EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

4.2. Medidas de fomento para el sector cooperativo

El sistema impositivo uruguayo no propone capítulos específicos de tributación cooperativa, sino  ciertas exoneraciones respecto de algunos tributos que dependen mayormente de los vaivenes de la coyuntura política nacional (Cibils y Sarachu, 2007:143).
Asimismo, no se verifica una política de tratamiento crediticio para el sistema cooperativo en Uruguay, los organismos prestatarios de crédito no discriminan a las cooperativas como empresa particular. Cibils y Saraucho (2007:143) prevén la existencia de cierta línea dentro de algún proyecto específico en el área de PYMES con alguna ventaja económica, aunque no hay reconocimiento de la naturaleza especial de las empresas del sector cooperativo. 
En consonancia con el panorama presentado hasta el momento, también se evidencia una ausencia puntual en lo que refiere al facilitamiento o estímulo con respecto al acceso a mercados por parte de las cooperativas.  No existe un tratamiento diferencial y sólo puede observarse aspecto de formación, para el acceso a mercados, por parte de la unidad PYMES de la Intendencia Municipal de Montevideo. En las políticas de crédito a las exportaciones, no se ha discriminado a las cooperativas como empresa diferente del conjunto de las organizaciones económicas.
Tampoco existe información acerca de que en alguna repartición de la Administración Pública, se hayan realizado programas de asistencia técnica para y específicamente a cooperativas. En todo caso los ejemplos podrían ser muy puntuales y responderían a tratamientos no diferenciales en las áreas de PYMES de alguna administración comunal o del Ministerio de Trabajo.
En cuanto a la educación y capacitación cooperativa en Uruguay, se puede señalar que esta cuestión es abordada por organismos públicos de educación formal, como la Administración Nacional de Educación Pública  (ANEP) y la Universidad de la República, y por otros organismos estatales.
Con respecto a estos últimos, Cibils y Sarachu (2007:44) aclaran que no es identificable “un espacio de formación permanente para cooperativas a excepción de las que han facilitado algunas Intendencias Municipales como las de Montevideo, Paysandú y Florida en algunos casos y que representan casos puntuales y eventuales”.     Otro espacio lo conforma la Junta Nacional de Empleo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), que a través de sus cursos ha beneficiado a las cooperativas, pese a no estar orientados a este sector específicamente.
En cuanto a la educación formal, se destaca en el caso de la educación primaria donde se desarrollan programas de aprendizaje que hacen referencia a la formación cooperativa para escolares.
La Universidad de la República, conformó la Unidad de Estudios Cooperativos, que instrumenta cursos de iniciación cooperativa para estudiantes avanzados de las distintas carreras profesionales. Asimismo, la Facultad de Agronomía ofrece un curso permanente de Extensión y Cooperativismo para estudiantes de 5° año, y aporta equipos de docentes para la realización de cursos en la Federación de Cooperativas de Producción (Cibils y Sarachu, 2007:145).
En resumidas cuentas, la política de apoyo al sector cooperativo en lo referente a la educación y capacitación resulta deficitaria y desarticulada, los esfuerzos particulares y aislados no logran ocultar la falta de integración en un proyecto mayor. Del lado del sector educativo formal, el horizonte se vuelve más promisorio con las iniciativas de la Universidad de la República y la enseñanza cooperativa en las escuelas primarias.