LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Hermilio Hernández Ayón (CV)

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2.1. Leyes y dependencias que fomentan el movimiento de la educación ambiental.

Buena parte de la estrategia por impulsar la EA se realizó desde el gobierno federal, a partir de la creación de la SEDUE, en todas las entidades del país, la cual tuvo importantes proyectos, algunos de los cuales se convirtieron en verdaderas actividades comunitarias eminentemente sostenibles que permitieron solventar necesidades básicas de las personas que colaboraron en él (Reyes y Bravo, 2008). Un ejemplo de ello fueron las denominadas Unidades de Protección y Restauración Ecológica (UPRES) ubicadas en zonas serranas, las cuales se construían bajo acuerdo de la comunidad, aprovechando al máximo los recursos naturales como el agua y sin utilizar energía. La base de estas Unidades estaba en la organización social que se formaba dentro de la comunidad, donde se establecían jerarquías, tareas y actividades colaborativas informales, las cuales tenían el propósito común de hacerlas productivas, auto gobernables y autofinanciables. El gobierno federal aportaba toda la inversión inicial necesaria para que los diferentes módulos productivos (avícola, piscícola, hortícola y ovino) funcionaran, además de que se ofrecía asistencia y capacitación técnica para el manejo adecuado de la UPRE. No obstante, este modelo sostenible, único en su tipo, sucumbió como organización social ante la incapacidad de los propios actores para el manejo adecuado de variables endógenas (organizacionales) y exógenas (producción y comercialización).

Hasta antes de 1983, existía la Subsecretaría del Mejoramiento del Ambiente dentro de la conocida Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), la cual se convirtió, en ese mismo año, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Esta dependencia se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 1992 y, teniendo como antecedente la Subdelegación de Ecología, se crearon, paralelamente, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), instancias actualmente vigentes. Posteriormente, en 1994 se creó la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) que se convertiría, a partir del 2000, en lo que ahora se conoce como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y que dejó fuera de su estructura al sector pesquero (INE, 2010; Reyes y Bravo, 2008).

Con relación a la legislación, una gran parte de países, sobre todo aquellos que participaron en cumbres y conferencias mundiales donde se trató el tema ambiental, se presentó iniciativas de ley entre los años setentas. Al respecto, México no fue la excepción al promulgar, en 1971, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Esta responsabilidad de vigilancia y prevención ambiental se le turnó a la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental de la SSA en 1980, desde donde se lanzó el Programa Integral de Saneamiento Ambiental, consistente en realizar acciones de capacitación y divulgación de la problemática imperante de ese momento y las medidas preventivas que la ciudadanía podría tomar. Posteriormente, en 1982 se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente que, finalmente en 1988, esta ley junto con las reformas e iniciativas del momento, dieron lugar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). En la terminología jurídica actual, la forma moderna para dirigirse a la relación hombre – sociedad – naturaleza (tan antigua como la aparición del hombre sobre la tierra), es la del derecho ambiental o del ambiente, el derecho ecológico y el derecho del entorno (Vargas, 2007, Vásquez, 2011).

Simultáneamente, en ésta década de los ochentas, se trató de impulsar oficialmente la educación ambiental a través de los planes y programas de estudio de todos los niveles del sistema educativo nacional y capacitar al magisterio, a través del lanzamiento del Primer Programa Nacional de EA (PRONEA) en 1986, el cual contó con el apoyo de la entonces SSA, SEP y SEDUE; misma década en que surgen los grupos ecologistas sociales agrupados en lo que se conoce como Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Estos grupos ya habían aparecido, especialmente en países de Europa y Norteamérica, incluso algunos de ellos eran financiados por gobiernos de otros países para observar, escuchar e informar sobre ciertos asuntos de interés político o económico. En el caso de México, la primera ONG ambiental surgió a propósito de la creación de una fundidora en Cananea, Sonora, la cual se autodefinió como un grupo interesado en los problemas de investigación biodiversa del país, la protección de especies y la educación ambiental. Su postura fue escuchada y tomada en cuenta por el gobierno mexicano, en parte gracias al apoyo del gobierno norteamericano. Similar caso ocurrió con las ONG que participaron en la decisión del embargo atunero aplicado a México para proteger el delfín y algunas precisiones que fueron tomadas en cuenta durante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La cantidad de estas organizaciones aumentó significativamente como consecuencia del sismo de 1985, pero también por la construcción de la planta nuclear de Laguna Verde y la aparición de movimientos europeos como la ola verde, las que, formando un frente común, lanzaron en 1988 el manifiesto “tesis ecologistas en defensa de la nación y por un desarrollo justo, armónico y sustentable” (Torres, 1999).

En los noventas, se impulsó fuertemente el papel del educador ambiental propuesto dentro de los acuerdos emanados del primer Congreso Iberoamericano de EA en Guadalajara en 1992 y reafirmado en otros foros internacionales en Venezuela, Cuba y Brasil, pero que no logró consolidarse como el agente multiplicador del discurso que se deseaba. La suma de todos estos esfuerzos fueron retomados y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y el Programa de Medio Ambiente (PMA), donde aparecen conceptos inspirados en la Agenda 21 tales como: lograr una mejor calidad de vida para todos a partir de medidas ambientales preventivas, cambio en los patrones de consumo y un aprovechamiento sustentable de recursos, para lo cual se propuso avanzar en materia de educación, investigación y capacitación. Este planteamiento logró impacto significativo tanto en los programas como en los libros de texto del nivel básico (primario y secundario); también los bachilleratos públicos incorporaron en su programa la asignatura de Ambiente y Sociedad y se abrieron posgrados de maestría y doctorado en diversas IES del país relacionadas con el ambiente. La estructura gubernamental dio paso a la creación de nuevas instancias reguladoras y promotoras del concepto sustentable como el Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) dependiente de la SEMARNAP que agrupa a la red de educadores ambientales (Semarnat, 2010). También se tuvo el acierto de crear la Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA), entre algunas otras relacionadas con el ambiente, a partir de la que, su principal creador, Edgar González Gaudiano, ha puesto especial énfasis para lograr profesionalizar a educadores ambientales.

En la primera década del siglo actual, se reabrió el debate pendiente desde 1997, en que la UNESCO habría sustituido la educación ambiental (EA) por la de educación para el desarrollo sostenible (EDS). La forma de conceptualizar ambas posturas llevó a polarizar el debate y, en consecuencia, dejar la percepción de que se trata de dos conceptos polisémicos; brecha que se acentuó a partir de la declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014 de las Naciones Unidas. Al respecto, González (2011), reconoce que la EDS surgió como una proyección de la EA a partir de la cumbre de Río de Janeiro, sin embargo, ambas siguieron derroteros diferentes ya que, mientras la EA buscó impactar en las esferas económicas, sociales y políticas, a la EDS se le consideró más conservacionista. Afirma también, que en Latinoamérica no ha cambiado ni la conceptualización ni la forma de hacer las cosas; tampoco se ha modificado el campo teórico, el cual es aún precario e inestable, pero con posibilidades de avanzar respecto a la legitimación y a las políticas públicas.

Esta percepción regional contrasta con lo que pasa a nivel mundial, donde las modificaciones en el campo teórico ambiental a través del tiempo -debido a las lecciones aprendidas de los diversos sucesos ocurridos históricamente- han ido desde las primeras consideraciones conservacionistas, hasta algunas corrientes que apenas están en el debate y el juicio crítico como la eco educación, la cual parte de una visión sustentable y holística del mundo en el marco de una educación para toda la vida, desde donde se plantean cambios de paradigmas educativos menos lineales, colaborativos y de mayor arraigo hacia las propias realidades de las comunidades (Reyes y Bravo, 2008).

En cuanto al marco normativo, México complementó el alcance de la LGEEPA con la Ley de Vida Silvestre y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 2001; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en 2003; la Ley General para la Prevención y Control Integral de Residuos en el 2004 y la Ley de Aguas Nacionales en el 2004. Sin embargo, a pesar de estos avances en la legislación mexicana, aún no se cuenta con una definición clara de los diversos conceptos jurídicos, teóricos y metodológicos.