PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES LOCALES EN EL DESARROLLO DE NUEVA PAZ

REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES LOCALES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO

En el mundo de hoy, bajo los efectos de la crisis existente, económica, cultural, medio ambiental, sistémica; urge la necesidad de cambiar nuestras prácticas cotidianas tradicionales en aras de garantizar la sostenibilidad del desarrollo, minimizando sus efectos e impactos negativos, a partir del fortalecimiento de capacidades que nos permita participar en la toma de decisiones que nos afecten, resaltando la dimensión cultural de las concepciones alternativas del desarrollo, históricamente marginada en la concepción economicista tradicional del mismo.

El desafío de perfeccionar y profundizar la democracia, constituye por tanto uno de los elementos centrales e inherentes al proyecto que ha inspirado a muchos gobiernos contemporáneos, teniendo la certeza de que nuestras sociedades avanzan a medida que más ciudadanos se hacen partícipes y se involucran activamente en los asuntos públicos, o cuando más actores sociales se incorporan protagónicamente en aquellas organizaciones y entidades en las que se canaliza el potencial y el interés asociativo de la ciudadanía. Es por ello, que se realizan notables esfuerzos por estimular la emergencia de una sociedad civil fuerte, para la consecución de los fines y propósitos que la inspiran, y para hacer efectiva su voluntad de aportar al desarrollo del país.

En este sentido, reviste una extraordinaria importancia concebir a los diversos actores a nivel comunitario, como garantes del desarrollo local, derivándose la imperiosa necesidad de contribuir con el aumento de oportunidades para que estos asuman dicha responsabilidad. Por ello, en el presente capítulo se abordan los referentes teórico-metodológicos del programa de fortalecimiento de capacidades, para la participación activa de los actores locales en la (auto)gestión del desarrollo.

1.1 La Participación de los Actores Sociales: premisa del Desarrollo Local.

“El desarrollo local es un proceso de múltiples dimensiones donde intervienen diversos actores sociales y una serie de factores específicos de la zona con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de la población local. En esa óptica, lo más importante es la interacción y concertación estratégica de los actores sociales para el mejor aprovechamiento de los factores endógenos de la zona teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas del entorno económico, tecnológico, sociocultural y político” (Chauca y López, 2004).

Debe acotarse que si en la mayoría de nuestros países latinoamericanos esta perspectiva de desarrollo local no ha florecido, es principalmente porque el proceso de descentralización no ha liberado plenamente factores que fortalezcan las iniciativas locales de desarrollo, y por ende, procesos continuos y vigorosos de desarrollo “desde abajo”, con activa participación de los diversos actores sociales implicados (Ibíd.).

En Cuba, de acuerdo con Pérez y Roque (2007), del Centro de Estudios Comunitarios (CEC), de la Universidad Central de Las Villas, el desarrollo local se comprende “como un proceso dinámico en el que los actores locales (gobierno local, instituciones, población y demás miembros de la localidad) intervienen con pleno derecho, en la búsqueda de alternativas permanentes para mejorar su realidad, donde se deben interrelacionar las dimensiones económica, social, política y ambiental. Para ello deberán aprovechar los recursos endógenos y exógenos que la localidad presenta, además se requiere una fuerte capacidad innovadora de todos los integrantes, y el gobierno local debe ser capaz de aglutinar, estimular y coordinar este proceso, en el cual todos los actores conforman el poder local y es necesaria su participación y vinculación en todo momento”.

Por otra parte, desde la visión de Ramos y Ojeda (2012) del CEDAR, el desarrollo local es entendido como el protagonismo de colectividades y organizaciones que a partir de la visión crítica de sus territorios, y mediante procesos interactivos, promueven el desarrollo continuo de competencias para proporcionar y gerencial soluciones creativas y sostenibles, dirigidas a la satisfacción de aspiraciones comunes: sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas.

Entonces, de acuerdo con Arroyo-Sánchez (2003 citado en Chauca y López, 2004), entre las variables que impulsan el desarrollo local se encuentran la estructura local integrada, en la que participan actores que tienen un objetivo social común y luchan por lograrlo, con cierto nivel de liderazgo local, capacidad empresarial, asociatividad social, y gobierno emprendedor; la alta participación ciudadana, con capacidad social de respuesta diferenciada; y además, la innovación tecnológica respetuosa del medio ambiente.

 “Las propuestas de desarrollo local crean la posibilidad de fortalecer el contexto de la participación, especialmente si se toma en cuenta la existencia de “voluntades políticas” que privilegian las alianzas y consensos dentro del contexto geográfico de los municipios. El escenario participativo que instala la gestión asociada para el desarrollo define una metodología particular que subsume e integra visiones e intereses contrapuestos en acuerdos, negociaciones o concertaciones; en la que el diseño de estrategias y acciones conjuntas definen modelos de gestión cogestionarios y asociados” (Martínez, 2008).

Asimismo, en un estudio realizado por el BM de 121 proyectos de desarrollo en quince países, la participación, del latín participatĭo, que significa acción y efecto de participar, se definió como “un proceso voluntario por el cual la población influencia o controla las decisiones que los afecta, incluso aquellos sectores de la población que están en desventaja en relación a ingresos, género, étnia o educación. La esencia de la participación es un ejercicio de comunicación y toma de opciones” (Narayan, 1995 citado en Castillo, 2000).

En este sentido, de acuerdo con Linares (2004), “En su vinculación con las estrategias de desarrollo, la participación constituye un medio para lograr el reparto equitativo de los beneficios y es el elemento indispensable para una transformación y modernización autosostenida de la sociedad”; pero “la participación activa, que permite a la gente realizar todo su potencial y aportar su mayor contribución a la sociedad, también es un fin en sí misma” (PNUD, 1993).
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“La participación es un proceso activo encaminado a transformar la relaciones de poder y tiene como intención estratégica incrementar y redistribuir las oportunidades de los actores sociales de tomar parte en los procesos de toma de decisiones”(Linares, Mora, Correa, 2007). No es homogénea, alcanza distintos niveles y diferentes formas de expresión, condicionada por un conjunto de factores de diversa índole. Es un ejercicio que permite ir creando espacios, para influir en las decisiones que afectan la vida. Intenta sustituir la óptica difusionista que privilegia el consumo individual en su rol de espectador, por otra que implica la participación activa de la población en el complejo proceso de construcción de su vida individual y social. Actividad desplegada por el conjunto de actores sociales en la consecución de un proyecto de acción común de determinados objetivos y metas, el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión.

De acuerdo con el PNUD (1993), “como la participación puede producirse en las esferas económica, social y política, cada persona participa necesariamente de muchas formas y a muchos niveles. En la vida económica, como productora o como consumidora, como empresaria y como empleada. En la vida social como miembro de una familia o de una organización de la comunidad o de un grupo étnico. Y en la vida política como votante, o como miembro de un partido político, o quizá, de un grupo de presión. Todos esos papeles se traslapan e interactúan y forman pautas de participación que se interrelacionan y a veces se refuerzan mutuamente”; apareciendo como consecuencia diversas formas de participación, como son: la participación de los hogares, la participación económica, la participación social y cultural, y/o la participación política.

Por ello, el concepto de participación en una sociedad determinada se vincula con los procesos que intervienen en el ejercicio del poder político y social. Según Rebellato y Alejandro (2004), “(...) En un sentido político, la participación resulta un fin en sí como vía de fortalecimiento de las democracias; (...) Desde el punto de vista ético, se enfatiza en el pasaje de la gente a un papel de sujetos activos y no meros objetos de prácticas externas (...)”, relacionadas con los orígenes asistencialistas de la llamada “intervención comunitaria”.

En América Latina, el concepto de participación surge en los años cincuenta con los análisis antropológicos de las comunidades nativas y las condiciones para conseguir su autodesarrollo. En el área rural se diseñaron Programas Nacionales sustentados con el enfoque del “Desarrollo Comunitario”, en el cual la participación de las comunidades era entendida como “aportantes de mano de obra no calificada” en los proyectos destinados a beneficiarlos (Castillo, 2000).

En las décadas siguientes, el desarrollo con el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, puso de moda la planificación centralizada y la racionalidad de las opciones, con lo cual los programas para el área rural eran diseñados por planificadores y tecnócratas, sin tomar en cuenta tampoco la opinión o aspiraciones de los supuestos beneficiarios (Ibíd.).

Frente a esos enfoques, surgieron los discursos alternativos de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, la Teología de la Liberación, y el enfoque de la Investigación – Acción Participativa y la Educación Popular según Díaz (2004), orientadas de alguna forma a reivindicar a los “oprimidos”. De esa manera las propuestas participativas en América Latina se articulaban con los enfoques y metodologías  que  se discutían en la India a comienzos de los años sesenta (Ramón, 1995 citado en Castillo, 2000), enfatizando el papel de los actores, individuos y comunidades, en la promoción de su propio desarrollo.

En este período, el concepto de participación también adquiere relevancia en las actividades de promoción realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), especialmente las ligadas a la Iglesia, cuyas acciones se extienden de manera espectacular en los años setenta y ochenta (Castillo, 1996 citado en Castillo, 2000). A partir de los ochenta, con los procesos democratizadores en la mayoría de los países de América Latina, se revaloriza la democracia y el concepto de participación, siendo incorporado en los últimos años en las políticas de Estado. De esta manera, en lo adelante, ninguna propuesta de desarrollo sería aceptada si no se incluye la participación como un componente esencial en su ejecución, como resultado de la eclosión o boom en el uso del enfoque participativo en los proyectos de desarrollo, que se produjo particularmente en la década de los 90 (Díaz, 2004).

En resumen, se observa que la participación, aún cuando no está adscrita a ningún marco teórico específico, se utiliza para sustentar estrategias y enfoques que promueven un mayor acceso al poder para las organizaciones cívicas, especialmente de las clases populares, utilizado con mayor frecuencia en proyectos y programas del área rural, antes que en la urbana (Castillo, 2000 y Díaz, 2004). En estos procesos sociales se convoca la presencia de la sociedad civil organizada, y están relacionados con la promoción del desarrollo local, el ejercicio de los derechos cívicos, y el diseño de estrategias y propuestas para el cambio social.

En el enfoque tradicional, la comunidad participa en un proceso al cual es “integrada”, convocada o invitada, bien sea por el Estado o por un agente externo de cooperación. Frente e ese enfoque de la “comunidad invitada”, cabe enunciar otro que considera a la comunidad como el eje de los procesos, en donde ella misma elige las opciones que más le convienen, según sus intereses y capacidades (Castillo, 2000).

En el orden de las ideas anteriores, resulta oportuno destacar que la participación en los procesos de desarrollo, ha estado asociada en gran medida, a la toma de decisiones de los diversos actores implicados, pero es válido apuntar que para ello es de vital importancia su participación desde la identificación de los problemas o necesidades, y la búsqueda de alternativa de solución.

En tal sentido, es preciso acotar la noción de participación que señala Rebellato (2004), cuando apunta que una concepción integral de la participación debe contener, al menos, tres de los sentidos principales que connota el término participación: formar parte, tener parte y tomar parte, a los cuales también se refiere (Alejandro, 2004), es decir, ser parte de algo con cierto nivel de compromiso generado por el sentido de pertenencia hacia ese algo; desempeñar algún papel, rol, o tener alguna función en ese algo del que se es parte con capacidad para la solución de conflictos; y por último, decidir o participar en la toma de decisiones colectivas en el análisis de las necesidades, la evaluación de las alternativas de solución, y el balance de los recursos disponibles para ello. Cuando se comprende que cada uno está involucrado -con diferente nivel de responsabilidad- tanto en la generación como en la solución de los problemas, es cuando se genera una necesidad de participación activa en las personas, que buscan aportar aquello que conocen.

En ese punto, la participación se presenta desde un enfoque metodológico según Rebellato y Alejandro (2004), como una herramienta importante en el ámbito comunitario. Por ello, uno de los puntos clave para la participación ciudadana a nivel local, lo constituye el fomentar el sentido de pertenencia como “agente” activo que puede aportar de modo puntual, con acciones concretas, con cronogramas pautados, al abordaje de la realidad problemática a nivel local. Se convierte entonces, en el primer desafío a enfrentar: el sentirse parte en el abordaje del problema, el saberse valioso por el aporte que se puede brindar, desde la perspectiva personal, pero que además, si eso se realiza en conjunto con otros actores locales, en un diálogo abierto, franco y de respeto, se puede potenciar ese aporte, enriqueciéndose con las propuestas de otros.

En este orden de ideas se puede citar a Serra (2010), el cual plantea que la participación puede percibirse como una actividad práctica y reflexiva de reproducción y transformación de la realidad social, al mismo tiempo que desarrolla la identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o sujeto social. Por tanto, es una actividad humana objetiva y subjetiva de transformación de la realidad social y de fortalecimiento de un sujeto colectivo.

El aspecto objetivose refiere a los actos de un sujeto humano activo que modifica una realidad social independiente de su conciencia subjetiva, y que resulta en unos productos también independientes del sujeto. En el aspecto subjetivo se distinguen analíticamente cuatro dimensiones interrelacionadas (Ibíd.), una dimensión cognitiva compuesta por conceptos, teorías, representaciones; una dimensión intencional conformada por fines, metas y proyectos de vida; una dimensión afectiva de sentimientos, creencias e intuiciones; y una dimensión ética conformada por valores y normas que los actores sociales producen y reproducen en sus relaciones sociales.

En resumen, el aspecto subjetivo de la praxis comprende el conjunto interrelacionado de las dimensiones cognitiva, afectiva, ética e intencional, que podría englobarse bajo el concepto de "conciencia social" de un actor o sujeto individual o colectivo. Entendida como una realidad polifacética, dinámica, e íntimamente vinculada a la práctica social, el estudio de estas cuatro dimensiones subjetivas en sus características y su dinámica, permite comprender mejor el surgimiento y la evolución de los actores sociales (Ibíd.).

Una participación ciudadana integral supone la potenciación de todas esas dimensiones subjetivas de forma paralela a la acción colectiva, por el contrario una participación limitada ocurre cuando solo se activa una dimensión, por ejemplo, la movilización por vinculación afectiva a un líder carismático o un “compadre”, pero careciendo de información y de acordar objetivos, metas o fines (Serra, 2010).

De acuerdo con este autor, se pueden distinguir diferentes niveles o tipos de praxis según el grado de desarrollo de sus aspectos objetivos y subjetivos, según el grado de su interrelación, y de acuerdo al carácter de la transformación de la realidad. Una tipología basada en esos criterios y con un fin heurístico y didáctico, permite establecer los siguientes tipos o niveles dicotómicos:

• Participación espontánea: Caracterizada por una débil interrelación entre lo ideal y lo material, una mínima elaboración subjetiva -fines, conocimiento de la realidad, autoconciencia de valores- y una actividad práctica errática.

• Participación reflexiva: Se define por tener una interrelación fuerte entre lo ideal y lo material, una máxima elaboración subjetiva y una práctica coherente con el discurso.

• Participación mecánica: Se define por una transformación de la realidad que reproduce lo existente. La actividad subjetiva es mínima en relación a la práctica aceptándose acríticamente el status quo.

• Praxis creativa: Se define por la producción de algo nuevo con una actividad subjetiva dinámica en íntima relación con la actividad práctica, resultando en un proceso de autoconstrucción integral del sujeto.

Por otra parte, Linares et al. (2007), visualizan los niveles de participación como los grados en que los actores sociales acceden a la toma de decisiones en un proyecto de acción específico, y los proponen de la manera siguiente:

•  Movilizativo y de consumo: Proyectos de acción ya elaborados en sus aspectos esenciales, a los cuales sólo resta ejecutar o consumir.

•  Consulta, discusión y/o conciliación: Proyectos de acción elaborados en sus aspectos esenciales sobre los cuales se pide el parecer, opinión y contribución. Se concilia y se llega a acuerdos o incluso a decidir algunas alternativas de elementos no vitales.

•  Delegación y control: Transferencia de poder para aplicar un proyecto ya elaborado en sus líneas esenciales. Pueden hacerse variaciones de acuerdo con las condiciones particulares del escenario en cuestión siempre que no se traicionen sus postulados fundamentales.

• Responsabilidad compartida y co-determinación: Intervención en la toma de decisiones que incluye todo un proceso que va desde la identificación de las necesidades y los problemas, la articulación de los objetivos, la formación y negociación de propuestas para la solución, ejecución y evaluación de las acciones y el reparto de los beneficios.

Asimismo, Ziccardi (2008) identifica cuatro tipos de participación social: la institucionalizada, contenida en el marco legal; la autónoma, de acuerdo al nivel de organización de la sociedad civil; la clientelista, a cambio de favores; y la incluyente o equitativa, donde participan todos los ciudadanos; considerando además que la participación institucionalizada es la que mayores aportes puede hacer a la democratización de los gobiernos locales, aunque por supuesto estas formas de participación no son excluyentes entre sí.

Otra tipología usual de participación ciudadana, según Martínez (2008), distingue tres niveles: una primera situación en la cual la ciudadanía sólo es informada de decisiones tomadas por las instancias de poder; un segundo nivel, donde la ciudadanía es consultada antes de tomar decisiones políticas que pueden o no recoger esas sugerencias; y por último, una participación ciudadana con voz y voto en la toma de decisiones.

De manera semejante, la Fundación Luis Vives (FLV) (2010), desde su posición de ONG, considera tres niveles de participación, de menor a mayor implicación, pero que tienen igual importancia y se pueden superponer: ofrecer información y formación a los ciudadanos; generar debate y participar en mecanismos consultivos; y desarrollar labores de intervención directa en la sociedad, pero esto último se aleja un tanto de los propósitos de participación activa de los actores locales, en la toma de decisiones, con la menor injerencia posible de los actores sociales externos.  

La participación social en la arena local tiene una gran importancia; por una parte, permite a la ciudadanía organizarse mejor para expresar sus necesidades y defender sus intereses y, por otra, promueve una administración más transparente de los recursos al quedar estos sujetos al escrutinio público, teniendo en cuenta que la participación comunitaria en las políticas sociales modernas, implica que la población debe ser informada de las opciones técnicas y de los costos, facilitando la toma de decisiones de los actores sociales, adecuadas a sus necesidades y capacidades locales (Castillo, 2000), en función del desarrollo.

Al mismo tiempo, la participación es percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas, para producir resultados en relación con las vías tradicionales utilizadas en las políticas públicas. Una participación ciudadana amplia implica la incorporación de la población en la discusión, decisión, sostenimiento, realización y control de los proyectos para el desarrollo local; la incorporación de los habitantes en la definición de sus gobiernos locales y en su fiscalización; y en la realización de estos procesos de manera organizada, o crecientemente organizada, tendentes a institucionalizarse (Kligsberg, 2000 citado en Chauca y López, 2004).

En este sentido, Ziccardi (2008) identifica tres ventajas de la participación social: eficacia y mejores resultados en la aplicación de políticas públicas, mayor control social sobre la asignación de recursos públicos, y mayor corresponsabilidad sociedad-gobierno.

De acuerdo con Minujin (1999 citada en Suset, Machado, Miranda, 2009), “(...) esta propone devolver a los involucrados el protagonismo y la palabra, estimular la conciencia crítica, la adaptación activa a la realidad, la capacidad de ser un agente de cambio y de construir sus conocimientos acerca del mundo para transformarlo”. Participar no es estar en una actividad, moverse o hablar, sino que es básicamente, incidir en la realidad, tomar decisiones, elaborar proyectos y ponerlos a funcionar, ser activos en la determinación de procesos sociales, laborales, productivos o culturales en los que se está inserto; se puede agregar, en la cuestiones que se asocian o inciden en la cotidianidad de las familias (Suset et al., 2009).

Los referentes y prácticas culturales compartidas por los distintos grupos y actores sociales de un territorio, así como las necesidades sentidas, permiten la construcción de proyectos comunes que pueden reforzar patrones más sostenibles de interacción con los recursos. De esta forma, la movilización de la población está cohesionada por un sentido o una aspiración lo suficientemente amplia, que es posible encontrarla más allá de las diferencias que distinguen a grupos y actores (Portilla, 2003), de forma independiente.

Según Pírez (1995) los actores sociales “(...) son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)”.

Por su parte, Portilla (2003) afirma que los actores sociales se reconocen por su capacidad colectiva para asumir la función de planificación y de gestión ascendente del desarrollo, siguiendo los principios de cooperación y responsabilidad compartida. Al respecto, plantea que “El concepto actores sociales alude a la capacidad de los grupos humanos organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan directamente. El actor social se define por su acción, y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o construcción de oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad”.

Por ello, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a partir de su representatividad en el seno de la sociedad, y de su capacidad para transformar los conflictos sociales; los actores involucrados son todos aquellos que tienen responsabilidades o resultan beneficiados o perjudicados por la configuración de cierta situación, o porque tendrán responsabilidades, beneficios o perjuicios en las distintas configuraciones futuras posibles.

“Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. Actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. Generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad” (Ibíd.).

Al respecto, Linares, et al. (2007) conciben a los actores sociales como “Individuos, grupos, organizaciones o instituciones que actúan en un escenario concreto o fuera de este representando sus intereses. Cada uno de ellos jugará un rol determinado y ejercerá una influencia específica”.

Para Braffo (2010), del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), los actores sociales “son sujetos diversos con capacidad de generar cambios sociales, inmersos en un contexto espacial, territorial; comparten una pertenencia sociodemográfica, profesional, clasista. Están orientados hacia objetivos, metas y necesidades propias compartidas. Son participativos, dinámicos, activos, transformadores y conscientes, así como capaces de elaborar construcciones y descontrucciones a partir de una mirada enlazadora del pasado, presente y futuro. Portadores de sentido de pertenencia, identidades y subjetividades, caracterizadas por la apertura al cambio y de contradicciones entre actores y consigo mismo. Capaces de establecer relaciones sociales con articulación e interconexión, y con un compromiso y responsabilidad social, conciencia crítica y autocrítica, capacidad apreciativa y celebradora, disposición a solucionar problemas y habilidades para la comunicación y el aprendizaje”.

En consecuencia, la misma diversidad que se observa en los territorios, está presente también en sus actores sociales. En efecto, son muchos los factores que configuran su cosmovisión y otorgan significados a su identidad. No obstante, es su capacidad de agruparse alrededor de un proyecto conjunto que les depare bienestar colectivo, además de satisfacer intereses privados, lo que los convierte en una fuerza clave para lograr los propósitos fundamentales del desarrollo (Portilla, 2003).

En Cuba, se consideran actores sociales los líderes a todas las instancias y de las diversas organizaciones que dan cuerpo al entramado social, cultural, económico y político del país, los grupos, instituciones religiosas, científicas, académicas y ONG, cuyos roles, indistintamente, van encaminados a generar procesos de cambio, fomentar aprendizajes sociales desde la vivencia y la experiencia, articular actores sociales para la transformación, brindar apoyo emocional, espiritual, confianza, y acometer proyectos sociales, económicos y socioculturales (Braffo, 2010).

Por su parte, Guzón, Alberto, Pérez, Bérriz, Brito (2011), consideran como actores municipales a la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), las Comisiones Permanentes, la Población, los Delegados, los Grupos Profesionales, el Consejo de la Administración Municipal (CAM), las Entidades de Servicios Estatales y No Estatales, las Sedes Universitarias o CUM, los Consejos Populares, las Unidades de Ciencia y Técnica, y las Empresas y Unidades Productivas; cuyo reto radica en cómo conectarlos.

En efecto, los actores sociales pueden ser externos o internos, por ello, es válido considerar en este caso, que los actores locales se corresponden más bien con los actores municipales, es decir, actores sociales internos, con cierto nivel de incidencia en determinado contexto, para cuya integración se hace cada vez más imprescindible la estimulación de su activa participación en los procesos de desarrollo a nivel comunitario.

De acuerdo con El Troudi, Harnecker, Bonilla (2005), la participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político; es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente, cuya principal forma es la participación en la toma de decisiones que les afecten e involucren a otros, y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.

La participación es una práctica que debe estar presente en todos los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público; no se decreta desde arriba, implica un largo proceso de aprendizaje, una lenta transformación cultural y, por lo tanto, sus frutos nunca se cosecharán de inmediato. Apoyarse en las propias fuerzas colectivas y la experiencia acumulada contribuye a elevar la conciencia ciudadana y, con ella, a elevar la confianza comunitaria en sus propias capacidades y potencialidades, es decir, la elevación de la autoestima colectiva.

Por tanto, la participación es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los Programas o Proyectos de Desarrollo a nivel local, y su esencia es involucrar a la población en la toma de decisiones, a partir de la identificación conjunta de los problemas o necesidades, y la búsqueda de alternativas de solución, y para ello, en este proceso, cada vez más los actores implicados deben “formar parte” y “sentirse parte” para que puedan “tomar parte”.