SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL "ESPACIO SOCIAL-NATURAL" DE LA CIUDAD DE PUEBLA 1984-2010

2.3.- Gestión social, incluyente, participativa y sustentable de los servicios de agua potable y saneamiento

Una alternativa posible, basada en la participación y el control social requiere comprender los principios de universalización, de derecho social universal, del acceso al agua y de sustentabilidad; pero al mismo tiempo requiere lograr la autosuficiencia económica y financiera, porque aunque el agua con fines de subsistencia debe ser gratis, es limitada y puede acabarse,  por lo tanto debe preservarse,  el agua es un bien comunal.
Por lo anterior se propone que la nueva forma de gestión de los SAPAS tome en cuenta e instrumente un ejercicio de planeación de corto, mediano y largo plazo que permita alcanzar la eficiencia operativa, administrativa y financiera en el manejo de los servicios de agua potable y saneamiento en el “espacio social natural”, bajo los principios de autosuficiencia económica y financiera; de sustentabilidad; de participación y de control social.

2.3.1.- Planeación de corto, mediano y largo plazo

De acuerdo con la Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua AMNCA (Centro virtual de información del agua, 2012), debe promoverse un modelo de gestión pública eficiente, basado en la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este modelo exige reformas legales e institucionales profundas, para democratizar la gestión del agua y de los servicios públicos esenciales, acabar con la corrupción, garantizar la gobernabilidad y el manejo integrado de la cuenca. También exige establecer una fuerte responsabilidad dirigir y aplicar los subsidios a la población más necesitada, rendir cuentas y organizar un ente eficiente con recursos públicos1 .
Un aspecto importante en el caso que nos ocupa es el grado de segregación urbana que define la distancia entre los actores urbanos, es decir, las desigualdades espaciales en el acceso a los servicios, la infraestructura y el equipamiento, que son un indicador territorial de la fragmentación social y económica actual (González, 1995) ya que el equipamiento y la infraestructura urbana cubren con mayor eficiencia y calidad las zonas donde se ubican las industrias y comercios, así como las zonas residenciales de más alto nivel socioeconómico. Fuera de esas zonas quedan únicamente los sectores populares de menos ingresos y los asentamientos “irregulares”.
Para garantizar un mínimo de eficacia en el sistema administrativo, además de generar espacios para permitir a la base social deliberar y tomar decisiones sobre la gestión del agua, exigir el derecho universal de acceso a ella e insistir en la capacidad de la sociedad de participar en gobernar su manejo, se propone un acuerdo general en el que mediante un sistema de planificación hidrológica se privilegie el manejo integral y eficaz de los recursos hídricos con la participación colectiva y orientado por indicadores que identifiquen claramente los problemas principales (Barkin. 2006). Por lo que se propone que con la participación activa de los actores y sus nuevas estructuras organizativas, se integre un Plan de Desarrollo Hídrico de Corto, Mediano y Largo Plazo que oriente y de curso a la nueva gestión en sus principales ejes.

2.3.2.- Gestión y eficiencia administrativa, financiera y operativa

En el ámbito urbano las acciones individuales del grueso de la población no son la solución por qué el “grueso” de la población no es el mayor consumidor ni el mayor contaminador. Mientras la lógica del sistema de producción sea el crecimiento económico, el total de consumo de “materiales” nunca será menor, aunque se logren índices crecientes de eficiencia, por lo que se hace necesario pugnar por redefinir la lógica del sistema de producción hacia el decrecimiento económico (Delgado, 2009). Por lo tanto y para el caso del agua, la problemática no sólo se debe atacar por el lado del consumo, sino que también por el de la producción, con un enfoque desde la demanda, pero pasando por la organización colectiva de los actores sociales a fin de estabilizar la extracción y detener la depredación del recurso.
Para lo anterior la nueva gestión en el marco del Plan Hídrico precisa definir y distinguir con claridad las diversas funciones y usos del agua, a fin de diseñar y asumir adecuados criterios de gestión para cada caso, en el siguiente orden:

•  El agua como derecho humano, esto es, agua para la vida, agua destinada a funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos como de los demás seres vivos de la naturaleza;
•  El agua como servicio público de interés general y derecho social en funciones de salud y cohesión social (los servicios urbanos de agua y saneamiento);
•  El agua para el desarrollo, en funciones económicas legítimas, ligadas a actividades productivas; y
•  Los usos productivos del agua sobre bases ilegítimas, cuando no ilegales (extracciones abusivas en acuíferos y ríos, vertidos contaminantes), que deben ser evitados, perseguidos y prohibidos mediante la aplicación estricta de la ley (Arrojo, 2006).

Será responsabilidad de la nueva gestión encausar la renovación del patrón tecnológico actual, mismo que hemos caracterizado como extractivo y depredador, a fin de revertir el daño ambiental causado al ecosistema social y natural y en particular al acuífero, pero también con el propósito de implantar un manejo sustentable del agua, sobre la base de la participación social, el interés común y en beneficio de todos los habitantes de todas las localidades urbanas y rurales del “espacio social natural” objeto de nuestra investigación.
Elemento importante y consecuente con lo anterior será el establecimiento de una nueva estructura tarifaria socialmente confiable que contemple las diferentes funciones y usos, basada en el principio de que el que más consume, más paga, una estructura tarifaria escalonada por rangos de consumo y de acuerdo a los diferentes niveles socioeconómicos de los usuarios.
La implantación de una nueva estructura tarifaria confiable tiene como condición necesaria la aplicación de la medición al 100 por ciento del consumo de agua en todas y cada una de las tomas domiciliarias, por lo que debe ejecutarse un programa masivo de instalación de medidores en los domicilios. Pero un programa masivo de medición para que realmente sea funcional y durable, requiere a su vez y en virtud de la calidad y dureza del agua, principalmente hacia el sur de la ciudad, desarrollar un proyecto de potabilización y ablandamiento de aguas duras provenientes de las fuentes con más problemas de calidad (el programa actual de medición no ha dado resultados en virtud de que los aparatos medidores se atrofian por la acción de los sólidos minerales contenidos en el agua).
Se debe emprender un programa masivo de difusión y capacitación hacia la población, sobre los principales tópicos, fundamentos y principios de una nueva cultura de ahorro, uso eficiente y racional del agua y conceptos como reducir, reusar y reciclar (Tres R’s)
Estas medidas harán que desde el frente de la demanda, el sistema sea sustentable, económica y socialmente eficiente ya que dará como resultado una fuerte reducción en los volúmenes de agua demandados y por lo tanto la recuperación de caudales para su distribución.
Aunado a lo anterior se deben aplicar las acciones y medidas necesarias desde la oferta, pero no perforando nuevas fuentes de agua subterráneas ni invirtiendo grandes cantidades de recursos financieros en la creación de nueva infraestructura hidráulica de extracción y conducción como actualmente se hace, prevaleciendo la idea de que la única forma de aumentar la oferta es perforando más y más pozos afectando a las localidades vecinas ya que en el subsuelo de la ciudad es imposible hacerlo más, esa idea no permite ver otras alternativas al problema.
Por ello, se requiere un programa serio de reparación y sustitución de líneas y redes de conducción de agua potable para recuperar volúmenes (recordemos que se pierde el 40 por ciento del agua en redes actualmente).
Se propone impulsar entre la población y con apoyo de recursos del Estado y federales, un programa de instalación de infraestructura hidráulica paralela en las viviendas para captar y utilizar el agua de lluvia, aliviando los volúmenes de consumo doméstico y por lo tanto la demanda.
También es necesario y de suma importancia, empezar a crear la infraestructura de drenaje pluvial independiente de la del drenaje sanitario en la ciudad (recordar que actualmente el drenaje es mixto), lo que además de reducir las fuertes y crecientes inundaciones de la ciudad provocadas en gran parte por el crecimiento de la capa asfáltica e impermeabilización de las calles por efectos del explosivo proceso de urbanización de la región, puede ser una fuente de aprovechamiento para otros usos diferentes al consumo humano y ayudar a liberar volúmenes de agua para el abasto de la ciudad.
Todo lo anterior aunado al control social de la administración y las finanzas  deberá impactar en una mejora de los servicios socialmente orientados; en un mayor valor social y en un aumento de los montos de recaudación e ingresos propios por el cobro de los servicios y derechos, y por lo tanto en la autosuficiencia financiera del nuevo gestor público social, lo que liberará importantes recursos para elevar los flujos de inversión en infraestructura hidráulica y con ello el impacto social hacia la población.