VIDA COTIDIANA, CULTURA Y POBLAMIENTO DEL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UACJ 2010-2013

5. Políticas Educativas (CU en el contexto de las Políticas Públicas en materia de Educación superior)

La educación es considerada como la más potente estrategia social de desarrollo, particularmente la educación superior en sus modalidades técnica, tecnológica y universitaria, sobre todo si esa educación es pertinente y de calidad, es decir, si mantiene relaciones de correspondencia con el mercado laboral y posibilita simultáneamente la mejora en las condiciones de desarrollo regional  propiciando  el establecimiento, crecimiento e innovación  de empresas productivas y de servicio; como en las condiciones de vida de los egresados y sus familias.
            A finales del siglo XX diversos estudios y estadísticas (INEGI, CONAPO, ANUIES) evidenciaban que el sistema nacional de educación superior concentró buena parte de su oferta y servicios educativos en la  capital de la república y que este modelo centralizado se replicó –con intensidades distintas- en cada uno los estados y en las grandes ciudades, privando de la adecuada atención a la población de ciudades más pequeñas, creando una geografía educativa nacional de inequidades y desigualdades, y dejando a su suerte a los pobladores de las áreas rurales (3% de matrícula Universitaria) y las comunidades indígenas. Estudios de población focalizados en  unidades geo-demográficas mostraron: que aún en las ciudades, los servicios y las  oportunidades educativas se distribuyen de manera inequitativa entre los distintos sectores y estamentos de la sociedad, favoreciendo de manera muy clara a las clases socioeconómicas alta y media (Tuiran 2012); en tanto que los estudios sobre trayectoria y eficiencia terminal mostraron que la proporción de quienes concluyen sus estudios universitarios es del 57%. Que el 37% de los estudiantes abandona la universidad sin concluir el programa y de ellos el 40%  lo hace por falta de recursos o porque tiene que trabajar, que para el caso termina por ser lo mismo. Que otro 12.4% lo hace por matrimonio o maternidad-; pero los estudios también develan que un 22.5% de los estudiantes (prácticamente uno de cada cuatro) reconoce que abandonó la universidad porque no le gustaba estudiar (Encuesta Nacional de Juventud 2000). Esta información que a primera vista sorprende muestra la vigencia de la teoría de la reproducción social, ya que los estudiantes de mayor capital económico, cultural y social, portan un habitus que les permite obtener más espacios y más éxito en el campo educativo que los menos favorecidos. Julio Rubio  documenta que la probabilidad de desertar (abandonar los estudios) de los menos favorecidos es doce veces mayor que la de los estudiantes de la clase más rica. (Rubio, 2006, pág. 163).  Pero es necesario apuntar que los datos enunciados dan referencia solo de los estudiantes que pudieron ingresar a la universidad, porque muchos otros fueron excluidos de esta posibilidad en forma temprana, por un sistema de filiación más aristocrático (solo los mejores) que educativo, basado en la competencia entre desiguales. Muchos  potenciales estudiantes se autoexcluyen por los costos, la lejanía, falta de apoyos y por diversos condicionantes sociales en los que debemos mencionar los étnicos, de género y de discapacidad, de tal forma que la pirámide socioeconómica presenta una estructura  inversa a  la que se observa en la pirámide de oportunidades educativas en el nivel superior. En esa contrastación piramidal resulta evidente que los más, tienen pocas oportunidades y los menos las tienen todas. 
            Los estudios sobre los estudiantes que ya se encuentran dentro del sistema de educación superior muestran –entre otros muchos rasgos- que el 95% de ellos son solteros,  que la tercera parte trabaja y estudia, y que solo el 26.5 dedica 5 o más horas al estudio independiente por semana, por lo que el soporte del aprendizaje depende casi exclusivamente de la actividad en clase, del estudio intensivo para exámenes y de la presentación de trabajos al final del curso, vaya que la construcción de la cultura de estudio es prácticamente inexistente. Otro rasgo evidenciado es que existen diversos procesos de segmentación en la elección de carrera en las que interviene el género, el nivel socioeconómico, el capital cultural familiar, pero también la ubicación de la institución educativa. Incluso entre las instituciones públicas de una misma localidad se aprecia la segmentación institucional de la población universitaria de “primera generación”, por ejemplo: el 53% de los padres de los estudiantes universitarios en el plano nacional, no ha realizado estudios  superiores, mientras que entre los estudiantes de las universidades tecnológicas esa proporción se eleva al 94%. Rubio 2006, pág.165) Si como se ha demostrado el capital cultural se asocia e intercambia claramente con el capital económico tenemos instituciones  públicas de educación superior  que por su modelo de selección tiene como pobladores preferentes a estudiantes con capitales medios y altos (universidades) e instituciones en donde predominan estudiantes de capitales y recursos medios y bajos.
            La información generada a partir de estadísticas, investigación y análisis  elaborados o construidos desde la ANUIES, CENEVAL, los CIEES, el CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SECIC hoy SES)  acerca de los agentes, instituciones y resultados del sistema de educación superior permitió a la SEP organizar -en la última década del siglo XX- un complejo abanico de  políticas educativas en el ámbito nacional, asumidas en diferente grado por los estados y las instituciones públicas y privadas de educación superior. Políticas que se concretaron en múltiples programas con sus correspondientes objetivos, metas, criterios y la dotación fondos de variable cuantía de los indispensables recursos financieros, destinados a paliar las: desigualdades, inequidad y exclusión provocadas por la estructura socioeconómica, por la distancia, pero también por el funcionar del propio sistema educativo.
            En el conjunto de las políticas educativas  pueden distinguirse de manera recurrente cinco conceptos-objetivo: cobertura, equidad, pertinencia, calidad y evaluación. Se trata -acorde con las dinámicas hegemónicas (OCDE)- de mundialización de las instituciones educativas- de otorgar educación universitaria a una proporción mayor de jóvenes mexicanos, pero ha de ser una educación pertinente, de calidad sometida de manera sistemática a la evaluación de todos sus componentes, procesos y resultados. 
Las políticas declaradas en materia de educación superior atienden a los objetivos de:
            1) Elevar con equidad, la cobertura en la cohorte relevante, atendiendo a condiciones como: género, nivel socioeconómico, población de origen, identidad  étnica, capacidades diferentes y otras condiciones de vulnerabilidad o desventaja;
            2)   Mejorar las tasas de permanencia y egreso particularmente de los grupos con mayores desventajas, que son también los que presentan las mayores tasa de abandono.
            Estas dos políticas reconocen -de manera implícita- el derecho a la educación superior de todos los mexicanos y por ello se pretende transitar de la universidad de masas a la educación superior de cobertura universal. La meta es alcanzar una cobertura mayor al 50% de la población de la cohorte relevante para el 2021. Utilizando a la educación como factor atemperante de la desigualdad social y económica, ello implica, duplicar -en un periodo de nueve años- el promedio de la cobertura nacional actual, mediante tres estrategias como incrementar la matrícula en instituciones ya existentes, apoyar la creación de unidades o extensiones y, crear nuevas instituciones sobre todo en áreas geográficas y sectores sociales poco atendidos utilizando como palanca los recursos (SEP-2013) del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOEES). Para con ello lograr que el incremento en la cobertura se realice con mayor equidad, elevando del 21% actual al 31% la proporción de jóvenes en situación de desventaja que participan de la educación superior Tuiran (2012). Para su consecución será necesario destinar importantes recursos humanos, financieros y materiales articulados en: programas compensatorios (becas), de atención a estudiantes y para la descentralización geográfica de las oportunidades educativas. No se trata solamente de mejorar el acceso, también debe considerarse la capacidad de retención y las tasas de egreso, ya que las regulaciones punitivas de “bajas por mala escolaridad”  (propias de la universidad de élites) en mucho abonan para que el abandono alcance al 20% de los estudiantes durante el primer año, y en que, cuatro de cada diez estudiantes universitarios salgan o sean descartados por el sistema educativo antes de concluir sus estudios. (Rubio 2006 pág.181).
            El componente más visible de las políticas educativas en materia de equidad en el acceso y permanencia es un sistema compensatorio  de becas económicas, que presenta variantes en los estados e instituciones. Destacan las becas PRONABES (Hoy denominadas de manutención) integradas peso a peso con recursos federales y estatales, destinadas para estudiantes con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos, pero que, por razones presupuestales, solo el 88.6% de los estudiantes  que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad obtienen la beca. Debe destacarse que las becas se otorgan partiendo del nivel de ingresos o renta familiar más baja. Un problema subyacente para la operacionalización del otorgamiento de esta beca, como de la becas “socioeconómicas”, radica en que una parte importante (60%) de la población económicamente activa participa en la economía informal, con lo cual, resulta prácticamente imposible determinar el nivel de ingreso familiar.
            A pesar de la insuficiencia, limitaciones y restricciones la beca PRONABES presenta un alto índice de renovación y los becarios beneficiados en términos generales no abandonan sus estudios. Son mujeres la mayoría de los estudiantes que obtienen esta beca y el número de indígenas beneficiados está creciendo (Rubio 2006, págs. 167-174), pero existe menor seguimiento para quienes provienen de áreas rurales o zonas  urbanas marginadas y es en estas zonas de acuerdo con el informe CONEVAL 2013 en donde se observa la mayor densidad de excluidos. Esta beca tiene dos componentes uno que recompensa el avance incrementando progresivamente el monto de la beca y otro  componente punitivo, que exige a los becarios una carga académica de al menos 32 créditos, la aprobación de todas las materias cursadas y la obtención de un promedio mínimo para la renovación de la beca (Los becarios no tienen derecho a fallar).
            Un apoyo de cobertura universal para  la población estudiantil de nivel superior es el “seguro de salud” que se otorga mediante la afiliación (temporal y condicionada) al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Existen otros apoyos  entre los que destacan las becas de rendimiento escolar conocidas como “beca académica” y beca de “excelencia académica” cuya aplicación como exención total o parcial de pago se encuentra generalizada entre las instituciones de educación superior. Existen también programas de apoyo más focalizada como la  beca para transporte, becas a estudiantes de comunidades indígenas o ejidales, apoyos de movilidad estudiantil y verano de investigación; becas a deportistas sobresalientes; apoyo a tesistas, becas de ayudantía, o para asistentes de investigación, y la modalidad de financiamiento “Crédito educativo”. En la UACJ existe también la denominada “beca trabajo” por la que el estudiante apoya actividades generalmente de gestión durante 20 horas semanales a cambio de una remuneración. Pero estos apoyos a diferencia de las becas PRONABES  presentan –como ya se ha señalado- variaciones significativas en los distintos estados e instituciones. Una consideración importante acerca de las políticas compensatorias, es que  no se orientan a la búsqueda e identificación de miembros de la población en desventaja (indígenas, pobres, campesinos, personas con capacidades diferentes, madres solteras, víctimas de la violencia, etc.) para incorporarlos a los estudios universitarios, sino que –por lo general- las políticas empiezan a operar a partir de que los miembros de la población-objetivo (que no se autoexcluyeron) asumen la decisión y los costos de participar en los procesos estandarizados de admisión y si lo hacen de manera exitosa, entonces y solo entonces tendrán la posibilidad de solicitar apoyos y becas. Así, el examen estandarizado y las cuotas aplicadas por igual a los que se reconoce como desiguales, integran el proceso instrumental que legitima el que queden fuera de la universidad quienes poseen menores capitales (económico, cultural y social).
            3) Mejorar la pertinencia de los currícula y programas educativos universitarios para impulsar el desarrollo regional y nacional.
            Para alcanzar este objetivo está resultando necesario no solo actualizar los contenidos de aprendizaje, sino desterrar prácticas y criterios del modelo enciclopedista para darle entrada al  aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, al aprendizaje basado en competencias, al dominio de una lengua extranjera, a las habilidades digitales y a la formación enriquecida con experiencias de aprendizaje en contextos e instituciones diferentes. La política de pertinencia de los programas educativos se orienta a que los contenidos y actividades de aprendizaje sean relevantes, se actualicen y estructuren para mantener su correlato con el avance del conocimiento, las demandas del mercado laboral, las prácticas del ejercicio profesional; pero también con la innovación, las tecnologías de información y comunicación, la investigación y la creación de empresas. En la mejorara de la pertinencia de los programas educativos, se asume  que el profesor debe ser un experto tanto en su disciplina o campo profesional  como en el diseño y evaluación de las experiencias de aprendizaje; que los escenarios (aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, salas de estudio, lugares de prácticas profesionales, etcétera)  y los recursos de aprendizaje resulten idóneos a los procesos educativos y propiciatorios de la participación y centralidad de los estudiantes. Pero implica también disponer y aprovechar eficazmente de los recursos informativos, primando el uso apropiado e intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) tanto en la enseñanza presencial como en la educación  a distancia, que es vista (desde el sistema educativo y las instituciones) como vía y herramienta potente para hacer llegar la educación superior a todos los ámbitos y localidades. Otro componente  de la pertinencia se construye fuera de las aulas  de la institución y está compuesto por: programas de prácticas y estancias profesionales, ayudantías y el Servicio Social. También han adquirido relevancia los programas de enriquecimiento de experiencias como los de intercambio y movilidad estudiantil nacional e internacional, que a la vez sirven para establecer la capacidad institucional de atracción de estudiantes de otras naciones (internacionalización) ello como evidencia del liderazgo, solvencia y calidad de los programas educativos.
            Los apoyos a esta política provienen en su componente teórico-instrumental de los CIEES y CONACYT, organismos que evalúan y dictaminan los diseños curriculares, su potencial para alcanzar los objetivos propuestos, así como  las capacidades de los cuerpos académicos y colegiados de la propia institución para generar, actualizar y autoevaluar su propia actividad académica. Los recursos financieros destinados a mejorar la pertinencia provienen de los presupuestos institucionales y de los fondos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Los recursos son asignados después de participar un proceso concursal en el que se evalúa mediante un sistema de pares académicos la planeación y del desempeño institucional primero en texto y luego in situ. El monto obtenido en el concurso se distribuye en el componente “Proyectos” para los que diseñan metas y estrategias -acordes a las políticas y objetivos institucionales- orientadas a  mejorar la calidad, el desempeño y la transparencia institucional. Destacan los apoyos en los rubros de: mejora y acreditación de programas educativos, mejoramiento del profesorado y consolidación de cuerpos académicos (aunque los recursos provienen del Promep); enriquecimiento de acervos, colecciones y bases de datos;  innovación educativa y  educación a distancia,; equipamiento para las funciones de la investigación y la docencia; atención y apoyos a estudiantes (tutoría, movilidad, salud, lengua extranjera, incubadoras de proyectos y empresas) y de adecuación y construcción de infraestructura física (edificación de espacios educativos). 
            4) Mantener y mejorar los sistemas de evaluación y de aseguramiento de la calidad  de: agentes, programas, instituciones, funciones y del  sistema de educación superior en su conjunto. A esta política se han dedicado grandes esfuerzos a través del diseño, construcción y perfeccionamiento de instrumentos, criterios, programas,  y organismos como: los utilizados para evaluar a los estudiantes al ingreso y al egreso (EXANI, EXHCOBA, EGEL y los índices de titulación); aquellos destinados a profesionalizar al profesorados y mejorar su productividad, colegiación y formación de redes académicas. (Programa de Estímulos al Desempeño Docente, Promep y SNI); los destinados a evaluar y acreditar programas académicos (CIEES, COPAES y CONACYT) (RUBIO, 2006 pág. 247); aquellos que evalúan funciones, procesos de gestión, manejo de recursos y cumplimiento de metas (CIEES, Organismos certificadores y Auditoria Superior de la Federación).
            La evaluación global se realiza desde 2001 a través del seguimiento anual de Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (que ya he descrito) que regula, direcciona y recompensa los avances y la adhesión de las instituciones y sus académicos a las políticas educativas nacionales.
            5) Profesionalizar al profesorado y elevar la capacidad académica entendida como cualificación, productividad, colegiación y formación de redes de académicos. Esta política tiene tres componentes, uno institucional orientado fundamentalmente a la formación, habilitación, actualización y certificación de su profesorado para realizar la función docente a través de las actividades de enseñanza, tutela y asesoría, y otros de cobertura sistémica como el Programa de mejora del profesorado (Promep) orquestado desde la Subsecretaría de Educación Superior y dirigido a lograr: la máxima habilitación del profesorado de tiempo completo, la consolidación de  cuerpos académicos y  la integración de redes académicas. En este programa se distinguen los apoyos y becas para realizar y/o concluir estudios de posgrado en programa educativos con reconocimiento de “calidad”, particularmente estudios de doctorado y los recursos para proyectos y estancias postdoctorales. Simultáneamente  el Promep rige y regula (en coordinación con la Secretaria de Hacienda) la contratación  en cada institución y Dependencia de Educación Superior (DES) de nuevos profesores de tiempo completo, la institución, a la vez el Promep otorga reconocimientos y apoyos a los profesores de tiempo completo cuya distribución de actividades (docencia, investigación, atención a estudiantes y gestión) y productividad están acordes con los  objetivos, lineamientos y criterios del programa.
            El impacto y potencia de este programa en la mejora de los niveles de habilitación del profesorado universitario resulta evidente en las estadísticas en las que se ilustra el máximo grado académico del profesorado universitario tanto a nivel del Sistema de Educación Superior, como en el de cada institución. El otro componente sistémico es el Programa de Estímulos al Desempeño Docente cuyo puntaje se traduce en niveles o salarios mínimos al momento de otorgar una recompensa a la dedicación, formación, desempeño, productividad y permanencia al profesor de tiempo completo que teniendo derecho, solicite participar y documente en tiempo y forma su actividad en la institución. Este programa -al interior de la institución- se convierte en un robusto sistema de evaluación y de control ya que integra a los criterios antes señalados, las opiniones del estudiantado, de pares académicos y de los responsables de las áreas y funciones académicas.  
            6) incrementar la vinculación con la sociedad a través de Consejos consultivos, programas conjuntos, foros de discusión, observatorios, programas de acción comunitaria, servicios y asesorías. Funciones concretadas en prácticas, residencias profesionales y Servicio Social, y proyectos conjuntos, servicios de asesoría, capacitación e investigación.
            7) y como consecuencia de todo lo anterior elevar la calidad y competitividad de la educación superior incluyendo en ella la internacionalización.
            La ampliación del acceso a la educación superior significó no solo incremento en la cobertura, también trajo aparejada la diversificación del perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios y de los capitales (económicos, culturales y sociales) que portaban.
            En el nuevo ingreso a la UACJ durante el ciclo agosto-diciembre de 2013 se registró una proporción mayor (34%) a la observada en años anteriores de estudiantes que provenía de familias en la que el estudiante matriculado era el primer miembro en concurrir a una universidad (Mireles 2013). Pero también se observó que independientemente del campus académico al que ingresaron provienen de las distintas áreas de la ciudad atendiendo al siguiente orden por frecuencias: a) familias asentadas al sur de la ciudad, b) familias con domicilio en el eje formado por las avenidas Panamericana-Las torres-Casas Grandes; c) familias cuyas viviendas se localizan  en el eje poniente de la ciudad y, d) familias radicadas en los poblados del Valle de Juárez.
            En este contexto parecía plausible ubicar  las nuevas instalaciones universitaria al sur de la Ciudad, tal y como lo hizo la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, localizada justo en el borde sur de la mancha urbana, colindando con el último equipamiento vial. Sin embargo las más notables diferencias entre la localización entre ambas instituciones radicaban en que el predio de la UACJ se encontraba alejado y desconectado del tejido urbano, no se contaba con vialidades, los servicios públicos se encontraban muy alejados y por ello el transporte y la seguridad pública era inexiste. Con lo cual la pretensión de que la universidad fuese un servicio de proximidad se vio seriamente comprometida.