EL TURISMO COMO FACTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

6.2 Bahía de Banderas y el modo de producción capitalista

6.2.1 Producción agrícola en el área y periodo de cultivo.

Hacia 1940, el litoral del occidente de México y gran parte de la costa del Pacífico mexicano permanecía olvidado, estaban aisladas y eran completamente desconocidas. El desarrollo marítimo del país se concentraba en el Golfo de México, sin embargo, esta perspectiva de desarrollo cambió a partir de la década de los cuarentas y cincuentas cuando el Estado mexicano inicia el proyecto de ocupación y desarrollo de las costas del Pacífico a partir de un programa que se conoció como “La marcha al mar” (César & Arnaiz, 2006).
Durante el sexenio del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se implementó el plan “Marcha al Mar”, con el objetivo de desarrollar económicamente a las zonas costeras del Pacifico mediante la movilización de los excedentes de población del altiplano y aprovechar los recursos marítimos. Este plan significó el acondicionamiento de infraestructura para la región, y a lo largo del sexenio se construyeron importantes obras que no sólo beneficiaron a la región de Puerto Vallarta, sino también a la región del Valle de Bandera (Munguía, 1997).
Para Puerto Vallarta se aperturó la brecha Puerto Vallarta-Mascota, se construyó el aeropuerto, se instaló una planta termoeléctrica y se tendió la red de agua potable. Para el Valle de Banderas se proyecta y construye hacia 1954 la Unidad de Riego como parte de las acciones del dicho plan. Tal obra catapulta el desarrollo del rubro primario de la región y eleva su producción de manera extraordinaria. Esta red de distribución de agua para uso agrícola y ganadero diseñada para dar servicio a más de dos mil quinientas hectáreas contrajo el asentamiento de instituciones oficiales de crédito agrícola, institucionalización de precios de garantía, construcción de Almacenes Nacionales de Depósito (en Puerto Vallarta) y la apertura en 1968 de la carretera Compostela-Puerto Vallarta.
A principios de 1940, el cultivo de tabaco se llevaba a cabo bajo procesos no estandarizados. Es decir, el cultivo de las variedades bajo condiciones de técnicas regulatorias que normaran el proceso y cultivo de éste producto era nulo. Esto redundaba en producciones sin regulación técnica dado que cada agricultor plantaba la variedad disponible sin importar el tipo de tierra, fertilizantes y herbicidas. Hacia finales de los años cincuenta, el cultivo del tabaco se estandariza con procesos y normas fitosanitarias, así como regulación técnica y financiamiento económico a través de una empresa denominada “Tabaco en Rama” (Gómez & Gómez, 2012).
Las casas comerciales de Compostela y Puerto Vallarta dejaron de ser intermediarios y corredores en el cultivo y comercialización de este producto con el arribo de Tabaco en Rama a la escena económica de los pueblos costeños quienes vieron incrementar sus beneficios económicos debido al alza progresiva de la demanda y el precio en el mercado internacional.
Las políticas públicas de apoyo hacia el sector industrial y de servicios desde los años de 1940 manifestaron el eventual abandono y olvido del sector primario, sin embargo, la demanda en el mercado internacional del tabaco y del coquito de aceite mantuvieron a flote la economía regional basada en la explotación agrícola.
A finales de la década de los sesentas, la demanda del coquito de aceite había decrecido significativamente debido al uso de sustitutos químicos en la industria del jabón y cosmética, además la industria militar no demandó más el ácido palmítico que se extraía del coquito de aceite y era utilizado en la fabricación de gasolina sólida para uso bélico (Gómez, 2008).
A inicios de la década de los setenta, la economía del litoral estaba ligada significativamente al cultivo del tabaco cuyo precio había alcanzado cotizaciones considerables en el mercado internacional. La disparidad entre el precio pagado a los productores y el del mercado, aunado a los problemas que conllevaba la relación entre productores y TABACO EN RAMA, dispuso al gobierno federal a constituir la empresa paraestatal Tabacos Mexicanos (TABAMEX), dedicada exclusivamente a la habilitación técnica y económica y la comercialización de este producto en toda la costa nayarita y otras partes del país también productoras de tabaco (Gómez & Gómez, 2012)
La concentración de la actividad tabacalera en una empresa paraestatal constituía teóricamente la pretensión del gobierno de mejorar las condiciones económicas y sociales de los campesinos en este caso de la costa compostelense, la realidad sin embargo, no se asemejó lo suficiente a esta idea. En los siguientes veinte años, la corrupción, la improductividad y falta de controles técnicos aunado a una caída en los precios internacionales provocaron la quiebra de la paraestatal a finales de la década de los ochenta.
El ajuste estructural aplicado al campo a través de los programas económicos neoliberales a partir de 1982 y que se venía manifestando desde la década de 1940, iniciaron un proceso de liberalización del sector agrícola a nivel nacional que comprendió el abandono gradual del sector primario, la apertura comercial abrupta impuesta a través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica al que fue atado el campo mexicano y la reforma a la legislación agraria al Artículo 27 constitucional con respecto a la propiedad ejidal y comunal, dio puerta al comercio y especulación de la tierra (Calva, 2007).
En este contexto, el sector agrícola incluyendo la ganadería en el Valle de Banderas no fue ajeno a las consecuencias que derivaron de las políticas públicas hacia el sector primario a inicios de la década de los ochenta que repercutieron de manera local en el abandono gradual y progresivo de las actividades agrícolas en la región debido a la incapacidad de competir en los mercados nacional e internacional.
Desde inicios de la década de los sesentas, el desarrollo del sector servicios y turismo en Puerto Vallarta había impactado económicamente la margen norte del Rio Ameca al crecer y desarrollarse este sector económico en esta última ciudad como se analizará más adelante. La agricultura comenzó a ceder ante el turismo debido a una serie de acontecimientos que reorientaron la vocación económica de la región y que provenían precisamente de políticas públicas encaminadas a emplazar la economía regional desde el sector servicios (Munguía, 1997).

6.2.2 Sistemas de cultivo y variedad productiva

La producción del Valle de Banderas desde inicios del siglo XX se caracterizó por practicar una agricultura de policultivo, según lo asienta Munguía (1997), al referirse a la diversa gama de productos que se cultivaban desde estas fechas: tabaco, maíz, plátano, frijol, cacahuate, arroz, sandía, melón, chile, jitomate, coquito de aceite, cacao, mango, además de la explotación forestal y ganadera.
El cultivo de tabaco y el coquito de aceite predominaron notoriamente la economía regional desde la primera mitad del siglo XX; muy comúnmente los agricultores cultivaban además del tabaco, algún otro producto adicional a lo largo de las temporadas de secas y aguas.
No puede asentarse que el cultivo del tabaco en la región del valle se considerara un monocultivo puesto que entre los campesinos existió siempre la preocupación por la seguridad alimentaria familiar que representaban el maíz y el frijol, así pues y de acuerdo con Munguía (1997), los agricultores mantuvieron la precaución de sembrar productos complementarios en sus tierras y asegurar la subsistencia alimentaria a lo largo del ciclo agrícola anual.
En las tierras asentadas en el valle se practicaba agricultura de regadío. El riego se hacía por gravedad o por el pie hasta antes del arribo de motores a diésel o gasolina. Posteriormente, se intensifico el uso de sistemas de riego mecanizados; una vez que se implementó la Unidad de Riego que incluyo el sistema de acequias en todo el valle.
El aprovechamiento del suelo se hacía a través de agricultura extensiva, es decir, la Unidad de Riego se diseñó para dar servicio a más de 2500 hectáreas, no obstante, el cometido no era la explotación de esta extensión para elevar la producción por hectárea sino para alcanzar mayor producción por superficie sembrada y regada. La agricultura intensiva que se refiere a elevar la producción por hectárea a través del uso de técnicas agrícolas, maquinaria y semillas mejoradas no fue implementada en la región en parte debido a la micro fragmentación de la tierra que encarecía los costos operativos utilizando técnicas modernas (Gómez & Gómez, 2012).
En el Valle de Banderas se ha practicado agricultura de baja productividad, esto en función de la producción obtenida y la mano de obra empleada. Es decir, en la mayoría de los cultivos se utilizaba una gran cantidad de mano de obra (temporal). Contrariamente, la producción no alcanzaba rendimientos crecientes a escala debido a que la tasa marginal de sustitución técnica de maquinaria por mano de obra es comparativamente baja. Localmente, este hecho redunda en costos operativos altos que repercuten en los beneficios esperados.

6.2.3 Agricultura: beneficios y perjuicios locales entre 1990 y 2010

Las reformas estructurales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para México desde mediados de la década de los ochenta se tradujo en la contracción del papel del Estado en la economía sectorial, la reforma a la legislación agraria orientada a la comercialización de la tierra, la apertura comercial abrupta y la inclusión absoluta del sector agropecuario en el TLCAN. Todas estas reformas se consideraron la “panacea económica” hacia mayores tasas de crecimiento para el país (Calva, 2007).
Contrariamente a lo que se planteó hace más de dos décadas: la caída en la producción per cápita de alimentos, un incremento descomunal en las importaciones agroalimentarias, la descapitalización del campo, el aumento de la pobreza en las zonas rurales, la restricción del crédito agrícola y la caída en las subvenciones oficiales en esta materia; son la realidad del sector primario a lo largo y ancho de la nación, y el Valle de Banderas no es la excepción.
Según Calva (2007) el sector agrícola ha estado históricamente vinculado a políticas públicas relacionadas con el bienestar económico y social de México con la intención de reducir las desigualdades en el sector rural; sin embargo, los objetivos de estas políticas han distado de cumplirse y sólo han conseguido la polarización social y económica en el campo. Calva aduce que el 50% de los productores  a nivel nacional poseen pequeñas superficies siendo estas unidades productivas incapaces de producir alimentos e ingresos para las familias campesinas quienes practican agricultura de subsistencia. Paradójicamente, sólo el 0.5% se ubican como productores comerciales quienes cuentan con mayores superficies de tierra, maquinaria, riego tecnificado, tecnología y practican agricultura intensiva.
De acuerdo con las aportaciones de (Fernández, 2006), el sector agrícola del ahora municipio de Bahía de Banderas no ha estado exento de las políticas públicas aplicadas al agro bajo el modelo neoliberal ni de las caracterizaciones que describen la micro fragmentación de la tierra. Cabe destacar que en un estudio realizado en la región en 2006, se encontró que el 48% de los productores de la región tiene en promedio 5.8 hectáreas de riego lo que rebasa ligeramente la tenencia promedio nacional. El 52% restante posee menos de 4 hectáreas lo que exhibe la problemática que deriva de la micro tenencia donde sólo el 8.5% de quienes cultivan la tierra practican agricultura extensiva comercial, el resto practica agricultura de subsistencia.
La instrumentación de cadenas productivas (clusters), es todavía limitada. Las fruterías y tiendas de abarrotes le compran la producción al 8.5% de los campesinos, el resto de los productores vende su cosecha a intermediarios (coyotes) y empacadoras locales y un porcentaje no mayor al 17% canaliza su producción al Mercado de Abastos de Guadalajara y de Tepic.
En esta misma tónica (Fernández, 2006) señala que el crédito agrícola es casi inexistente, solo el 4.2% tiene acceso al financiamiento con fondos privados y más del 60% no conoce las instituciones ni la tramitología para acceder a créditos de instituciones financieras públicas o privadas. La estadística se agravaba debido a que el 95% nunca ha recibido asesoría técnica para las solicitudes de crédito público o privado y sólo el 14.1% posee algún tipo de maquinaria agrícola lo que eleva los costos operativos y hace poco competitivo al agro local. Por otra parte, es importante señalar que el 96.42%  tiene acceso a los programas del gobierno específicamente el PROCAMPO, programa que sustituyó al sistema de precios de garantía de granos.
Es de destacar el retroceso significativo en la extensión sembrada por hectárea en el periodo señalado. Hacia 1993 se sembraban 8,226 hectáreas a lo largo del ciclo agrícola anual. Para 2004 la extensión sembrada por hectárea fue de 7,710, lo que representa una disminución de casi 10% y un decrecimiento significativo en la producción de sorgo, ajonjolí, chile y tabaco.
Ante la caída del precio internacional del tabaco y la baja significativa en la producción de éste a partir de 1990, se incrementó la producción de otros productos en la región. Antaño, el tabaco sustentó la economía regional, para 2006, sólo el 14.1% de los ejidatarios del valle cultivaban al menos una hectárea de este producto. El 31% continuaban cultivando frijol y maíz mientras que el 42.3% dependían de fruticultivos, mayoritariamente mango y sandía.
Durante la década de los noventa, el precio del mango mantuvo alzas considerables. Los cultivos en la zona del valle empezaron a ser sustituidos por plantaciones de este producto que rebasaron ampliamente a las plantaciones en tierras de temporal. Sin embargo, la propagación de la plaga conocida como “cochinilla rosada” terminó por afectar no sólo a este producto, sino a otras especies de cítricos que devino en la destrucción de mayoría de las huertas de mango en el municipio disminuyendo considerablemente las cosechas.
Para el caso de la sandía, hacia 2004 la extensión sembrada de este producto mereció una cuarta parte de las tierras del valle. La demanda de tierra para el cultivo de este cítrico alentó la renta y venta de las micro fragmentaciones parcelarias debido a que los costos por hectárea para este producto son onerosos y requieren de una gran inversión además de implementos técnicos y la explotación de forma intensiva, lo que esta fuera del alcance económico de un parcelario común.