EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

1.a. La vinculación entre el movimiento cooperativo y el Estado

En tanto principal representante del cooperativismo en Argentina, se tomará el caso de Cooperar para exponer la relación entre este sector y el Estado.
Del lado del sector estatal, se expondrá el caso del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), ya que se trata de un organismo gubernamental de nivel nacional dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encargado de la promoción y control del sector cooperativo en el país1 .
A su vez, y dado el protagonismo que las cooperativas adquirieron en el cambio de paradigma de las políticas sociales en Argentina -esto es, de un modelo asistencialista y de medidas paliativas a uno de políticas constructoras tendientes a la inclusión social-(Fallacara y Kornitz, 2011; Lazarini y Cravino, 2009), se incluirán también aquellos programas en los que las cooperativas no sólo se beneficiaron de cierta ayuda estatal, sino que también se erigieron como el actor/socio privilegiado de una estrategia de desarrollo nacional.
A partir del año 2004, con Patricio Griffin2 en la presidencia del INAES, se materializa la expresión de un cambio de orientación en la concepción de la economía social en general y de las cooperativas en particular, que pasan -bajo el gobierno de Néstor Kirchner- a ser beneficiarias de las políticas del Estado.
Desde ese entonces, se ha creado una articulación constante entre ambos organismos, constatable no sólo en el discurso en el que ambas partes hacen alarde de una “excelente relación”, sino también en hechos concretos. A modo de ejemplo, puede citarse el espacio creado a fines del 2004, llamado “Sistema de Cooperación Interinstitucional”, mecanismo de cogestión del presupuesto del INAES, donde se asignan fondos a organizaciones cooperativas y mutuales y a órganos locales competentes provinciales, para que sean destinados a proyectos de desarrollo cooperativo y mutual, priorizados por dichas instituciones (La Gaceta de Cooperar, 2006:3).
El subsidio –firmado en el año 2005 que alcanzó los 14 millones de pesos- ha permitido la concreción de múltiples proyectos, que han sido asistidos técnicamente y acompañados por CONINAGRO, Cooperar, CAM 3, AFA4 , FEMFASE 5, CONAM 6, MAC 7, FEMFASP 8, FEMUSI9 , FTU 10, y organismos locales competentes de las provincias de Chubut, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y La Rioja (La Gaceta de Cooperar, 2006. 10). Entre estos puede mencionarse la construcción de una base de datos para las cooperativas de vivienda y el agregado de valor a los materiales reciclables para la Red de Cooperativas de Recuperación de Residuos y Acopio (La Gaceta de Cooperar, 2005).
En el marco de esta medida puede señalarse a su vez, el convenio entre el INAES, COOPERAR y la Federación de Cooperativas de Consumo (FACC) por el cual se otorgó a la primera 2.500.00 pesos y 1.000.000 de pesos a la segunda, con fondos provenientes del impuesto a las Cooperativas que establece la ley 23.427 (La Gaceta de Cooperar, 2010). Una parte significativa de los fondos de esta iniciativa fueron destinados también a actividades de promoción del sistema cooperativo, ya sea en forma de jornadas de capacitación, seminarios, cursos a distancia o para la organización de congresos y encuentros. Esta iniciativa reviste un significado muy importante, en tanto instancia conjunta entre Cooperar y otros organismos cooperativos y el INAES en pos de un fortalecimiento del sector.
Así lo estima también Patricio Griffin cuando reconoce, en el marco del V Congreso de Economía Social, que al momento de su asunción en 2004 uno de sus desafíos principales consistía en la unión del movimiento cooperativo y mutual, en aquel momento distanciados (La Gaceta de Cooperar, 2009). A esto se debe el reconocimiento de Edgardo Form -presidente de Cooperar- no sólo por el “carácter positivo de la articulación entre el movimiento cooperativo y el órgano del Estado Nacional que tiene a su cargo la aplicación de la ley de Cooperativas”, sino también por “el compromiso de Patricio Griffin con la construcción de una economía solidaria”. Form lo considera un “un excelente interlocutor en el sentido de encontrar eco favorable a la búsqueda de iniciativas de caminos y propuestas que permiten impulsar el desarrollo de la Economía Social y los sucesivos convenios entre el INAES y COOPERAR que han significado canalizar recursos financieros con destino a distintos proyectos, a iniciativas y a la propia actividad de la Confederación, son un testimonio concreto de ese compromiso” (La Gaceta de Cooperar, 2010: 18).
Otra medida de singular importancia y de articulación exitosa entre las entidades bajo estudio11 , lo conforma el Reempadronamiento y posterior Censo Económico de las entidades cooperativas, realizado entre julio del 2005 y mayo de 2006. Este paso fue tomado -en palabras de Patricio Griffin- en respuesta “a los desafíos de disponer de recursos técnicos informativos necesarios para saber quiénes éramos, para qué estábamos y como nos desarrollábamos”. Esta política fue clave porque “en un contexto de abandono de las políticas para la Economía Social, el cooperativismo y las mutuales, se optó por ampliar la participación del sector y generar recursos de información adecuados para disponer de valores estadísticos, de organización, de gestión del conocimiento, de saberes heredados, etc”.
A su vez, el fortalecimiento de las ocho Comisiones Temáticas12 que funcionan en el INAES, integradas por expertos rentados por el organismo y propuestos por las Federaciones y Confederaciones a través de convenios, es otra instancia de trabajo colaborativo y articulado (La Gaceta de Cooperar, 2007).
Lazarini (2009) reconoce en el marco de las consecuencias de la crisis de 2001 la creación por parte del gobierno argentino de una “modalidad innovadora en relación a las habituales formas de intervenir en políticas de vivienda (construcción por medio de empresas capitalistas) y [la decisión de impulsar] la conformación de cooperativas de trabajo destinadas a la construcción de viviendas.”
En este contexto se crea en 2003 el Programa de Emergencia Habitacional (PFEH) conocido también como “Techo y trabajo”, con el doble objetivo de “incidir en el déficit de vivienda y atender a la problemática del desempleo”. Lazarini (2009:1) destaca la particularidad de este programa, que articuló a tres Ministerios: a) el de Planificación Federal e Inversión Pública aportó los recursos monetarios; b) el de Desarrollo Social (por medio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES -), asesoró técnicamente a las cooperativas; c) el de Trabajo y Seguridad Social, por medio del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JYJHD) ya que la mayor cantidad de miembros de las cooperativas debían pertenecer a este programa.
Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo lugar un programa similar de construcción por cooperativas de trabajo, el Proyecto de Centros Integradores Comunitarios (CIC) (Fallacara y Kornitz, 2011:8). Este programa llegó a expandirse hasta incluir la ejecución de playones polideportivos, trabajos de mantenimiento y reparación, construcción de CIC rurales, entre otros (Fallacara y Kornitz, 2011:8).
En el ámbito del área de Obras Públicas, se creó el Programa Agua más Trabajo, con una modalidad similar de cooperativas. Posteriormente, estos cooperativistas fueron trasladados al Programa de Inversión Social (PRIS) impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social en 2009. Este programa tiene como objetivo tanto la creación de nuevas cooperativas como la ampliación de ramas productivas (textil, turismo, etc). A su vez, a fines del 2011 se lanza el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) dentro de la marca registrada “Argentina Trabaja” (Fallacara y Kornitz, 2011:9).