CONDICIONES LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL SECTOR SOLIDARIO EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA*

Emmanuel Nieto López**
Luz Dolly Lopera García***
Francisco Aguirre Echavarría****

Resumen

El artículo es un resultado investigativo cuyo objetivo fue  identificar las condiciones de trabajo y las características de protección social de un grupo de pequeños y medianos agricultores del sector solidario del suroeste de Antioquia en 2012, para lo cual se utilizó un enfoque de tipo descriptivo transversal. Los resultados muestran que con bajo nivel educativo y una presencia mayoritaria de hombres, los pequeños agricultores se ven sometidos diferentes jornadas de trabajo que les supone excesos alarmantes en su extensión por día, sus niveles de ingresos no superan sensiblemente el valor del salario mínimo legal. Cuentan estos agricultores con una cobertura en salud superior al 90%, lo cual contrasta con la alta desprotección en los regímenes de pensiones y de riesgos profesionales; en esta materia se esperarían mayores esfuerzos por parte de los gestores de la  economía solidaria y del gobierno para proteger la salud y la vida, en todas sus dimensiones, de los pequeños productores.
Palabras Clave. Empleo, colectivos, condiciones de trabajo,  protección social. 
CLASIFICACIÓN JEL E24, P32, J81, H55

Contenido

Introducción; 1. La economía solidaria en los retos que le impone la protección social de los asociados; 2. Características sociales, económicas y de protección  social  de los pequeños y medianos productores agrícolas  del suroeste antioqueño; 3. Conclusiones;  Bibliografía.

En Colombia el sector de la economía solidaria se multiplica en una variedad de experiencias desplegadas por diversos colectivos,  en ámbitos como la producción y la comercialización de bienes y servicios en sectores importantes de la economía nacional. En nuestro país la base poblacional e institucional de la economía solidaria se ha venido ampliando de manera significativa, al punto que el agregado de su producción representa cerca del 5% del PIB, de acuerdo con publicaciones oficiales que registran información sobre el sector tales como:  la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confeccop, (2007) y (2012) y el Diario La República (2013), con  presencia  relevante en los sectores de la industria, el transporte y los servicios financieros. 
 
Este comportamiento muestra la viabilidad del sector para responder a los retos de la economía de procurar el crecimiento y por una vía expedita el bienestar de la población, en tal sentido,  ha venido ganado importancia en los planes de desarrollo nacionales de los últimos dos gobiernos, de forma que los lineamientos institucionales para dinamizar el sector han sido claros en relación con crear las instancias de regulación, control y vigilancia, sin  embargo, han sido limitados para promover las organizaciones sociales y económicas que definen otra forma de hacer economía, en tal sentido,  es algo paradójico que se aluda al sector de economía solidaria cuando se trata de endosarle responsabilidades frente  a la necesidad de generación de empleo y superación de la pobreza de grupos poblacionales vulnerables,  pero se le resta importancia como esfuerzo de colectivos que autogestionan  el mejoramiento de sus condiciones de vida en perspectiva del buen vivir y  más aún se utiliza la normatividad y  sus formas organizativas como paliativos que refuerzan la economía de mercado.

Como una forma de contribuir al reconocimiento del sector, que tiene presencia nacional, tanto en el ámbito urbano como rural, el presente artículo plantea como objetivo identificar las condiciones de trabajo y las características de protección social de un grupo de pequeños y medianos agricultores del sector solidario del suroeste de Antioquia en 2012.

En el aspecto metodológico, el estudio es de tipo descriptivo de corte transversal basado en información primaria, la cual fue obtenida mediante la aplicación de un instrumento a una muestra representativa de pequeños y medianos agricultores vinculados a instituciones de economía solidaria en el suroeste de Antioquia en 2012.
La población en estudio estuvo conformada por 524 agricultores pertenecientes a las 16 instituciones de carácter solidario que operan en este sector productivo, localizadas en las áreas urbanas y rurales de las zonas Sinifaná y San Juan del suroeste antioqueño. Con un nivel de confianza del 95% y error del 5%, el tamaño de la muestra seleccionada,  de manera aleatoria y simple, fue de 121 agricultores residentes en los municipios de Andes, Angelópolis, Amagá, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Titiribí y Venecia.

La caracterización de los agricultores, realizada con base en las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial, cubrió los ámbitos socio-demográficos, laboral y de la seguridad social. 

Los resultados de investigación que estamos presentando, relativos a la caracterización laboral y de protección social de pequeños agricultores asociados en esta región del departamento de Antioquia, pretende aportar información que permita valorar las condiciones de bienestar de esta población en las dimensiones antes señaladas.
El documento está estructurado  en tres secciones; la primera hace una reflexión sobre la normativa del sector y de los aportes que hace al bienestar de la población, la segunda  relaciona los aspectos  metodológicos y principales hallazgos del estudio y la tercera alude a la discusión derivada de los resultados.

EL sector de economía solidaria en Colombia cuenta con un soporte normativo bien definido, en el cual se hace explícita la taxonomía institucional,  se subrayan los valores que orientan sus actividades y se le da soporte a la política de fomento gubernamental. En este sentido cabe mencionar la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 (1998). Esta última es de suma importancia no sólo en cuanto que impulsa el Sistema Nacional de Economía Solidaria, dentro del cual se le da vida a la Superintendencia y al Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, sino también por su claridad en lo que toca con la demarcación conceptual de este sector y la precisión de los principios que lo gobiernan.

En los linderos definidos por esta normatividad, los dos últimos gobiernos han hecho explícita su voluntad de fomento del sector de economía solidaria. En tal sentido son de subrayar, en primer lugar, el documento Conpes 3639 de 2010 que define y estructura la política de desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria alrededor de siete líneas estratégicas (2010). Cabe resaltar igualmente el Plan Estratégico-Prosperidad Solidaria  2012-2014 de la recién creada Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en el cual se formulan metas específicas en el orden programático y se establece un presupuesto de gastos para dicho período que dan soporte al desarrollo de sus tres ejes estratégicos (2011).

La dinámica antes señalada del sector de la economía solidaria sostiene una relación un tanto paradójica con este soporte normativo y de política pública, pues es evidente que los dispositivos regulatorios y el apoyo estatal van en la dirección de lograr metas macroeconómicas y sectoriales asociadas a un mayor crecimiento económico, la generación de empleo y la superación de la pobreza, pero no necesariamente en la perspectiva de viabilizar la centralidad de una economía alternativa a la economía de mercado, lo cual revela la asunción de una perspectiva blanda de la economía solidaria por parte de las instancias de gobierno, en el sentido de su funcionalidad a la economía de mercado:

Esta perspectiva de la economía solidaria es suscrita por Luis Razeto, uno de sus teóricos más emblemáticos, quien plantea que “Se trata de poner más solidaridad en las empresas, en el mercado, en el sector público, en las políticas económicas, en el consumo, en el gasto público […] La idea y el proyecto de una economía de solidaridad no los pensamos como negación de la economía de mercado o como alternativa frente a la economía de empresas. Hacerlo sería completamente antihistórico e incluso ajeno al hombre tal como es y cómo puede ser” (2009, p. 9):

Es decir, parece una asunción antropológica del mercado que niega cualquier trascendencia política a la economía solidaria. Esta postura contrasta con una perspectiva de la economía solidaria, asumida como economía alternativa, expresada entre otros por intelectuales ampliamente conocidos como Paul Singer “La autogestión es una opción profundamente revolucionaria, anticapitalista, porque ella exige la integración de cada uno de los individuos en un colectivo libremente escogido. Estamos construyendo en medio de contradicciones, en las fallas del capitalismo, un nuevo tipo de sociedad y de economía”   (2012, p. 24).

Esto explica en parte por qué mucha de esta normatividad no deja de ser retorica gubernamental, lo cual es evidente en el hecho de que asuntos claves como el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria no ha sido aún reglamentado. Tampoco se tiene información sobre la ejecución del Plan Prosperidad Solidaria antes citado. Pero incluso el asunto va más allá del incumplimiento de la política pública y toca con las propias restricciones que la misma legislación le impone a la dinámica de la economía solidaria.
Frente a esto último cabe mencionar las restricciones a la participación del sector de economía solidaria en ámbitos económicos como el manejo de divisas, el corretaje de seguros, la construcción de vivienda, la prestación de servicios públicos. El sector no cuenta con verdaderas instituciones de fomento. Tampoco cuenta con presencia en instancias gubernamentales para la definición y formulación de políticas públicas en igualdad de condiciones que otros sectores económicos y sociales, tal como lo documentan Orejuela y Portocarrero (2012). Las cortapisas al sector solidario son evidentes incluso en la especificidad de los regímenes tributario, contable y financiero que lo gobiernan.
Este hecho contrasta con la uniformidad de la legislación laboral y de protección social a que se ve abocado el sector de la economía solidaria. En ninguno de estos dos ámbitos de la política pública se cuenta con regímenes de excepcionalidad para los trabajadores de este sector, como cabría esperar dado que en el mismo se promueven principios y valores que no se alinean con la búsqueda de la rentabilidad económica por sí misma. En calidad de asociados, dichos trabajadores son asimilados por el sistema de protección social como trabajadores independientes o como población pobre en lo que respecta al régimen subsidiado en salud.
De modo que en el terreno del bienestar de los asociados a instituciones de economía solidaria, los avances van surgiendo a contrapelo de la limitada estructura normativa y los alcances de la política pública, por fuerza más bien de los imperativos que van imponiendo las necesidades mismas de los asociados, sobre todo en sectores y micro-espacios en donde el espíritu de la solidaridad y la ayuda mutua brota como alternativa viable desde la propia dinámica de la población. Este es el caso de los pequeños y medianos agricultores del suroeste de Antioquia. 

En esta parte del territorio del país hay una problemática de pobreza, marginalidad y desprotección social que exigiría una mayor atención por parte de las autoridades locales y departamentales. Aunque en este terreno se han venido observando algunos avances, incluso en lo concerniente al soporte a la economía solidaria en el nivel local, lo cierto es que la contracción del monocultivo del café y otras actividades agropecuarias propias de la vocación productiva de la región, plantean aún grandes retos en lo concerniente a la problemática del empleo y la protección social.

Pese a que la economía solidaria en el suroeste no se constituye aún en una sólida alternativa de desarrollo local, su dinámica en el ámbito de la economía campesina es importante en cuanto que es factor de consolidación de redes de solidaridad y de construcción de tejido social, que impacta decisivamente el bienestar y la calidad de vida de estas poblaciones.

2.1 Aspectos metodológicos

Se realizó un estudio de corte transversal basado en información primaria, la cual fue obtenida mediante la aplicación de un instrumento, previa prueba piloto, a una muestra representativa de pequeños y medianos agricultores vinculados a instituciones de economía solidaria en el suroeste de Antioquia en el año 2012.

La población en estudio estuvo conformada por 524 agricultores pertenecientes a las 16 instituciones de carácter solidario que operan en este sector productivo, localizadas en las áreas urbanas y rurales de las zonas Sinifaná y San Juan del suroeste antioqueño. El listado de estas instituciones corresponde a las registradas en el año 2009,  en la Cámara de Comercio, la Gobernación de Antioquia y  Secretarías de agricultura de los municipios.
 
Con un nivel de confianza del 95% y error del 5%, el tamaño de la muestra seleccionada de esta población fue de 121 agricultores. De este grupo se excluyeron dos casos por no haber reportado información relevante, entre ella el tipo de organización a la cual estaban vinculados. La selección de la muestra se hizo de manera aleatoria y simple. En esta se incorporaron de manera aleatoria agricultores residentes en los municipios de Andes, Angelópolis, Amagá, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Titiribí y Venecia.
La caracterización de los agricultores, realizada con base en las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial, cubrió los ámbitos socio-demográficos, laboral y de la seguridad social. Para el primero las variables consideradas fueron sexo, edad y educación. Para el segundo el tipo de institución, la antigüedad, la jornada laboral y los  ingresos. Para lo relacionado con la seguridad social se indagó sobre la afiliación a riesgos profesionales, salud y pensiones. 

Se utilizaron frecuencias y porcentajes para el análisis de las variables cualitativas. La significancia estadísticas en el análisis bivariado de las mismas se evaluó mediante la prueba chi-cuadrado de independencia, con nivel de significación del 5%. Fueron utilizadas las medias y las desviaciones estándar para el abordaje de las variables cuantitativas, evaluando la significancia estadística de sus diferencias con base en la prueba t-Student al nivel antes señalado.

2.2 Condiciones socioeconómicas laborales y de protección social de los agricultores del suroeste antioqueño

Características socioeconómicas y tipo de organización

La muestra de agricultores objeto de estudio ascendió a un total de 119 personas, de las cuales el 51,3% estaba vinculado a cooperativas y el 48,7% restante a asociaciones o mutuales. La distribución por sexo deja ver una presencia mayoritaria de los hombres con el 81,5% del total de agricultores; dicha característica se mantiene al observar por separado la distribución de la población vinculada a los dos tipos de organización. Los hombres y las mujeres se distribuyen en partes similares entre cooperativas y asociaciones (tabla 1).
 
La edad promedio de los agricultores fue de 49 años (± 10,8), con una distribución por tramos de edad bastante pareja entre cooperativas y asociaciones. Según los datos de la tabla 1, son evidentes los bajos niveles de educación alcanzados por esta población, pues el 80,7% logró a lo sumo la educación primaria y sólo el 11,8% concluyó la educación superior, teniendo estos últimos una presencia mayoritaria en las asociaciones o mutuales.

La jornada de trabajo de los agricultores vinculados a las instituciones de economía solidaria fue en promedio de 30,3 horas a la semana (± 23,2). A este respecto son notorias las diferencias de medias entre los vinculados a las cooperativas (44,1 horas) y los vinculados a las asociaciones (27,6 horas). Los que laboraban hasta las 24 horas a la semana tienen una presencia mayoritaria en las asociaciones (72,1%). Una situación contraria se presenta entre quienes trabajan más de las 24 horas a la semana, en el sentido de que la mayoría lo hacía en las cooperativas. De hecho el 94,1% de quienes laboraban más de 48 horas estaban vinculados a este último tipo de organización (tabla 1). 

La media de antigüedad para quienes tenían vinculación a cooperativas (22,3 años ± 11,2) es significativamente superior a la media de antigüedad observada entre los vinculados a las asociaciones (5,6 años ± 3,5).  Estos dos tipos de organizaciones muestran abiertas diferencias según el número de asociados: una media de 752 agricultores en las cooperativas y una media de 24 agricultores en las asociaciones (tabla 1). Según los reportes de los propios agricultores, todas las cooperativas vinculadas al estudio tenían 200 o más cooperados, mientras que el grupo de asociaciones registraba un tamaño igual o inferior a los 50 asociados. 

Extensión de la jornada laboral según características socioeconómicas

Frente a la extensión de la jornada laboral, que presenta diferencias ostensibles para quienes se encontraban vinculados a las cooperativas y los vinculados a las asociaciones, conviene una caracterización más detallada. En efecto, son los hombres los que registran en mayor proporción una jornada superior a las 24 horas a la semana (67%), mientras que entre las mujeres el 77,8% reportaba una jornada inferior a esas 24 horas.  Según niveles de edad, la extensión de la jornada no presentaba diferencias significativas (tabla 2).

En relación con los niveles de educación, la extensión de la jornada laboral presentó contrastes significativos. La jornada superior a las 48 horas se presentó entre quienes no tenían educación (18,6%) y aquellos que a lo sumo habían alcanzado los niveles de primaria (20,5%). Los que reportaron niveles de educación secundaria y superior registraban jornadas iguales o inferiores a las 48 horas a la semana. De hecho el 81,8% de quienes obtuvieron educación superior reporta una jornada que no superaba las 24 horas a la semana (tabla 2).

La información sobre ingresos reportada por el 72,3% de los agricultores permite estimar una media total de $526.020 mensuales, con diferencias significativas entre cooperativas ($630.066) y asociaciones ($347.600). Como se ve en la tabla 2, la media de ingresos también presentan diferencias relevantes según la extensión de la jornada laboral, mostrando un comportamiento ascendente a medida que dicha jornada va en aumento: de $415.769 para los que laboraban hasta 24 horas a la semana hasta $595.294 para quienes declaran jornadas superiores a las 48 horas.

En términos de salario mínimo legal (SML), la proporción de quienes percibían hasta la mitad de este salario asciende al 17,6% del total; para el rango de medio a uno y más de un SML las proporciones son de 42,4% y 40,0% respectivamente. Buena parte del primer grupo laboraba hasta 24 horas a la semana (60,0%). En el grupo intermedio la distribución es bastante pareja. En el grupo de ingresos por encima de un SML se detecta una mayor presencia de quienes afirman haber laborado jornadas superiores a las 24 horas (85,3%).
Los datos permiten establecer una relación directa entre la extensión de la jornada de trabajo y el promedio de ingresos proveniente del vínculo con instituciones de economía solidaria. Este hallazgo estaría en línea con lo reportado en relación con la realización de un  trabajo por fuera de dichas instituciones. En esta situación se encontraba el 67,4% de quienes laboraron hasta 24 horas, el 26% de quienes dicen haber laborado entre 24 y 48 horas y el 17% de los que trabajaron más de las 48 horas a la semana.
 
Nivel de ingreso y jornada laboral según características socioeconómicas

En el vínculo con la economía solidaria, los hombres registran una jornada laboral significativamente por encima a la declarada por las mujeres, lo cual, sin embargo, no se refleja en diferenciales sensibles de ingresos. En relación con el otro vínculo laboral, la situación es un tanto diferente, en cuanto que en esa labor por fuera de la organización solidaria las mujeres presentan un mayor esfuerzo laboral que tampoco se refleja en diferencias significativas de ingresos. Aunque de conjunto las diferencias según sexo no son estadísticamente relevantes, lo cierto es que los hombres declaran un mayor esfuerzo laboral y un mayor nivel de ingresos que las mujeres (tabla 3).

En adición a lo anterior, cabe destacar que los hombres dedicaban más tiempo a las labores correspondientes a su vínculo con las organizaciones solidarias que a las de cualquier otro vínculo laboral, por lo que igualmente obtienen un ingreso mayor en esas organizaciones. Las mujeres, por el contrario, aplicaban más tiempo a las labores por fuera de la economía solidaria, lo cual paradójicamente no se corresponde con unos ingresos relativamente mayores en dichas actividades. En sus actividades dentro de la economía solidaria, tanto hombres como mujeres obtienen un ingreso hora superior al percibido en otro vínculo laboral.
En lo que respecta a la edad, tanto en las actividades realizadas en las organizaciones solidarias como en otro vínculo laboral, los promedios en jornada laboral y nivel de ingresos no presentan diferencias relevantes. Cabe resaltar que en ambos grupos de edad se realiza un mayor esfuerzo laboral en dichas organizaciones, obteniéndose ahí unos ingresos comparativamente mayores a los generados en otro vínculo laboral. En este último se obtienen un ingreso hora menor al generado dentro de la economía solidaria.

En el ámbito de la economía solidaria los niveles de educación no generan diferenciales significativos en jornada e ingresos. En otro vínculo laboral la educación tampoco es factor de diferencias en jornada de trabajo pero sí en ingresos. Tendencialmente se registra un mayor esfuerzo laboral a medida que se desciende en el nivel de educación. En materia de ingresos, salvo algunas excepciones, el comportamiento es similar. En el grupo con educación superior, contrario a lo observado en los demás niveles de formación, la mayor fuente de ingresos estaría en otro vínculo laboral, en donde además realizan su mayor esfuerzo de trabajo.  

Por tipo de organización se presentan, tanto en organizaciones solidarias como en otro vínculo laboral, diferencias significativas en materia de jornada de trabajo e ingresos. En las cooperativas la jornada promedio alcanzas las 44,1 horas, mientras que en las asociaciones la misma registra un promedio de 27,6 horas a la semana. Este esfuerzo diferencial en horas trabajadas se manifiesta en diferenciales de ingresos en igual sentido, de $ 630.066 en las cooperativas y $ 347.6000 en las asociaciones.  En otro vínculo laboral el signo de las diferencias se invierte, con un esfuerzo laboral en las asociaciones superior al observado en las cooperativas, que marca en igual sentido los diferenciales de ingresos.

Las distribuciones según sexo marcan diferencias significativas en la afiliación a riesgos profesionales, pensiones y salud. El contraste es bien marcado entre las mujeres, pues gozaban de cobertura total en salud pero igualmente padecían de una absoluta desprotección en riesgos profesionales y pensiones. Los hombres, por su parte, registran una desprotección del 7,2% en salud y del 85,6% en riesgos profesionales y pensiones (tabla 4).
Las disparidades en edad no devienen en grandes diferenciales en protección social. Los dos grupos de edad referenciados en la tabla 4 arrastran la fuerte desprotección ya señalada en riesgos profesionales y pensiones, aunque dicha circunstancia parece más marcada en los agricultores con una edad igual o inferior a los 49 años. Algo similar sucede con la agrupación por nivel de educación, en donde las diferencias las marca el grupo con educación superior, dentro del cual son sensiblemente menores la desprotección en riesgos profesionales (64,3%) y pensiones (50%), aunque su desprotección en salud (14,3%) supera el promedio general.
Pese a que las diferencias en protección social según la vinculación a otro trabajo no son estadísticamente relevantes, se observa una tendencia a la mayor desprotección en el grupo que reporta no realizar actividad distinta a la que lleva a cabo en las organizaciones solidarias. Si bien tampoco hay fuertes diferenciales en la desprotección social por tipo de organización, los datos dejan ver a este respecto una situación relativamente mejor en el grupo vinculado a las asociaciones.

Los analistas académicos y buena parte de los diseñadores de políticas han subestimado históricamente el papel que juega la economía solidaria en la dinámica macroeconómica y laboral de nuestro país.  Este hecho no deja de ser paradójico si atendemos al orden de magnitudes. En efecto, como queda dicho en la introducción de este texto, la economía solidaria representa en Colombia no menos del 5% del PIB, con amplia participación en el sector de la industria y el sector financiero.

La economía solidaria ha logrado en la última década una mayor visibilidad, no sólo en términos del impacto creciente en la producción de bienes y servicios, sino también en lo que respecta a la ampliación de su base institucional y los espacios de debate de las políticas públicas. Este sector, que en 2006 agrupaba cerca de 8.970 entidades, logra consolidar un total de 10.242 instituciones en 2011. Para este último año dichas entidades sumaban algo más de 6,5 millones de asociados, de los cuales el 82,6% estaban localizados en las cooperativas, el 14,1% en los fondos de empleados y el 3,3% restante en las asociaciones mutuales, tal como lo  documenta Confeccop (2007) y (2012).

La ampliación de la dinámica productiva de la economía solidaria en nuestro país, ha contado en años recientes con un soporte institucional derivado de una legislación y unas políticas públicas que aún con evidentes limitaciones  dan una marco de referencia de mayor certeza al sector, las cuales según reza en los Planes de Desarrollo de los dos últimos gobiernos (2007) y (2011), pretenden articular el tema de la asociatividad con el crecimiento económico y la generación de empleo. Un signo de los nuevos vientos, de especial relevancia para la valoración de los resultados de esta investigación, lo constituye la creación en el último año de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias adscrita al Ministerio de Trabajo, documentado en Orejuela y Portocarrero (2012). 

Las 16 instituciones de carácter solidario, referente institucional de esta investigación, son expresión de la nueva dinámica de este sector, en tanto que no sólo es relevante por la magnitud de su presencia regional en la actividad agropecuaria sino también porque buena parte de esas instituciones surgieron y/o se sostienen al menos en el nivel local gracias al soporte que les ha ofrecido la administración departamental y municipal, tal como lo documenta Mora (2012). La comunidad de intereses, por lo demás, apunta a superar la problemática del empleo y la sobrevivencia material de una población que se ha visto afectada por el deterioro del monocultivo del café en los últimos años, actividad que ha definido históricamente la vocación productiva de la región del suroeste de Antioquia, documentado por planeación departamental  en sus informes de perfiles regionales (2009).
En ese sentido no es despreciable el hecho de que los hombres, con edad promedio de 50 años,  representen el 81,5%  del total de población vinculada a las organizaciones solidaria objeto de estudio, en tanto que revela que dicha actividad es realmente una alternativa de vida, trabajo e ingresos para quienes regularmente fungen como cabeza de hogar. Lo es también por cuanto se trata de una población que, no obstante su baja escolaridad, cuenta con un acumulado de capital humano procedente de su experiencia en las labores agropecuarias.
Lo dicho revela además la pertinencia de estas prácticas de economía solidaria. A favor de esta consideración habla el hecho de que los oficios desempeñados no vulneran su histórica vocación laboral y por tanto tampoco los soportes de imaginarios y referentes de identidad. La pertinencia se ve igualmente reforzada en razón a que los valores que gobiernan las prácticas de economía solidaria refuerzan los lazos de cooperación y ayuda mutua que son propios de las poblaciones vulnerables del campo.
En materia de condiciones de trabajo, relacionados con el ingreso y la extensión de la jornada laboral, los hallazgos de esta investigación dejan ver características un tanto disimiles. Se encontró una media de ingresos de $526.020 mensuales provenientes de las actividades desarrolladas por los trabajadores al interior de las instituciones de economía solidaria. Una vez se agregan los ingresos correspondientes a otros vínculos laborales reportados por dichos trabajadores, la media alcanza los $ 750.641 mensuales. Se trata de niveles de ingresos relativamente aceptables a la luz del promedio de salarios en 2011 del conjunto de trabajadores del país ($ 782.061) y de los que laboran en el sector agropecuario ($ 521.600), documentado en los registros de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2012).

Se encontró una notoria diferencia en los ingresos reportados por los asociados a cooperativas ($630.066) y los vinculados a asociaciones ($ 347.600). Sin embargo, estas diferencias no constituyen realmente un factor de inequidad, por cuanto se documentó así mismo una menor extensión en la jornada de trabajo en el grupo perteneciente a las asociaciones (27,6 horas) comparada con la del grupo vinculado a cooperativas (44,1 horas). Abunda en esta consideración el hecho de que la antigüedad es mayor en este último grupo (22,3 años) comparado con la observada entre los vinculados a las asociaciones (5,6 años).

Un resultado que por excepcional merece ser resaltado es el que toca con la extensión de la jornada de trabajo. Conforme con las estimaciones ya reseñadas, dicha jornada no presenta niveles extremos en ninguno de los dos grupos de instituciones. Pero una vez se toma en consideración lo reportado por estos trabajadores en otros vínculos laborales, la situación asume niveles alarmantes, pues en promedio dicha jornada suma algo más de las 68 horas a la semana. Esta jornada estaría por encima de la estimada para el conjunto de los trabajadores del país (46 horas) e incluso superior al de los trabajadores del sector agropecuario nacional (44 horas), tal como se documenta en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2012).

El fenómeno del multiempleo es por sí mismo excepcional en este grupo de trabajadores, pues la totalidad de ellos reporta un segundo empleo remunerado, lo cual estaría desbordando de lejos los guarismos en sectores como el agropecuario a nivel nacional, en donde no más del 10,5% de los trabajadores reporta empleos secundarios. El sobreesfuerzo laboral es extremo entre las mujeres, no sólo por las 63 horas a la semana que están reportando en su trabajo remunerado, sino también por las eventuales responsabilidades que en su condición de mujeres suelen asumir al interior del hogar.

Los resultados en materia de sobreesfuerzo laboral contrastan con los altos niveles de exclusión del sistema de protección social reportada por estos trabajadores, particularmente en pensiones y riesgos profesionales, por encima de los promedios observados en el conjunto de trabajadores del país y en los que laboran en el sector agropecuario nacional. Los datos informan de óptimos resultados en materia de cobertura del aseguramiento en salud, pues sólo el 6% no cuenta con ella.

En relación con pensiones y riesgos profesionales, la situación es un tanto paradójica por cuanto es de esperar que, afincados en los valores que orientan su gestión, las organizaciones de economía solidaria asuman el compromiso de garantizar la protección social de sus afiliados como factor de bienestar. En esto, obviamente, no juega a favor el diseño institucional del sistema de protección social en nuestro país. 

El asunto es de vital importancia porque toca con los fundamentos y las características de la economía solidaria. En ese sentido, las condiciones laborales y la protección social de los asociados no puede ser un asunto de responsabilidad individual sino un compromiso de la organización misma, más cuando en el plano de la producción, la distribución y el consumo cobra centralidad el factor trabajo sobre el capital, el bienestar del colectivo sobre la rentabilidad. El tema, finalmente, pudiera estar constituyendo un signo más de los múltiples retos que deben enfrentar las instituciones de economía solidaria en un contexto de economía de mercado y las limitaciones impuestas por las políticas públicas.
 
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