SUJETOS SUBALTERNOS, POLÍTICA Y MEMORIA

Conflictos y regulaciones: la ley de “uso del suelo”

Entre los años 2006-2008 se produjo, en Mendoza, el tratamiento del proyecto de Ley de Uso y Ordenamiento Territorial. La disputa por el territorio tomó estado público como parte de la agenda de los poderes del Estado, a la vez que como asunto de debate público a través de su presencia en la agenda mediática. Esta ley viene a poner de manifiesto las transformaciones sociales en el mundo de las regulaciones, haciendo del terreno jurídico un espacio de conflicto.
En ese sentido, la polémica desatada a propósito de la ley, expresa cierta capacidad de los sujetos para colocar sus demandas en el espacio público. De hecho, se había intentado sancionar en el año 2006 sin mayores trascendidos, pero fueron los cuestionamientos y reclamos desde diversos sectores de la “sociedad civil” los que obligaron a abrir el diálogo, presionando a la dirigencia política a tener en cuenta, en la formulación legal, sus puntos de vista y necesidades. La ley pudo ser aprobada recién el 5 de mayo de 2009 luego de casi tres años de discusiones y debates. La relevancia de esta problemática deriva de que tiene por objetivo regular los procesos de territorialización, esto es, la reorganización del espacio, que arroja como resultado la disputa entre el uso público y privado del territorio: así lo expresa el nombre popular que adquirió la ley, ley de “uso del suelo”. Por su parte, los diarios ubican conflictividad en el mismo sentido:
(…) el objetivo final de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo consiste en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el urbanístico-poblacional, siempre bajo la directiva de cuidar el medio ambiente para lograr un desarrollo equitativo de los recursos en forma sustentable a través del tiempo (Los Andes, 06/05/2009).

OSA se ocupó activamente de esa problemática, pues la ley afecta el futuro ordenamiento del territorio en la provincia. Apenas toma carácter público el primer tratamiento del proyecto de ley en la legislatura, en abril de 2006, OSA se expresa:
Analizando que esta Ley tiende a definir el perfil de la Mendoza de los próximos largos años, entendíamos que no podíamos quedar al margen de su consideración en tanto, las consecuencias de su aplicación (de ser aprobada), las vamos a sufrir todos los mendocinos (Mail de Rodolfo, 23/04/2006).

El debate alrededor de la ley de uso del suelo pone de manifiesto uno de los aspectos cruciales en torno a la recuperación del espacio público: la necesidad de ampliar los límites formales que impone la democracia liberal. En lo que sigue expongo una breve cronología del tratamiento que tuvo esta ley con la finalidad de marcar los hitos conflictivos, los intereses en juego, los sujetos que se organizan en torno a ellos, sus posibles consecuencias, etc.
El debate aparece en los medios periodísticos en abril de 2006, luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que no tardaría en provocar las primeras críticas desde diferentes sectores.
El proyecto aprobado en Diputados, de apuro, con escasas consultas y correcciones de último momento, mueve euforias y broncas. Esta “Ley de Ordenamiento Territorial”, en realidad no define la estrategia de uso del suelo. Mezcla ordenamiento territorial con loteo y deja flancos dudosos sobre el manejo del agua. Hay méritos. Y dudas, que animan a los que piden al Senado que pare la mano y abra el juego (Los Andes, 09/04/2006).

El punto más controvertido es la regulación que refiere a una cuestión central para Mendoza, el control del agua. El otro aspecto polémico es la cuestión de la “autonomía municipal” y los problemas que pueda traer en el futuro (la “anarquía” de cada municipio, desacuerdos con los criterios definidos por la provincia, problemas limítrofes entre departamentos, etc.).
Los primeros en hacerse escuchar son los organismos técnicos y profesionales:
(…) un engendro sin consenso, que no enviaron a las entidades interesadas con tiempo para el análisis y aportes (…) temen al predominio del emprendedor en el mercado de tierras y agua, por sobre las instituciones del interés público (Los Andes, 09/04/2009).
 
Tal como ha sucedido en otras reglamentaciones y procesos jurídicos en los últimos años de la democracia “realmente existente” (el caso de la explotación minera es uno de ellos), la mayor resistencia la provocó el apuro con que los/las legisladores/as trataron el proyecto, sin el consenso de sectores involucrados en tan complejo problema:
(…) es muy desagradable y preocupante que se comente que los lobbies inmobiliarios presionan y han apurado a nuestros legisladores (…) Este proyecto no es conveniente porque no es el resultado de un proceso de participación genuino que articule visiones, perspectivas, valores, conocimientos. Esta ley ni siquiera articula intereses (Los Andes, 15/04/2006).

En efecto, hacia junio de ese año, un centenar de profesionales, coordinados por la UNCu, presentan un informe con los cuestionamientos al proyecto existente. Entre los puntos más conflictivos mencionan la ambigüedad en la definición de los conceptos; la falta de consideración en las características del territorio mendocino; la focalización limitada en zonas urbanas y el favoritismo hacia emprendimientos privados:
Un grupo de arquitectos y agrimensores (…) temen que en el vientre y con la excusa del ordenamiento territorial esté escondido el verdadero propósito: la ley de loteos y el manejo del agua en los nuevos emprendimientos. Insisten en que ‘a pesar de cierto barnizado, se sigue priorizando la figura del emprendedor inmobiliario por sobre el interés público’ y se quejan de que se les otorga el derecho de usar agua de riego para abastecer de agua potable a sus loteos (Los Andes, 09/04/2006).

La polémica, a principios de 2007, lleva a la legislatura a suspender su tratamiento y a posibilitar el tiempo y el espacio para la elaboración de un nuevo anteproyecto más preciso y ampliamente consensuado; en efecto, se inician las consultas y talleres correspondientes por regiones en toda la provincia. De esas instancias participaron organizaciones sociales civiles, vecinos/as, municipios y especialistas. Es la UNCu la encargada de coordinar el minucioso trabajo de base en la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Ordenamiento Urbano, asegurando la participación de las organizaciones comunitarias, de docentes, técnicos y profesionales.
A principios de 2008 el Poder Ejecutivo recibe el nuevo proyecto sin mayores objeciones, y luego obtiene, en el mes de diciembre de 2008, la media sanción de Diputados. El único punto conflictivo fue el que hacía referencia a la “autoridad de aplicación”:
(…) si delegarla en una institución colegiada independiente del Ejecutivo (probablemente en su Secretaría de Medio Ambiente, que debiera ser ministerio a esta altura); si debe ser un organismo dentro de la estructura del poder administrador, pero con autonomía ejecutiva y financiera o si conviene integrar un colegiado con representantes del gobierno y de los intereses representados, etc.) (Los Andes, 20/09/2008).

En mayo de 2009, la misma ley obtiene la media sanción del Senado, “después de tres años de intenso debate”, tal como describía el hecho un cronista de un diario local.
En la lista de prioridades la ley abarca aspectos cotidianos para todos los/las mendocinos/as, como el crecimiento del parque automotor en relación a la dimensión de la ciudad, el cuidado del arbolado público, o la no instalación de fábricas cercanas a barrios y zonas de cultivos. También se contempla la aplicación de multas para quienes dañen y contaminen el agua, el aire o el suelo. Pero además la disposición está focalizada a revertir inconvenientes ‘macros' a nivel ambiental, como el avance de la desertificación, la desprotección de los glaciares, o el deterioro de los ecosistemas del pedemonte por el avance de los emprendimientos inmobiliarios, que se multiplicaron sin control en los últimos años. En lo relativo a las actividades productivas y sociales, la normativa será el marco para determinar acciones relativas a minería, crecimiento urbano y emplazamiento de industrias, entre otros aspectos (Los Andes, 06/05/2009).
Es mucho lo que está en juego. No sólo el ordenamiento del territorio y de las instituciones responsables de esa política, sino el criterio para resolver el mejor uso del agua escasa aquí en el desierto agreste; el tratamiento que se dará a la explotación petrolera, a la minera, a la industrial con riesgo contaminante; o el modelo de vida urbana y rural que se propiciará; al criterio de expansión de la gran ciudad y a sus problemas de hacinamiento, crecimiento inmobiliario y transporte público; a la estrategia para compatibilizar la tendencia urbana a escapar hacia las zonas más verdes, fértiles y supuestamente tranquilas (Los Andes, 20/09/2008).

El debate alrededor de la ley de uso del suelo pone de relieve el conflicto de intereses en torno del territorio; la lucha entre diferentes proyectos políticos, esto es, el antagonismo que existe entre quienes tienden a “reordenar el territorio” en función de la valoración del capital, del uso privado de aquellos recursos considerados como bienes comunes -a la vez que socializan sus consecuencias negativas, costos, riesgos, etc.-, y quienes se resisten a quedar separados de estos bienes, condiciones materiales de su existencia, y se organizan y luchan por conservar el poder sobre la organización de su producción, distribución y consumo, esta vez, sostenida sobre criterios que tengan en cuenta la reproducción de la vida de los seres humanos y de la naturaleza. La polémica que provocó la ley de uso del suelo, las dificultades y demoras en su tratamiento, expresan esa disputa en los procesos legislativos, a la vez que señala las intervenciones que realiza el Estado en la lucha por la reorganización del espacio1 .

La experiencia singular de los sujetos colectivos que se organizaron en torno a la lucha por la recuperación de la Estación como espacio público se inscribe en una totalidad social que tiñe el conjunto de la conflictividad social. Sobre ese terreno se organizan el resto de las experiencias de lucha y resistencias que hemos podido localizar. En tal sentido, la emergencia de esas experiencias, su novedad (la configuración de los sujetos, las formas organizativas, la formulación de sus demandas), se inscribe en las profundas transformaciones que ha sufrido el capitalismo en las últimas décadas y los efectos que ha arrojado su mundialización como tendencia a la mercantilización de la totalidad de la vida social. A nivel local, se ha producido una lucha por la reorganización del espacio que toma cuerpo en los conflictos por la explotación minera, por el recurso del agua, por los usos de la tierra2 .
Por otra parte, y ligado a lo anterior, se trata de plantear la importancia que tuvieron esas otras experiencias de lucha y organización en la identidad propia de los sujetos que se organizaron en función de la recuperación de la Estación, la manera como influyeron en las condiciones de su constitución como sujeto político; pues esas luchas, al adquirir cierta visibilidad pública, se convirtieron en referentes políticos de la resistencia. Efectivamente, en tanto ejemplaridad, para los colectivos que se propusieron recuperar la Estación como espacio público, el resto de las experiencias de lucha y resistencia sirvieron de instancia de diálogo e intercambio a partir de la cual abrirse al propio proceso de identificación como colectivo, esto es, una experiencia de intercambio, de encuentro con el Otro/a, desde la cual fue posible problematizar su propia experiencia y circunstancias heredadas. Así, esas otras resistencias que se libraban por entonces tuvieron, en alguna medida, participación en la dinámica propia del conflicto por los terrenos del FC, en el proceso de visibilización del lazo social que determina las circunstancias que nos rodean (relaciones sociales) –en el sentido trabajado en la primera parte de esta tesis (Marx, 2004, 2008; Kosik, 1969; Williams, 2000). Algo que se puso de manifiesto, por ejemplo, durante el ciclo de reuniones entre las organizaciones que luchaban por la recuperación de la Estación. Una escena reiterada, en la observación que realicé de dichas reuniones, fue la discusión en torno de la disputa entre lo público y lo privado; en las que el intercambio de experiencias y conocimientos acerca de lo sucedido con diferentes espacios, hacía posible constatar el origen colectivo de toda propiedad privada, cuestión que venía a confirmar algo “ya sabido” pero que, sin embargo, no dejaba de provocar gestos de asombro y sorpresa el “descubrirlo” en cada caso.
En síntesis, la experiencia de lucha por la recuperación de la Estación como espacio público, es un conflicto por la reorganización el espacio que está singularizado por su historia particular, por la memoria política de los sujetos convocados a su alrededor (ver el capítulo siguiente en el que analizo la Estación como lugar de la memoria); sin embargo, ese conflicto forma parte de las condiciones producidas por el capitalismo tardío a partir de su reconfiguración en las últimas décadas. En efecto, no resulta casual que la disputa se configure alrededor del territorio. En tal sentido, es posible advertir la presencia de un antagonismo histórico entre lo público y lo privado, su transversalidad a lo largo de todo el “terreno” de lo social revela la continuidad del capitalismo como proceso permanente de privatización de lo público, de separación de la “economía” del ámbito de la “política”, de los hombres y mujeres de sus condiciones de producción y reproducción. No obstante, también ha sido posible comprender las resistencias que ello provoca, reinscribiendo ese proceso en el campo de la lucha política, de la apertura de la historia: la misma lucha de clases es el producto y la condición de la continua separación. Más aún, hemos podido constatar la manera como las experiencias de lucha y organización, están marcadas por la singularidad de su historia político-cultural, por las resonancias que tienen unas sobre otras, por sus posibilidades de articulación y los procesos de identificación de clase.
El aporte de la perspectiva de la lucha de clases posibilita indicar “la unidad que subyace bajo la rica diversidad de la lucha, sin imposición de jerarquías”, algo que, las condiciones materiales del capitalismo tardío vuelven particularmente opaco en la actualidad (Holloway, 2004: 15). Ese es uno de los desafíos que los movimientos sociales revelan a partir de su experiencia de lucha: la posibilidad de advertir que no se trata solamente de una serie de luchas por los derechos particulares de cada colectivo, sino de la creación de una sociedad radicalmente distinta.
Y yo buscando respuestas políticas, porque cuando uno trabaja en una temática, como que vos mirás la realidad desde una perspectiva muy acotada y desde sus intereses, ¿si? (…) y bueno, hay que superar esa visión fragmentada (…) si se junta con el otro (…) te das cuenta que hay cosas que nos atraviesa, el tema de la pobreza, la falta de servicios, la falta de educación, que sé yo… y es más, si en una zona nos juntamos con otra zona, vas a ver que son las mismas cosas, y que además no es casualidad que nos pase el tema de la pobreza (….) uno se empieza a dar cuenta que no es casualidad, que hay un sistema (Entrevista a Pancho, 2008).

Esa transversalidad del conflicto de clases es la que otorga las condiciones históricas para la unificación de la lucha. No obstante, se trata de una unidad contradictoria, pues se constituye en la dialéctica de un proceso que tiene por condición la unidad que impone la producción de capital (como proceso de “clasificación”, de “acumulación por desposesión”) aún cuando, reitero una vez más, esa misma separación sea a su vez el producto de la lucha de clases, que supone procesos previos de identificación como clase subalterna, de articulaciones en los esfuerzos que permita una cierta acumulación de fuerzas capaces de contrarrestar (o no) la clasificación a la que se la pretende someter (Marx, 1973; Thompson, 2002; Holloway, 2004).
Esa dialéctica entre unidad/diversidad de los sujetos, de su lucha política, ha sido bellamente expresada en el logo de la UAC (ver Apéndice Imágenes 5): imagen que manifiesta la necesidad de un reconocimiento de la diversidad de cada colectivo, de la singularidad de su historia y experiencia organizativa y, a la vez, la capacidad para registrar la unidad subterránea que permite su identificación como clase, “un mismo saqueo”, similares formas de organización (horizontalidad, autonomía, espacios de articulación y coordinación de la lucha), problemas comunes, como la necesidad de reivindicar una democracia “real y participativa” y la posibilidad efectiva de participar en las grandes decisiones sobre cuestiones importantes que pueden afectarlos en su vida cotidiana.