SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL

SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL "ESPACIO SOCIAL-NATURAL" DE LA CIUDAD DE PUEBLA 1984-2010

Rafael de Jesús López Zamora (CV)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1.- Una experiencia local a escala: San Cristóbal Tepontla, Puebla

En México las instituciones y la normatividad institucional revelan su falta de reconocimiento y sensibilidad hacia las comunidades indígenas que aún preservan una cultura de relación diferente con la naturaleza: su visión es la de preservar el recurso hídrico, los manantiales, ríos y lagos, son considerados un bien colectivo que todos deben cuidar. Entre estos grupos subsiste el respeto, el manejo sustentable, la corresponsabilidad respecto al agua, en contraste con la visión colonialista de dominio del recurso.
Pese a aquella falta de sensibilidad, es un hecho que en las zonas rurales y localidades pequeñas del país, a través de los Comités de Agua Potable  y las Asambleas Comunitarias se practica y se impulsa la gestión del agua con perspectiva de bien colectivo, se permite una administración social del mismo, entendida como una participación ciudadana en la toma de decisiones, tanto en su manejo como en su distribución y en la solución de los conflictos. Sin embargo, este tipo de alternativas son “menospreciadas” no sólo por el sector privado, sino también por las instancias gubernamentales, lo social se minimiza, se privilegian los modelos privatizadores y en el menor de los casos se hace atendiendo a criterios de escala, señalando que una propuesta social no funcionará en las ciudades grandes, desechando el enorme potencial de la organización y participación ciudadana (Poy, 2005).
Claudia Velásquez (2010) de la Universidad Autónoma de Puebla, en su tesis de maestría estudia dos casos de gestión comunitaria del agua, el de una comunidad de Guatemala y otra de México. Esta última es la comunidad de San Cristóbal Tepontla, municipio de San Pedro Cholula, conurbado a la ciudad de Puebla, México, con un poco más de 5,000 habitantes, donde el Comité de Agua gestiona el sistema de abastecimiento de agua en la comunidad. El sistema se abastece de fuentes subterráneas, el agua es extraída por bombeo y distribuida por gravedad.  No existe información de la fecha y los responsables de la construcción del sistema. Según la narración de algunos pobladores, aproximadamente hace 30 años les fue donado un pozo para su explotación, y a partir de esto se construyo el sistema de abastecimiento.
Desde el inicio del funcionamiento del servicio, la comunidad se ha hecho responsable de la administración y operación del mismo a través del Comité de Agua que es un organismo social, que no depende de la municipalidad ni es un ente descentralizado. No existe intervención de las autoridades locales, municipales o estatales, el organismo se protege por considerarlas una amenaza para la gestión comunitaria y su recurso. La Presidencia Auxiliar, únicamente, emite un nombramiento avalando la decisión comunitaria, pero no ejerce ningún tipo de control operativo, financiero o administrativo sobre el Comité.
El Comité de Agua está conformado de 10 a 15 personas de la localidad, cada año se renuevan sus miembros, según las normas sociales que establece la comunidad: el jefe de las familias usuarias debe participar, al menos una vez, en el Comité.  Los nuevos miembros son seleccionados por el Comité saliente y posteriormente se presentan en reunión a la población.
Los miembros del Comité no reciben ningún salario y, al inicio de sus funciones, no se encuentran capacitados, van aprendiendo en base a la práctica y la experiencia que les pueda trasladar los miembros anteriores. El Comité, las autoridades locales y la población reconocen como funciones del Comité, la administración y operación del sistema de abastecimiento de agua de San Cristóbal Tepontla. Éste administra y opera el servicio según los objetivos y normas sociales de la población, la cual controla su cumplimiento.  Por lo tanto se puede afirmar que la población establece las políticas y desempeña un papel regulador sobre el gestor del servicio de agua. La Junta Auxiliar coordina y apoya algunas gestiones del Comité, como la introducción de nuevos sectores de distribución.  Así mismo, recibe apoyo técnico y administrativo de la CEAS.
En base a los resultados de la evaluación de la autogestión que realizó en su investigación, Velásquez concluye que la autogestión del agua en San Cristóbal Tepontla presenta características sociales, económicas y ambientales; funciona como una estrategia de gestión sostenible sin orientación y apoyo institucional; el agua cumple con las funciones de vida, de servicio público y económicas;  y las normas sociales que dirigen la gestión comunitaria del agua coinciden con lo expuesto por Arrojo (2006).
La gestión comunitaria, al igual que cualquier tipo de gestión, se ejecuta dentro de un marco doctrinario que establece las directrices que la orientan; en este caso, son las normas sociales reconocidas y aceptadas por la comunidad, las políticas que conducen la planificación del organismo autogestor. La gestión comunitaria opera eficientemente el sistema, satisface las necesidades y requerimientos de la población, cubre los costos para mantener en operación el sistema, establece tarifas accesibles a los usuarios, valora y fomenta la protección y cuidado del agua sobre la base de la participación ciudadana activa, superando así los problemas del subsector sector agua potable.
Es la comunidad la que dirige, ejecuta y controla la gestión a través de una institución social formal. Son los aspectos sociales la base de la autogestión y son las propias normas sociales las que promueven la sostenibilidad, a través de reconocer y aplicar medidas para conservar y cuidar el agua; exigir el cobro del servicio de agua según el tipo de uso y consumo; establecer tarifas necesarias y accesibles a todos los usuarios y exigir la equidad del servicio en cuanto a la cantidad y calidad del agua distribuida. La autogestión no es un proceso estático sino dinámico que se adapta a las condiciones sociales, la comunidad recibe la retroalimentación de la experiencia en la participación en la gestión, de las experiencias del trato entre población y miembros del ente gestor y de las relaciones entre agentes externos y la comunidad.
La comunidad reconoce la importancia de proteger la naturaleza para garantizar el abasto de agua, pero el éxito de la implementación de medidas y prácticas para la conservación y mejoramiento de la micro cuenca depende de la participación de la comunidad en la toma de decisiones. La población considera el agua como un recurso social para beneficio común, razón por la cual, es una responsabilidad social el participar en las actividades de autogestión (Velásquez, 2010).
Vemos cómo, propuestas como la de San Cristóbal, al igual que las diferentes experiencias de gestión social de los servicios de agua potable que actualmente se dan en las grandes ciudades de América Latina (ver apartado 1.6, capítulo II y apéndice metodológico), privilegian  la participación ciudadana organizada como un elemento clave en la medida en que, reconociéndose una determinada matriz cultural- ambiental, los usuarios del servicio participen y se obliguen de manera consciente a reconocer el verdadero valor económico, vital y ambiental del agua, no sólo como un simple “recurso”, y para construir una nueva cultura que refuerce su gestión desde una perspectiva de “ecosistemas acuáticos” (Arrojo, 2006b).
Estas experiencias, independientemente de los criterios de escala, demuestran e inspiran la posibilidad de arribar a nuevas formas de gestión del agua en nuestras ciudades a través de un proceso evolutivo, pasando de experiencias incipientes de lucha y resistencia, a experiencias intermedias  y finalmente a modelos de gestión social exitosos.
Muestran una tendencia y la posibilidad de adoptar nuevas formas de gestión del agua en las ciudades, no sólo en América Latina, sino alrededor del mundo. En ellas se puede apreciar claramente un proceso en evolución de estas nuevas formas de gestión, transitando de experiencias incipientes de lucha y resistencia, a experiencias intermedias aún en curso hasta alcanzar modelos de gestión social exitosos.
Estas experiencias demuestran también, que no es suficiente el rescate o la re estatización de los servicios de agua potable y saneamiento en nuestras ciudades mediante la implantación de un modelo de gestión público estatal que también ya ha demostrado su incapacidad para resolver la problemática y convertirse en un verdadero modelo de gestión público, sino que es necesario avanzar hacia niveles superiores de organización social que permitan la construcción de nuevas formas de gestión de aquellos servicios sobre principios verdaderamente democráticos y de participación social, que privilegie la participación pública de los ciudadanos organizados en la toma de decisiones, como instrumento de planeación importante e innovador. Además, se puede afirmar que bajo esta nueva concepción de gestión y control social de los servicios de agua potable y saneamiento, la tan temida y discutida participación del capital privado pasaría a un segundo plano y se podría convertir en un falso dilema.
Por ello, se reafirman la necesidad de comprender los objetivos de universalización fundados en el principio de que el acceso al agua y el saneamiento deben ser considerados un derecho social universal. El éxito en el diseño y la implementación de políticas orientadas a la universalización solo será posible si se logra articular una combinación de fuerzas sociales, amplia y de carácter universalista. Estos procesos, aunque incompletos y fragmentarios, están ya en marcha en muchos casos (Castro, 2007).
A pesar de sus muchas particularidades, aquellas experiencias comparten características, que las hace ser diferentes radicalmente de los modelos tradicionales de gestión del agua urbana, convirtiéndolas en verdaderos modelos alternativos, principalmente por la participación comunitaria, el control social, el respeto por los ecosistemas, la toma de decisiones democráticas, en suma, por la democracia del agua.