SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL "ESPACIO SOCIAL-NATURAL" DE LA CIUDAD DE PUEBLA 1984-2010

4.3.- Elementos de poder en las relaciones que se establecen entre el organismo público encargado de la gestión de los servicios de agua potable (SOAPAP) y los actores y sujetos sociales ubicados en las fuentes.

4.3.1.- Relaciones de poder derivadas de la demanda de agua de la ciudad. Extracción o apropiación del recurso

La ciudad de Puebla ha logrado sobrevivir gracias a la depredación de los recursos natu­rales propios y de los pueblos vecinos, sin retribución o beneficio alguno y sin medir el impacto que esto representa a mediano y largo plazos. El ejemplo más claro de esa relación nociva, parasitaria de dependencia y de despojo fundada en elementos de poder y dominio, es el agua. El abastecimiento de agua a la ciudad de Puebla es un problema actual y se remonta a varias décadas.

Desde mediados de la década de 1970, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) detecto una reducción en la capacidad del acuífero que abastece a la ciudad de Puebla y declaro el Valle como zona de veda a la perforación de nuevos pozos a causa de la sobreexplotación y  agotamiento de su recarga; por lo que ya desde entonces se cancelaba toda posibilidad de perforar más pozos en la ciudad; en consecuencia el gobierno local consideró  la importación del recurso de otras cuencas, o por lo menos, de una zona de recarga que no fuera la de La Malintzi.
En 1978 la SARH proponía como solución al problema, la explotación del acuífero de la zona de Huejotzingo y San Martín Texmelucan, misma que aportaría 2,000 litros por segundo a la ciudad, pero surgieron algunos inconvenientes, entre otros: una posible reserva para la Ciudad de México; el proyecto de parque industrial y del aeropuerto y la industria ya establecida entre San Martín y Puebla, mismos que iban a requerir mucha agua. En enero de 1982 el representante de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) en el estado declaró que no se traería agua de San Martín a la ciudad de Puebla (González, 1995).
Otro proyecto consistía en traer agua de la zona de Oriental-Libres, mismo que nunca se cristalizo en virtud de que según declaraciones oficiales, esa zona es una reserva de agua tanto para Puebla como para la Ciudad de México, y que no será explotada mientras ambas partes- pero sobre todo la Capital del país- no lo decidan conjuntamente; pero además cuando en algún momento en la década de los años ochenta se pretendió realizar algunas perforaciones, un movimiento de aproximadamente 10 mil agricultores de la zona encabezados por el presidente municipal de Libres sabotearon y frenaron las obras  (González, 1995).
Es así como surge otra opción a fin de resolver el problema, aunque al precio de continuar sobreexplotando el acuífero del Valle de Puebla, y consistía en ir hacía la zona de San Buenaventura Nealtican bajo el criterio de que presentaba buen potencial y se encontraba cerca de las zonas de recarga donde se localizan los menores descensos de los niveles piezométricos. El agua de Nealtican era barata y se podía conducir por gravedad hacía la ciudad, además de que era más fácil enfrentar a las sociedades de riego y sus ladrilleros, que enfrentar a los fuertes productores de trigo, sorgo, mijo y cebada de Oriental que es el granero de Puebla. El agua de Nealtican significaba una solución temporal al problema de la ciudad, no se trataba de una opción de largo plazo y se había elegido por su viabilidad económica ya que traer el agua de Nealtican sólo requería de una inversión de 56 millones de pesos frente a 200 millones que costaría traerla de Oriental-Libres (González, 1995).
En 1993 el entonces gobernador, Manuel Bartlett Díaz, impuso el ambicioso proyecto denominado Angelópolis que, entre otras cosas, propuso y logró, aun a costa de la violencia, extraer agua del municipio de Nealtican y de Santa María Acuexcomac, junta auxiliar de San Pedro Cholula, para el abasto de los capitalinos. En ese entonces, el déficit de agua en la ciu­dad de Puebla estaba considerado en mil 300 litros por segundo, y Nealtican sería el lugar elegido no sólo por poseer mantos acuíferos suficientes para abastecer las necesidades de líquido en la ciudad, sino por su cercanía con esta (Hernández, 2007), toda vez que el gobierno del Estado ya se había enfren­tado a la férrea oposición de otras poblacio­nes como San Martín Texmelucan, Nuevo Necaxa y Libres.
Los pobladores de Nealtican se opusieron a la extracción de sus recursos. Sustentaban su postura en un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Puebla en el cual se aseguraba que la explotación pretendida por el gobierno termi­naría por acabar con el líquido. El movimiento opositor fue apoyado por los vecinos de Santa María Acuexcomac, Papaxtla y Tecuanipan, que también veían amenazada su propia disponibilidad de agua.
La preocupación y el argumento de los pobladores de la región era que al explotar el agua para la ciudad de Puebla, la red de riego y sus propias fuentes de uso domestico serían afectadas, ya que los cambios en pozos de una zona afectan a otras al estar sobre un mismo acuífero, por lo que también los pueblos vecinos se solidarizaron con el de Nealtican ante el temor de que se secaran sus pozos y por la forma en que el gobierno tomaba decisiones sin consultar a las comunidades afectadas. Una cuestión técnica de riesgo que quedo pendiente y que señala González (1995) en su trabajo, es que no se acordó la homogenización de la profundidad de todos los pozos de la región ya que al ser más profundos los pozos del SOAPAP pueden abatir el nivel dinámico y estático de los pozos de de riego.
El gobierno del Estado intentó seducir a los opo­sitores, ofreciendo carreteras, clínicas, escue­las, red de drenaje y agua  potable para los pobladores de Nealtican. En algunos casos cooptó a varios actores políticos y gremiales y comenzó una perse­cución mediante la sanción a tabiqueros, la suspensión del sumi­nistro de energía eléctrica para el funciona­miento de pozos, la revisión de los permisos de explotación del subsuelo a los dueños de pozos domésticos y sociedades de riego, multando y clausurando norias irregulares. Los sobornos y las presiones rindieron sus frutos ya para principios del año 1994.
A la par del despojo en Nealtican1 sucedió uno similar en Santa María Acuexcomac, Junta Auxiliar del municipio de Nealtican, donde hoy los habi­tantes aseguran que la extracción de agua de sus pozos desde hace 13 años para abastecer a la ciudad de Puebla, ha causado un descenso de 70 por ciento en los niveles de los pozos caseros y de riego, así como del manantial que surte a la comunidad. Se negoció y permitió la perforación de 5 pozos profundos, a cambio el entonces subsecretario “B” de Gobernación y después gobernador del Estado, Mario Marín Torres, prometió pavimentar la carretera principal de la población, instalar una red de agua potable, crear una pre­paratoria regional, terminar la secun­daria, construir una clínica de salud, ampliar la red de energía eléctrica, arreglar los caminos de acceso y donar una patrulla de policía. El bachillerato prometido por el titular del Ejecutivo quedo inconcluso y sin equipo de cómputo y sólo se pavimento la mitad de las calles y la clínica adolece de muchas carencias de equipo médico y medicamentos (Hernández, 2007).
Hacia fines del año 2006 otra historia de despojo se escribiría cuando el SOAPAP y el gobierno del estado exploraban la posibilidad y aún más, ya habían iniciado los proyectos de perforación de cinco pozos profundos en el Alto Atoyac, en la localidad de San Francisco Ocotlán Junta auxiliar del munici­pio de Coronango. En este caso, como en los anteriores, el Poder Ejecutivo quiso convencer a los poblado­res, prometiéndoles diversas obras públicas. Los habitantes se negaron a aceptar porque conocían bien la historia de Nealtican y Acuexcomac (Hernández, 2007).
Durante todo el mes de enero de 2007 se hizo pública la inconformidad y las protestas de los pobladores de San Francisco Ocotlán en contra del proyecto de perforación; negociaciones sin acuerdos y amenazas de represión, hasta que finalmente La CNA canceló definitivamente al gobierno del estado los permisos para perforar cinco pozos de agua en Ocotlán; exigió la devolución de 20 millones de pesos del programa APAZU, y le aplicó una sanción económica por perforar los pozos y tender una línea de conducción de agua (agua.org.mx).
Todavía el 12 de febrero de 2007 el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, amenazó con iniciar los trabajos de perforación de los cinco pozos en el acuífero del Alto Balsas, ubicado en San Francisco Ocotlán y vedado desde hace más de 20 años por la Comisión Nacional del Agua (CNA), a lo que la población del lugar se opuso. Mediante una llamada telefónica, Zavala advirtió a los integrantes del Comité por la Defensa del Agua de esa junta auxiliar que “la empresa perforadora no podía seguir con la maquinaria detenida” y que al no haber ningún acuerdo, se reanudarían los trabajos (La Jornada de Oriente, 12 de febrero 2007: Puga, 2007).
Para el gobierno del estado, resultaba más barato extraer agua en lugares como Ocotlán, que es cercano a la capital y el líquido está a 10 metros de profundidad, que ir kilómetros más atrás a perforar 100 metros para extraer el agua (La Jornada de Oriente, 12 de febrero 2007: Puga, 2007); por lo que aún en los primeros meses del año 2008 continuaba el acoso hacía los habitantes de Ocotlán mediante la insistencia del SOAPAP de llevar a cabo la perforación de los mencionados pozos ante la necesidad y el supuesto déficit que padece la ciudad de Puebla, como lo consignan los principales diarios de la ciudad (Síntesis, 20 de marzo 2007)2 .
Aunque finalmente Ocotlán triunfó, en la medida en que el déficit de agua potable en la ciudad de Puebla se ha convertido en un problema grave, se seguirán buscando alternativas y el gobierno estatal pretende perforar más pozos de agua, ya no en ese lugar, sino en otros, como San Miguel Xoxtla, Santa María Tonanzintla, Cuatlancingo, Coronango y Cuanalá, con la consecuente sobreexplotación del acuífero del Alto Balsas.
Nuevos intentos de traer agua a la ciudad así como nuevos conflictos se seguirían registrando en virtud de la gravedad del problema del abasto de agua a la ciudad de Puebla en la zona, por lo que el 28 de julio se anuncia el inicio de la excavación de un pozo en Amozoc, mismo que sería operado por el SOAPAP a través del “Sistema Malintzi”3 (Síntesis, 28 de julio 2008); al tiempo que los municipios conurbados de San Andrés y San Pedro Cholula se negaban a proporcionar su agua rechazando sumarse a un nuevo proyecto del SOAPAP (El Sol de Puebla, 28 de agosto 2008); Cuautlancingo denuncia y culpa al SOAPAP del desabasto que provoca el consorcio inmobiliario SARE y advierte sobre la escasez de agua si el organismo continua explotando el acuífero (La Jornada de Oriente, 13 y 20 de noviembre 2008)4 .
Una nueva propuesta del actual gobierno del Estado (2012) es el denominado proyecto “Agua nueva”, mediante el cual se pretende traer agua de la zona de los volcanes “Ixta-Popo” para cubrir el déficit actual de la ciudad de Puebla. Ante esto es de esperarse algunas reacciones y resistencias, sobre todo de los pueblos de la región de Atlixco, seguramente apoyados por las organizaciones de los pueblos vecinos ya existentes; de la magnitud de tal resistencia dependerían los escenarios posible que la ciudad de Puebla estaría viviendo en un futuro próximo.  El gobierno estatal ha convertido pues, la extracción del agua en un problema regional, y las consecuencias ya comienzan a mostrarse en el abandono y degradación de los campos y en la cada vez más baja producción de alimentos en la zona.

4.3.2.- Organizaciones sociales en defensa del agua. Demandas y reacción de las comunidades afectadas

Revisten particular importancia los conflictos y las demandas enarboladas por los pobladores de las comunidades  conurbadas a la ciudad de Puebla, conflictos de poder entre el gobierno estatal y las poblaciones locales originadas y como reacción a las demandas de la ciudad, en particular por el abasto de agua. Estos conflictos reflejan el rechazo de los campesinos a la exclusión, su exigencia de incorporación a los procesos sociales que los afectan, su queja por ser tratados como sujetos de despojo y como vendedores obligados de los recursos naturales y que en un determinado momento se convirtieron en fuertes movimientos sociales y experimentos organizativos capaces de convulsionar a la Zona Metropolitana y la región (Pérez, 2008).
Entre los principales conflictos contemporáneos, relacionados con la extracción y apropiación de agua para el uso de la ciudad de Puebla podemos mencionar: el conflicto por perforación de pozos y extracción de agua de San Buenaventura Nealtican  por parte del Sistema Operador de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla  (SOAPAP) y la CNA en 1994, durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz (1993-1999); Cholula (“Pro Cholula”)5  que desde el año 2003 inicia su defensa del agua en el cerro “Tzapoteca”; durante 2006-2008 san Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, luchó contra el proyecto de perforación de cinco pozos profundos por parte del SOAPAP; San Bernardino Tlaxcalancingo en defensa de su tierra y de la represión contra los dueños reales de la tierra;  Acuexcomac en contra del agotamiento de sus mantos acuíferos (2007) y la lucha del municipio de Juan C. Bonilla contra el plan de desarrollo urbano municipal, en defensa de su agua y en contra del establecimiento de un desarrollo mal llamado eco turístico (Pérez, 2008).
Destacan por su importancia y magnitud  dos movilizaciones sociales recientes, en defensa del agua: La del pueblo de San Buenaventura Nealtican que durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz (1993-1999), siendo Mario Marín Torres secretario de Gobernación, se movilizó unido con campesinos de Santa María Acuexcomac, y la de |los habitantes de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del munici­pio de Coronango por la decisión del gobierno de extraer agua de sus territorios para la ciudad de Puebla.
El gobernador Manuel Bartlett y su secretario ordenaron contra los primeros, el poder desmedido de la fuerza pública, reprimieron sus protestas y amenazaron a sus líderes. La localidad de San Buenaventura Nealtican, a 32 kilómetros de la ciudad de Puebla, “lugar donde yo me meto en el agua”, es una población que desde la época prehispánica se asienta en la cuenca alta del Atoyac, la más importante del estado; el municipio está bañado por arroyos cuyas aguas proceden del deshielo del Iztaccíhuatl. De norte a oriente fluyen por estas tierras los afluentes el Alseseca, el Xalapesco y el Huilapa, que se unen y forman el río Nexapa. El agua de Nealtican, codiciada por la ciudad de Puebla, el mayor recurso, sostén de la cultura y la economía local les fue arrebatada finalmente por la fuerza 6.
De acuerdo con los afectados, el Gobernador procedió inadecuadamente ya que quiso primero extraer el agua y ante la protesta se acerco a dialogar. El 5 de enero de 1994 se registro una manifestación masiva frente al Palacio de Gobierno, bloquearon la avenida Reforma y exigieron audiencia, el Gobernador acuso a los quejosos de estar en la irregularidad e ilegalidad por lo que el proyecto se llevaría a cabo “con o sin su consentimiento” (González, 1995).
Aunque el movimiento opositor a la extracción del agua estaba integrado por actores de carácter muy heterogéneo, actores sociales urbanos y peri urbanos de diversa índole, ciudadanos preocupados, pequeños pro­ductores agropecuarios, artesanos, comerciantes y productores de tabique (Hernández, 2007) y el actor principal que se oponía a la extracción del agua para la ciudad era el grupo de socios de las 16 sociedades de riego; eran también, varias y diversas las fuerzas políticas que manifestaban su interés en el conflicto: 1.- los líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM) que expresaban su apoyo al proyecto de extracción de agua; 2.- Los miembros de la Sociedad de Riego (de la CROM también) quienes se oponían al proyecto ante la posibilidad de recuperar la presidencia municipal de Nealtican que les había arrebatado la CNC; 3.- los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) quienes desde un principio apoyaban el proyecto pero a cambio pedían se les realizaran obras publicas que les permitieran conservar el poder municipal; 4.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en los últimos comicios municipales de 1993 obtuvo casi el 50 por ciento de la votación, quiso capitalizar el descontento en contra de la CROM y la CNC para ganar la presidencia en 1995. Este partido promovía la aceptación o rechazo al proyecto en función de los resultados de las investigaciones hidrológicas que realizaba la CNA y la UNAM; y 5.- La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28), movimiento opositor al Gobierno local de mayor importancia en la época, que proponía iniciar un movimiento popular que detuviera la acción gubernamental (González, 1995).
Muchos de los que se habían movilizado desde el principio, entraron después en un estado de pasividad, quizá derivado de algunos factores que señala Arsenio González (1995): el temor a que el gobierno les clausurara a los que carecían de documentos y cuyas únicas formas de subsistencia eran cultivar sus tierras y/o la producción de ladrillo; el temor a la negativa del gobierno a seguir el diálogo; enfrentar la represión a sus manifestaciones y saber que el gobierno ya había tomado su decisión desde una posición de fuerza ventajosa.
Por lo que para 1994, en asamblea general, siete de las 14 sociedades de riego aprobaron la extracción del agua manifestando que era preferible negociar el paquete de obras que ofreció el gobierno a cambio del agua y evitar un enfrentamiento. Esta fuerza que se podría considerar como un sujeto social en ciernes, estuvo apoyada en la negociación por los agricultores y comerciantes y en oposición los dueños de las fábricas de ladrillo y los floricultores. La división obedeció a que la CNA amenazo a los últimos con cobrarles los adeudos de impuestos y derechos por explotación. Los que man­tuvieron la oposición desconocieron a sus autoridades, los llamaron “traidores”, radicalizaron su repudio y decidieron empren­der movilizaciones en la capital estatal. El gobierno aprovechó las mani­festaciones para iniciar procesos judiciales contra los líderes del movimiento opositor y finalmente los pobladores tuvie­ron que negociar la libertad de sus compañeros a cambio de permitir la explotación de sus pozos (González, 1995).
Queda de manifiesto y como lo expresaron las sociedades de riego después de 14 meses de conflicto, cuando accedieron a permitir la extracción del agua, no hubo convencimiento, fue por cansancio y miedo, el gobierno los obligo a ceder en las negociaciones selladas entre el Comité de Defensa del Agua de Nealtican y la Secretaría de Gobernación (González, 1995). El gobierno del Estado se mostró reacio y vertical en sus decisiones; falto de sensibilidad política y social; sólo acudió al diálogo una vez que se inicio el conflicto; poco hábil para generar consenso y legitimidad entre la población afectada, echo mano de la coerción  para imponerse; se mostro decidido a utilizar la fuerza para disolver las manifestaciones de protesta; el mismo gobierno provoco confusión y falta de información, no existe pues una cultura de la concertación y el diálogo democrático. Ante esto, los conflictos entre actores y gobierno en Puebla se han tornado críticos y hasta violentos ante los proyectos emprendidos en un contexto de relaciones de poder.
Cholula decidió desde el año 2003 iniciar su defensa del Tzapoteca (“Pro Cholula”). Cuestionó también la carretera federal Huejotzingo-Puebla que el gobierno de Mario Marín planeó para que atraviese la ciudad destruyendo su traza milenaria; no únicamente porque el impacto sobre el patrimonio edificado y cultural resultaría devastador (como lo fue), sino porque implicaba la deforestación de más de mil 35 árboles maduros que eran el entorno forestado norte del Tzapoteca (Ashwell, 2006).
En diciembre del año 2006, pobladores de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del munici­pio de Coronango, bloquearon la autopista México-Puebla, incendiaron pastizales y estuvieron a punto de enfrentarse con granaderos. Protestaban porque el gobierno de Mario Marín, exploraba pozos en su territorio para traer agua a la ciudad de Puebla. Tiempo después se supo que ni siquiera estaban en regla los permisos de la Comisión Nacional del Agua para realizar las perforaciones. En este caso, como en los anteriores, el Poder Ejecutivo trato de convencer a los poblado­res (Hernández, 2007). Aquella manifestación, con un saldo de al menos 20 habitantes de Ocotlán lesionados, se convertiría posteriormente en un movimiento social que terminaría derrotando a la administración de Mario Marín.
Tras el enfrentamiento, tanto el gobierno del estado como los habitantes de Ocotlán radicalizaron sus posturas, pues mientras la administración advirtió que no se suspenderían los trabajos de extracción por ningún motivo, pues tenía en su poder “permisos de todas las instancias”, los pobladores dijeron estar dispuestos a ofrendar su vida para impedir la extracción del líquido. El gobierno estatal aplicó un cerco policiaco a la población de San Francisco Ocotlán.
Para el 4 de enero y casi durante todo el mes se hicieron públicas y del dominio común, al ser documentadas ampliamente por los diarios de la ciudad, las protestas de los habitantes de San Francisco Ocotlán frente a los proyectos de excavación de los pozos profundos (El Sol de Puebla, El Heraldo, La Jornada de Oriente, entre otros; 4, 5 y 6 de enero 2007). El congreso local ofreció mediar en el conflicto y en las pláticas con el Gobierno del Estado; se realizaron cierres de la autopista México- Puebla y el Gobierno del Estado continuaba amenazando con la excavación y de ser necesario utilizar la fuerza pública (La Opinión, 5, 6 y 7 de enero de 2007).
Los ánimos se alteraban mientras se dictan órdenes de aprehensión contra pobladores de Ocotlán (La Jornada de Oriente, 8 de enero 2007); el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ofrecía su apoyo a los habitantes de Ocotlán (Milenio 8 de enero 2007); seguían las negociaciones, amenazas y acusaciones de represión (Milenio 9 de enero 2007); entre denuncias de ineficiencias y contubernios, y ante la presión ejercida por los habitantes apoyados por otras organizaciones sociales, finalmente la Comisión Nacional del Agua (CNA) declara que el SOAPAP carece de permiso para perforar pozos (El Sol de Puebla, 10 de enero 2007).
El Gobierno de Estado continuaba con la intransigencia y afirmaba que estaban en trámite los permisos de excavación, mientras la fuerza social amenazaba con “defender el agua de Ocotlán por causas vitales” en palabras de Eloy Aguirre (Síntesis, 18 de enero  2007); y para el 21 de enero de 2007 se anuncia que el caso, el gobierno del estado y su titular, Mario Marín Torres, serán llevados a la  Corte Internacional de Conciliación y Arbitraje Ambiental, con sede en La Haya, Holanda por el caso de la perforación ilegal de pozos en Ocotlán, hecho que fue confirmado por el titular de ese organismo, Ramón Ojeda Mestre  (La Jornada de Oriente, 21 y 26 de enero de 2007). El conflicto social del agua en Ocotlán tuvo impacto regional al involucrar a siete municipios poblanos y a todo el sur del estado de Tlaxcala, pues la extracción de agua del acuífero del Alto Balsas perjudicaría a toda esa zona;el gobierno retrocede y anuncia que las órdenes de aprehensión en contra de habitantes de San Francisco Ocotlán quedaban “congeladas” (La Jornada de Oriente, 2 de febrero de 2007).
El 5 de febrero de 2007 el Comité de Defensa del Agua de San Francisco Ocotlán Convoca  al Foro en Defensa del Agua e invita al público en general para el día 11 de febrero de 2007 en la comunidad del mismo nombre (La Jornada de Oriente, 12 de febrero 2007). En la plaza principal de San Francisco Ocotlán la población y organizaciones civiles realizaron el Primer Foro Regional en Defensa del Agua, para defender la extracción de agua de sus mantos acuíferos, ya que han sido perjudicados a lo largo de los años, con pérdida de tierras, pero además con la contaminación total de las aguas superficiales que utilizan para regar sus plantíos.
 Las posturas de los integrantes de la Comisión por la Defensa del Agua y del gobierno del estado de Puebla respecto a la extracción de agua del Alto Balsas habían generado tensión y encono en San Francisco Ocotlán, y amenazaba con convertirse en un enfrentamiento entre los habitantes y la fuerza pública estatal. La comisión señalaba que el gobernador Mario Marín había aumentado el hostigamiento contra la junta auxiliar de Coronango, suspendido participaciones, presionaba al presidente municipal para autorizar la perforación de pozos y, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), había suspendido la dotación de placas a la línea de transporte local por haber participado en la manifestación del 3 de enero frente a Casa Aguayo (La Jornada de Oriente, 5 de marzo, 2007) 7.
La comisión sostenía que “con o sin permisos”, no permitirían al gobierno del estado la excavación de cinco pozos en el predio La Vega, de Ocotlán, además, los pobladores de Ocotlán retendrían a cualquier agente de policía o funcionario de gobierno que rondara en la zona sin identificación alguna. Antes de la reunión el subsecretario de Gobernación, había invitado a los integrantes de la Comisión por la Defensa del Agua a reunirse con el titular de la dependencia, Javier López Zavala con la promesa de que al día siguiente, viernes, sería retirada toda la maquinaria de perforación mientras eran realizados los estudios de impacto ambiental. Ese fin de semana, la Comisión por la Defensa del Agua y habitantes de San Francisco Ocotlán, llegaron al zócalo de la ciudad de Puebla para manifestar el “Pronunciamiento de Solidaridad y Apoyo a la Lucha de San Francisco Ocotlán”, que sirvió como foro informativo para que los capitalinos conocieran la problemática de este lugar. En él participaron más de 30 oradores que representaron a igual número de organizaciones civiles y políticas.
“Estamos informando a la ciudad de Puebla, que no se dejen engañar por lo que dice el gobierno. Si el agua fuera para las colonias populares de Puebla, se las daríamos, pero lamentablemente el proyecto que tiene Mario Marín es para las grandes empresas, es para privatizarlo. Hoy nos quiere quitar el agua para que mañana nos la venda; eso no lo vamos a permitir. Por eso estamos aquí, dando la cara a los ciudadanos de Puebla, informándoles que no somos egoístas, el agua no se niega, pero tampoco se roba, como quiere hacer el gobernador”, dijo Efraín Titla, abogado del Comité, en su discurso.
En tanto, Vicente Sánchez, secretario general de la asociación “Ciudadanos Unidos por el Rescate de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala”, recomendó a los pobladores de San Francisco Ocotlán internacionalizar el problema de la apertura de pozos, ya que ello dará mejor resultado que estar enfrentándose regularmente a las autoridades. Recordó que expusieron su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, y posteriormente en el Foro Internacional Alterno en Defensa del Agua, contrapropuesta al Foro Mundial del Agua que se realizó en mayo de 2006, donde obligaron al gobierno tlaxcalteca a negociar con ellos sin recurrir, dijo, a algún tipo de violencia (La Jornada de Oriente, 5 de marzo 2007).
Pero la lucha por la defensa del agua en San Francisco Ocotlán aún no termina, pues el gobierno del estado sigue con sus planes de extraer agua de la cuenca del Alto Balsas, con o sin permisos, para satisfacer la demanda de los nuevos fraccionamientos y parques industriales que pretende crear en la zona bajo el pretexto de generar empleos. Mientras, los habitantes de la junta auxiliar de Coronango se han convertido en ladrones de su propia agua pues a pesar de que legalmente derrotaron a la administración de Mario Marín al impedirle la perforación de seis pozos profundos, tienen que extraer agua en tambos de otros pozos que abastecen a la ciudad de Puebla, manifestaron en una entrevistas por separado el abogado Maurilio Galeote Mixcóatl y la profesora Bertha Espinosa Luciano8 .
Los pueblos de la región de Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, Atlixco, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y otros están unidos y planean una serie de acciones para racionalizar la extracción del líquido, y para que la administración estatal desista de perforar pozos. Pero el gobierno del estado al amparo de ciertas leyes y normas se está aprovechando, creando fraccionamientos en los cuales se están perforando pozos de forma clandestina; esos fraccionamientos, muchos ilegales, pero permitidos por los ayuntamientos y el gobierno estatal porque generan ganancias, están solapando la perforación de esos pozos, advirtió Galeote (http://agua.org.mx)
La represión que el gobierno del estado ejerció contra integrantes del Movimiento por la Defensa del Agua, que aglutinó a vecinos de San Francisco Ocotlán, Xoxtla, Cuautlancingo y algunos municipios tlaxcaltecas, fue tipificada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos como un caso de Criminalización de la Protesta. El movimiento por la defensa del agua iniciado en Ocotlán fue un ejemplo de resistencia civil pacífica que alcanzó niveles regionales y llegó a poner en jaque al gobierno estatal y frustró los planes del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) (La Jornada de Oriente, 28 de octubre 2008).
Al fragor de la lucha, nació el Comité de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (CPDTA) el 15 de marzo de 2009 en la asamblea vecinal que sostuvieron en la plaza de San Lucas Atzala, hombres, mujeres y jóvenes de Zacatepec, San Andrés Calpan, San Jerónimo Tecuanipan, San Lucas Nextetelco y San Francisco Coapa, apoyados por vecinos de Coronango y Tlaxcalancingo, quienes manifestaron al gobierno del estado de Puebla su oposición a la realización de proyectos sin tomarlos en cuenta (La Jornada de Oriente, 19 de mayo 2009).
Y en septiembre de 2009 ya como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla Tlaxcala (FPDTAPT) 9 se dirigen a los pueblos de la región, de México y del mundo a través del manifiesto del 15 de septiembre de 2009, bajo la consigna de “¡YA BASTA DE DESPOJOS Y ABUSOS AL PUEBLO!” y declara entre otras cosas que: “nuestro descontento es el resultado de la historia de despojo e injusticia por parte del mal gobierno a los pueblos. A través de los años hemos padecido el crecimiento de la ciudad de Puebla y del mal nombrado ‘Progreso’, que no es otra cosa que el interés de los ricos por encima de las comunidades;que la ciudad de Puebla se ha construido bajo la sangre y despojo de nuestros pueblos”. Y dan a conocer los siguientes ACUERDOS:
1. La tierra y el agua no se venden, la tierra es para producir alimentos para la humanidad, y costaron la sangre y sudor de nuestros abuelos, nosotros debemos dar lo mismo por ella.
2. No caer en provocaciones e interponer recursos legales, y la organización del pueblo, ante invasiones y cualquier abuso de autoridad.
3. No habrá negociación individual con el gobierno porque esto debilita a los pueblos. Solicitamos como conjunto de afectados organizados en el FPDTAPT un diálogo abierto y público con el Gobierno Estatal.
4. Ninguna declaratoria de expropiación pasará en nuestros pueblos, por ser inconstitucional y atentar contra la soberanía del pueblo mexicano.
5. Si hay algo que afecte a un pueblo, nos afecta a todos. Es tiempo de unirnos los pueblos para evitar la destrucción hecha gobierno.
6. El hambre y la sequia se avecinan por lo que acordamos promover el cultivo de nuestras tierras con mejores técnicas orgánicas y apoyarnos entre pueblos en la distribución de alimentos.
7. Luchar por la recuperación de nuestra tierra y agua que nos han sido arrebatadas a sus legítimos dueños
8. Luchar por la reactivación del campo y la soberanía alimentaria.
9. Defender y cuidar la tierra y el agua, contribuir a la unidad y organización de los pueblos, por la vida y contra la destrucción ambiental.
10. Alianzas y unión con otros movimientos sociales, hemos establecido alianzas y unión con otras organizaciones estatales y nacionales y lo seguiremos haciendo para alcanzar juntos la soberanía y liberación nacional (La jornada de Oriente, 15 de septiembre 2009)10 .