EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

2. El diseño institucional del MERCOSUR en los noventa: sus características e  implicaciones

El Tratado de Asunción firmado en 1991 por  Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dio origen al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual -en cuanto proyecto de integración regional- se erige como el plan más ambicioso y  abarcativo de los últimos tiempos en la región sudamericana. A través de este documento fundacional se sentaron las bases de un proceso de integración profunda en el que, a una etapa inicial de liberalización intra-regional de bienes, le seguiría una política comercial común y un territorio aduanero unificado.
Tras una década de vida, los principales logros del MERCOSUR se observaron en la esfera comercial, donde la integración a este nivel era ya una realidad. Sin embargo, una perspectiva mas holística demostraba un panorama signado por “la falta de visión y de un discurso compartido”, y también por una aguda divergencia entre los dos socios mayores en lo concerniente a temas fundantes y amplios -como sus estrategias de inserción internacional y el significado económico y político del proyecto de integración-. Estas diferencias se plasmaron en cuestiones prácticas tales como la posición respecto a la propuesta estadounidense sobre la conformación  de un área de libre comercio hemisférica, la seguridad internacional y regional, y en el ámbito doméstico, sobre la intensidad en la aplicación de políticas liberalizadoras (Vázquez, 2009:3). Estas divergencias provenientes tanto del ámbito de la política económica como de la política exterior, obstaculizaron “la construcción del MERCOSUR como entidad política compartida” (Vázquez, 2009:3).
El Acta de Buenos Aires de 1990 y el Tratado de Asunción de 1991 sentaron las bases de lo que algunos autores han dado a llamar un proceso de integración “fenicio” (Caetano, 2004:24) casi exclusivamente orientado al ámbito comercial, con una institucionalidad fuertemente intergubernalista y de baja intensidad, que resultaba altamente funcional al clima ideológico imperante asentado sobre los principios del neoliberalismo económico y el dogma del Consenso de Washington. Los principios que dominaban en este contexto, fueron -en lo económico- la autorregulación del mercado, la apertura comercial, la desregulación y la liberalización financiera. En la esfera política predominó la concepción de la redefinición del Estado en la actividad económica donde se cuestionó y despreció sus funciones de  planificación y/o regulación.
A ello se atribuye la naturaleza “comercialista” y “negativa” de la integración, que en dicho ámbito desarrolló un perfil centrado en la liberación de barreras al comercio, y el consecuente relegamiento de cuestiones estratégicas tales como la implementación de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas o el tratamiento de las asimetrías (Vázquez, 2009:3).
En efecto, durante el auge del neoliberalismo estas temáticas no eran reconocidas como problemas relevantes a resolver desde el ámbito político, dado el predominio de un modelo que no consideraba al acuerdo regional “como un instrumento para la integración productiva y el desarrollo local, nacional y regional, o para la integración social y cultural”, sino que tenía al incremento de los niveles de comercio como objetivo casi único (Caetano, Vázquez, Ventura, 2009:43).
En consecuencia, tal naturaleza del proceso de integración ocasionó la existencia de ciertos “déficits” entre los que se destacan el eje de la legitimidad democrática, en tanto eje “transversal” que permea toda la estructura de la integración (Vázquez, 2009:15). Asimismo, el MERCOSUR cuenta con un déficit de rendición de cuentas amparado tanto por la discrecionalidad del proceso decisorio como por las deficiencias de los mecanismos de consulta establecidos. Como consecuencia, los actores políticos, sociales y técnicos de agencias gubernamentales no vinculadas directamente con la integración, muestran una gran dificultad para incidir sobre los agentes responsables y los mecanismos decisorios.
Esta situación acarrea una “carencia de legitimidad política, social y técnica, que caracteriza al esquema de integración” (Vázquez, 2009:15) y que presenta un fuerte impacto sobre la legitimidad, efectividad y eficacia  de las decisiones. En este punto en particular, se centran las demandas a propósito del bajo grado de  representatividad y legitimidad de las políticas establecidas.
La negación del rol del Estado en la planificación, coordinación y regulación, que en cierta medida niega el rol de la política misma como herramienta del cambio social, se materializó en otro de los déficits del MERCOSUR, aquel relacionado con la carencia de un proyecto colectivo dentro del proyecto de integración, lo que a su vez se plasmó en la inexistencia de un órgano orientado a la concepción de políticas regionales de integración tanto productiva como social.          
Esta situación se deriva, además, de un funcionamiento gubernamental que crea una lógica que incentiva una visión nacional de la integración que a su vez se refuerza con la representación política del bloque en manos de los poderes ejecutivos nacionales.
La definición de un modelo de desarrollo específico responde a un modelo de acumulación y a una estructura estatal también específicas, que presentan políticas (o falta de políticas) y estrategias afines a su naturaleza. Este hecho tiene consecuencias en toda la estructura económica y social, así también como en el proceso de integración regional. Así, a un modelo caracterizado por un fuerte énfasis en el mercado en detrimento del Estado y sus funciones históricas en la región, correspondió un modelo de integración altamente orientado a la esfera comercial, donde su comportamiento se resumió a acciones que materializaron dicha inclinación: la eliminación de barreras al comercio. Tal vez más importante aún, porque se refiere a la orientación de este modelo de integración, es el campo de políticas que este ignoró y que lejos de ser una simple omisión, conforman una política definida y consciente de obviar ciertas cuestiones en favor de otras, y que conforman los llamados “déficits del MERCOSUR”. Es este el caso de cualquier tipo de política tendiente al tratamiento de las asimetrías, a la cuestión productiva, a la creación de un órgano regional o de una política de ese mismo corte, a la coordinación de políticas macroeconómicas, y a la creación de instancias participativas y decisorias para la sociedad civil, entre otros.