7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

7.1 El turismo como agente transformador del municipio de Bahía de Banderas

Hacia mediados del siglo XX, la región sur del entonces municipio de Compostela se encontraba en franco desarrollo económico a partir de la práctica de actividades primarias. Un valle con casi doce mil hectáreas de riego y temporal para explotación agrícola y ganadera extensiva y de subsistencia familiar, explotación de diversos productos agrícolas (cereales, frutas, tabaco y coquito de aceite), tres cosechas por ciclo anual, acceso a los mercados nacionales e internaciones a través del comercio marítimo, un clima templado-húmedo con temperatura media anual de 27°C, abundante alimento marino, fuentes de financiamiento y aprovisionamiento local y afluentes de agua durante todo el año (Gómez & Gómez, 2012).
En síntesis, la región se explotaba desde sus capacidades naturales que redundaba en índices de bienestar económico aceptables, todo mundo tenía trabajo todo el año y se dependía totalmente de la agricultura (Rodríguez, 2011). Para finales de los años setenta, Nayarit entero y Bahía de Banderas venían de una racha productiva en el orden agrícola
El sistema sociocultural en el Valle de Banderas había sido moldeado a través del sistema económico predominante en esta región desde tiempos prehispánicos hasta mediados del siglo XX, el alimento, el habla, las costumbres, el credo, estilo de vida, tradiciones, las actividades económicas, la división del trabajo e idiosincrasia (Gómez & Gómez, 2012; O´Connor, 2012). Esta cosmovisión endémica que tardo siglos en amalgamarse, se aprestaba a cambiar y ser  transformada desde su sostén medular. El paisaje cultural basado en la economía rural empezaría a depender gradualmente desde una economía de servicios y se asentaría un sistema económico artificial (Guzmán & Anaya, 2011), debido a que no respondía a la naturaleza económica de la región del Valle de Banderas.

7.1.1 Análisis socioeconómico del sector agrícola de la zona del valle de Bahía de Banderas

La presente investigación muestra resultados a partir del procesamiento de la información generada del trabajo de campo (encuestas y entrevistas) y resúmenes generados  por el programa SPSS e implica una interpretación de datos cuantitativos producto de la indagatoria para constituir el presente discurso.
El cambio en el paisaje cultural agrícola en la zona del valle del municipio de Bahía de Banderas se deduce básicamente a través de un análisis en los rasgos esenciales que definen al sistema sociocultural del sector primario de esta región. A través de una encuesta llevada a cabo durante el mes de noviembre de 2012 y aplicada a 65 ejidatarios de los diferentes ejidos que conforman el área del valle y del litoral en lo que respecta a los rubros socioeconómicos.
El análisis en términos sociales establece que la edad promedio se sitúa por arriba de 70 años de quienes ejercen la tenencia y derecho agrario; poco más del 70% del total de ejidatarios están por arriba de la edad jubilatoria, incluyendo al sexo femenino que conforma el 12% de los padrones ejidales. El 26% de los parcelarios pertenece a la primera generación de ejidatarios y a quienes les fue dada la tierra a partir del reparto agrario de 1933 a 1938 y ampliaciones subsecuentes; el 65% obtuvo la tierra en calidad de herencia lo que constituye la segunda generación y cuya edad promedio es de 60 años. El 9% restante está conformado por ejidatarios cuya edad va de los 30 a los 49 años en lo que corresponde a la tercera generación; una cuarta parte no tiene instrucción primaria, la mitad sabe sólo leer y escribir, sólo un 5% tiene estudios universitarios y 97% profesan el catolicismo.
En lo concerniente al plano familiar, poco más del 81% tiene hijos y estos no son ejidatarios, sólo el 9.2% aduce que sus hijos si son miembros de alguna comunidad agraria mientras que más del 9% menciona que sus hijos se dedican a actividades diferentes o son menores de edad y están estudiando. Con respecto de quienes tienen hijos que son ejidatarios y la forma en como accedieron al derecho ejidal, el 14% la adquirió por dotación, el 29% la adquirió a través de una compra-venta y el 57% la obtuvo por herencia. Sin embargo, solo un 13% de hijos de ejidatarios en posesión cultivan la tierra actualmente.
En lo relativo al tema de la micro fragmentación de la tierra en el área, en lo que se refiere a tierra de riego, la tenencia media por ejidatario es de 5.26 hectáreas, sin embargo, poco más del 10% posee más de 7 hectáreas y en más del 32% de los casos no poseen tierra de riego y el 1.5% ha vendido su parcela. La tierra de temporal se localiza en la zona aledaña a las montañas y alejadas de los canales de riego y ésta es usada mayoritariamente para el pastoreo de ganado bovino. La tenencia media de tierra de temporal es de 2.72 hectáreas por ejidatario y gran parte de esta tierra es de uso común, es decir, no está repartida.
Referente al empleo y las actividades que desempeñan los hijos de ejidatarios que no trabajan la tierra, las estadísticas encontradas no corresponden a las de una región agrícola pues las nuevas generaciones demuestran poco interés por el trabajo del campo como se muestra a continuación. El 21% de hijos de ejidatarios son profesionistas y trabajan dentro del entorno de su carrera, poco más del 15% desempeña actividades empresariales mientras que casi 22% trabajan en actividades relacionadas con el turismo, más del 8% labora en el sector privado mientras que poco más del 5% lo hace en el sector público, cabe destacar que las actividades desempeñadas no tienen relación alguna con la agricultura local.
Entre las razones que esgrimen para no laborar dentro del sector primario destaca el ingreso en primer lugar seguido de otras opciones de trabajo más lúdicas, mientras que casi un 10% argumenta que no les gusta en lo absoluto la agricultura, así mismo casi un 8% de ellos han emigrado a los Estados Unidos en calidad de inmigrantes ilegales.
En términos productivos, el 40% de los ejidatarios no cultivan sus parcelas, y el 67% de quienes cultivan obtiene una cosecha por año, 10% obtienen dos cosechas y solo el 2% obtiene tres cosechas anuales, la agricultura de temporal casi ha desaparecido. El frijol y el maíz se han convertido en los cultivos principales de la región, sin embargo, la producción de este último es entregada a “Monsanto”, empresa trasnacional dedica a la producción de semillas tratadas genéticamente (Flores, 2012).
Referente a la producción de frutas sólo el 15% de ejidatarios cultiva algún fruticultivo. El mango que otrora fuera uno de los principales cultivos, su producción se ha visto reducida drásticamente; poco más del 10% de los campesinos que todavía trabajan la tierra produce esta fruta. Se exhiben dos razones por las cuales el cultivo de ésta fruta ha decaído: el desplome en los precios internacionales y la plaga conocida como “cochinilla rosada”. El noni, el litchi y la yaca son cultivos relativamente nuevos en la región y el 1.5% cultiva éstos productos respectivamente.
En lo que respecta a la producción de sandía, el cultivo de ésta se ha elevado en la última década, sin embargo, el proceso no es llevado a cabo en su mayor parte por los campesinos de la región, es decir, el cultivo de la sandía es oneroso y cuesta alrededor de $60,000 por hectárea, lo que imposibilita económicamente a cualquier campesino común a producir esta fruta. En numerosos casos, el cultivo lo emprenden los ejidatarios pudientes económicamente o corredores de los mercados de abastos de Tepic y Guadalajara. Éste producto se cultiva mayoritariamente en los ejidos insulares: San Juan, El Colomo y El Valle. La renta por hectárea para el cultivo de este producto alcanza hasta $10,000 dependiendo de la calidad de la tierra, la asequibilidad del agua, carretera y camino saca cosechas (De la O, 2012).
En cuestiones de comercialización de quienes cultivan su parcela, poco más de 32% vende su producción a intermediarios foráneos (coyotes), el 6% es proveedor de comercios locales y menos del 2% canaliza su cosecha al mercado de abastos de Guadalajara. El 7.7% entrega su producción de maíz (semillero) a Monsanto y el 10.8% practica agricultura de autoconsumo. Este último dato incluye la producción de forrajes (sorgo, estrella, cañuela, guinéa y maíz) que son utilizados como alimento para ganado bovino.
En lo pertinente al sistema de subvenciones, el PROCAMPO, que remplazó al sistema de subsidios existente hasta antes de 1994, el 42% recibe de manera anual este subsidio. Contrastantemente, el 35% de quienes no trabajan la tierra, reciben efectivamente esta subvención sin haber sembrado cultivos básicos como el maíz, frijol y arroz, en otras palabras, sólo el 7% de ejidatarios que si trabajan sus parcelas son acreedores efectivos a este subsidio. Más del 90% de los ejidatarios desconoce por completo la existencia de Financiera Rural y desconoce al mismo tiempo los requisitos necesarios para tramitar un crédito ante ésta institución.
En lo relativo al uso y posesión de maquinaria agrícola, las técnicas tradicionales de cultivo han desaparecido, sin embargo el 82% de los ejidatarios carece de maquinaria básica y especializada, el 18% posee sólo tractor y equipo mecanizado de riego, lo que obliga a los campesinos que en promedio poseen 5.26 hectáreas de riego a contratar servicios de maquinaria agrícola, en particular tractor y riego por aspersión, lo que eleva los costos de operación y hace incosteable trabajar pequeñas extensiones o minifundios (Flores, 2012; Reyes, 2012).
Con respecto a una segunda actividad o ingreso alterno, poco más de una tercera parte de los ejidatarios mantienen como actividad única el cultivo de su tierra y casi  28% mantienen como ingreso único su pensión jubilatoria (ex productores de tabaco y ex empleados federales), además de trabajar la tierra. El 11% obtiene ingresos a partir de actividades empresariales en pequeña escala (tienda de abarrotes y renta de cuartos para vivienda), mientras que el 7% trabaja en el sector público, en contraste, solo el 1.5% labora dentro del sector turismo desempeñando actividades y tareas simples (jardinero, albañil, fontanero, seguridad y limpieza).
El ingreso per cápita no es superior a $3,000 mensuales en el 42%  y es inferior a $5,000 en el 32% de los casos, además, 30% mencionaron que no cultivan su propiedad por condiciones económicas y de edad, de lo que se deduce más del 70% de los campesinos obtienen ingresos anuales inferiores a $60,000. El 2% de ejidatarios pertenecientes al sexo femenino no cultivan la tierra por su condición de género. En el caso de aquellos que ya no cultivan sus parcelas, más del 21% dejó de hacerlo hace más de 10 años.
En relación a la venta y enajenación de terrenos, 18.5% de los entrevistados adujeron haber vendido de manera parcial sus bienes y derechos ejidales, el 1.5% mencionó haber vendido totalmente su parcela y conservar su derecho ejidal. En la mayoría de los casos admitieron que la tierra se enajenó para la construcción de fraccionamientos en las cercanías de los poblados de Bucerías, La Jarretadera, Mezcales, San Vicente, El Porvenir y San José y cuyo valor osciló entre $1,500,000 y $2,000,000 por hectárea. En la actualidad, el precio en el mercado inmobiliario alcanza hasta $600 por metro cuadrado en las parcelas aledañas a estos mismos poblados.
Dado los precios especulativos que han alcanzado los terrenos en la zona de litoral y del valle, el 57% de los ejidatarios manifestaron su intención de vender. Curiosamente, la intención de venta se exhibe patentemente en los ejidos cercanos a la  zona turística, es decir, los mismos ejidos mencionados anteriormente, aunque la intención de venta es más pronunciada en La Jarretadera, San José, San Vicente y El Valle. La intención de venta disminuye en los ejidos de San Juan, El Colomo y Aguamilpa, es decir, la zona más alejada de la franja turística.
En cuanto al uso que se le ha dado a la tierra que se ha vendido, los resultados muestran que 47% de ésta se ha utilizado para la construcción de vivienda en los alrededores de las localidades mencionadas anteriormente. El 30% se ha destinado a uso agrícola y 17% para fines turísticos, el resto se ha utilizado para fines comerciales. En el caso de los ejidos La Jarretadera y Bucerías, la tierra enajenada se ha destinado mayormente para fines turísticos y comerciales. En los ejidos de San Vicente, San José, El Porvenir y El Valle, ésta se ha utilizado para el desarrollo de  unidades inmobiliarias, sin embargo, si se analizan la gráfica ésta muestra que en los ejidos de San Juan, El Colomo y El Valle, la tierra que se ha vendido se ha utilizado para fines agrícolas.
En lo referente al cultivo de la tierra por comunidad agraria, El Valle, San Juan, El Porvenir y El Colomo son los ejidos que manifiestan mayor actividad primaria desempeñada directamente por ejidatarios, en el caso de Bucerías y La Jarretadera, el cultivo de la tierra se limita mayoritariamente al cuidado de árboles frutales, huerto familiar y agricultura de temporal para autoconsumo; la tierra cultivable en estos dos últimos ejidos  ha sido vendida para fines inmobiliarios, comerciales y turístico y junto con San Vicente y San José son los núcleos agrarios donde menos se cultiva la tierra.
En lo que respecta a los hijos de ejidatarios y el papel que éstos desempeñan en la economía local en mercado laboral, el 17% manifestó que están estudiando o son menores de edad y no desempeñan ningún oficio o actividad económica. Por otra parte, el 20% reconoció que su prole trabaja en el sector turístico local y actividades comerciales, mientras que casi 14% adujo que sus hijos mantienen actividades empresariales en pequeña escala. El 18% señalo que sus hijos asistieron a la universidad y desempeñan actividades profesionales. Por otra parte, el 6% reconoció que sus hijos son ejidatarios y trabajan la tierra y el 3% mencionó que sus hijos trabajan en el campo como jornaleros o desempeñando actividades agrícolas, pero no son ejidatarios.
Por otra parte, se cuestionó a los ejidatarios cuyos hijos prefieren no trabajar la  tierra y sobre las razones que imperan para ejercer otro tipo de actividades. En el 25.5% de los casos mencionaron al ingreso como la principal causa y relacionada directamente con el turismo, pues es aquí donde laboran. Casi un 20% expresó el trabajo lúdico de otras actividades menos extenuantes, mientras que más del 15% adujo que nos les gustaba la agricultura y que no era negocio. El 5% mencionó que sus hijos tenían carrera profesional y casi un 8% que sus hijos habían emigrado a Estados Unidos, en el 100% de los casos los entrevistados señalaron que sus descendientes mostraban poco o nulo interés hacia el trabajo agrícola.
Los padrones de ejidatarios de las comunidades agrícolas de la zona del valle están constituidos por campesinos en su mayoría seniles, la edad promedio en el 91% de los casos es superior a 60 años, iletrados mayormente y con un índice de escolaridad que no sobrepasa la educación elemental o primaria. Poco menos de la mitad de ejidatarios no trabaja sus tierras citando problemas relacionados con la edad y el financiamiento económico mientras que el resto lleva a cabo agricultura de subsistencia debido a lo oneroso de los costos y el minifundio, la carencia de maquinaria y las técnicas de cultivo extensivas. Además, el 84% de los campesinos  tiene ingresos mensuales escasamente superiores a dos salarios mínimos mensuales.
Por otra parte, los descendientes de los campesinos de la región no muestran interés en lo general hacia las actividades del sector primario, tan sólo el 6% de hijos de ejidatarios sobreviven directamente del campo como ejidatarios y 3% como jornaleros. Más del 50%  trabaja en la industria de servicios local desempeñando actividades profesionales, técnicas o actividades simples. Los cultivos tradicionales como el tabaco, el mango y el sorgo casi han desaparecido. No obstante, el maíz, el frijol y la sandía han resurgido como los cultivos con mayor explotación, los costos de los insumos imposibilitan la operación al no existir programas de subsidios y precios de garantía que estimulen a los campesinos a sembrar la tierra.
La mayor parte de la producción sale a otras regiones del país a través de una red de intermediarios foráneos, pese a la demanda de productos del campo en la zona no existe un encadenamiento de actividades productivas que enlace a los productores con los distribuidores locales; los mercados de abasto de Tepic y Guadalajara son los centros de abasto de la región.
El estado actual que presenta el sector agrícola de Bahía de Banderas a través del presente discurso que describe el estado socioeconómico de éste, retrata las políticas públicas que se han implementados desde la década de 1980 hacia la agricultura local. El Estado ha dado preferencia al sector servicios pese a la vocación natural de esta zona. La implementación de estas políticas ha dado como resultado las estadísticas anteriores que son eventualmente la suplantación del sistema económico tradicional por el de servicios a través del turismo como sinónimo de reproducción del capital.

7.1.2 Percepción de la transformación de un paisaje agrícola al paisaje turístico.  

La economía de la costa compostelense estuvo supeditada a un sistema de producción agrícola hasta finales de la década de los ochenta. La otrora región del Valle de Banderas sostuvo un periodo de crecimiento progresivo a partir del comercio marítimo a través de Puerto Vallarta hasta finales de la primera mitad del siglo XX. Después de 1950, las obras de infraestructura a partir del plan “Marcha al Mar”, la región costera del municipio de Compostela experimenta una bonanza agrícola que habría de perpetuarse hasta primera mitad de la década de los ochenta. En particular, la apertura de la carretera federal 200 y la construcción del distrito de riego impulsan la economía local a través de la explotación agrícola extensiva de tabaco, maíz, frijol, chile y otros productos. La producción de tabaco y la habilitación económica de este a través de la empresa “TABACO EN RAMA”, eleva la condición socioeconómica de los campesinos a finales de los años cincuenta (Gómez & Gómez, 2012; Rico, 2012; O´Connor, 2012).
Los estudios provenientes de la Comisión Para la Planeación de la Costa de Jalisco hacia 1953 son el detonante para el desarrollo de Puerto Vallarta y de la región del Valle de Banderas desde la agricultura (Gómez & Gómez, 2012). En ellos, no sólo se señala el potencial agrícola, sino también las capacidades de la región para la industria del turismo (Anaya, 2012).
Aunque Puerto Vallarta ya venía desarrollando la industria del turismo en pequeña escala desde los años treinta (Gómez & Gómez, 2012), el Valle de Banderas se beneficia al aportar mano de obra principalmente para la construcción de algunos hoteles frente a la playa, casas y residencias en lo que se denominó “Gringo Gulch”, a orillas del Rio Cuale después de 1950 (Peña, 2012). La agricultura es predominante en ambas márgenes del Rio Ameca a inicios de la segunda mitad del siglo XX.
Posterior a los resultados que arrojó el informe de la Comisión Para la Planeación de la Costa de Jalisco, los subsecuentes años fueron de bonanza agro productiva hasta inicios de los años setenta en todo Bahía de Banderas (O´Connor, 2012). Sin embargo, el destino de la región ya había sido sellado a raíz de la infraestructura en materia de comunicación durante los años sesenta, (el aeropuerto, la electrificación y la carretera federal 200 principalmente), obras importantes que inclinarían a Puerto Vallarta hacia el sector servicios y que arrastrarían gradualmente al Valle de Banderas hacia esta actividad (Gómez & Gómez, 2012).
No obstante, la región de Bahía de Banderas se encontraba en un “boom” económico desde el rubro agrícola, las políticas públicas en este sector cambian radicalmente y se orientan hacia el sector servicios durante la década de los sesenta en Puerto Vallarta, la agricultura, la ganadería y la pesca se explotan de manera extensiva y de subsistencia a diferencia de otras regiones agrícolas del norte del país pese a que se contaba con el recurso natural en la región.
Si bien las obras públicas en materia de infraestructura disponen a Puerto Vallarta para la industria de servicios, la expropiación de los terrenos de playa y áreas subyacentes en ambos municipios a través del Fideicomiso Traslativo de Bahía de Banderas constituye la piedra angular para el emplazamiento definitivo de esta industria una vez que se asegura la tenencia legal de la propiedad de la tierra en ambos municipios.
Una vez consolidado el asunto de la propiedad ejidal a propiedad privada, los capitales internacionales y nacionales privados y públicos aterrizan en Puerto Vallarta y en menor grado en Compostela a manera de proyectos de inversión turística y de obra pública, esto sucede a inicios de los años setenta. El fideicomiso se convierte en intermediario entre el Estado y los inversionistas (Gómez & Gómez, 2012; Guzmán & Anaya, 2011).
Ya en 1972 y una vez solventado el problema del fundo legal de la tierra, el gobierno federal lleva a cabo cuantiosas inversiones en materia de infraestructura urbana, capacitación de la fuerza de trabajo, facilita financiamiento a los empresarios turísticos para garantizar la rentabilidad de las inversiones y crea empresas comunitarias en las poblaciones afectadas por la expropiación para satisfacer la demanda de bienes de la industria turística, aunque a la distancia, eso pareció más un distractor que la intención de desarrollar esta región (Mc Clain, 2012).
La expropiación de las tierras del litoral compostelense conllevó la promesa del gobierno federal de incorporar a los campesinos al progreso socioeconómico a partir de la explotación de la industria turística en la región. En el hoy municipio de Bahía de Banderas se crearon algunas empresas de orden colectivo, incluso la llamada Universidad del Tercer Mundo y también un hotel ejidal en la localidad de Bucerías entre otras empresas (Gómez & Gómez, 2012), sin embargo, todo terminó en fracaso, en parte debido a la ignorancia e inexperiencia de muchos campesinos que repentinamente habían sido forzados a cambiar de oficio y de la intención del gobierno de sustraer las tierras a través golpes de dinero y de falsas promesas (Mc Clain, 2012).
A lo largo de la década de los años setenta, Puerto Vallarta despunta como polo turístico y desarrolla sus playas al sur y al norte de la ciudad. Sin embargo, el apoyo que el sur de Compostela venía recibiendo por parte del gobierno federal se va diluyendo progresivamente hasta casi desaparecer durante los sexenios de los Presidentes Echeverría, López Portillo y De La Madrid. Esta retirada parcial por parte del sector oficial y de los capitales privados permite que la agricultura continúe dominando el panorama económico hasta finales de la década de los ochenta, no obstante, se mantiene el desarrollo del turismo de manera gradual con un mercado orientado a la región occidental y del Bajío en los poblados de Guayabitos y Bucerías (Mc Clain, 2012).
Al mismo tiempo que disminuye el interés tanto del gobierno federal y de los inversionistas por desarrollar el Valle de Banderas, crece la afluencia de capitales interesados en las playas del sureste mexicano, en particular Cancún. Hacia mediados de la década de los setenta, el Presidente Echeverría decide desarrollar las costas caribeñas de Quinta Roo y no el sur de Compostela. Esta decisión tiene que ver con la geopolítica, nacían los movimientos guerrilleros en Centroamérica y el turismo constituyó una barrera para apaciguar la extensión de los estallidos sociales al sur de México y dentro del propio país, el sureste mexicano mantenía condiciones socioeconómicas comparables con algunos de los países más pobres de ese entonces y ya existían algunos grupos guerrilleros (Gómez & Gómez, 2012).
Por estos mismos años y no obstante, el crecimiento del mercado del tabaco a nivel mundial y del mejoramiento socioeconómico de las familias campesinas en la región, el gobierno federal interrumpe ésta relación alegando abusos y falta de controles técnicos por parte de TABACO EN RAMA en contra de los campesinos, y controla en lo absoluto la comercialización de éste producto con la creación de la paraestatal TABAMEX que se encargará de la habilitación económica y técnica (Flores, 2012; Gómez & Gómez, 2012; Rico, 2012; Valdez, 2012). Esta empresa se constituiría en un monopolio estatal y controlaría este mercado hasta finales de la década de los ochenta.
Tradicionalmente el cultivo de este producto se hacía a través del método de semi sombra o de sarta, con la llegada de TABAMEX, se implementó un nuevo método denominado sombra mata, que simplificó y acortó tiempo, costos de operación y amplió considerablemente el padrón de campesinos habilitados. El cultivo del tabaco se constituye como el motor de la economía local cuyo mercado laboral es insuficiente debido a que la mano de obra domestica comienza a suplir la oferta laboral de servicios y de la construcción de Puerto Vallarta emanada del turismo. En el Valle de Banderas se comienza a importar mano de obra para labores agrícolas principalmente del norte del municipio de Compostela (Gómez & Gómez, 2012; Flores, 2012; Pérez, 2013).
Pese a este nuevo éxito agrícola, la década de los años setenta significó el preludio del final de una racha muy productiva para la región del Valle de Banderas y del estado de Nayarit. Los descalabros macroeconómicos que sucedieron durante esta década y al inicio de la siguiente redundaron finalmente en la aceptación de las recetas financieras proporcionadas por el FMI, y hacia la segunda mitad de la década de los ochenta la economía del Valle de Banderas vira gradualmente hacia el sector servicios. Toda una serie de convenios internacionales contraídos por el gobierno mexicano coinciden con la Reeganomania y el Tatcherismo, y comienza a aplicarse una serie de medidas económicas de orden neoliberal que afectarán finalmente al agro local hacia finales de ésta década (O´Connor, 2012).
A inicios de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo del país se sujetó al llamado modelo de sustitución de importaciones, esto benefició a la agricultura al dar prioridad a la producción nacional y a través de una serie de una serie de medidas que beneficiaron al campo. Sin embargo, para 1970 este modelo comienza a remplazarse (Anaya, 2012).
A lo largo de la década de los ochenta e inicios de los noventa, se apuntala un sistema económico que empieza por minar todos los subsidios referentes al campo. Por otra parte, se libera el mercado interno, se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y se lleva a cabo la reforma al Artículo 27 Constitucional y al mercado financiero con lo que se emplaza totalmente un nuevo modelo de producción en la región: el turismo y los servicios (O´Connor, 2012; Peña, 2012; Valdez, 2012; Flores, 2012).
Además, hacia finales de la década de los ochenta, los altos índices de corrupción y la falta de controles técnicos y administrativos aunados a una baja en el precio internacional del tabaco, llevó a la ruina a la paraestatal TABAMEX y con ello a la economía agrícola del otrora Valle de Banderas. El rubro primario local se aprestaba a la decadencia productiva derivado no sólo de políticas públicas, sino también del crecimiento de la industria del turismo (Gómez & Gómez, 2012).
Para mediados de ésta misma década, es evidente el agotamiento turístico de Puerto Vallarta. La agitación por separar políticamente el Valle de Banderas de Compostela se acentúa y se materializa en 1989. Los intereses políticos y económicos son el verdadero detonante del turismo a nivel regional, todos los elementos necesarios estaban ya predispuestos y se comienza a construir coincidentemente cuando a Puerto Vallarta se le acaban sus recursos y se inicia así el cambio de paisaje rural a paisaje urbano teniendo como eje de desarrollo al turismo (O´connor, 2012; Anaya, 2012; Gómez & Gómez, 2012).
El origen de políticas públicas que no distinguen la parte de la administración pública de la realidad nacional es ancestral y centralista si se quiere entender este viraje en la economía local. A inicios de La Colonia, los españoles y criollos tomaron su camino, así como los mestizos y demás castas. Éste país nació dividido y siguió dividido, así se llegó al México de la escuela rural de 1930, pobre, analfabeta y poco interesado de la cultura. Sin embargo, pudo conservar “islas” como la parcelación que mantiene rasgos que dan identidad al paisaje rural (O´Connor, 2012).
Este es el caso del Valle de Banderas hoy convertido en municipio, es una extensión del centro. Por lo demás, mantiene correlaciones pobres, son sociedades neolíticas que ni siquiera pasan por alguna fase, van directamente de lo agrícola a lo de servicios, de hecho las universidades llegan tardíamente a la región para haber influido. Haber ignorado esta realidad y haber impuesto una actividad económica ajena es no haber entendido malintencionadamente la realidad o el paisaje cultural regional basado precisamente en la parcelación de la tierra y de ahí sus expresiones socioculturales. No puede haber desarrollo económico cuando se utiliza a un instrumento legal (fideicomiso), disfrazado de un fraude, despojos y la pobreza de otros (O´Connor, 2012). 
El cambio de paisaje rural a paisaje urbano en el Valle de Banderas no se da en términos de culturización, transculturización y sincretismo, si este fuera el caso para la región en cuestión, las políticas públicas hubieran conducido a otro destino. Un paisaje rural es un lugar donde la gente tiene autodesarrollo, está consciente de su realidad: un agricultor no podrá separarse de la tierra así como un pescador del mar, y eso es real. Contrastantemente, la sociedad de servicios es irreal, está basada en las finanzas y el dinero. Este último tiene un valor nominativo y tiene que construir otro tipo de sociedad para reproducirse: la urbana, y con ello viene el cambio de paisaje.
La sociedad rural en el Valle de Banderas empieza a perder sus estructuras una vez que se establece la sociedad de servicios. Estas estructuras que antaño sostenían el paisaje rural local se diluyen por la debilidad de su entramado social provenientes de la pobreza y la ignorancia. Si bien el campo y la ciudad son opuestos, este antagonismo proviene del ambiente tan diferente en ambos espacios. La sociedad rural no tiene cortesía, su mentalidad es pragmática, y abiertamente franca; la gente del campo vive en su mundo y este lo componen su tierra, su caballo, sus herramientas y resuelve sus problemas muy a su manera. Contrariamente, la sociedad urbana no es pragmática, es estructuralmente irreal, no tiene contacto con la realidad y es ahí de donde se desprenden tantos problemas urbanos presentes hoy día en esta región (Gómez & Gómez, 2012; O´Connor, 2012).
El desarrollo de la infraestructura hotelera después de 1990 provoca una gran ola migratoria en ambas márgenes del Rio Ameca que terminan por sobrepasar a la población nativa (Anaya, 2012). La tasa poblacional alcanza ritmos de crecimiento superiores al 4% anual y las comunidades pasan de rurales a urbanas en el ya municipio de Bahía de Banderas. El sector servicios toma mayoritariamente la mano de obra local disponible compuesta por la tercera generación de campesinos y de migrantes y con ello cambia el trabajo, las costumbres, las tradiciones, el habla, la comida y se comienza a perder la idiosincrasia local sucesivamente (Gómez & Gómez, 2012; Pérez, 2013).
Simultáneamente, se quitan los financiamientos oficiales al campo, se nulifican las secretarias que manejaban los presupuestos haciendo insostenibles las cosechas debido a la ausencia de subsidios; se reforma el Artículo 27 Constitucional y de esta manera se parcela el campo hacia la propiedad privada, el que quiere vender lo hace acogiéndose a la ley y lo único que queda del ejido es el fundo legal. Para la generación que debe remplazar a los viejos campesinos sólo quedan dos opciones: migrar al norte o trabajar en el turismo. Así de esta manera, el joven campesino ya no tiene arraigo y no se identifica con la cosa agraria (O´Connor, 2012).
Al emigrar la tercera generación de campesinos hacia el sector servicios, el agro local sigue en manos de la primera y segunda generación cuya edad promedio está por encima de los 60 años. Pobres, viejos, enfermos, sin financiamiento para sembrar la tierra y sin el andamiaje comercial, en el 40% de los casos la tierra se renta, no se siembra o se vende a la industria inmobiliaria, en resto de ellos en su mayoría practica agricultura de subsistencia (Castro, 2013). Existe además una brecha intergeneracional, mientras que la tercera generación de campesinos creció y se desarrolló al amparo de la sociedad de servicios, la primera y segunda generación no se adaptaron a este cambio donde las actividades primarias han perdido relevancia, no hay por lo tanto, una empatía socioeconómica intergeneracional (Peña, 2012).
Por otra parte, y a pesar de la expansión educativa en el municipio de Bahía de Banderas desde mediados de la década de los noventa, el desplazamiento de la cultura original se ha acentuado no sólo por el crecimiento económico del sector terciario, sino también por la ocupación del territorio natural de litoral e insular. El  primero ha sido ocupado para desarrollar los mega proyectos turísticos afectando los ecosistemas costeros y el segundo para construir la infraestructura que da cobijo a la mano de obra que labora en ésta misma industria modificando con ello el paisaje cultural (Anaya, 2012).
En este mismo orden de ideas, la desigualdad es uno de los problemas que ha generado la economía de servicios. Mientras que la riqueza basada en la inversión fija y las grandes inversiones pertenecen a un número menor de gente, la gran mayoría de los habitantes nativos de la región y sus descendientes mantienen un ingreso por debajo de tres salarios mínimos mensuales. Esta es una consecuencia social muy grave acarreada por el turismo. A los locales se les ha excluido del desarrollo, incluso de los territorios que antaño ocupaban en Bahía de Banderas (Anaya, 2012)
Bahía de Banderas ha perdido la producción agrícola al igual que Puerto Vallarta y por las mismas razones. En el caso de la zona del valle en Bahía de Banderas, ésta mantiene oportunidades reales para rescatar el desarrollo agrícola y conciliar ambas actividades a través de un “clúster” económico agrícola-turístico por los recursos que posee. Desafortunadamente, para esta zona el turismo se ha constituido casi por completo en el motor de la economía, la agricultura por lo tanto seguirá siendo relegada hasta desaparecer y con ella sus campesinos.