enfrentan actualmente el problema de la caída de sus precios internacionales provocada por la fijación de los mismos por los países consumidores.
Es necesaria la evaluación del TLCAN, el mismo acuerdo lo establece. 20 Es necesario revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.21 Las condiciones de las finanzas públicas y de la economía mundial como la desaceleración, incertidumbre financiera y crisis recurrentes, han hecho imposible que se cumplan compromisos establecidos en el tratado. Es indispensable que las organizaciones participen en las negociaciones internacionales, con el objeto de asegurar que los intereses del sector agropecuario mayoritario sean considerados.
Ante el abasto agroalimentario interno.
La soberanía alimentaria debe ser un objetivo prioritario de la política agrícola; garantizar y fomentar la producción de bienes básicos para el mercado interno es una condición necesaria para mantener independencia. A pesar de los menores niveles de competencia de este tipo de productos en relación con los países del norte, es imprescindible asegurar la oferta de bienes básicos a partir de la producción interna, por razones de seguridad nacional.
La política agrícola deberá incrementar su productividad, mediante la asignación de los montos de subsidios más altos permitidos y de su protección incluyendo salvaguardas más estrictas. Es necesario que las distintas dependencias del ejecutivo se articulen alrededor de una estrategia que recupere soberanía alimentaria para la seguridad alimentaria, debe constituirse un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria como política de fondo y de carácter permanente.

Es prudente que se normen los instrumentos de política que regulan las decisiones por parte del Ejecutivo, con respecto a los volúmenes y a los períodos en que se importan los productos agropecuarios básicos. Para asegurar la soberanía alimentaria se debe desligar lo relativo a granos básicos del TLCAN.

Debe existir la obligatoriedad de una política agrícola que programe de manera regionalizada el establecimiento y la diversificación de los cultivos básicos en función de la demanda interna, esto implica que los mercados no se saturen y que no haya déficits.

Es necesario que se fomente y fortalezca la creación de empresas integradoras comerciales para que el productor agrícola pueda tomar en sus manos la conducción del proceso producción-comercialización-consumo final.

Que se induzca la creación de un organismo público que oriente la correcta conducción de todas las actividades que conforman el comercio de productos del campo, en bien del interés público.

La modernización del campo mexicano debe garantizar, por un lado, la generación de ingresos suficientes a los agricultores y a las familias campesinas, y por otro, la producción de alimentos suficientes para satisfacer la demanda nacional y la autosuficiencia en este ramo.
El empleo agrícola.
Los cambios de la economía agrícola de las últimas décadas han implicado importantes transformaciones en los mercados de trabajo agrícolas, detrás de las cuales se han producido modificaciones en la superficie agrícola, la estructura de cultivos, el grado de mecanización y los métodos de cultivos, basados de manera fundamental en la incorporación de mano de obra con formas de organización del trabajo flexibles. 22
El crecimiento de los cultivos hortofrutícolas y en general de cultivos no tradicionales se relaciona en gran medida con la recomposición de los patrones de consumo en los centros urbanos y el aumento en la demanda de estos productos para el mercado nacional, así como por la expansión de las exportaciones, principalmente a Estados Unidos. La demanda de mano de obra que generan estos cultivos, es cubierta en gran medida por la población campesina pobre de las regiones agrícolas más atrasadas, para quienes la posibilidad de empleo en esas regiones es cada vez más difícil. De esta manera se profundiza y se diversifica el proceso migratorio rural-rural, acelerándose no solo la migración internacional, sino la interestatal. Uno de esos rasgos es la migración familiar de trabajadores agrícolas, donde buena parte de ellos son indígenas, estas migraciones recurrentes han traído como consecuencia el surgimiento de nuevos asentamientos de población migrante, en las regiones periféricas a las zonas agrícolas donde se localizan los mercados de trabajo.23
 Redes de cooperación y agrupamientos.
Dos acepciones de red se encuentran en el abanico de las estructuras organizativas del sector agropecuario. Por un lado, organizaciones que asumieron la idea de red hacia su interior y que por lo tanto son en si mismas una red de organizaciones con una estructura de conducción y representación más o menos horizontal. Es el caso de UNORCA, CNPA, CNPI, CODUC, COCEI, CCCOSSA, ANEC, AMUCSS y, RED MOCAF.
Por otro lado, algunas organizaciones conforman un nivel superior de red y generan mecanismos de cooperación y agrupamientos, la implementación de la política agrícola actual, cuyo impacto es generalizado y afecta a los distintos tipos de organización, es una de las principales razones que producen estos fenómenos de cooperación y agrupamiento. Un caso ilustrativo es la coincidencia recurrente de UNORCA, AMUCSS, ANEC, RED MOCAF y CNOC que en los últimos dos años han suscrito y publicado manifiestos conjuntos respecto del presupuesto público para el campo, el TLCAN, la soberanía alimentaria, la educación, el financiamiento agropecuario y el desarrollo rural. En el campo mexicano, se observa cada vez más una tendencia política contraria al rumbo que impone el actual gobierno federal, está cada vez más claro que el deterioro del sector puede significar un alineamiento político de las bases sociales del medio rural con partidos políticos de oposición, fundamentalmente con la izquierda.

Agrupaciones en el campo mexicano: fortalezas y debilidades.
Un elemento que hay que considerar en primer orden para hablar de fortalezas o debilidades en las agrupaciones y en la organización campesina o de productores rurales es la debilidad económica del sector, compuesta por el reducido valor agregado que tienen sus productos en función de su naturaleza de materia prima y del bajo nivel de industrialización. Es decir, los mecanismos de transformación que aplicarían valor agregado a la producción agropecuaria no están desarrollados al grado de que provean de mejores niveles de ingreso y desarrollo a la población que se dedica a estas actividades y con ello favorecer la presencia de estructuras organizativas más fuertes en el campo.
En las agrupaciones vinculadas al régimen, la fortaleza y debilidad radica precisamente en la relación que guardan con él. Fortaleza derivada del grado de acceso a los recursos del Estado que hizo posible la formación de una cobertura nacional, de la asignación de cuotas de poder a través de candidaturas a cargos de elección popular y la promoción a puestos en la administración pública. Adicionalmente la capacidad de respuesta ante su membresía, que le otorga su cercanía con instancias gubernamentales.
Debilidad, debido a la falta de autonomía financiera y en la toma de decisiones políticas. Por un lado, el desplome del financiamiento público del que habían dependido y gozado durante tantos años ha reducido significativamente su capacidad de operación para el trabajo de legitimación del sistema político y el mantenimiento de sus propias estructuras de mando, por otro lado, el respaldo invariable de estas agrupaciones a la política gubernamental, que hoy perjudica a grandes segmentos de la población que presumiblemente representan y cuyos intereses deben defender, ha generado una demanda insatisfecha y con ello erosionando sus bases de apoyo a tal grado que en varias regiones del país son meros membretes. sobre todo en aquellos Estados donde han gobernado partidos distintos al PRI.24
En las agrupaciones con autonomía respecto del aparato gubernamental, su debilidad crónica se encuentra en la reducida disponibilidad de recursos económicos para financiar sus actividades. La naturaleza de sus agremiados, personas con necesidades económicas marcadas reducen su capacidad de expresión pública y su crecimiento geográfico, su histórica demanda agraria, insatisfecha en muchos casos, retrasó su acceso a la etapa de readecuación organizativa con fines económico-productivos, estas cualidades y la diferencias ideológicas con las políticas agrícolas actualmente predominantes reducen su capacidad de respuesta y de interlocución ante instancias gubernamentales del orden federal y con ello la manifestación de una baja o nula influencia en el diseño de políticas públicas para el campo. Una debilidad adicional es la evolución de la profesionalización de los procesos de gestión y autogestión que no presentan grados de avance acordes a sus necesidades, como el desarrollo de proyectos productivos.
Es importante diferenciar las agrupaciones de relativa reciente constitución, con cualidades por un lado de autonomía y orientadas al manejo del proceso productivo, y por otro que agrupan a estratos de productores medios que disponen de una mayor capacidad económica, lo que les ha dado una importante capacidad de movilización y con ello efectividad para lograr propósitos en virtud de la demanda planteada.
Con todo y las dificultades que presenta el mosaico de las agrupaciones del campo, el perfil de éstas va modificándose, en diferente grado y velocidad, en búsqueda de las condiciones que les den viabilidad tanto a las figuras organizativas como a los individuos que las forman. Estas condiciones tienen que ver con el uso de técnicas, con la generación de proyectos productivos que les den fortaleza financiera, con el manejo de los procesos de comercialización y por supuesto con la capacidad que desarrollen para incidir  en el diseño de políticas para el campo.
Conclusiones: construcción de escenarios.

Escenario tendencial. La organización económica en el campo avanza aunque de manera irregular a una tasa reducida, los productores se organizan lentamente en figuras asociativas orientadas hacia el control de los procesos económicos de la producción y a partir de ahí proyectan movimientos de mayor nivel con propósitos de influir en el diseño de políticas y en la toma de decisiones que conciernen al sector, incluso en procesos de orden político-electoral. Las agrupaciones políticas tradicionales pierden aún más su capacidad de interlocución y su representatividad, aunque en varias regiones del país, sobre todo las de mayor atraso mantienen una influencia significativa. Con todo ello, el sentido de oposición gubernamental crece en el ámbito rural.
Escenario negativo. La organización económica de los productores rurales no encuentra espacios de desarrollo debido a la falta de apoyos públicos. El desarrollo de sus capacidades se ve limitado y su número e influencia se detiene, comienza un proceso de desmantelamiento derivado de la inviabilidad económica y la necesidad de sus miembros de emigrar en busca de mejores oportunidades de ingreso. La organización socio-política que podía haberse construido, se ve también desmontada dando paso a la suplantación de la representación rural y agropecuaria exclusivamente por los organismos de corte empresarial, que ya ocupan el lugar de mayor influencia en el diseño  e instrumentación de políticas públicas destinadas al agro. No se genera un equilibrio social con origen organizativo en el ámbito rural y de cara a agentes económicos y de carácter gubernamental.
Escenario positivo. La organización económica se ve favorecida y el proceso de organización se ve alentada por los apoyos públicos y las condiciones económicas, de tal forma que las actividades de producción, transformación y comercialización agropecuaria cada vez representan menos conflictos derivado de la acción de las estructuras  organizativas que articulan estos procesos representando una menor intervención estatal y el control productivo por parte de los propios agricultores. La influencia de las agrupaciones en los procesos carácter político se da de manera respetuosa y proporciona  equilibrio a las decisiones de política pública.
¿Por dónde?
Es claro que los grupos o asociaciones que constituyen la organización en el campo, son (o deben ser) la parte mas destacada del “quien” para operar programas de desarrollo en el ámbito agropecuario y campesino.
Por otro lado, también es necesario crear las condiciones para que la construcción de figuras asociativas surja por iniciativa propia de los productores que, concientes de las implicaciones que representa organizarse a sí mismos, reconstruyan su organización en función de su propia capacidad para sostenerla, es decir de abajo hacia arriba y sin que eso signifique que estén solos. En esto anterior podría influir significativamente la instrumentación de un programa intenso de promoción y capacitación para la creación de figuras asociativas y elaboración de proyectos productivo-financieros que permitieran acceso a recursos tanto para producción como para transformación y comercialización de mercancías agropecuarias, que generara economías de escala, es decir, un efecto multiplicador que reactivara el desarrollo de otras actividades económicas localizadas regionalmente.
También es necesario entender y aceptar, que las instituciones públicas gubernamentales están impedidas para regenerar por sí solas una estructura organizativa auténtica en el campo que trascienda periodos gubernamentales, procesos políticos o intereses de grupos.

Bibliografía.

CECAM, 2001. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano A.C., a partir de datos de INEGI y SHCP.
De Grammont H., 1996. “Restructuración productiva y reorganización social  en el campo mexicano”. En “El reordenamiento agrícola en los países pobres”, Torres Felipe, Ma. Del Carmen del Valle y Eulalia Peña, Coordinadores. UNAM-IIEc, Primera edición, México.
De Grammont H., 1998. “El Barzón ¿un movimiento social en contra de la crisis económica o un movimiento social de nuevo cuño? IIEc-UNAM. México.
Encinas, Alejandro (Coordinador), Juan de la Fuente, Horacio Mackinlay y Emilio Romero (Compiladores), 1995. En “El campo mexicano en el umbral del siglo XXI”, Espasa Hoy, Primera Edición. México.
Gordillo, Gustavo, 1995. “Estado y sistema ejidal”. Citado por Encinas, Alejandro (Coordinador), Juan de la Fuente, Horacio Mackinlay y Emilio Romero (Compiladores), en “El campo mexicano en el umbral del siglo XXI”, Espasa Hoy, Primera Edición. México.
INEGI, 1994. “VII Censo Agropecuario 1991”. México.
Quispe, Anibal, E. Valtierra, O. Figueroa, L. Jiménez. 1999. “Experiencias recientes de las organizaciones económicas del medio rural en México”. En la VI Conferencia Electrónica: “De cara a la globalización: organizaciones económicas campesinas en América Latina y el Caribe”. FIDAMERICA-RIMISP, marzo15- abril 30.
Sifuentes, O. Emma, 1999. Los mercados de trabajo agrícola, Universidad Autónoma de Nayarit.

ANEXO
Siglas de agrupaciones agropecuarias y campesinas.

ALCANO. Alianza Campesina del Noroeste
CEPCO. Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca
CCI. Central Campesina Independiente
CIOAC. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNC. Confederación Nacional Campesina
CNPA. Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CNPI. Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas
COCEI. Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo
CODUC. Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
FDCCh. Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FDOMEZ. Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata
OACI-13. Organización de Acción Campesina 13 de Octubre
OCEZ. Organización de Comuneros Emiliano Zapata
TINAM. Unión de Todos los Pueblos Pobres
UCD. Unión Campesina Democrática
UCEZ. Unión de Comuneros Emiliano Zapata
UGOCEM. Unión General Obrero Campesina de México
UGOCEP. Unión General Obrero Campesina y Popular
UNORCA. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNTA. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
UOCEZ. Unión Obrero Campesina Emiliano Zapata
UOCEZ-G. Unión Obrero Campesina Emiliano Zapata de Guerrero"
CNG. Confederación Nacional Ganadera.
UNPH. Unión Nacional de Productores de Hortaliza.
CNA. Consejo Nacional Agropecuario.
CNPR. Confederación Nacional de Propietarios Rurales (antes CNPP: Confederación Nacional de Pequeños Propietarios).
CCCOSSA. Coordinadora de Centrales Campesinas y Organizaciones Sociales del Sector Agrario.
CCC. Central Campesina Cardenista.
ANEC. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
AMUCSS. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.
CNOC. Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras.
MOCAF. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.
CONSUCC. Consejo Nacional de Unidades con Campesinos y Colonos.
CAADES. Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.