1.2 Los Derechos Humanos de los migrantes

El encuentro entre los pobladores nativos de un país y los extranjeros que llegan, es un asunto que requiere de políticas públicas capaces de reducir los efectos negativos de la asimilación, cuando se promueven los derechos de los migrantes y sus familias en tiempos de crisis, implica comprender como las políticas públicas en los países receptores pueden manipular este tema respetando los derechos humanos básicos o fundamentales de los migrantes (Jiménez, 2010).
En el marco de la globalización de los derechos humanos, se plantea que independientemente de la ciudadanía o la legislación territorial, cada persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo tiene algunos derechos básicos que otros deben respetar, en este sentido es importante comprender el aspecto de la integración de los derechos humanos como parte del derecho nacional e internacional (Sen, 2004).
La migración se ha visto favorecida por la globalización, los avances tecnológicos en los medios de comunicación y en el transporte; desde otro enfoque, para proteger a los migrantes y sus derechos humanos fundamentales se han creado alianzas entre las partes para encontrar soluciones a los desafíos, a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa la justicia social y los derechos laborales y colabora en la protección contra la discriminación y la explotación de los migrantes (Schmid, 2007).
El tema de los derechos humanos en la globalización indica que existe una tendencia política dominante que implica aceptar el tema de los derechos humanos, como parte fundamental del discurso a nivel ético-jurídico  (Jiménez, 2010).
Dentro del marco jurídico, los derechos de los inmigrantes dependen de su estatus legal, frecuentemente los residentes o trabajadores inmigrantes legales tienen derechos sociales y los extranjeros irregulares son excluidos de los derechos sociales, confinados a los segmentos menos deseables, peor pagados y los más desprotegidos del mercado laboral (Peixoto, 2007).
Entonces, el resurgimiento de las luchas por la defensa de los derechos humanos contra los efectos de la desigualdad social, que afecta a los grupos más vulnerables o que sufren algún tipo de discriminación, tiene sus fundamentos en las consideraciones globales que se establecieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, dentro del marco jurídico, la migración es el principio de libertad de tránsito de las personas, es parte del ejercicio de un derecho, pero además es una decisión que puede ser voluntaria, para buscar oportunidades y una mejor calidad de vida, no así la inmigración porque se enfrenta al predominio del estado receptor antes que al derecho individual, entonces se puede ejercer la emigración como derecho, pero no la inmigración (Castillo, 2000).
Aunque, se ha planteado que los migrantes son grupos excesivamente vulnerables respecto a sus derechos fundamentales (Castillo, 2000), los desplazamientos de fuerza de trabajo no se han detenido ante las restricciones formales que imponen los países de destino, por que, el Estado no ha cerrado completamente las fronteras, sino que ha combinado criterios que conceden algunos derechos a los migrantes (Martínez, 2001).
Estudios realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestran que los países reconocen que sus emigrantes por su condición de indocumentados son vulnerables a la discriminación y la explotación, el tema clave a nivel mundial, local y regional es que existe la necesidad de proteger y salvaguardar los derechos humanos fundamentales o básicos de los migrantes mediante la cooperación regional (Martínez, 2007).
Frente a los efectos de la migración internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en la Convención Internacional la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes y sus Familiares en 1990; pero muchos países no ratificaron, porque sus leyes protegen los derechos humanos básicos de los migrantes, en tanto que los países que ratificaron reclaman el respeto a los derechos de los migrantes y que estos se posicionen por encima de cualquier consideración, la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales estima que se deben garantizar los derechos básicos o fundamentales por todo Estado para todos los migrantes  (Alba, 2007).
Se ha definido a los migrantes como un grupo vulnerable porque tienen una característica en común: viven y trabajan en otro país del cual no son originarios y pueden ser rechazados; además, ser no-ciudadanos limita sus derechos, ellos sufren la idea que afirma que los migrantes no tienen derecho a la protección total de la legislación relativa a los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, esa idea errónea contribuye al difícil acceso de los migrantes a la protección y bienestar social  (UNESCO, 2005).
El desplazamiento de personas es un asunto muy delicado, aunque se han impuesto medidas restrictivas para controlar los movimientos, las personas seguirán desplazándose a través de las fronteras; por su parte, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social realizada en Copenhague en 1995; considera que, en los países de destino de los migrantes es fundamental la oferta de servicios sociales básicos para migrantes; pero, también reconoce que las causas de la migración son la presión económica, los desastres ambientales y naturales, la guerra y la urgencia por una mejor calidad de vida (Schmid, 2007).
Algunas investigaciones han concluido que la globalización de la economía implica el surgimiento de estándares internacionales en las cuales se han incluido los derechos humanos, este proceso se orienta a la desaparición gradual de la condición de vulnerabilidad de los migrantes y su integración en condiciones de igualdad (Bustamente, 2001).
Por otra parte, los desplazamientos de población de las zonas excluidas de la economía global, donde la población experimenta la pobreza y la negación de sus derechos humanos, la migración aparece como la única forma de huir de la pobreza, en esas circunstancias  probablemente países como Brasil, México, China e India las enormes reservas de fuerza de trabajo serán incapaces de encontrar empleo en su país e intentaran migrar a economías desarrolladas, donde el miedo a la inmigración incrementa las restricciones y eso genera recortes a los derechos civiles (García, 2007a).
Se ha aceptado que los Estados tienen la suficiente competencia y puedan ejercer su soberanía para definir los términos de admisión y presencia de extranjeros dentro de su territorio, sin embargo, ese principio  ha justificado medidas que cuestionan el respeto a los derechos fundamentales, es decir que los gobiernos de países desarrollados establecen barreras más rígidas, que en algunos casos vulneran los principios consagrados en los instrumentos, los tratos de desigualdad  no solo ocurren a nivel mundial sino al interior de los países, cuando los migrantes internos son discriminados y tienen dificultades para integrarse en las zonas de asentamiento o de ocupación temporal (Castillo, 2000).
Actualmente se han logrado algunos adelantos sobre la defensa de los derechos de los migrantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes y sus Familiares, que había sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, fue ratificada por México el 8 de Marzo de 1999 (INM, 1999) y entró en vigor el 1º de julio de 2003, cuando ratificaron 20 países, hasta 2005 habían ratificado la convención 35 países: Argelia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Kirguistán, Lesotho, Libia, Malí, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Senegal, Seychelles, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor del Este, Turquía, Uganda, Uruguay, el número de ratificaciones sigue siendo bajo, según un documento informativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),  el objetivo principal de la Convención de la Naciones Unidas es fomentar el respeto de los derechos de los migrantes, la meta es proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, mediante normas éticas y estimular la  promoción de los derechos de los migrantes en cada país; es decir, se busca garantizar el trato igual y las mismas condiciones para migrantes o extranjeros y nacionales (UNESCO, 2005).
A nivel mundial existe un gran debate por el incremento en la migración internacional; debido a que, los países industrializados son el destino de los migrantes procedentes de países en vías de desarrollo, a lo anterior se debe agregar que los países desarrollados en el contexto internacional se enfrentan a una crisis mundial, a la situación de inseguridad y a la contracción de los mercados laborales, que están impactando el tema migratorio, ante la disminución de los recursos generada por la crisis, se prevén posibles aumentos de los sentimientos antiinmigrantes en los países de destino de los migrantes, esto genera una mayor vulnerabilidad de los derechos humanos de los migrantes que están dispuestos a trabajar por menores salarios e incluso tolerar la explotación y la discriminación por temor a perder el trabajo, ante la difícil situación económica generada por la crisis financiera, a lo anterior se suma que el  migrante no está familiarizado con el idioma en el país receptor y esto lo posiciona en desventaja cuando trata de conocer y reclamar sus derechos,  especialmente en situaciones de racismo (Jiménez, 2010).
En base a algunas investigaciones realizadas la situación de vulnerabilidad de los migrantes por la falta de documentos limita sus posibilidades, violenta los derechos humanos y paralelamente deteriora el acceso a la justicia, el riesgo a ser deportados los aleja de las instancias judiciales, por otro lado, el debate en los países de destino de la migración internacional es integrar a los inmigrantes a la sociedad, el estatus de inmigrantes les permite acceder a derechos políticos, económicos y sociales, pero en Estados Unidos el gran número de indocumentados y los bajos niveles de ciudadanos obstaculizan su integración a la sociedad estadounidense y restringe sus beneficios (Santibáñez y Lavore, 2012).
Sin embarago, un gran numero de países industrializados dependen económicamente de la fuerza de trabajo migrante, por la deficiencia de trabajadores y la negativa a realizar trabajos específicos por parte de los nativos, en países como Suiza, el 20% de la fuerza de trabajo es migrante, este porcentaje se eleva al 61% en Luxemburgo, inclusive en países desarrollados como Austria, Dinamarca, España y Grecia entre 1995 y 2000 los migrantes internacionales han contribuido a elevar la tasa de crecimiento demográfico natural  (UNESCO, 2005).
Frente al actual escenario del fenómeno de la migración en México y en el afán de impulsar un marco legal a los flujos migratorios en un país históricamente expulsor de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos, el debate fue generado en la esfera política sobre la nueva Ley de Migración que buscaba regular y atender las diversas etapas de los desplazamientos de la población contemporánea de emigración, inmigración, tránsito y retorno  (Calderón, 2012). 
Como un esfuerzo por parte del gobierno mexicano ante los nuevos retos sobre el tema de la migración internacional, durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón se abrió un debate para crear un marco legal enfocado a regular y atender la migración en México, el resultado fue la Ley de Migración promulgada en 2011, aunque con rezagos avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de los extranjeros en México, antes regulada por la Ley General de Población 1974, aunque inicialmente tenía el objetivo de la creación de un marco jurídico para los migrantes en el extranjero, la preocupación era el incremento en la migración de transito asociada a la violación a los derechos humanos lo que influyó en el marco jurídico que irónicamente se centró en la inmigración en México, al aumentar de tono el tema de la vulnerabilidad que México significaba para los migrantes internacionales por sus condiciones de precariedad y la violación de los derechos humanos, en realidad lo que era una Ley de Migración, terminó como una ley de inmigración, que ha sido criticada por considerarse como un listado de buenos principios (Calderón, 2012; Cobo y Cruz, 2012).
México no solo debe emprender acciones gubernamentales para la protección humanitaria internacional, sino también para quienes decidan vivir en el país, las acciones públicas deben respetar los derechos humanos y reconocer la inmigración para el desarrollo económico de México, según registros del Instituto Nacional de Migración (INM), la migración de tránsito en México procedente de Centroamérica con destino a Estados Unidos sostuvo un comportamiento creciente hasta 2005, posteriormente mostró una disminución gradual (Cobo y Cruz, 2012).