COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MÉXICO

IV.3.- Política fiscal integral específica para el desarrollo regional equilibrado entre la sociedad, la economía y el territorio nacional: 2013-2018.

El análisis y evaluación hechos en los capítulos anteriores,  en particular, ponen de manifiesto que es urgente resolver las desigualdades que se han gestado a lo largo de la operación regional del aparato productivo manufacturero, de 1998 a 2008.  Ello ha acarreado el crecimiento asimétrico de la economía territorialmente y en consecuencia ésta no ha tenido la capacidad para crear los empleos necesarios ni el bienestar social permanente cuidando del medio ambiente. Derivado de lo anterior, a continuación se sugiere una política fiscal que corrija los desequilibrios de la producción manufacturera territorialmente, con el objetivo de que se igualen oportunidades para todos los espacios que componen las entidades federativas, se dinamicen sus economías y mejore el bienestar de la sociedad mexicana. 
Importancia
Como parte de la política económica del Estado mexicano, la política fiscal es uno de sus principales instrumentos para procurar el bienestar de la sociedad, ya que mediante el gasto público produce el círculo virtuoso de estimular la demanda en el mercado, con la que se incrementan los niveles de la inversión para satisfacerla oportunamente, situación que a su vez incide en el mayor aprovechamiento de la capacidad de planta productiva instalada y en la generación de empleos, con lo cual mejora la calidad de vida de la comunidad y se incrementa la recaudación de ingresos fiscales por parte de la hacienda pública que en esa forma está en condiciones de formular y aplicar nuevamente, programas para reducir la inseguridad, de incrementar la competitividad regional y sectorialmente con inversiones en infraestructura básica, social y productiva, sin dañar el medio ambiente en que opera la planta productiva del país, principalmente.
En virtud de que esta ponencia hace énfasis en el desarrollo regional propiciado por una política fiscal adecuada, cuya efectividad en la creación de competitividad ( infraestructura básica, social y productiva)  de las entidades federativas  y en la calidad de vida de sus habitantes sólo se puede evaluar objetivamente  en el largo plazo, he considerado útil estudiarla en ese horizonte temporal yencuadrarla precisamente en el ámbito territorial, para lo cual  empezaré por definir lo que entiendo por  desarrollo regional en los siguientes términos: Es el crecimiento equilibrado de la economía y de la sociedad en un espacio geográfico concreto, en un lapso determinado, teniendo en mente que existe una clara diferencia entre los conceptos de desarrollo y crecimiento.
Así, diremos que para lograrlo espacialmente se promueven acciones como la creación de ciertos polos de desarrollo, se corrigen los desequilibrios territoriales generados por el proceso económico de políticas fiscales anteriores, se incentiva el uso de maquinaria y equipo con procesos de fabricación que hagan factible el uso de materias primas y mano de obra locales; en otras palabras, se planea igualar oportunidades de inversión productiva y social  para gestar con programas de gasto púbico el desarrollo en lugares donde se asientan la sociedad y la economía locales. En esa forma el Estado con acciones de planeación fiscal de corto, mediano y largo plazo  dinamiza la economía espacialmente, reduce los flagelos de la inseguridad, del daño a la ecología y del desempleo, por señalar algunos  efectos que produce la aplicación congruente  en el tiempo del gasto público; decimos congruente porque no debemos olvidar que el corto, mediano y largo plazo empiezan el mismo día, lo anterior significa que el Estado debe visualizar con claridad  el periodo de maduración de las inversiones con el fin de conseguir  gradualmente la competitividad de las entidades y el mejoramiento en la calidad de vida de las personas asentadas en ellas. En otras palabras, la planeación fiscal es el hilo conductor de la planeación  territorial de los asentamientos humanos y de su economía. 
Así, a continuación se describe el marco teórico de los conceptos que nos interesa correlacionar para contar con ideas, cuya verificación, nos permita elaborar la política fiscal adecuada para mejorar las ventajas competitivas de las entidades federativas, mediante el esfuerzo institucional de igualar oportunidades para la inversión y en consecuencia, para dinamizar la economía y aumentar el bienestar social territorialmente.         
MARCO TEORICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y DEL DESARROLLO REGIONAL
Al ser el marco teórico un  cuerpo de ideas que  permite argumentar en pro de una meta específica, Es conveniente presentar el del desarrollo regional porque fundamentará mi propuesta de fomentarlo  con acciones institucionales de finanzas sanas dentro de las que destacan las de política fiscal.  Con ese propósito es que he juzgado que su contenido sea:
1.- El basamento institucional que sustenta la organización de la sociedad y de la economía por parte del Estado;
2.- Objetivos de la política fiscal;
3.- Poder del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio- económico;

4.- Tipos de política fiscal;

5.- Política fiscal y empleo;

6.- Historia y críticas a la política fiscal contemporánea;
7.- Política fiscal y desarrollo regional.
1.- El basamento institucional
Así, diremos que la Carta Magna a través de sus artículos 25, 26,27 y 28 faculta al Estado mexicano para que legisle en materia económica, cuya implementación se hace viable a través del artículo 31, fracción cuarta, que da potestades a la hacienda pública para que por medio de la Ley de Ingreso recaude recursos que se aplican en cada ejercicio fiscal en beneficio de la sociedad mexicana. Ello le permite al Estado desempeñar cuatro funciones básicas: la de recaudar, la de asignación de recursos, la redistributiva y la función estabilizadora. Como se indicó, con la primera obtiene los ingresos fiscales necesarios para impulsar el desarrollo socio-económico de la sociedad; mediante la función de asignación, el Estado asina el gasto público en actividades prioritarias dentro de las que ocasionalmente suministra bienes como la electricidad debido a que es un bien estratégico y, en otras como el agua, en determinadas circunstancias, el mercado no proporciona adecuadamente debido a la existencia de los denominados fallas del mercado. La función redistributiva del Estado, trata de reconciliar las diferencias que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema de mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que intervienen fundamentos éticos, políticos y económicos. La función estabilizadora, donde se encuadra la política fiscal, consiste en propiciar permanentemente el crecimiento con estabilidad, de allí que al promover la dinámica económica las autoridades hacendarias siempre monitorean la estabilidad macroeconómica del país, además de que pugnan por evitar los desequilibrios secto-regionales haciendo oportunamente los ajustes necesarios para mantener los niveles de demanda agregada que hagan factible la reducción de la inflación y del desempleo.

2.-Objetivos de la política fiscal

De lo anterior se infiere que los objetivos principales de toda política fiscal son:

• Recaudar los ingresos necesarios para el desarrollo;
• Fomentar el crecimiento económico con estabilidad en el sistema económico;
• Propiciar con un entorno favorable para el uso de los recursos naturales, humanos, de capital  y materiales con que cuenta la sociedad, en un contexto que no dañe al medio ambiente;
• Mantener la estabilidad en los precios, entendida ésta como evitar agudas fluctuaciones en los índices generales de precios para dar certeza a los inversionistas y proteger el poder de compra de los consumidores.

3.-Poder del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio- económico

A.- El efecto multiplicador del gasto público:

Keynes introdujo dentro de la teoría macroeconómica el concepto del multiplicador, indicando que un aumento en la inversión productiva incrementa el ingreso de los trabajadores, que a su vez provoca una serie de aumentos sucesivos en cascada en los gastos de los consumidores. El mecanismo del multiplicador no se aplica sólo a la inversión productiva sino que tiene un efecto mucho más amplio. Esta circunstancia hace pensar a muchos estudiosos del tema que la política fiscal debe de utilizarse como instrumento para estabilizar el ciclo económico o para superar crisis como la monetaria de los años 2008 y 2009.

B.- Efecto expulsión

El segundo efecto influyente para determinar la cuantía total del efecto total de la política fiscal de gasto sobre la demanda agregada es el denominado efecto-expulsión, que sugiere que el efecto que tendría el gasto digamos de 42,000 millones de pesos sobre el PIB, en compras para proveerse de los bienes y servicios que le son necesarios, podría ser inferior a esa cantidad: 42,000 millones de pesos.
En otras palabras, si bien es cierto que existe el efecto multiplicador que sugiere que la variación de la demanda agregada provocada por la política fiscal puede ser mayor que la variación de las compras que hace el Estado mexicano a sus proveedores, también existe otro efecto que actúa en sentido contrario al del multiplicador, en determinadas circunstancias, el cual surge y actúa después del efecto multiplicador cuando éste mejora las expectativas de una mayor demanda de bienes y servicios. Dado que estas posibilidades pueden encarecer el costo del dinero cuando los oferentes solicitan un crédito para capital de trabajo o para la adquisición de activos fijos para ampliar la capacidad productiva de su planta industrial. Esta elevación en la tasa de interés reduce la demanda de bienes y servicios y se le conoce como efecto expulsión.
Al respecto, se debe de tener cuidado al implementar, como se ilustró arriba con el ejemplo consistente en aumentar las compras del Estado mexicano, ya que si eleva la demanda agregada de bienes y servicios pero también puede expulsar inversión.
En síntesis, cuando el Estado mexicano aumenta sus compras en 42,000 millones de pesos, la demanda agregada de bienes y servicios puede aumentar en una cuantía superior o inferior a los 42, 000 millones de pesos, ello depende de que sea mayor o menor el efecto multiplicador que el efecto-expulsión.

4.-Principales Tipos de Política Fiscal

Por lo general las más comunes son la expansiva y la restrictiva, que actúan en sentido inverso. Debe señalarse que en general el Estado mexicano tiene potestades para formular la que estime conveniente, dependiendo de las circunstancias en que se halle el sistema económico.

• La política fiscal expansiva se instrumenta cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, en particular en condiciones en que se diagnóstica que la economía está en una etapa recesiva de manera que es imperativo acelera  su crecimiento dinamizándola con mayores niveles de Gasto público. Si no se tiene cuidado en mantener finanzas sanas: equilibrio entre los ingresos y egresos al final de cada ejercicio f fiscal el saldo presupuestario puede ser deficitario y provocar inflación en el sistema económico.
• La Política fiscal restrictiva se aplica en situaciones en que se diagnostica que es necesario reducir la demanda agregada, lo cual sucede por lo general cuando la economía muestra una tendencia ascendente y se determina que es toral frenar su crecimiento debido a la presión que ejerce sobre los precios de l las materias primas, insumos, mano de obra, maquinaria y equipos que requiere para su expansión. En este caso puede suceder que al final del ejercicio fiscal la hacienda pública muestre un saldo superavitario en su contabilidad anual.

Instrumentación de una Política fiscal expansiva

Las acciones que se realizan son:
1.- Se incrementa el gasto público para incentivar la inversión, aumentar la producción y el empleo para así salir de la “atonía” económica.
2.-Suelen bajarse los impuestos, ya sea los directos o los indirectos para aumentar los ingresos disponible las personas físicas o morales, situación que conduce a mayores niveles de inversión y de consumo: cambian en sentido ascendente las coordenadas de la curva de la demanda agregada.
De esta forma, al incrementarse el gasto público y reducirse los  impuestos, el presupuesto del Estado mexicano puede terminar siendo deficitario..

 Instrumentación de una Política fiscal restrictiva

Como se indicó, ésta política fiscal opera a la inversa de la  expansiva, en virtud de que al disminuir la hacienda pública su gasto ello incide en la contracción de  la demanda agregada así como en un exceso inicial de la oferta agregada de bienes que termina reduciéndose, lo que finalmente conduce a una reducción del nivel de ingresos en la población.
Las  acciones fiscales son los contrarios y son:

• La reducción del l gasto público, para contraer  la oferta agregada; y
• Subir los impuestos, para que la gente no gaste demasiado  y para que las empresas reduzcan sus niveles de inversión y de producción, así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda en el primer cuadrante del sistema  de ejes cartesianos.

En consecuencia al destinarse un  menor gasto público  y al poner en vigor un aumento en los impuestos, el saldo presupuestal  del Estado termina siendo  superavitario al final del ejercicio fiscal.

5.-Política fiscal y empleo

La forma en que la política fiscal afecta al  empleo es un tema complejo (Wikipedia, 2011), por lo que es necesario sopesar cuidadosamente los efectos de incentivo y desincentivo que conlleva la intervención del sector público. Por ejemplo, un sistema de prestaciones por desempleo bien diseñado no solo brinda una importante red de protección a la población, sino que, además, permite a los trabajadores dedicar más tiempo a la búsqueda del empleo más productivo. Sin embargo puede al mismo tiempo, prolongar la duración del desempleo, lo que tendría efectos secundarios sobre el potencial de producción de la economía, porque los trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo de larga duración experimentan una depreciación de su capital humano.
Las posibles desventajas de las prestaciones sociales se observan con más claridad en sus efectos sobre la oferta de factor trabajo. Con frecuencia se menciona el pago incondicional o ilimitado de prestaciones por desempleo como uno de los principales factores que desincentivan la búsqueda de empleo. Este tipo de prestaciones puede, asimismo, reducir las presiones para reformar un mercado de trabajo ineficiente con altas tasas de paro porque los desempleados disfrutan de esos beneficios. También los sistemas públicos de pensiones tienen efectos significativos sobre la oferta de trabajadores. La escasa penalización de la jubilación anticipada, o incluso su promoción activa, han reducido dicha oferta. Por otra parte, la perspectiva de jubilación anticipada constituye un desincentivo para que los trabajadores mantengan sus conocimientos profesionales y participen en un proceso de aprendizaje continuo. Además, los incentivos a la jubilación anticipada facilitan la eliminación de mano de obra incluso en circunstancias en que el despido es muy difícil. Como resultado, las empresas que necesiten reducir su plantilla la recortarían en los segmentos de mayor edad, dándose el caso de que estos trabajadores pueden ser precisamente los que más experiencia tengan y no los menos productivos.
Las políticas orientadas al mercado de trabajo, si se diseñan y ponen en práctica adecuadamente, pueden estimular la oferta y la demanda de factor trabajo y, por consiguiente, la tasa de ocupación. Los programas de formación pueden ayudar a mantener y mejorar los conocimientos profesionales, reduciendo los desajustes entre oferta y demanda y el deterioro del capital humano entre los desempleados de larga duración. Otro desafío que se plantea es la reintegración de los grupos difíciles de emplear, como los trabajadores poco cualificados, los parados de larga duración o los trabajadores de más edad.

6.-. Historia  contemporánea  de la política fiscal

Se inicia a partir de la publicación en 1936 de la “Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero” de John Maynard Keynes, en la que señala (Wikipidia,2011) ideas interesantes como las siguientes:

• La ley de Say ("la oferta genera su propia demanda") no se cumple, ya que puede haber equilibrio económico aunque exista mucho paro.
• Propone  que sea el Estado  quien resuelva  el problema del paro, a diferencia de los clásicos y los monetaristas, que pensaban que se solucionaba por sí mismo. Para hacerlo, el estado tiene que controlar la demanda agregada a través de esta política fiscal.
• El estado de pleno empleo es algo transitorio, y la economía es fluctuante.

Con esta obra se sentaron las bases de la teoría  macroeconómica  como ciencia.

Algunas críticas a la política fiscal contemporánea

La política fiscal  así concebida dejó de ser efectiva en la década de los setenta del siglo pasado debido a que no tuvo capacidad de respuesta a la situación conocida ahora como estanflación, que consistió en la coexistencia simultánea de una fuerte inflación asociada  a una alta tasa de desempleo, cuyo origen fueron la crisis del petróleo de 1973 que elevó los precios a niveles impensables, la crisis monetaria que provocó  el  abandono de la paridad de 35 dólares con 1 onza de oro, al igual que la deuda externa que no pudieron pagar algunos  países como México..
En la actualidad  se reflexiona académicamente sobre una actualización del Estado interventor en la Economía, debido a que en la práctica internacionalmente, lo hizo de manera significativa para salir de la crisis monetaria de 2008-2009 y para no ir muy lejos, en el primer semestre  de 2011 el G-7 lo hizo interviniendo en el mercado cambiario para superar los efectos sobre el yen japonés derivados del tsunami que dañó seriamente su economía, así como  en el mercado norteamericano de los productos agrícolas  donde su gobierno intervino para estabilizar los precios de sus productos y, en junio pasado, en el mercado petrolero también para estabilizar los precios de los hidrocarburos lanzando al mercado parte de la reserva estratégica de barriles de petróleo norteamericano.

7.-Política fiscal y desarrollo regional
Considero que lo más importante a mencionar es la  Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 1980 y el Programa para un Nuevo Federalismo que lo hizo en 1997 y usa como eje rector de sus acciones a la descentralización de funciones y de instituciones.  El primer ordenamiento destaca por haber simplificado el régimen de tributación entre los diferentes órdenes de gobierno con  objeto de resumir  la miscelánea que existía, de   evitar el cumplimiento de las mismas  obligaciones fiscales con bases y tasas diferentes en distintas partes  del territorio nacional, así como el establecimiento de las participaciones para compensar o resarcir por parte de la federación a los estados y municipios que  renunciaron a recaudar muchos de los impuestos federales actualmente en vigor como son el ISR e IVA. Estos ingresos fiscales son considerados como propios en estos dos últimos órdenes de gobierno, por lo que constituyen el principal instrumento fiscal para impulsar el desarrollo socio-económico local de manera autónoma y soberana, que aunado a  las as potestades que tienen para grabar otras actividades económicas, constituyen una fuente significativa de recursos públicos a su disposición anualmente. Agréguese a lo anterior que también se  instituyeron las aportaciones federales, las cuales maneja de manera autónoma la federación en cada entidad  y municipio para alentar  con  su enfoque muy particular el bienestar  de sus ciudadanos. Finalmente, también debemos mencionar como estímulo importante visualizado en la citada Ley a los Convenios de Colaboración  Administrativa entre los tres órdenes de gobierno, la cual permite a estados y municipios obtener  ingresos fiscales adicionales para impulsar en su territorio el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades.
El Programa para un Nuevo Federalismo por su parte, contiene dentro de sus objetivos generales el impulso significativo del proceso de descentralización de funciones para mejorar la capacidad administrativa regional y localmente; también, mejorar  las capacidades institucionales de los estados en el ámbito de desarrollo social haciendo hincapié en la descentralización de las funciones educativas, de salud, medio ambiente, bienestar social y combate a la pobreza extrema, desarrollo urbano y vivienda; iniciar la redistribución de la inversión y del gasto público para promover el desarrollo regional, concediendo una alta prioridad a las zonas de alta marginación; así como  el fortalecimiento de la unidad nacional vía la reivindicación de la función compensatoria del Pacto fiscal federal;  vigorizar la autonomía política de los estados para constituir los espacios adecuados para el manejo de los aspectos públicos vinculados con las demandas de la población;  fomentar la distribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos del gobierno federal canalizados a los otros dos órdenes de gobierno,  al igual que proponer el desarrollo administrativo de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno a fin de tener éxito con la descentralización  en beneficio del desarrollo regional.  
Es por ello que dentro de sus líneas generales de acción se menciona el impulso al desarrollo regional fincado en el desarrollo político institucional y , el administrativo, mismos que fundamentan la mejor descentralización y colaboración administrativa, que dan lugar a la consolidación de la eficiencia en todas las facultades delegadas por la federación a los estados y municipios en materia fiscal, en particular en la fiscalización del cumplimiento del contribuyente en el pago del   IVA, ISR.  Impuesto al Activo y el  Impuesto Especial sobre  Producción y Servicios, al igual que aumentar la cobertura de la cobranza de créditos, el perfeccionamiento de los sistemas de información que determinan la Recaudación Federal Participable, los impuestos asignables y en general afinar la oportunidad y precisión de los indicadores  de fiscalización hacendaria y los que intervienen en el cálculo de  la distribución de participaciones y aportaciones federales.   
En mi opinión estos dos ordenamientos dan cohesión al federalismo hacendario avocado a la promoción del equilibrio en el crecimiento de la sociedad y de la economía en  los estados y municipios, ya que contienen las líneas maestras para su  consecución y dentro de las que destacan  lograr el equilibrio de las finanzas públicas, el incremento de los ingresos propios y los criterios  para distribuir las participaciones y las aportaciones federales, al igual que los convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
Su estado del arte
Los resultados descritos por los  indicadores estadísticos que se han  utilizado, muestran que los paradigmas mencionados  en el marco teórico antes descrito  no se han cumplido satisfactoriamente durante los ejercicios fiscales del pasado inmediato, ya que con base en ellos, es decir, con base en la heterogeneidad detectada,  se  identifican varios  Méxicos diferentes, geográfica, económica y socialmente; ellos son los llamados de manera laxa como:  El histórico o  tradicional;  el que ha resultado de una redistribución que ha incidido favorablemente en  la frontera norte, así como otro en que se observa que poco  ha aumentado la competitividad de las entidades que integran el espacio el  país, como tampoco la calidad de vida de sus habitantes.
Lo anterior se debe en mucho a la política fiscal instrumentada que, hay que decirlo, por una parte,  ha tenido éxito en campos como los correspondientes a los indicadores contenidos en los dos incisos  antes descritos pero que, por otra parte, sabemos que todo proceso de planeación, de programación y de aplicación de programas  públicos generalmente no se cumple cabalmente porque actúan en terrenos tan difíciles como la economía y la sociedad, cuyos tejidos se entrelazan  dando lugar a la economía política, cuyas acciones y reacciones muchas veces son impredecibles  y limitan el cumplimiento de los objetivos y metas de la política fiscal.
En este contexto diremos que dentro de las limitaciones han incidido negativamente  a). la escasa recaudación de ingresos fiscales que hace el Estado mexicano, que es una de las más bajas de la OCDE  y le  impide cumplir oportuna y eficazmente con los objetivos de desarrollo social sectorial y regionalmente; b).  hasta el momento no se ha encontrado la fórmula que distribuya a satisfacción de todos los ingresos tributarios entre los tres órdenes de gobierno, la cual explica en mucho la  desigualdad regional; c).en este sentido conviene decir que  el viraje que dio en 1986 la federación  al incluir además del criterio resarcitorio al criterio demográfico  para distribuir los recursos del Fondo General de Participaciones, hizo que entidades como el Estado de México captara más recursos de este Fondo que por ejemplo, el Distrito Federal  que es quien más aporta ingresos fiscales al pacto federal; esta incongruencia con el espíritu resarcitorio que fundamentó la Ley  Coordinación Fiscal aun no se elimina y causa malestar entre las autoridades hacendarias de los estados y los municipios que como el Distrito Federal , contribuyen sustancialmente en la recaudación de ingresos cada año fiscal..             
PROPUESTA
Formular la política fiscal basada en la planeación, instrumento que permite visualizar el México justo, incluyente y progresista que desean los mexicanos, cuya instrumentación debe hacerse con base en la disponibilidad de recursos fiscales y escaso financiamiento, así como en evaluaciones anuales de la aplicación del gasto público y en los nuevos criterios económicos que emanen de la teoría económica espacial para multiplicar anualmente  el efecto de la inversión.
La piedra de toque la constituye la planeación macroeconómica, en virtud de que con sus técnicas  se define el México que quiere la Nación. Esto ya se hace a nivel federal, estatal y municipal  y se expresa en sus planes de desarrollo socio-económico; luego entonces, dada la distribución espacial observada de las empresas manufactureras en el país, la cual produce daños como la concentración  del capital en un mayor número de   empresas grandes  que se localizan en ciertas entidades, que causan desequilibrios espaciales  y niveles de bienestar distintos que suelen ser inferiores en la entidades clasificadas como  rezagadas, considero que lo procedente es cambiar de criterios para  formular una política fiscal que procure igualar oportunidades en el   encauzamiento del  desarrollo  en los estados  y una mayor calidad de vida de los mexicanos en  las entidades con menores   niveles  de progreso  socio-económico.
¿Cuáles son? En principio deben ser los que resulten satisfactorios durante  las evaluaciones que se hagan anualmente de cada uno de los ejercicios fiscales, o sea los que hayan sido aplicados  en programas que muestren que realmente coadyuvaron en equilibrar el crecimiento de la economía con el de la población en un espacio determinado; otra fuente deben ser los avances de la ciencia de la economía espacial.  Otros deben ser los relacionados con actividades clave como lo son los provenientes de la clasificación de las actividades económicas en estratégicas y prioritarias, cuyas definiciones son las siguientes:
Estratégicas:

• Aquellas que utilizan  procesos productivos intensivos en mano de obra, con pocas cantidades de agroquímicos, de menor consumo agua  y, en general,  las que usen insumos naturales, materias primas y mano de obra locales;
• Las basadas en factores de la producción abundantes y bien localizados con respecto a sus mercados meta; en particular las que inicialmente  favorezcan la producción de bienes de capital y posteriormente, de consumo.
• Aquellas cuya competitividad provenga no de su abundancia sino de innovaciones tecnológicas y fuerza de venta suficiente;
• Las que sean susceptibles de ser producidas por las MYPES;
• En las MYPES: las que utilicen mucha mano de obra para aumentar el empleo; y
• Las que fomenten el desarrollo regional y sectorial como la industria terminal;.

Prioritarias:

• Las  que produzcan alimentos, medicinas, las educativas, de vivienda, que no deterioren y si en cambio fortalezcan la ecología (reforestación, acuacultura, energía eólica, etc.);
• Las de infraestructura física y  de seguridad;
• La industria de bienes de capital;
• Las que  tengan como prioridad satisfacer el mercado interno;
• Las que exporten con probada competitividad periódica y que fomenten las exportaciones directas e indirectas de las MYPES;
• Las que igualen oportunidades en la educación, salud, empleo, etc.

La factibilidad fiscal de instrumentar estas actividades económicas que reencauzan la aplicación del gasto público, se basa en la exposición de los siguientes conceptos, no se abunda en algunos de  ellos porque ya se hizo en el punto VII.2, es decir, aquí se retoman conectándolos directamente con la política fiscal. Así, por ejemplo, la factibilidad se sustenta en que hay  actividades económicas en las entidades que hacen posible aumentar la recaudación fiscal dado que:

I.- En el ámbito de los ingresos propios:

• Los ingresos fiscales de las entidades federativas y de sus municipios están constituidas principalmente por las Participaciones y Aportaciones Federales. Estas no ejercen la totalidad de sus potestades tributarias para obtener más recursos propios, luego hay un amplio potencial para aumentar la recaudación;
• Existe un gran  potencial de recaudación regional de recursos propios de las entidades federativas, derivado del combate eficaz que se pueda hacer a  la evasión, elusión y fraudes fiscales. Ello lo corroboran mis estudios regionales sobre la administración tributaria,  el   análisis estructural, dinámico y  de la  participación porcentual que tienen las contribuciones fiscales en el PIB estatal (Sánchez, 2000,  2002,  2009).

II.- En el ámbito del gasto:

• Ampliar las facultades de las entidades federativas y de los municipios para ejercer el gasto de manera oportuna y adecuada;
• Consolidar la descentralización y reducir la concentración de las instituciones federales responsables de los programas operativos en las demarcaciones territoriales de los estados y municipios;
• Modificar o actualizar la Ley de Coordinación Fiscal con base en el resarcimiento  fiscal;
• Sacar de dicha Ley las aportaciones federales o darles en mismo trato que a las participaciones federales con objeto de que localmente se apliquen en forma autónoma y expedita;
• Transparentar la rendición de cuentas (Colmenares, 2010), los cálculos de las participaciones federales y entrega oportuna de las mismas a estados y municipios;
• Fincar el desarrollo económico en el impulso de los cuatro tamaños de empresa en cada espacio territorial;
• Determinar el gasto público suficiente con eficiencia administrativa agilizar el fomento de las  empresas  y dinamizar las economías locales.
• Concretamente, es necesario fiscalizar bien la ejecución del gasto para evaluar su ejecución transparente, en  particular en los estados y municipios. En 2009 el Índice de Transparencia para México (Mendoza, 2010: 3) fue de 48%, en tanto que en Costa Rica fue de 69% y en Perú de 54%;
• Para formular nuevos criterios la guía debe ser la experiencia; ello evitará incongruencias como: En 2009 disminuyeron los ingresos presupuestarios respecto a 2008 (Ojeda, 2010.) en 6.5% y por ello el gasto se redujo en 4.2%; no obstante el gasto corriente aumentó 6.5% y los “gastos personales”, 2.7%;
• En contraste, ese año se contrajo 7.6% el gasto en inversión física y la inversión financiera, 67.0%; además de que  hubo subejercicio en el gasto. Ello revela la urgencia de captar más recursos para incrementarlo, así como su reasignación regional con los nuevos criterios que sugiero, mejorando su administración y organización  en términos de eficiencia y transparencia en  su ejecución,  en los tres órdenes de gobierno; y
• Es imperativo que la sociedad aumente sus exigencias sobre  la rendición de cuentas; se sugiere que esté atento, participe y evalúe  los resultados obtenidos  con: i) Presupuesto Ciudadano 2010 (Pruneda, 2010:3A)   y ii) Programa Nacional de Reducción de Gasto público  para ver si se cumplen las expectativas  económicas de la sociedad;
• La acción de fiscalización debe fortalecerse en los tres órdenes de gobierno con las acciones coactivas que sugiero enseguida;
• Se deben de homologar los criterios en materia de transparencia y rendición de cuentas: en particular se sugiere hacer énfasis en:

13.1. Hacer realidad la entrega de informes trimestrales;
13.2. Evaluar si es efectivo el criterio de “Presupuesto fundamentado  en Resultados”; si no lo es, modificarlo con los criterios correctivos apropiados;
13.3. Dar cumplimiento a las obligaciones coercitivas de información concretas como las relativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica; FAEB; en lo que atañe a la obligación de las entidades federativas de informar sobre la situación de las plazas docentes, las administrativas y de  la alta dirección, así como los movimientos que se operen en las mismas, así como el monto de lo erogado en cada centro de trabajo, se indique la relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, la descripción detallada de tabuladores y catálogos  de conceptos de emolumentos en cada entidad federativa;

13.4. Las entidades federativas deben hacer transparentes las metodologías con que hacen las evaluaciones, además de que deben hacer del dominio público los resultados de todos los estudios que contraten, en particular dar a conocer las bases de datos de los muestreos que realicen en materia de desempeño, con objeto de conocer su alcance y limitaciones en materia fiscal y de desarrollo regional;
13.5. Es fundamental que se homologue la contabilidad de los tres órdenes de gobierno, sólo así se podrán hacer análisis comparativos objetivos sobre el impacto del gasto en ellos y replicar los casos exitosos regionalmente;
13.6. Es decir, se deben de perfeccionar los mecanismos no sólo del tiempo  que tardan en autorizarse los recursos, también los  de su aplicación y más importante aún, los resultados que se obtienen con ellos, por estratos sociales, sectores económicos y tamaños de empresa en cada entidad federativa;
13.7. En este contexto de acciones inmediatas, sugiero  que para elaborar la política de gasto del 2012, es conveniente que se den  a conocer los resultados que se han logrado desde 2008 a la fecha con la aplicación de los  nuevos criterios que se introdujeron “para orientar el gasto según sus resultados concretos”, al igual que saber qué avances se lograron con la entrada en vigor del “Sistema de Evaluación del Desempeño”, con el que se ha  pretendido  perfeccionar el impacto y la eficacia de los proyectos instrumentados en el territorio nacional.

• Derivado de lo anterior se deduce que lo que debe preocupar es hacer bien las cosas tomando como guía los resultados recientes; así, los nuevos criterios emanarán de las evaluaciones, de las medidas correctivas que se apliquen en materia de organización y administración pública, cuyos ejes rectores deben ser las acciones administrativas y coactivas que se adopten para igualar oportunidades para el desarrollo económico entre las entidades federativas, sólo así se corregirá la macrocefalia tradicional del México tradicional, el crecimiento económico desmesurado del norte con respecto al sur y la disparidad en el crecimiento desigual de los tamaños de empresa en el espacio mexicano.

En resumen, creo que no le debemos temer a la mayor  y mejor participación del Estado regulando el desarrollo regional puesto que  la Nación por medio de la Carta Magna lo ha dotado de la normatividad jurídica suficiente para actuar con firmeza e inteligencia en la consecución del bien común. Creo que los últimos ordenamientos aquí descritos deben ser aprovechados por la ciudadanía para que en comunión con el Estado formule anualmente la política fiscal que le ayude a obtener estadios superiores de desarrollo socio-económico en el futuro inmediato. En este sentido  los artículos 25, 26, 27 y  28 de la Constitución, pero en particular el 27 fundamenta el desarrollo regional equilibrado institucionalmente al señalar por ejemplo que: a).-La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación , la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada;  b).-La nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, entre otras prerrogativas útiles para este fin: En consonancia con lo anterior se puede decir que al indicar el artículo 28 que   están prohibidos los monopolios  y sus prácticas, así como los estancos, etc, lo que se hace es fortalecer la autoridad que tiene el Estado  a través del artículo 25  para regir  el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, de manera que para su consecución en el ámbito de la  economía puede procurarse mediante la política fiscal antes sugerida. En esa forma   ésta además de mejorar la recaudación  de ingresos públicos realmente será la principal promotora del desarrollo regional justo equitativo y su garante para producir sin dañar el medio ambiente.