PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

Juana Umaña Aguilar*
Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, México

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V.5. Análisis de la efectividad actual de la Ley de Coordinación Fiscal

Sí bien es cierto que con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se han realizado avances importantes, también existen situaciones que mejorar.
Del análisis realizado a la Ley de Coordinación Fiscal, podemos concluir lo siguiente:
 Dependencia significativa de los Estados de las participaciones federales
Actualmente las participaciones federales que perciben las Entidades Federativas respecto a los ingresos totales representan un importe significativo. Con excepción del DF todos los Estados perciben de la Federación más del 80% de sus ingresos totales.
Con lo anterior, se observa que contrario al Sistema Federal Constitucional, las políticas están encaminadas a un centralismo fiscal, ya que se lleva a un régimen fiscal en donde sólo subsisten las contribuciones federales y la Federación distribuye los recursos económicos para la subsistencia de las Entidades Federativas.
Contribuye en poco al combate a la pobreza.
En términos generales la entrega de fondos favoreció a los Estados con mayor actividad económica durante los años ochenta, las reformas de 1990 iniciaron una tendencia contraria, se generó entre 1989 y 1992 un aumento real de 64% en las transferencias federales a los cuatro Estados más pobres (Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca), mientras que los otros Estados recibían un aumento de 20% en promedio1. Sin embargo, las reformas de 1995 y 1997 llevaron a favorecer a los Estados con mayor actividad económica, aunque la Federación realice una compensación mediante entrega de fondos sociales con criterios de apoyo a las entidades de mayor pobreza 1.
 Hoy en día existen criterios compensatorios (niveles de pobreza, marginalidad e índices de mortalidad) que se encuentran en distintas fórmulas utilizadas para determinar el importe a distribuir de los Fondos Federales participables a cada Entidad Federativa, tal es el caso de Fondo de compensación, Fondo de aportaciones para infraestructura social (FAIS) y el Fondo de aportaciones Múltiples (FAM).
Sin embargo, el Fondo de Compensación representa apenas el 0.36%, el FAIS y FAM representan el 4% y 1.3% de los Ingresos participables respectivamente, cantidades que no resuelven el problema del gran rezago social.
Aún con el aumento de transferencias federales para los Estados más pobres, estos siguen siendo los mismos desde 1990 (Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca).
No se limita la capacidad de endeudamiento
 La deuda de las Entidades Federativas y los municipios se regula conforme a lo establecido en la fracción VIII del artículo 117 de la CPEUM, donde se define que los gobiernos estatales y municipales podrán contratar deudas en pesos mexicanos con personas físicas y morales nacionales y con la única finalidad de destinarla a la inversión productiva.
Sin embargo, en la CPEUM no se define el concepto de “inversión productiva”, por lo que cada Estado, definirá el concepto; quedando así comprendido en el mismo, cualquier gasto que realicen los Estados.
La LCF no limita el endeudamiento de los Estados; tal es el caso del Estado de Coahuila donde sus pasivos crecieron 337.58% en el último año.
Entre diciembre de 2000 y marzo de 2011, el saldo de la deuda pública de las Entidades Federativas y municipios se incrementó nominalmente en 3.5 veces, al pasar de $90,731.3 millones de pesos a $315,018.3 millones de pesos.

Coahuila presenta una deuda al 2011 de 37,298 millones de pesos lo que equivale a 3.27 veces la participación federal del Estado con cero gasto; Nuevo León presenta un endeudamiento de 1.77 veces la participación federal, también con cero gasto. La deuda total de los Estados al 2011 es de $ 358,218 millones de pesos de los cuales el Distrito Federal, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Jalisco representan el 16%, 11%, 10%, 7% 6% respectivamente.

1 Rodríguez, Victoria, La descentralización en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 185.