4.5.3 Chile

En una entrevista realizada por la periodista Raquel Correa, el entonces Comandante en Jefe del Ejército de Chile, general Juan Emilio Cheyre, reconocía su tristeza por las  negativas situaciones relacionadas con derechos humanos y en las que algunos integrantes de su prestigiosa institución se habían visto envueltos. Entre los temas más difíciles que le tocó vivir estuvieron el “Caso Riggs”, los procesos por derechos humanos, así como las tragedias de Antuco y la Antártica. En parte de la entrevista señala:

“En lo militar, me han tocado hartas cruces. Las más dolorosas son las cientos o miles que llevan camaradas de armas míos. No legitimo su actuar ni soy defensor de ellos -porque está claro que cometieron delitos- pero sé que viven un drama tremendo”.1
En este mismo tema de los derechos humanos, en la segunda semana de abril se publicaba la amnistía aplicada por el Juez de la causa, Víctor Montiglio, al ex general Sergio Arellano Stark y lo absolvió de las ejecuciones que ocurrieron en Arica al paso de la llamada “Caravana de la Muerte”, tras comprobar que no participó en los hechos. De paso, aplicó la Ley de Amnistía  a otros tres uniformados que estaban procesados como coautores del delito de homicidio calificado. La resolución amnistiaba al general (r) Odlanier Rafael Mena Salinas y a los militares Luis Guillermo Carrera Bravo y René Iván Bravo Llanos. El tribunal rechazó además la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por los familiares de las víctimas.2
El Juez Montiglio dictó este fallo con relación al episodio de Arica, pero en el sumario todavía se encontraban pendientes los sucesos ocurridos en otras ciudades, como Cauquenes, Copiapó y Calama. En Arica fueron ejecutados los militantes del Partido Socialista Óscar Ripoll Codoceo, Julio Gastón Valenzuela y Manuel Donoso Dañobeitía. Los hechos fueron descritos en el fallo por el Juez Montiglio de la siguiente manera:

“En horas de la noche del 19 de octubre de 1973, militares pertenecientes al Departamento II de Inteligencia de Arica del Regimiento de Infantería Reforzado  Mecanizado Nº 4 ‘Rancagua’, en cumplimiento de una orden emanada de un mando superior, retiraron desde el regimiento a Donoso y Valenzuela, y a otro detenido de nombre Waldo Sankán Navarrete y los trasladaron al cuartel de la Policía de Investigaciones de dicha ciudad donde permanecieron hasta la madrugada del día 20 de octubre de 1973, oportunidad en que fueron retirados por militares de dicho Departamento II, los que los hicieron subir a una camioneta perteneciente a la Junta de Adelanto de Arica, ocasión en la que se agregó al grupo el detenido Ripoll Codoceo, quien había sido retirado con anterioridad desde la enfermería del mismo regimiento, lugar donde se encontraba debido a su mal estado de salud, y luego todos ellos fueron trasladados hasta la cuesta Chaca del Departamento de Arica, donde procedieron a dar muerte a Óscar Walter Pedro Ripoll Codoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastías y Manuel Francisco Donoso Dañobeitía, quienes se encontraban indefensos, obrando sobre seguro, utilizando para ello armas de fuego y municiones pertenecientes al Ejército, y procedieron a desbarrancar la camioneta de la Junta de Adelanto de Arica en la cual se encontraban”. 3
A fines del mismo mes de abril del año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet  nombraba a la asistente social María  Luisa Sepúlveda a cargo de un programa de investigación para saber exactamente la situación de las personas encontradas en el Patio 29, debido a  que el Servicio Médico Legal (SML) había identificado erróneamente los cuerpos de 48 detenidos desaparecidos. De acuerdo a lo señalado por Bachelet, se esperaba el arribo a nuestro país de peritos forenses extranjeros conocedores de un nuevo sistema de identificación de ADN nuclear, aún no existente en Chile.4
La desaparición del listado de 700 familiares de detenidos desaparecidos correspondiente  a muestras de sangre tomadas en el año 2002, que fueran resguardadas en la Universidad de Granada, España, constituyó otro escándalo en materia de derechos humanos. A sólo dos días del anuncio de la Presidenta Bachelet de la puesta en marcha de un nuevo programa de investigación para identificar a las víctimas, el diario La Segunda publicó un artículo en el que Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hace notar que el listado debía ser entregado por el SML. 5 
Al margen del dolor que para los familiares de los detenidos desaparecidos había representado esta situación de pérdida de un listado importante, no menos inquietantes habían sido los fracasos y escasos resultados en la identificación de los restos, después de años de trabajo y de enormes sumas de dinero empleadas. En abril del año 1992 dos equipos médicos del SML integrados por médicos legistas y odontólogos recibieron  material óseo, fichas antropomórficas aportadas por la Vicaría de la Solidaridad y protocolos de autopsias  realizadas en septiembre de 1973 mediante huellas dactilares. Con ello se había logrado identificar a 20 cuerpos, pero también surgieron problemas: en una de las tumbas en que debía haber un cuerpo, se encontraron tres. 6
En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en tanto, la ministra de Justicia Soledad Alvear recibió un nuevo proyecto cuyo costo alcanzaba los $ 46 millones, para el pago de un equipo multidisciplinario. Este grupo profesional se relacionó con el experto Peter Vanezis, de  la Universidad de Glasgow, Escocia. El requerimiento de este último de enviar cráneos originales hacia aquel país, la negativa del Juez de la causa Andrés Contreras de otorgar  permiso para trasladar los restos fuera de  Chile y una larga lista de distorsiones,  errores y hasta procedimientos técnicos mal efectuados, señalados en un lapidario informe del experto español Miguel Botella, mantenían la situación sin ser resuelta. 7
En noviembre del año 2007, por otra parte, se publicaba una acción positiva efectuada por la Armada de Chile que buscaba no sólo reconocer eventuales acciones indebidas cometidas en el pasado con algunos presos políticos, sino un acercamiento con quienes estuvieron presos, en este caso, en la isla Quiriquina frente a Talcahuano. La idea fue realizar un  gesto de parte de la Armada, invitando a quienes sufrieron la privación de libertad que aún se encontrasen vivos y a integrantes de la Agrupación Cultural Pro Derechos Humanos de Tomé.8  
La iniciativa propuesta por la Armada incluiría la asistencia del ministro e Defensa José Goñi y del Comandante en Jefe de la institución, almirante Rodolfo Codina. De acuerdo a lo señalado por Juan Sandoval Torres, dirigente de la agrupación de derechos humanos de Tomé, la jornada era catalogada como “un acto de reflexión y de reparación de las confianzas en las instituciones públicas; y busca sanar las heridas del alma”. La diputada socialista por Tomé, Clemira Pacheco, confirmó además que asistirían el obispo de Concepción, Monseñor Antonio Moreno, el capellán de la Armada y un pastor evangélico.9

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