Inteligencia Territorial

El concepto de “inteligencia territorial” es relativamente nuevo y podría decirse que se encuentra aún en evolución. Una de las definiciones más recientes y que mejor resume su significado es la que lo identifica como un campo científico multidisciplinar en el que el objeto es el desarrollo sostenible de un territorio y el sujeto una comunidad territorial.

Así, la inteligencia territorial produce conocimientos sobre las dinámicas territoriales, especialmente sobre las necesidades de las personas y los recursos disponibles, y lo hace mediante el diseño e implementación de herramientas para la observación y evaluación estratégicas por parte del conjunto de actores territoriales directamente involucrados en la gestión de las tensiones ligadas al desarrollo territorial sostenible.

Fue fundamentalmente, con el objetivo de luchar contra la pobreza y exclusión social, con el que comienzan a desarrollarse los métodos y herramientas de la “inteligencia territorial”.

Varias son las circunstancias por las que los actores sociales en el campo de la pobreza se vieron obligados a revisar sus conceptos y métodos de trabajo, a dotarse de nuevas cajas de herramientas para el análisis, gestión y comunicación, y a construir nuevas alianzas con otros agentes económicos, sociales y políticos para mejorar la comprensión de los fenómenos a los que se enfrentaban e incrementar la eficacia de sus acciones.

• En primer lugar, en un contexto de sucesivas crisis económicas, estas organizaciones estuvieron directamente implicadas en el proceso de reconfiguración de las políticas públicas hacia un sistema pluralista de producción de bienestar social, mediante el cual el propio Estado estaba propiciando el concurso y la participación de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones del Tercer Sector. Este proceso confería a estas entidades un nuevo protagonismo en el marco de las políticas sociales ante el cual se vieron obligadas a reaccionar.
• En segundo lugar, durante este periodo se produce una re conceptualización de la problemática “pobreza” que pasó a ser planteada en términos de “procesos de exclusión social”. Esto supuso un cambio de enfoque por parte de los poderes públicos conducente a una mayor individualización de las políticas sociales, lo cual tuvo, a su vez, importantes repercusiones en el trabajo cotidiano de estas organizaciones, enfrentadas a una problemática de complejidad creciente.
• En tercer lugar, simultáneamente a este proceso de individualización de las intervenciones, estos actores, confrontados con la realidad de su día a día, iban tomando cada vez una mayor consciencia de la dimensión territorial de los fenómenos que estaban encarando, de ahí que creciera su necesidad de comprender los procesos de exclusión social en el marco más amplio de las dinámicas de desarrollo territorial a las que estos procesos estaban asociados, para actuar en consecuencia.

Las peculiaridades en la formación histórica de los tejidos económicos y sociales de los diferentes asentamientos humanos, se ha traducido en una gran diversidad de estructuras socioeconómicas observadas sobre el terreno, incluso en el ámbito de un mismo país o región, una diferenciación que se ha mantenido en el tiempo pese a la gestión centralizada de la política económica y social de los Estados Modernos.

Las distintas respuestas a los cambios en el entorno económico se tradujeron en diferentes impactos en las sociedades locales, muchas de las cuales se quedaron rezagadas en el proceso de adaptación a las nuevas formas de organización económica.

Este cambio organizacional se basó fundamentalmente, y se sigue asentando pues es un proceso inacabado, sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que supone el declive de los viejos modelos productivos industriales, a la vez que permite, mediante el avance de estas tecnologías, una desconcentración de la industria y una concentración de los ámbitos de decisión, gestión y ejecución en muy pocas ciudades denominadas globales.

Desde estas ciudades los centros de decisión de las grandes multinacionales ejercen su poder transcendiendo los marcos de los estados nacionales, propiciando con ello un proceso de mayor autonomía de lo económico frente a lo político. Las inversiones se deciden siguiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y esto privilegia a determinados ámbitos geográficos en detrimento de otros que van quedando sistemáticamente excluidos de los canales de intercambio económico globales (Borja 1997).

El proceso es tan selectivo que privilegia a determinadas zonas incluso en el interior de las propias ciudades dejando al margen a los barrios más desfavorecidos.

De esta forma la mundialización y los cambios en el sistema económico productivo provocan la desestructuración económica y social de territorios anteriormente integrados (barrios obreros, por ejemplo) y contribuyen a desmadejarlas zonas ya previamente más desvertebradas (suburbios, centros históricos abandonados).

Un estudio realizado hace más de una década ya ponía de manifiesto estos problemas al analizar las circunstancias que propician el deterioro de las zonas más desfavorecidas en las ciudades, las cuales pueden ser resumidas en los siguientes puntos (VV.AA. 2000):

• El proceso por el cual las nuevas tecnologías de la información permiten en las empresas la centralización de los procesos de gestión y la desconcentración de los procesos de ejecución contribuye a que se generen procesos de «dumping social». La “competencia” entre los distintos territorios por captar inversiones para la realización de las tareas de ejecución se traduce en una negociación a la baja del coste de la mano de obra vía moderación salarial, costes sociales de la mano de obra y flexibilización del mercado laboral. En definitiva, se fomenta la actividad en el territorio al coste de una mayor precariedad laboral.
• Esta nueva forma de organización de la producción y su tecnología asociada permite a las empresas plantearse la reubicación de los centros de producción cuando las circunstancias así lo requieran a un coste no demasiado elevado. Cuando una zona (región, ciudad, barrio) deja de ser rentable, la producción se mueve a otra, quedando sistemáticamente excluida adentrándose en un círculo vicioso de degradación y precariedad social.
• Los requerimientos de la flexibilidad laboral implican una mayor segmentación social, dando lugar a una gran heterogeneidad de las formas de empleo que van engrosando las fórmulas del sector secundario y que en muchas ocasiones se traducen en situaciones complejas de alternancia entre empleo y paro. Esta circunstancia afecta especialmente a grupos muy concretos, sobre todo a aquellos con un déficit de cualificación importante, mucho más frecuente en las zonas más degradadas.
• A todo esto se une que una gran cantidad de empleos tradicionales desarrollados por los habitantes locales han sido sustituidos paulatinamente por redes productivas modernas orientadas hacia la competitividad global destruyendo así parte del tejido productivo tradicional y pronunciando la desvinculación entre la actividad económica y el conjunto de relaciones sociales. Por otro lado, las inversiones encarecen el suelo de las zonas más rentables, de manera que los ciudadanos con menos recursos se ven obligados a permanecer o a mudarse a las zonas menos valoradas. Eso lleva a la concentración de la población más pobre en esas zonas y ello no contribuye a aumentar su ya de por sí escaso atractivo.

En definitiva, estos «barrios desfavorecidos padecen situaciones de fuertes desigualdades múltiples con altos valores de paro, eventualidad, falta de cualificación laboral, falta de estudios, etc., que deben provocar escasez de recursos económicos.

Ante esta situación, los responsables de la intervención sobre el territorio parecen encontrarse enfrentados a una elección (que se presenta como dicotómica) entre el desarrollo de acciones que se enganchen al tren de la globalización y aprovechen las ventajas económicas que ésta ofrece, por un lado, y las acciones orientadas a una mejor cohesión social territorial que aseguren un desarrollo a un más largo plazo, por otro.

El foco en el territorio pone de manifiesto la exigencia de propiciar nuevas alianzas entre los actores involucrados en el desarrollo de estas zonas. Para lograr el objetivo es necesario el concurso en todos los ámbitos, locales, regionales, nacionales y globales, públicos y privados, del campo económico, social o político institucional.

Del mismo modo es necesario activar nuevas fórmulas de complicidad con la ciudadanía más afectada por los problemas, potenciando su voz, su poder de confrontación y su capacidad de proposición en las soluciones. Era necesario, en definitiva, generar una “nueva gobernanza territorial” más participativa, más democrática y más inclusiva.

Esta nueva gobernanza territorial debería estar basada en la movilización de colaboraciones multisectoriales. “Las estrategias locales de gestión de empresas deben ahora ser ampliadas para incluirla gobernanza local que hace referencia a un cambio de los modos de gobierno incorporando redes auto-organizadas e inter-organizadas caracterizadas por la interdependencia de los intercambios de los recursos en el juego y la autonomía con respecto al Estado” (Tsay  2005).

La gobernanza a nivel de territorio representa un proceso de concertación que reúne actores privados, asociativos y públicos alrededor de un problema concreto para definir unos objetivos compartidos y para coordinar sus capacidades, a fin de alcanzar estos objetivos de manera concertada y racional.

Para propiciar esta nueva gobernanza se necesitaban nuevos marcos teóricos para encuadrarlos problemas de una forma multidimensional, nuevas herramientas de análisis y prospección territorial y nuevos métodos de decisión participativa.

Los métodos y herramientas de inteligencia territorial desarrollados por los actores de ENTI (European Network of Territorial Intelligence), a través del método CATALYSE (1989), son un intento de respuesta a estos desafíos.

El término de “inteligencia territorial” fue propuesto en 1998con la voluntad de dar una dimensión científica a la experiencia “Catalyse”, pensada y desarrollada en Besançon (Francia) y después diseminada en Francia, en España, en Bélgica, y luego en Rumania y en Hungría.

El método “Catalyse” en 1989 se dio en el ámbito de la “acción concertada” de la provincia del Doubs del “Tercer Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza”, para responder a las necesidades de actores que deseaban entender mejor las necesidades de las poblaciones vulnerables que tenían a su cargo y que querían actuar conjuntamente de manera concertada para satisfacer estas necesidades de manera duradera.

“Catalyse” propone un método y unas herramientas de observación territorial a los actores territoriales que desean elaborar, argumentar, animar y evaluar proyectos de desarrollo sostenible. Permite a los actores recoger y confrontar – de manera cualitativa, cuantitativa, y espacial – informaciones individuales sobre las necesidades de las personas, datos sobre los servicios disponibles para satisfacer las necesidades identificadas e indicadores territoriales.

Conforme a la lógica del desarrollo sostenible, el “diagnóstico” se establece a partir de las necesidades de las personas y no solamente con arreglo a las capacidades de los actores. Las informaciones individuales relativas a las necesidades son recogidas por los actores mediante diferentes entrevistas con la ayuda de una “guía”  multidimensional.

Esta guía describe la situación de cada persona, las dificultades que encuentra, sus necesidades y los “servicios necesarios” para satisfacerlas.

La medida de las necesidades se establece en un primer momento por el recuento de las respuestas relevadas, relacionadas con un proyecto o con un territorio. Los “perfiles” cualitativos de criterios múltiples son establecidos después con la ayuda de un análisis factorial de correspondencias y de una clasificación ascendente jerárquica.

Estos perfiles permiten definir diversas asociaciones de necesidad, compartidas por distintos grupos de personas, que reclaman servicios específicamente adaptados. El diagnóstico consiste en la confrontación de los perfiles con los servicios existentes.

Los servicios son recogidos previamente en un “repertorio” autoalimentado “on line” que describe sus públicos y sus campos de actividad. Por último, la representación espacial de los perfiles se establece a escala del territorio y puede ser confrontada con los indicadores territoriales.

Estos análisis desembocan en proyectos de acción definidos por los actores implicados con arreglo a los perfiles de necesidades detectados. La evaluación delos proyectos territoriales se produce regularmente con la ayuda de la guía que recoge periódicamente los servicios realizados y las modificaciones de la situación de cada persona.

Los métodos de inteligencia territorial, aún naciendo en un dominio muy específico como es la lucha contra la pobreza, por su enfoque multidimensional, por estar conceptualizados expresamente para ser usado en contextos participativos y por su calidad científico-técnica, aprovechando las potencialidades de la sociedad del conocimiento, constituyen una enfoque idóneo para enfrentar de manera global los problemas de desarrollo sostenible en el marco de una nueva gobernanza territorial.

Las crisis económicas de los años setenta y la ulterior intensificación del proceso de globalización supusieron importantes transformaciones en el modelo de organización económica empresarial.

Éstas implicaron a su vez fuertes cambios en las prácticas de contratación de la mano de obra por parte de las empresas que buscaban un modelo de producción más flexible. Se suscitó entonces una “nueva cuestión social”, cuyos efectos e intensidad se han ido agravando en cada una de las crisis económicas que se han venido produciendo desde entonces.

En 1973, estalló la primera crisis petrolera, con el aumento del precio del petróleo por los países de la OPEP de U$S 3 a U$S12. Este primer choque petrolero muestra los límites de un modelo de desarrollo basado en el despilfarro de recursos naturales y en el intercambio desigual con las economías primarias de los países del “Tercer Mundo”, cuyo desarrollo se basaba, y se basa todavía, en los recursos naturales y la agricultura.
Los shocks petroleros provocaron una crisis internacional del empleo y un recrudecimiento de la pobreza, que una gestión más previsora de los recursos naturales habría permitido limitar.

La informatización de la sociedad, que se realizó en tres etapas a partir dela segunda mitad de los años 70, reforzó los negativos efectos económicos, sociales y medioambientales de las crisis energéticas.

La automatización de los talleres, posteriormente la informatización de los servicios comerciales y bancarios y, más recientemente, la digitalización de la información y su difusión planetaria, generaron un desempleo masivo, la debilitación de la protección social y contribuyeron a aumentar la pobreza, la exclusión y la precariedad. Son las primeras consecuencias económicas y sociales conjugadas de las crisis petroleras y de la informatización dela sociedad en los países desarrollados.

La evolución de la “sociedad de la información” sentó las bases para el desarrollo de la actual “sociedad del conocimiento”, una sociedad que valoriza el saber, la creatividad y el capital humano y social.

Las crisis energéticas y el desarrollo de la sociedad de la información redujeron también el poder adquisitivo del trabajo, incluido el de las clases medias, en beneficio del capital financiero. El desarrollo de las tecnologías de la información reforzó considerablemente la especulación financiera desde que se hizo posible ganar – y perder – sumas colosales en muy poco tiempo.

Los efectos convergentes de los shocks energéticos, de la informatización de la sociedad y de las crisis financieras marginaron grupos sociales y provocaron la recesión de regiones enteras en el mundo, afectando particularmente a los trabajadores emigrantes y las regiones de emigración.
La incapacidad de los sistemas de protección social del Estado del bienestar para proteger a los ciudadanos de la pobreza, la inseguridad y la exclusión, resultado de las crisis económicas y sociales y de la falta de previsión sobre los costes ambientales, provocó una crisis de legitimidad de los Estados-Nación. Esto ha dado lugar paralelamente a la reafirmación de las identidades locales, al reforzamiento de la descentralización administrativa, a la delegación mediante la transferencia de políticas públicas estatales a los gobiernos locales y la corresponsabilidad financiera.

La gobernanza se sitúa en diferentes niveles, al nivel transnacional (global y continental) y al nivel de los territorios confrontados con los costes sociales, medioambientales y culturales, del desarrollo económico .Por lo tanto, la gobernanza no es solamente necesaria en los territorios en crisis, porque estos costos resultan, de un modo más general, de la globalización y se observan también en los territorios en desarrollo.

Desde 1989, la inteligencia territorial, con un enfoque crítico del desarrollo sostenible, tiene la ambición de proponer una alternativa al modelo tradicional basada en proyectos territoriales concertados dirigidos por colaboraciones multisectoriales de desarrollo, en la participación y en el uso científico y ético de las tecnologías del conocimiento, de la información y de la comunicación, al servicio de la construcción de inteligencias colectivas a escala territorial.

 “La inteligencia territorial ambiciona ser la ciencia pluridisciplinar cuyo objeto es el desarrollo sostenible de los territorios en la sociedad del conocimiento, y cuyo sujeto es la comunidad territorial. Su objetivo es impulsar, a escala de un territorio, una dinámica de desarrollo sostenible basada en una combinación de los objetivos económicos, sociales, medioambientales y culturales; en la interacción entre el conocimiento y la acción; en la mutualización de la información; en la concertación en la elaboración de los proyectos y en la cooperación en el seguimiento y la evaluación de las acciones. Reúne y produce conocimientos pluridisciplinares útiles para la comprensión de las dinámicas y de los sistemas territoriales, por una parte; y desea ser un instrumento para los actores del desarrollo sostenible de los territorios, por otra” (Girardot 2010).