2.4. La educación ambiental y la Educación Superior en México.

La educación superior es y ha sido un sector estratégico para el desarrollo de las sociedades en todo el mundo. En el contexto actual de las llamadas sociedades del conocimiento, el saber y los procesos ligados a él, reconfirman la importancia y bondad singular de las Instituciones de Educación Superior (IES). Por ello, varios investigadores (Leff, 1993; Toledo, 2000), han ubicado el papel de las instituciones de educación superior de importancia estratégica para el desarrollo sustentable de las sociedades, donde los conocimientos no solo se adquieren sino se aplican.

La Carta de Bogotá sobre Medio Ambiente y Universidad dada a conocer en 1985 dentro el Seminario Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, así como la propia Agenda 21 de Río de Janeiro precisó el importante papel que desempeñan las universidades en los procesos de desarrollo, así como la necesidad de vincular las funciones universitarias con la temática ambiental. También se exhortó a estas IES para que redefinieran su misión y visión sobre la perspectiva que contribuyera a superar el papel de subordinación ideológica y económica de la región (Macedo y Salgado, 2007).

México, a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, lanzó una estrategia para que la educación superior incluyera los postulados de la EA y participara en tareas de gestión ambiental. El propósito se centró en hacer que todas las IES diseñaran planes ambientales institucionales, sin embargo, no fue sino hasta 1999 en que se estableció el Comité Conjunto entre la ANUIES y SEMARNAP con el fin de poner en marcha un ambicioso programa de formación ambiental en las IES afiliadas.

En realidad, desde 1991 habían aparecido ciertos planes ambientales en algunas IES, los cuales se consideraron en ese momento poco pertinentes e innovadores a las demandas socioambientales ya promovidas por el gobierno mexicano. Las más destacadas fueron: La Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, el Programa de Protección al Medio Ambiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Programa Institucional de Medio Ambiente de la Universidad de Guanajuato, el Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima, el Proyecto Ibero sobre Mejoramiento Ambiental de la Universidad Iberoamericana -Unidad Santa Fe-, el Programa Interdisciplinario en desarrollo sustentable y medio ambiente de la Universidad Iberoamericana -Unidad Puebla-, el Sistema de Gestión Ambiental (SMA) y Educación para la Sustentabilidad (EPS) de la Universidad Tecnológica de León y el Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Universidad La Salle.

Estos planes contemplaron grandes ámbitos, tales como, la docencia, donde se consideró conveniente incorporar la formación ambiental a los planes de estudio de las licenciaturas y posgrados, desarrollar propuestas para la formación ambiental de los profesores, elaborar cursos y diplomados sobre temas prioritarios ambientales para la actualización de los egresados y diseñar estrategias para la formación ambiental de los estudiantes, entre otras. En el plano de la investigación las posibilidades fueron varias, tales como: sugerir líneas o proyectos de investigación en temas críticos ambientales para la localidad o región, fomentar la creación de grupos de investigadores con un enfoque interdisciplinario capaces de intervenir en las necesidades sociales y ambientales detectadas en la localidad. En el plano de la difusión, las acciones se centraron en organizar foros, congresos, exposiciones, conferencias, sobre temáticas ambientales y del desarrollo sustentable de importancia institucional o nacional. De igual manera, en este rubro fueron de gran importancia las publicaciones y antologías, elaboración de materiales en temas ambientales y del desarrollo sustentable, tanto para los propios académicos, como para estudiantes y diversos grupos sociales. En el plano de la vinculación se crearon las condiciones para que los académicos interactuaran con proyectos y acciones llevadas a cabo por instancias responsables de la política ambiental, con grupos de la sociedad civil o con otros niveles educativos de la región. Complementariamente a estos lineamientos se emitió información relacionada con el ahorro y uso eficiente de recursos como el agua, papel, energía, así como fomentar el cambio de hábitos de consumo (Palacio, et al., 2000).

Otro avance significativo dentro de la educación superior fue el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable de las IES, que fue aprobado al seno de la ANUIES, el cual fungió como documento rector de la política educativa, ya que contó con el consenso de las instituciones afiliadas y sirvió para enviar una buena señal a la política ambiental del gobierno federal con miras al 2020. Similar significado tuvieron los Planes Estatales de Educación, Capacitación y Comunicación Ambiental que desde el 2001 promueve el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT. Según datos, en los primeros cinco años se elaboraron 25 en el país y, particularmente en la zona centro occidente donde pertenece Nayarit, se lograron diseñar e implementar siete de ellos (Bravo, 2008).

Además de lo anterior, según la más reciente declaratoria emanada de la Conferencia Mundial de Educación Superior en 2009, celebrada en la ciudad de París y denominada “las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social”, insiste en que la estrategia que se diseñe por cada nación para contrarrestar los retos actuales, debe tomar muy en cuenta la forma de erradicar paulatinamente la pobreza, es decir, no se trata de una estrategia educativa solo con propósitos ambientales, sino que eminentemente se trata de impulsar un cambio social cuyo grado de conciencia permita establecer un pacto de armonía con los diversos componentes ambientales.

En este sentido, el cambio de las IES hacia la temática ambiental es una exigencia, una necesidad y un imperativo social que debe atenderse de manera prioritaria. Dicho cambio se requiere en sus diferentes ámbitos de actuación: niveles (medio superior, superior y posgrado), modalidades (presencial, semipresencial y a distancia) y funciones (docencia, investigación y extensión), ya que cuenta con un alto potencial humano para participar orgánicamente en la transformación cultural a partir de una EA diseñada exprofeso, lo que requiere de una visión holística, transversal, interdisciplinaria, compleja, en la que se tome en cuenta las múltiples dimensiones articuladas conceptual y metodológicamente y en vinculación con los grupos sociales en regiones y localidades concretas como condición necesaria para explorar, conocer y diseñar propuestas de solución acordes a situaciones reales y sentidas de nuestro país.

Según Bravo (2008), el cambio ambiental en las IES debe tomar en cuenta cinco niveles de análisis:

1. Nivel epistemológico – teórico, lo que implica trabajar el campo ambiental desde ejes transversales e interdisciplinarios.
2. Nivel pedagógico, a partir del diseño de un determinado modelo adecuado y de complementos didácticos.
3. Nivel ético, donde se redefina valores, responsabilidad y compromiso que subyace de la intervención del hombre sobre lo ambiental y que determina el proceso de generar o construir conocimiento.
4. Nivel económico, en el que el ambiente no solo es el espacio de contemplación sino de producción de bienes y servicios.
5. Nivel cultural, donde se tomen en cuenta las cosmovisiones de los habitantes de origen que están involucrados.

Ante este panorama queda claro que las IES tienen un desafío complejo pero interesante en el que se requiere la suma de esfuerzos, las visiones conjuntas y el trabajo colaborativo sobre metas comunes que permitan hacer viable y sostenible un escenario menos catastrófico para las generaciones futuras. Empero, no debe ser opcional con el caso de la UAN, sino que debe ser parte del compromiso obligado que tienen las instituciones públicas para con la sociedad.