PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

V. CONCLUSIONES

Al finalizar este arduo trabajo sobre la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en países de América Latina y su impacto en la calidad de vida de la población es posible establecer varias conclusiones. Sin embargo, la más importante, a mi juicio, es haber confirmado que las instituciones armadas han efectuado un aporte positivo, en términos promedio, al progreso y desarrollo de los países latinoamericanos en general. En otras palabras, la hipótesis central planteada y comprobada para los cuatro países seleccionados, Argentina, Colombia, Chile y Perú, permite explicar la continuidad y permanencia de las Fuerzas Armadas a lo largo del tiempo, a pesar de que en diversas ocasiones y en distintos contextos históricos han provocado un grave daño a la integridad de miembros de la sociedad civil  o a sus pertenencias.
Es importante destacar además que muchos hechos históricos relatados o referidos a lo largo de la obra, permiten explicar a su vez la percepción y hasta el accionar de cada institución militar. Las guerras civiles internas en diferentes países de América Latina, los conflictos armados entre países por cuestiones de territorio, los golpes de Estado  y hasta la presentación de los ejércitos en desfiles de alguna manera han ido moldeando las relaciones entre uniformados y civiles, en interacciones que determinan impactos tanto positivos como negativos o neutros en la calidad de vida de la población.
Al transcurrir el tiempo, la evolución de la sociedad civil, del pueblo o de la ciudadanía, como se quiera llamar al conjunto de personas que constituye una nación, ha estado determinada por una serie de factores  que, especialmente en el caso latinoamericano, han determinado que el accionar de las Fuerzas Armadas, en cuestiones que mejoran la calidad de vida de la población, sea observado y entendido de un modo diferente con respecto al pasado.
Algunas personas, con la irrupción de la globalización, comprenden que se puede vivir más y mejor, que más recientemente es más fácil viajar y emigrar, huir de lugares peligrosos en que existe presencia de conflictos armados. La gente no quiere guerras ni problemas,  necesita a la policía y a las Fuerzas Armadas para defender sus derechos, sus pertenencias y  sus hogares. Pero no desea que, por alguna mala maniobra, un accidente fortuito o simplemente una mala acción de parte de algún oficial uniformado, se produzcan hechos de corrupción o desgracias de mayor cuantía.
Es en esta perspectiva de mayor bienestar al que aspira la gente y del cumplimiento absoluto de las verdaderas funciones de las Fuerza Armadas, en su máxima expresión de honradez, integridad y profesionalismo, que debe entenderse el sentido de esta investigación. Una conclusión que emana del sentido filosófico de este trabajo, que tal vez parezca extremadamente elemental, es que la sociedad civil en general acepta los roles y acciones de las Fuerzas Armadas que contribuyen a mejorar el bienestar de la población. Más aún, como señalaba en el párrafo anterior, esta aceptación se orienta a exigir cada vez más una participación directa con la comunidad, lo que se ha dado en llamar, mayor cohesión social.
La investigación, por otra parte, ha debido ser encauzada por senderos distintos a los tradicionales. He querido dejar en claro, ciertamente, que un asunto es el contexto en el cual se desenvuelven las Fuerzas Armadas y otro muy distinto es la acción, iniciativa o respuesta de ellas a lo que sucede en ese contexto. Los estudios tradicionales no efectúan esta separación y me ha parecido importante efectuarla.
Esto quiere decir que las FF.AA. en determinados contextos la calidad de vida que alcanzan los actores es de carácter negativo y en otros positivo. Por ejemplo un grupo de personas puede ser víctima de un robo a mano armada arriba de un microbús, suceso en que la calidad de vida está empeorando. La intervención oportuna de la policía, la captura de los ladrones y la devolución de las especies es una acción positiva en un espacio evaluativo, como diría Amartya Sen, desfavorable.
El saldo del acontecimiento, y a pesar de que los pasajeros no resultasen heridos y con sus haberes recuperados, probablemente alcanzó signo negativo. El susto de algunos pasajeros, las damas y los niños sobre todo, la molestia e indignación de otros y quizás de algún presente, por comprender que robar bienes materiales es algo indigno de una condición humana civilizadora, es necesario tomar en cuenta. Quizás más de alguien hasta se pregunte si la culpa es del ladrón o de la sociedad misma. Todo esto, naturalmente, nos advierte de cuan complejo puede ser el concepto de calidad de vida en sí. ¿Se pudo haber evitado el robo?. De viajar admirando el paisaje se pasó a una situación incómoda y desagradable.
Al reflexionar un poco más profundamente sobre lo anterior, y proyectando esta idea a una escala mayor, por ejemplo toda la cantidad de noticias positivas y negativas que he incluido en el disco compacto, la conclusión es que mayoritariamente las acciones de las Fuerzas Armadas fueron positivas, pero se dieron en contextos negativos de calidad de vida. Por ejemplo, en el Anexo 9 del Apéndice Estadístico, se incluyen los resultados generales para el caso argentino. De las 382 noticias estudiadas, 302, o sea un 79,06% de ellas, constituyen contextos de impacto negativo en calidad de vida y en el que intervinieron los uniformados.
Del mismo modo, las cifras negativas para los contextos de Colombia y Perú de un 74,72% y 70,69%, (Anexos 18 y 31 respectivamente), son claramente una evidencia de esta situación. La excepción en esto fue Chile, con un porcentaje negativo de sólo un 46,6% (Anexo 23). Esto muestra que los integrantes de las Fuerzas Armadas, en especial la policía que tiene más contacto con la civilidad, requieren de una gran preparación en lo emocional y, de paso, que su labor debe ser comprendida a la luz de una realidad  a veces poco motivadora
Los dos primeros grandes temas a los que refiere esta tesis, el concepto mismo de calidad de vida examinado en el capítulo 1, y la visión de los economistas en el capítulo 2, también permiten adelantar un par de conclusiones relevantes. Por un lado, está el carácter complejo y hasta relativo de la calidad de vida. Sobre esto, la conclusión señala que no existe un único modo de alcanzar altos niveles de bienestar y que no es igual disfrutar de la vida asistiendo a las corridas de toros o peleas de box, para algunas comunidades, que vivir y tratar de ser feliz en otras donde este tipo de eventos no es bien visto.
Si bien la mayoría de las actividades civiles y militares por lo general se desenvuelve dentro de un ámbito ampliamente aceptado por la mayoría, en algunas circunstancias las diferencias de lo que es bueno y malo marca un punto de divergencia. No parece existir, ni probablemente existirá nunca, una sociedad mundial única absoluta que alcance una calidad de vida uniforme en todo tiempo y lugar.
En otras palabras, cada sociedad, incluso cada comunidad al interior de otras agrupaciones humanas, tiene su propia visión  respecto a las metas que, en términos de bienestar, conviene. Las acciones del Estado, la agencia como señala Amartya Sen, podrá favorecer uno u otro camino diferente hacia el logro de funcionamientos  de Sen o resultados favorables, pero siempre deberán tener en cuenta lo que las mismas personas, la sociedad civil, conozcan, propongan y hasta desarrollen para conseguirlos.
Por otra parte, la revisión del material incluido en el capítulo dos nos refuerza a modo de conclusión algunas ideas que ya constituyen una realidad de la relación cívico militar de algunos países. Entre ellas que el servicio militar voluntario posee una serie de ventajas respecto al obligatorio, que las Fuerzas Armadas latinoamericanas en mucho contribuyen y pueden hacer aún más en el resguardo de bienes públicos, en fomentar planes preventivos y en reaccionar frente a catástrofes.
Un seguimiento sistemático de familias en riesgo de violencia, las inspecciones en carreteras, la información oportuna de los riesgos de algunos deportes de montaña y el rescate de personas amenazadas por un volcán, son algunos de los ejemplos que fueron examinados y que constituyen áreas de trabajo de las FF.AA. muy vinculadas a la calidad de vida de la población.
Los desastres naturales ocurridos en el pasado y que se incluyen en el relato de esta investigación, cobraron un interés inusitado con los terribles terremotos en Haití y Chile, en enero y febrero del año 2010 respectivamente. Si bien el primero fue menor en intensidad, los miles de muertos, la falta de agua y alimentos, la violencia de mafias organizadas en el primer caso, así como la fuerza del maremoto, la destrucción de viviendas y el posterior saqueo injustificado de tiendas, pequeños negocios y supermercados en el segundo, mostraron claramente situaciones de colapso que, al margen de las innumerables tragedias humanas, obligan a replantear el futuro rol de las Fuerzas Armadas latinoamericanas.
En el caso de Chile, un lector del diario La Tercera en la sección de cartas al Director, del día martes 2 de marzo del 2010, p. 2, se preguntaba si en nuestro país era más probable que ocurriera un terremoto de gran poder destructivo o una guerra. A pesar de no cuestionar la necesaria compra de armas y preparación de las tropas para un conflicto armado, propone que las Fuerzas Armadas dediquen una mayor proporción de recursos y entrenamientos a lograr una respuesta efectiva ante posible desastres naturales.
A lo anterior se suman los diversos antecedentes sobre fallas en temas de carácter preventivo y también destacados en la prensa, como el aportado por la señora Gisela Parra Roa, quien se quejaba con justificada amargura del trato hasta denigrante que recibió su marido, el capitán de Navío Roberto Garnham Poblete, quien fuera director del SHOA de la Armada de  Chile.
En una carta enviada al la Directora del diario La Segunda, publicada el día miércoles 31 de marzo del 2010, p. 8, explicó que su esposo había tratado de implementar al máximo las alertas de tsunamis en toda la costa chilena, entregando textos educativos, cartas de eventuales inundaciones. Sin embargo, la incomprensión de su importante labor por parte de autoridades superiores alcanzó límites increíbles, siendo tildado de loco y hasta amonestado por su excesivo celo. En su relato señala que algunos alcaldes de regiones costeras simplemente se negaban a poner señalética de evacuación bajo el argumento de que infundía miedo en los turistas.
En esta misma línea de errores preventivos, en un reportaje aparecido en el diario el Mercurio de 16 de mayo del 2010, p. D 13,  se comenta como un decreto firmado por el ex Presidente Ricardo Lagos despojó de amplias atribuciones a los militares en materia de catástrofes, quedando subordinadas a la ONEMI en casos de emergencia. 
Uno de los temas más importantes en la relación cívico-militar, que confirman las estadísticas obtenidas sobre determinación de la calidad de vida de los países latinoamericanos es el de “Legislación-Justicia”. En esta área del bienestar no sólo los fenómenos de la intolerancia, la violencia en las familias y la delincuencia en general constituyen entornos negativos en los que se deben desenvolver las Fuerzas Armadas, sino que además presentan conexiones aleatorias y hasta caprichosas con otros temas de calidad de vida, determinando en parte su cuantía.
Uno de los hallazgos probados fue que el nivel de calidad de vida alcanzado por lo general es función tanto de variables de tipo determinístico como aleatorio, siendo estas últimas de enorme relevancia en determinados escenarios. Esta conclusión es significativa para una redefinición del rol de las FF.AA. en la búsqueda de una labor más intensiva y fecunda en todo lo que atañe a la prevención de eventos catastróficos.
El área de “Legislación-Justicia” se relacionó con la de “Defensa” muy fuertemente en el caso colombiano por la presencia de diversos cuerpos militares en conflicto. En este aspecto, una conclusión es muy clara, las  muertes y pérdidas de bienes materiales por este motivo forman parte de los peores escenarios de calidad de vida ha sufrido la población y en términos masivos. Aunque existen otras relaciones de interés, entre “Legislación Justicia” y “Salud” por ejemplo, en que se producen muertes, muchos de los registros detectados confirman casos más bien eventuales, a excepción de los accidentes en que hay cierta regularidad.
En este sentido, el llamativo caso de una dama argentina joven de 22 años que mató a su marido uniformado a balazos, luego a una hija,  para terminar suicidándose, muestra otro tipo de problemas. Lo dramático en este caso, es difícil comentarlo en términos teóricos, es que la acción pericial, policial y médica posterior en este entorno fue positiva, al salvar el bebé que la mujer llevaba en sus entrañas y después de haber fallecido.
El estudio del combate al narcotráfico y compraventa de estupefacientes, al interior de los mencionados temas de “Legislación-Justicia” y “Defensa”, permite comprobar a todas luces lo que señala la teoría económica: las políticas coercitivas no han dado resultado y nunca lo darán. La conclusión apunta a que es mucho más eficiente, y quizás hasta éticamente deseable, que se apliquen políticas preventivas, con  libertad en la compra y venta de todo tipo de drogas.
Este resultado quizás para algunos sorprendente, no lo es para los economistas que comprenden la determinación del problema del valor en los mercados. Una política preventiva posibilita que la demanda por consumo de estupefacientes disminuya, sin disparar un tiro, sin que muera gente que nada tiene que ver. Con ello la producción de drogas y estupefacientes se torna menos rentable y hasta tendería a desaparecer, a menos que se permita la publicidad y los mercados de droga tengan características monopólicas. Algo no muy probable. En el caso de tratarse de muchísimos oferentes, es decir un mercado atomizado de productores, no es posible la publicidad y la política preventiva sería absolutamente eficiente.
La conclusión fundamental en esta parte de la investigación es la alta conveniencia en que las autoridades mundiales se pongan de acuerdo y permitan la libertad en el mercado, simultáneamente al aumento de los programas de prevención y seguimiento a quienes caen en la droga.
En este escenario, no sólo la guerra colombiana sino muchos otros conflictos, en que buena parte de las armas y ganancias de los narcotraficantes se debe a las prohibiciones, terminaría de manera definitiva. Visto de este modo, resulta casi incomprensible hoy en día justificar el control del consumo de drogas para evitar delitos o problemas de salud de quienes la adquieren, cuando la cantidad de muertos y dinero botado en armamento alcanza cifras abismales. En otras palabras, con la política prohibitiva actual unos mueren por otros, inocentes por culpables, justos por pecadores, lo que no parece apuntar, precisamente,  a una mejora en la calidad de vida.
Las represiones de parte de la policía en los países estudiados por protestas de estudiantes en Argentina por no atender sus demandas académicas, las marchas de “pingüinos” en Chile y las huelgas convocadas por cúpulas sindicales o la tradicional marcha del 1º de mayo en Colombia, nos lleva a reflexionar sobre otra faceta ingrata de la relación entre mundo militar y civil.
Es indudable que cabe cierta compresión y hasta el reconocimiento del porqué de muchas de las manifestaciones populares en contra de algunas medidas de los gobiernos, pero también es cierto que las policías están obligadas a efectuar maniobras represivas y que, incluso, afectan a terceros. Este tipo de acciones de las instituciones armadas, paradójicamente he debido clasificarlas como positivas, pues cumplen con su deber y, ciertamente, aminoran el desorden que puede provocar malestar a gente ajena a la manifestación. 
En este tipo de escenarios, con un tema negativo de calidad de vida que precede la acción de las masas populares, sumado al accionar positivo para  la comunidad pero negativo para los agitadores, evidentemente no determina un efecto claro en bienestar y en el que las policías se ven envueltas como en un verdadero sandwich. La conclusión que cabe, por tanto, es sugerir que la sociedad civil resuelva previamente las dificultades y malos entendidos oportunamente.
Las FF.AA. no pueden intervenir en problemas ajenos que ocurran entre sociedad civil-sociedad civil, sociedad civil-Estado ó Estado-Estado, por decirlo de alguna manera. A lo más, con el desarrollo de programas que mejoren los procedimientos de control de muchedumbres, o los sistemas de detección de delitos en circunstancias desfavorables, su acción en términos positivos de calidad de vida puede aumentar.
En los contextos positivos de calidad de vida, en que los ejércitos y policías contribuyen a la cohesión social como actividades deportivas, recreacionales, educacionales o culturales en general, sus acciones suelen estar precedidas de signo positivo en la mayoría de los casos. La revisión de antecedentes que señalan que muchas personas de la sociedad civil se entretienen con la  militaria, las colecciones de armas, uniformes y recuerdos de batallas perdidas en el tiempo, disfrutando de un alto bienestar.
La organización de ferias del aire como la F-Air 2006 de Colombia, los desfiles patrióticos por la Independencia Nacional en México o una presentación de la Orquesta Sinfónica Militar de Chile, corresponde a eventos en que la estudiada ecuación “acción–impacto” contiene un signo positivo en la calidad de vida para los partícipes. Si bien en al menos una referencia se insiste en que este tipo de actividades no es una labor propia de los ejércitos, resulta indiscutible que mejora la cohesión social entre civiles y militares.
La conclusión respecto al tema anterior es que se revisen las reasignaciones presupuestarias  para otorgar mayor relevancia al contacto entre los uniformados y ciudadanos, pues los ejércitos también requieren el cariño, reconocimiento y hasta comprensión de sus propios pueblos. En términos más sencillos es decir, también es conveniente que las FF.AA. se preocupen de invertir en identificarse con la civilidad.
Los programas de equinoterapia del Regimiento Dragones de Punta Arenas, Chile, de la Unidad de Caballería Cazadores de los Ríos en Ecuador, las actividades científicas de Argentina, Chile y Perú en la Antártida, si bien más lejanas de lo cotidiano, de alguna manera constituyen interesantes aportes en esta materia.
Las lecciones de la Historia en la relación cívico militar se estudian en el capítulo 3, con diversos alcances a Latinoamérica en general y casos concretos relevantes para Argentina, Colombia, Chile y Perú, en particular.
La conclusión más relevante en esta parte de la investigación es que, en general, las acciones de las Fuerzas Armadas que han sido destacadas por la mayoría de las investigaciones históricas, tuvieron un carácter negativo y se produjeron en contextos en que el impacto en la calidad de vida también fue negativo. Un primer punto a aclarar es que el concepto de calidad de vida prácticamente no aparece en el relato histórico. Por ello he debido destacarlo en cada oportunidad, deduciendo bajo mi responsabilidad si tal acción pudo o no generar una situación de pérdida de bienestar de la población.
El resultado de un análisis de largo plazo, desde la Independencia y hasta fines del siglo XX, es que la mayor parte de la historiografía apunta a hechos de gran trascendencia política, como guerras, golpes de Estado, masacres, falta de atención médica a los heridos y todo tipo de conflictos en que los actores partícipes debieron soportar pésimas condiciones de vida y toda clase de injusticias.
Una vez los militares en el poder, y en términos interpretativos, el especialista francés Alain Rouquié se ha referido en este sentido a gobiernos militares provisorios, regímenes constituyentes, militarismo reiterativo, dictaduras familiares, regímenes terroristas neoliberales, etc. Aunque en esta tipología sea posible clasificar a una buena parte de los regímenes militares intervencionistas, la conclusión es que no explica del todo la aceptación, a lo largo de muchos años, de muchos de estos regímenes.
El estudio histórico de largo plazo, pues, no confirma la hipótesis que he planteado para un análisis muestral de las acciones de las Fuerzas Armadas de Argentina, Colombia, Chile y Perú en materia de calidad de vida y para el corto plazo. La razón de ello es que la historiografía no examinó lo cotidiano, en el sentido amplio, del desarrollo económico y social. Se limita a cuestiones muy profundas pero sobre hechos puntuales y en contextos negativos, salvo excepciones muy contadas.
La conclusión es que en este enfoque no sólo ha faltado una revisión del día a día en la Historia militar de América Latina, como la sí efectuada a través de una base de datos de prensa en esta investigación, sino además faltó ampliar el abanico de temas en que la gente común era afectada por las acciones de los militares y la policía.
Por otra parte, la revisión histórica de los hechos acontecidos desde fines de la época colonial, permite comprender de manera más precisa porque ocurren determinados acontecimientos hoy en día o porqué la prensa de uno u otro país estudiado destaca cierto tipo de hechos, mientras que en otros manifiestan un carácter ocasional. En la base documental referente a Argentina, por ejemplo, el diario “La Nación” con bastante frecuencia destacó las causas judiciales en que se encontraban acusados oficiales de las Fuerzas Armadas, incluso por hechos acaecidos en la época de los montoneros.
La enorme cantidad de información referente a hechos ocurridos entre marzo del 2006 y febrero del 2008 con participación de las Fuerzas Armadas colombianas, no puede comprenderse a cabalidad si no se revisan los hechos relatados en esta investigación, sobre el inicio de la “Era de la Violencia”  entre 1946 y 1957, lapso en que se incluye el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Del mismo modo, algunos hechos ocurridos en el pasado de Chile y Perú determinan acontecimientos que cada cierto tiempo, especialmente en materia de derechos humanos, han dejado huella hasta el presente y posiblemente se proyectarán en años hacia el futuro.
Un elemento adicional en favor del análisis histórico efectuado y que permite aclarar sucesos más recientes ocurridos en los primeros años del siglo XXI, ha sido la descripción de la guerra fría y las influencias norteamericana y soviética en la gestación de pensamientos ideológicos que también se han prolongado en el tiempo hasta nuestros días.
La obsesión de determinados grupos de poder por imponer determinados esquemas de sociedad e institucionalidad económica y política, ha generado innumerables situaciones confrontacionales o malos entendidos que ha repercutido en el progreso de América Latina y, de paso, en la calidad de vida de la población. 
Las distintas ideas influyeron en acciones paramilitares de organizaciones como guardias blancas, ligas patrióticas, milicias republicanas, montoneros y el Ejército Rebelde cubano, pero también en el accionar de fuerzas militares regulares mediante exportación de la revolución o golpes de Estado preventivos. Todo esto, al sumar y restar beneficios y costos, ciertamente que entregó un saldo muy negativo en la calidad de vida recibida por la gente que debió soportar las penurias asociadas a este tipo de hechos.
En el último capítulo se efectúa un análisis de lo acontecido desde el punto de vista del bienestar, en la relación que se da entre acción militar e impacto en calidad de vida.
La utilización de una metodología que combinaba recolección de noticias de prensa, clasificación de la información en una base de datos cuantitativa y el contraste de datos para las pruebas de hipótesis, ha permitido confeccionar matrices cívico-militares permiten la interralción de diversas variables y con ello, una mejor comprensión del impacto en la calidad de vida de la población.
Los resultados generales obtenidos a partir de ellas han permitido concluir que:

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