EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

1.1.e.  Los desafíos del sector cooperativo: elementos de una nueva agenda

Los organismos internacionales representativos del sector cooperativo reconocen el papel preponderante que el cooperativismo debe jugar a partir de los cambios recientes en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Este contexto plantea además, múltiples desafíos, que el sector deberá reconocer y enfrentar si planea estar a la altura de las circunstancias y cumplir con el importante rol de constituir una alternativa viable al orden existente.
En las conclusiones de la XIV Conferencia Regional titulada “Competitividad y Posicionamiento Cooperativo: Retos y Oportunidades para el Desarrollo Económico y Social” (2006), la ACI-Américas reconoció en primera instancia, las condiciones mundiales cuyas efectos exceden al ámbito cooperativo: “crisis migratoria, explotación acelerada de los recursos naturales, incremento de la desigualdad,  avance de la destrucción del ambiente, etc.” (ACI Américas, 2002: 1).
El proceso de globalización y la mundialización de la economía1 , obligan a las cooperativas a “buscar economías de escala, mejorar sus plataformas empresariales, unificar su actuación donde sea posible y encontrar estructuras colectivas que las potencien y, especialmente, las ayuden a ser más visibles socialmente” (ACI Américas, 2002: 2-3).
Desde las últimas tres décadas del siglo XX las cooperativas han tenido que enfrentar estos fenómenos y todos sus procesos aparejados. El alto nivel de competitividad en este nuevo contexto, cuestiona fuertemente al sector cooperativo en cuanto a su viabilidad como forma empresarial y a su capacidad real para contrarrestar los efectos más nocivos de la globalización.
Entre los desafíos mayores que representa la globalización para el sector cooperativo a nivel internacional, la Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo (UNIRCOOP) destaca en primer lugar la acentuada raigambre local, incluso más que nacional y regional, de las empresas del sector cooperativo. El marcado encastre histórico y cultural íntimamente relacionado con la satisfacción de  necesidades y problemas muy concretos, se contrapone con un proceso de globalización que carece de fronteras y descansa sobre los principios  de maximización de ganancias, movilización planetaria de los factores productivos, y deslocalización de las actividades de producción entre otros.
Relacionado a este punto, se encuentran las dificultades inherentes a la internacionalización de las empresas del sector, manteniendo su forma jurídica de cooperativas en terceros países de actuación -actualmente catalogada como inversión privada capitalista- y el mantenimiento de su identidad. Tanto el Estatuto de la Sociedad Cooperativa adoptada por la Unión Europea como el Estatuto de Cooperativas del MERCOSUR2 son iniciativas prometedoras en esa dirección (Radrigán Rubio y Barría Knopf, 2007:10).
Otro de los desafíos señalados por la UNIRCOOP, se refiere a la particular forma de gobernabilidad del sector cooperativo, que tiene en la democracia económica uno de sus pilares identitarios mayores. Esta práctica significa un duro reto a la hora de la toma de decisiones en contextos altamente competitivos, en donde el tiempo y la agilidad en la acción se transforman en factores clave de supervivencia empresarial.
A su vez, es sabido que la globalización produce nuevas problemáticas para los Estados-Nación mismos, aumentando sus desafíos y restringiendo su capacidad de acción, lo que acarrea repercusiones en la relación entre éstos y las cooperativas. Esta realidad genera la necesidad en las cooperativas de “innovar en los ámbitos de la relación e influencia sobre los poderes públicos y sus diversos actores” (Rubio y Knoft, 2007:11). Ante esta problemática, la ACI menciona la aguda necesidad de aumentar la “presencia física, programática o jurídica en los órganos de decisión política: congresos, cámaras de diputados, concejos de gobierno, concejos municipales, y otros, en tanto campos de siembra de la actividad política del movimiento cooperativo que deben ser abordados de manera sistemática y con criterios comunes, fundamentados en los principios y valores del movimiento” (ACI, 2006:4).
La mayor participación en los distintos niveles de ámbitos decisorios, se sustenta en el reconocimiento del aporte que realiza la Economía Social a la creación de empleo y de riqueza colectiva, y su implantación y peso social, que contiene el potencial de conducir a una mayor “visibilidad y presencia de este tipo de empresas en los foros de decisión económica y laboral; de forma que se construya la sociedad también desde los valores constitutivos de la Economía Social” (Mariño, 2001:5).
La fracasada experiencia latinoamericana con las políticas del Consenso de Washington -desregulación, privatización y apertura de mercados- y con la retirada del Estado de las tareas de planificación y regulación, han renovado el protagonismo y la naturaleza  de las políticas públicas, y por ende ha renovado la vocación de aumentar la incidencia en su formulación e implementación. En este nuevo contexto, las políticas públicas implementadas por los estados, son visualizadas por ACI como “los soportes entre los que se articulan la evolución o la involución social de los pueblos”, al tiempo que reconoce su relevancia, no sólo actual sino histórica: “La historia demuestra que, independientemente del crecimiento o la dinámica del sector privado de la economía, las políticas públicas constituyen factores determinantes del futuro económico, social y cultural de los países y de la región en su conjunto, (por lo que) su diseño y ejecución deben inspirarse en la idea del bien común, de las necesidades más sentidas del grueso de la población con condiciones de vida más desventajosas, y nunca sujetar las políticas a la agilización o facilitación de un solo aspecto del devenir socioeconómico, como es el caso de quienes ven en el libre comercio la panacea de los problemas sociales y políticos de las naciones” (ACI, 2007).
El fundamento de políticas públicas en apoyo al sector cooperativo, descansa en la  singularidad de los principios y valores que moldean sus objetivos estratégicos hacia el beneficio social y la participación, que requiere correlativamente y en función de su esfuerzo en tanto beneficio social, de un trato especial por parte de los Estados y gobiernos en todos los países, “aspecto negado en aras de una dudosa libre competencia, que ha llevado al sector cooperativo a competir en condiciones desventajosas con empresas privadas que no muestran la distribución de los beneficios que acarrea el cooperativismo”… “Es por esto que se hace imperativa la consolidación del cooperativismo y su refuerzo como un paso indispensable para su efectiva contribución al desarrollo socioeconómico inclusivo y con equidad” (ACI; 2007(a): Conclusiones).
La cuestión de las políticas públicas cobra a su vez especial importancia a la luz de otro de los escenarios abiertos por la globalización: el paralelo proceso de integración en bloques regionales. En términos de Marti (2006: 12), el auge de los procesos de integración en la década de 1990, se produjeron porque “al mismo tiempo que el mundo se globaliza se regionaliza, la apertura de mercados trae nuevas amenazas y obliga a las empresas a concentrarse sobre sus fuerzas principales y a determinar y resguardar sus principales mercados. Este fenómeno explica, en buena medida, la profundización de las relaciones en la Unión Europea y los impulsos a la formación de los mega bloques como el NAFTA, los intentos asiáticos que lidera Japón e involucran a China y los poderosos Tigres Asiáticos, y el MERCOSUR”.