COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MÉXICO

IV.2.- ¿Con la política antes expuesta realmente se igualan oportunidades entre las entidades federativas por medio de sus empresas manufactureras?

El Estado mexicano históricamente se ha fijado como meta permanente el mejorar los niveles de vida de la población aplicando políticas públicas como las económicas, monetarias y fiscales entre otras, sin que la haya alcanzado a plenitud. La evaluación hecha desde que México alcanzó su independencia así lo corrobora. El análisis retrospectivo muestra que la economía no ha sido capaz de generar el empleo suficiente para la  población que, en consecuencia, gradualmente se ha venido pauperizando. En apoyo a esta observación podemos señalar que durante la visita de Humbolt a la Nueva España a principios del siglo XIX comentó que éste era el reino de la desigualdad (Cordera, 2011)). Parece que esa característica no ha desaparecido porque       en 1875,  a sesenta y cinco años del inicio de la gesta heroica de la independencia, el célebre Nigromante don Ignacio Ramírez  coincidía con esta apreciación puesto que se preguntaba ¿Qué hacemos con los pobres? ( Campos, 1995). En este contexto, recientemente de conformidad con el Ceneval (2011) en 2010 había 53 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Ello revela que aun cuando desde hace tiempo se elaboran  políticas públicas que se implementan con la aplicación del gasto público anualmente por los tres órdenes de gobierno,   no es fácil realizar este objetivo y confirma la vigencia en nuestros días de la reflexión que se hiciera Aristóteles: “¿Cómo hacer iguales a los desiguales?” ¿Buscando  el justo medio? ¿Lo podrá obtener el Estado mexicano? ¿Cuándo y cómo?
Podemos decir que el aumento desigual e insuficiente en el ingreso es uno de los problemas más añejos y críticos en economía, por lo que la búsqueda incesante de su solución es el fundamento del debate que sostienen los diferentes actores políticos, económicos y académicos, quienes en la actualidad  centran la discusión en torno a  dos modelos económicos distintos para erradicar el círculo vicioso de la pobreza e instaurar el virtuoso del bienestar social. El primero de ellos, enarbolado por el PAN propone continuar con el modelo de estabilidad macroeconómica sustentado en la teoría neoclásica que privilegia la menor participación del Estado en la economía y asigna al mercado la función motora de impulsar el crecimiento económico. El segundo modelo,  denominado modelo alternativo de nación y que impulsa el PRD, coincide con el primero en lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica pero difiere al sugerir una mayor intervención del Estado por medio del gasto público en programas de cobertura social y de incidencia en la infraestructura básica y productiva para  aumentar el empleo apoyando actividades económicas prioritarias y estratégicas que privilegien el uso intensivo de mano de obra y materias primas  locales.
Esta controversia que nos coloca en la disyuntiva de escoger uno u otro, en opinión de Baldemar Hernández Márquez (2006: 5) proviene del diagnóstico analítico que existe sobre la difícil obtención de los mínimos de bienestar que hace la sociedad en el ámbito de la instrumentación del modelo neoliberal de los últimos 30 años. Comenta que en 1980 el 29% del ingreso que se generaba en México estaba distribuido entre la población trabajadora, en 1990 los trabajadores sólo captaban el 24% y en el año 2000 mantenía esta tendencia decreciente al recibir el 23%; esta situación se agudizó en año 2005 en que sólo percibieron el 21% del producto total generado socialmente. Lo anterior se manifestó en la caída en el poder de compra de la población: en ese año  el 60.0% de la población que informó tener un ingreso de hasta $1,200.00/mes no pudo adquirir la canasta básica de consumo porque costaba adquirirla $1,600.00, registrando un déficit significativo que no existía por ejemplo en 1950, año en que predominaba una situación muy diferente: el 77% de las personas que declararon tener un ingreso de hasta $1,000.00/mes, podía comprar la canasta básica de consumo puesto que su costo ascendía a $850.00.    
Lo anterior visto en términos del costo de bienes fundamentales para la nutrición resulta mucho más preocupante ya que si tomamos en cuenta que en 1950 un kilo de carne de res “representaba entre el 25 y el 30% del salario mínimo y en el año 2005 un kilogramo de carne de res, costaba un poco más de un salario mínimo”, podemos decir que con la retribución actual por el trabajo de una persona gran parte de  la sociedad no  puede acceder a los mínimos de bienestar necesarios para su desarrollo físico e intelectual.
Consecuencias:
Este diagnóstico urge que se tomen medidas correctivas a la brevedad posible, sobre todo sabiendo  que los estímulos económicos para incrementar la competitividad de los factores de la producción no producen resultados inmediatos  como exige la problemática nacional, de manera que en 2012 aun cuando el nuevo  Presidente  cambie de política económica, de que le dé congruencia a los programas al instrumentarla, además de la reacción lenta de las fuerzas económicas, se enfrenta a serias limitantes de naturaleza estructural física, productiva y de servicios, mismas  que se deben de atender para acelerar el crecimiento hasta   quizás en dos años.  

¿Mientras tanto, Qué hacer para resolver el problema del desempleo en el país y por consiguiente, como evitar que haya más pobres  en las entidades federativas?
En esta perspectiva convendría esperar a conocer los criterios de política económica que la SHCP enviará al Congreso de la Unión para sustentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que pretende aplicar durante el ejercicio fiscal de 2013.    
Al respecto, la opinión generalizada indica que en el futuro inmediato seguirá vigente el modelo neoliberal y por ende tendrá  prioridad la política económica de estabilización con crecimiento hacia afuera. En estas condiciones el Estado mexicano debe tener capacidad de respuesta al desafío que plantea el  dinamismo en el crecimiento de la PEA, (Cadena, 2006) ya que  pasará de 43 millones en 2005 a 64 millones en 2030, misma que posiblemente observe la siguiente composición estructural: 97.9% estén empleados   y 2.1% estén desocupados. De los primeros, 4.1% serán patrones; 24.2% trabajarán por su cuenta; 61.1% serán asalariados; 8.3% trabajarán sin percepción monetaria alguna y quizás 0.2% estarán en el rubro de “otros trabajadores”.   Agréguese  a lo anterior que CENEVAL recientemente informó que 53 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema.
La situación es crítica porque muchos estudiosos del tema piensan que no habrá reformas estructurales en el corto plazo (aún cuando el PRI diga que si apoyará las propuestas del PAN)  y que la composición  esperada en el  poder legislativo del 2012 al 2018 no augura consensos expeditos entre las fuerzas políticas del país. En consecuencia, no hay una visión optimista sobre el establecimiento de  condiciones técnicas ni productivas para dinamizar la economía; prevalecen  la insuficiente y por consiguiente cara oferta de energéticos, con el consiguiente subsidio que crece para no alterar la paz social; la escasa inversión en investigación y desarrollo de la cual se deriva  el rezago tecnológico, las prácticas empresariales no competitivas, la ausencia de infraestructura física, social y productiva competitivas, etc.
Ello corrobora la necesidad de elaborar  una política económica con acciones inmediatas y mediatas que  debe caracterizarse por una mayor intervención del estado en la economía, y, que, además de   estabilizarla también la haga competitiva para que crezca y, lo más importante, que incida en la mejor distribución del producto social entre la sociedad. Lo anterior indica que se debe de  fomentar el desarrollo  empresarial para que las empresas  aumenten sus coeficientes ocupacionales, para que la mayoría  de las micro, pequeñas y medianas unidades de producción se vincule a las  cadenas productivas y de servicios de las grandes empresas mexicanas, de las trasnacionales y de las maquiladoras, con objeto de   que mejoren su posicionamiento en las exportaciones directas o indirectas al mercado internacional y, finalmente para que haya empleos permanentes y bien remunerados. Con este marco de referencia a continuación se plantean las siguientes hipótesis cuya verificación dará la pauta   para sugerir la acciones que debe de emprender el Estado en el futuro inmediato.          

Hipótesis

1.- ¿Puede el Estado igualar oportunidades para los mexicanos sí las leyes del sistema capitalista revelan que está diseñado para la desigualdad en la distribución del producto social?
2.- La aplicación del modelo económico de estabilidad macroeconómica con crecimiento hacia afuera  no indujo el crecimiento endógeno de la economía como tampoco bienestar a  la sociedad, lo que produjo fue estabilidad con estancamiento.
3.-La Ley Federal de Presupuesto y Reglamentación Hacendaria como los lineamientos de política económica que sustentan anualmente los proyectos de Ley de Ingresos como de Ley de Presupuesto y Deuda Pública de la Federación, no contienen directrices permanentes de política fiscal  anticíclica para combatir la inestabilidad económica, como tampoco contemplan mecanismos explícitos convincentes para mejorar la distribución del ingreso y para procurar la equidad social.   

Verificación de hipótesis
Para verificar la primera hice el siguiente resumen:, que la corrobora fehacientemente:
Raúl Prebisch ( 1981: 17) indica  que el avance del capitalismo es un proceso dilatado en un período de acumulación de capital, que proviene de la aplicación de la tecnología que produce los aumentos de productividad. Señala que el mercado representa el mecanismo espontáneo para asignar los factores de la producción, en función de la demanda, siempre y cuando la competencia funcione correctamente. Esa demanda proviene de cierta distribución del ingreso que, a su vez, tiene como origen determinada estructura social de las relaciones de poder que derivan de ella y de sus mutaciones. Esta asignación, como otras acciones del mercado, es racional y se encuentra circunscrita en los estratos favorecidos, que generalmente no son el colectivo social de un país, que no es dueño de los medios productivos pero si la fuente del excedente económico que, por su importancia, Prebisch lo define como la parte del fruto de la creciente productividad que, en la medida en que no fue compartido por la fuerza de trabajo en el juego espontáneo del mercado, tiende a quedar en manos de los auténticos propietarios de los medios de producción.
Miguel Ángel Rivera Ríos (2000), comenta que la forma como evoluciona el sistema capitalista determina el desarrollo económico de los países y de forma similar a Raúl Prebisch, explica que este sistema evoluciona a grandes saltos históricos a los que denomina, como desde hace tiempo los han llamado otros autores de los cinco continentes y en honor a quien sistematizó su conocimiento, “ondas largas de Kondratief”, en las que la acumulación de capital se extiende hasta que se produce cierta tasa de ganancias.
También coincide y reconoce que estas “ondas” son producidas por la renovación de la base tecnológica de la producción, pero hace énfasis en la nueva expresión de su dinamismo y contundencia: los racimos tecnológicos, que poseen la capacidad de modificar el sistema capitalista y conducirlo hacia una nueva “onda larga”, que se describe mediante la concepción y formulación de un nuevo paradigma que da sustento teórico y asegura una nueva tasa de ganancias.
Para la instrumentación de la nueva “onda” o ciclo económico largo es necesario que el Estado establezca un nuevo sistema socioeconómico con reformas institucionales y estructuras apropiadas para que la aplicación de la nueva tecnología produzca una acumulación continua de conocimientos y habilidades en el ámbito de la empresa (OCDE, 1988b), lo cual le permitirá arribar a nuevos procesos de fabricación y producir mercancías de acuerdo con los requerimientos del mercado.
Por otra parte, es importante decir que la acción reguladora de las fuerzas del mercado se ve limitada por el conflicto entre las dos leyes del movimiento del capitalismo: por una parte, la ley de la competencia innata e implacable que se establece entre las empresas,  produce efectos positivos en el sentido de que les permite depurar sus técnicas de operación y elevar su capacidad productiva, crear nuevos procesos de fabricación y mercancías de alto o bajo valor agregado; sin embargo, la ley que regula el funcionamiento del capital, su concentración o centralización, provoca el surgimiento de monopolios, cuyas consecuencias son:

• sólo un reducido grupo de empresas se benefician con los descubrimientos tecnológicos;
• a partir de esta nueva etapa, la oferta y la demanda se ven limitadas seriamente en su interacción porque no operan en un régimen de libre competencia empresarial.

Comenta que eeste conflicto ha sido resuelto históricamente con la intervención del Estado, que tiene la capacidad de conciliar, organizar y encauzar administrativa y políticamente  los agentes económicos hacia la coordinación institucional del sistema capitalista, para lo cual crea un nuevo sistema socio institucional que tiene la función primordial de brindar estabilidad, dinamismo y certidumbre para la acumulación del capital, así como regular el uso social del excedente para acelerar el ritmo de acumulación y corregir progresivamente las disparidades de carácter estructural, distintas de las disparidades funcionales (Prebisch, op. cit. p.44).
Se ha observado que el beneficio que provoca la intervención moderada del Estado en la solución de problemas provocados por la acumulación de capital, se expresa en situaciones como los siguientes: cuando se inicia una “onda larga”, la tasa de ganancias aumenta y luego se mantiene en cierto nivel porque hay abundancia de materias primas, de mano de obra barata, insumos, maquinaria y procesos de fabricación, etcétera, que abaten costos de producción y de distribución, pero llega un momento en que tal disponibilidad desaparece lo cual aumenta los costos de manufactura de las empresas y puede ocasionar una recesión económica. En ese caso, el mecanismo espontáneo que funciona para recuperar la acumulación de capital es la contracción temporal de la demanda de los  anteriores conceptos, acción que suele tener efectos devastadores y por ello se han recomendado acciones de coordinación institucional, cuya eficacia se demostró durante la gran depresión de la economía estadounidense en la década de los años 30 del siglo xx, al estabilizar y hacer crecer nuevamente la economía de ese  país.
En este contexto Miguel Ángel Rivera Ríos (ídem) señala que “para que el capitalismo opere a largo plazo a un nivel razonable de eficiencia siguiendo trayectorias ascendentes, así como para superar trayectorias descendentes, requiere de una combinación entre elementos de coordinación (o de intervención) con otros de naturaleza automática o espontánea basados en el libre juego de las fuerzas de mercado. La combinación específica de ambos elementos escapa a toda formulación teórica, ya que se trata de un problema histórico que está determinado por la lucha de clases y otros factores imponderables pertenecientes a la época específica en cuestión” .
O sea que la lucha de clases pone de relieve que la desigualdad y la marginación derivadas de la acumulación del capital aplicada a la obtención de plusvalía del trabajador, es algo intrínseco al sistema capitalista, ya que de otra forma sería mucho más difícil obtener ganancias suficientes para mantener en operación a las empresas, en particular  aquellas que producen artículos intensivos en mano de obra.  Luego el Estado atempera con programas productivos y de asistencia social las desigualdades que provoca el sistema capitalista. Esto es muy importante porque se ha visto que no importa el modelo sino la efectividad administrativa con que aplica el recurso, así como la alerta que mantiene sobre la evolución de la economía, es decir aplica  políticas anti cíclicas continuas independientemente de la ideología de los gobernantes y del proyecto de nación que tengan. 
Un comentario interesante en este sentido y que corrobora lo antes dicho para muchos países distintos a  México, es que en medio de esta asimetría entre el crecimiento económico vigoroso que permite la acumulación del capital, y el reducido beneficio del factor trabajo, en México hasta 1970 operó el modelo de desarrollo  estabilizador, y que de 1971 a 1982 el de  desarrollo compartido, y  de 1983 a la fecha el modelo neoliberal. Parece que en el país el Estado no  ha dado continuidad a las políticas públicas relacionadas con la economía y el bienestar social, puesto que con el primer modelo se tuvo crecimiento con estabilidad, con el segundo crecimiento con inflación y, con el tercero,  estabilidad con estancamiento.
¿Acaso ésta discontinuidad en las políticas públicas y administración cuestionada del gasto público explican la  desigualdad social y la pobreza de la población territorial y sectorialmente?
Con respecto a la segunda hipótesis, conviene decir lo siguiente:
Este espectro negativo en el ámbito económico lo resume de manera contundente el Dr. Eduardo Loría (2006)  de la siguiente manera: “el desarrollo del país comenzó a presentar dificultades desde hace 22 años, ya que de 1982 a la fecha el PIB per cápita avanzó 0.6 por ciento anual, cifra varias veces inferior a la media de 3.0 por ciento reportada entre 1935 y 1981”. Se concluye con esta información que la  economía y por consiguiente la  sociedad estuvieron mejor con los dos modelos anteriores que con el neoliberal, aclarándose que siempre ha existido la pobreza pero no en la magnitud preocupante de nuestros días. .
Existe clara evidencia ( Sánchez Barajas, 2005) que la apertura al exterior no generó un crecimiento endógeno puesto que las exportaciones exitosas fueron hechas por grandes empresas mexicanas, trasnacionales y maquiladoras que no vincularon a las micro y pequeñas empresas en forma significativa a sus cadenas productivas, comerciales y de servicios, obligándolas a operar en el mercado interno, principalmente.
Derivado de lo anterior, cabría preguntarse porque dentro del reducido margen de maniobra   que le dejan las trasnacionales al Estado mexicano, éste no ha diseñado una política objetiva de impulso para la economía nacional. Al respecto, con el fin de brindar información oportuna  para el diseño apropiado de la citada política, es conveniente decir que  la última encuesta levantada por el INEGI sobre micronegocios en el país, ésta señala que están registrados 4.4 millones y que para alrededor del 80.0% de sus empresarios entrevistados, tres son sus problemas principales: la competencia excesiva,  la escasez de clientes y las ganancias reducidas. Sólo  el 11.1% de ellos considera que el crédito y la escasez de recursos económicos   constituyen  su principal problema.
Como puede observarse sus problemas principales  son estructurales y no operacionales, los cuales se derivan del  modelo de economía establecido, mismo que además de constreñir la demanda  nacional reduce los ingresos fiscales  y limita la capacidad del Estado para apoyar las MYPES. Esta política de estabilización económica considera que   los aumentos salariales se fijen  en función del índice inflacionario y no de  la productividad de los trabajadores, situación que hace poco atractiva su capacitación, hasta podría pensarse que es  innecesaria. Igualmente, al perder dinamismo   el poder de compra y con ello los planes de expansión de las empresas, ocasiona que  la contratación del crédito  no sea vital para la operación y consolidación de las empresas, aun más, que en el ámbito de la tributación los impuestos directos e indirectos crezcan menos que el potencial que brindaría una economía con crecimiento significativo. En consecuencia, establecer programas de fomentar para empresas que no venden a una población sin poder adquisitivo,   ocasiona que no se aprovechen a plenitud los  programas oficiales en vigor; es claro que al no haber demanda permanente las empresas quiebran y cierran provocando desempleo. Mi experiencia de campo revela que son pocas las micro empresas que operan y se consolidan después de dos años,  la mayoría sólo dura en operación unos cuantos meses.
Lo anterior  genera un círculo vicioso, limita la capacidad rectora del Estado en la economía, los pocos  recursos fiscales  se destinan a  programas  con metas coyunturales y no resolutivas de los serios problemas de las empresas , se cancela la  posibilidad   de aprovechar los recursos humanos capacitados, la recuperación de la inversión es insuficiente y no rentable, se pierde la cartera de clientes que garantiza  de la estabilidad de una empresa  y, lo más preocupante,  no aumenta la recaudación fiscal y la capacidad del Estado para hacer que los mexicanos vivamos más y mejores años.
Aquí también se observa la necesidad de administrar bien y de dar continuidad a las políticas públicas, ya que en el análisis efectuado de 1935 al 2005 se pone de relieve que en el último tramo: de 1983 al 2005 hubo discontinuidad en la aplicación de medidas inductoras  del crecimiento económico como en las correctivas de los desequilibrios sociales provocados por una mala administración, mas que mala yo diría tendenciosa.

Sobre la tercer hipótesis

Los datos del siguiente cuadro que contiene la evolución de  la economía de 1982 al año de 2002, pone de relieve lo antes mencionado en el caso específico de las principales variables, cuya fluctuación en sus valores también corroboran que no se ha manejado otra política de estabilización más que la de las variables macroeconómicas de  la inflación y del tipo de cambio, cuya  estabilidad en sus precios relativos en fundamental para atraer inversión extranjera al país,  es decir, más que beneficiar al crecimiento con estabilidad y equidad social, se ha procurado crear las condiciones propicias para la penetración del capital extranjero en las actividades económicas del país, dada la política de menor intervención del Estado de los últimos  años. 

En este contexto, ¿Cuáles  deben ser las políticas públicas que sustenten el modelo económico a seguir? ¿Se debe continuar con la inercia actual nada más adecuándolas al momento político que se vive, debemos reestructurarlas a fondo o definitivamente eliminarlas? ¿Se debe aprovechar el parteaguas del 2012 para recomendar  e implantar un modelo económico totalmente diferente a partir de 1013?

PROPUESTA

Políticas institucionales
1.- El Estado debe tener la  participación en la economía que le fija la Constitución para generar crecimiento con estabilidad y combatir adecuadamente la pobreza, con políticas económicas, fiscales y monetarias continuas, que sean congruentes con los ciclos económicos para igualar oportunidades de las personas en salud,   educación y alimentación para que se integren competitivamente a la economía como trabajadores y/o emprendedores con capacidad creativa para aumentar el empleo y el producto social.
2.- El destino selectivo del gasto público en infraestructura física, social y productiva, más que su monto o aumento, es la manera como puede lograrse lo anterior, instrumentándolo con medidas administrativas eficientes, de organización, supervisión, de rendición de cuentas  y monitorea oportuno para hacer  ajustes oportunos ante los cambios del mercado.  
3.- Se deben de incrementar las medidas fiscalizadoras para mejorar la administración de los recursos públicos, para que se descentralice su aplicación, para que sea transparente la rendición de cuentas y para que el gasto incida en la demanda agregada. El reto es aumentar los ingresos públicos, los salarios y la  liquidez en la economía para que incidan en la demanda agregada, en un mayor  producto social sin generar inflación mediante el aprovechamiento de la capacidad productiva instalada que demandará más trabajadores y con ello aumentará la recaudación fiscal .    
Políticas operativas
Ingresos Públicos

• Revisar y evaluar los ordenamientos que fundamenten la política  tributaria, porque de ellos saldrán los nuevos y ampliados recursos para el año 2013, además de que darán la pauta para modificar de manera congruente, los estatales y municipales, con el mismo objetivo: aumentar los ingresos públicos. 
• En este ejercicio técnico democrático, la ciudadanía debe de participar en la
• elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del 2013 y proponer la eficiencia administrativa en la recaudación y aplicación del gasto.
• En este contexto todo parece indicar que se debe formular una política fiscal gradual con programas con acciones recaudatorias para el corto y mediano plazo.

Primera etapa

• Ante esta perspectiva, por razones de tiempo y espacio, la política fiscal para el corto plazo debe ceñirse a directrices de corte administrativo y coactivo, es decir, en fincar la recaudación en la eficiencia que se tenga en la administración tributaria, así como  en recordarle al contribuyente su obligación de contribuir al erario público, en tiempo y forma.
• Dentro de las acciones administrativas destacarían las tendientes a integrar cuando no existan, depurar, cruzar y actualizar los padrones de las principales contribuciones en los tres órdenes de gobierno. También, la simplificación administrativa en los trámites y procedimientos, la revisión y cuantificación de la evasión y elusión fiscal; al igual que las facilidades que se darían en horarios, lugares y equipo para el cumplimiento oportuno de los contribuyentes.

Con respecto a las coactivas, con base en las facultades otorgadas a las autoridades fiscales, se recomienda intensificar las auditorias a grandes empresas; la aplicación irrestricta del Convenio de Colaboración Administrativa en toda su extensión ( la experiencia indica que bien aplicado puede constituir una fuente importante de ingresos fiscales); aumentar y sistematizar las  invitaciones y recordatorios a los contribuyentes, con un sólido basamento jurídico que en caso de no acatarse, se les pueda sancionar conforme a la legislación fiscal en la materia.

• Simultáneamente, durante el primer año de la nueva administración federal,  es recomendable iniciar la revisión de los ordenamientos estatales y municipales que dan sustento al sistema tributario vigente en la actualidad, de sus  programas y compromisos existentes, con objeto de evaluar su viabilidad en el contexto de los objetivos y metas establecidos para la nueva administración fiscal. La disponibilidad de recursos se expresará en la integración de una mezcla de fondos suficientes por el lado del ingreso, para financiar el gasto que le compete hacer a cada gobierno. Lo anterior reducirá o eliminará gradualmente el endeudamiento que asfixia actualmente a los órdenes de gobierno estatal y municipal.

Segunda etapa:

• Una vez resuelto el problema de suficiencia presupuestaria con fuentes adecuadas de ingresos tributarios, se debe proceder a la distribución de los mismos, para ello se debe determinar el mecanismo de participación ciudadana en la conformación de una política fiscal tendente a fortalecer la hacienda pública, que debe comprender la evaluación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como instrumento normativo para la  distribución de los ingresos fiscales obtenidos por el esfuerzo de los funcionarios fiscales.. Su actualización oportuna además de proporcionar más recursos para los tres órdenes de gobierno, le asignará a las autoridades hacendarias la función  de promover la economía con la aplicación de un gasto público direccionado hacia la satisfacción de las necesidades urgentes de la sociedad y a fomentar la competitividad de la economía, con ingresos provenientes de una recaudación  equitativa  y con amplio sentido social.

Es vital revisar la actual concertación de acciones que operan a través de la coordinación fiscal y que tiene como sustento jurídico la ley de Coordinación Fiscal, aprobada en 1978 por el Congreso de la Unión, conjuntamente con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que entraron en vigor en 1980.
En sí,  se debe valorar si mediante  la concertación de  acciones en el ejercicio de las potestades tributarias de los diversos órdenes de gobierno, se logró la coordinación administrativa satisfactoriamente:  al depurar las cargas tributarias para evitar la doble concurrencia impositiva  y que los contribuyentes    no tuvieran que pagar dos o más impuestos por la misma actividad que desempeñaran igualmente,  es conveniente verificar si se hizo correcta la  homologación  y más eficiente la tributación, ya que los municipios y los estados renunciaron y delegaron su capacidad  recaudatoria que hacían  de ciertos impuestos y derechos,   a cambio de recibir de la  federación, vía   el resarcimiento,   un  monto equivalente al que renunciaron a captar en cada ejercicio fiscal.

Los recursos se distribuyen por medio del Fondo General de Participaciones, FGP, del Fondo de Fomento Municipal y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que conjuntamente se denominan “participaciones”, mismas que a partir de 1998, se han complementado con las “aportaciones”, provenientes del ramo 33.

Después de 31 años se observa (Sánchez Barajas, 2011) que dentro del FGP se abandonó como  criterio principal para distribuir las participaciones el resarcimiento (cada entidad recibía recursos de acuerdo con la recaudación que se hacia en su territorio), ya que a partir de 1991 se complementó con el demográfico o redistributivo. Esta situación benefició a entidades federativas densamente pobladas y desalentó a las que tenían alta capacidad de recaudación, al observar que los ingresos que percibían no eran proporcionales a su esfuerzo recaudatorio.

• ¿Conviene, es sano,  seguir favoreciendo la obtención de ingresos fiscales a través del IEPS, que proviene de un mayor consumo de tabaco y de  bebidas alcohólicas?  

Dentro de este ordenamiento también se debe  reflexionar si los municipios en particular, han aprovechado debidamente los beneficios que les otorga dicha Ley por medio del Fondo de Fomento municipal, se debe de verificar si administraran eficientemente el impuesto predial y los derechos por el suministro de agua. ¿Descuidaron el esfuerzo recaudatorio?

• Con base en lo anterior, las  nuevas autoridades fiscales federales del país deben fijar una posición sobre sugerir o no, más potestades tributarias para los estados y los municipios, ya que aparte de las dos  contribuciones antes mencionadas, cuando fue  autorizado, no se puso en vigor de inmediato, por ejemplo,  el impuesto sobre nóminas.

¿Convendrá mejor buscar la eficiencia en la administración de las  contribuciones actualmente en vigor? no se requiere modificar la legislación fiscal y tampoco se incurre en  el costo político que provoca entre los contribuyentes el aumento o creación de nuevos impuestos.
Con el propósito de mantener la congruencia entre las acciones de política fiscal en apoyo de las de  política económica, y puesto que existe la intención del gobierno federal por no otorgar más recursos porque produce entre los estados y municipios una alta dependencia de los ingresos federales, al   inducir entre ellos una baja recaudación de ingresos propios y una reducida utilización de sus potestades tributarias, se propone que la política de captación de ingresos, fiscal,  cambie, con un enfoque integrador de las partes que intervienen en el equilibrio presupuestal, ampliándose  a una  política hacendaria: manejo  conjunto del ingreso, el gasto y la deuda pública.
Gasto Público

• Derivado del punto anterior, verificar si existe la intención de  cambiar la Ley de Coordinación Fiscal a Ley de Coordinación Hacendaria, así como la eventual modificación en los criterios de distribución de las participaciones. En lo que se refiere a las aportaciones o transferencias federales, evaluar los lineamientos que se aprueben entre los tres órdenes de gobierno, para acelerar la descentralización del gasto público.  
• Procurar que esta  federalización del gasto  acelere su transición de desconcentración a la descentralización de funciones, recursos y atribuciones que lamentablemente, muchas de ellas que corresponden a los municipios, se han quedado en el orden del gobierno estatal.
• Con respecto a lo anterior, en la aplicación de los recursos previamente asignados, como lo son las aportaciones o transferencias federales, se sugiere hacer un seguimiento sobre su correcta aplicación, con una participación eficiente de las autoridades locales   que hasta el momento han sido simples administradores de estos fondos, que por ello, también se han manejado con fines proselitistas o partidistas. Recuérdese que no son gratuitas las críticas al manejo muy discutible del FAIS.
• Puesto que este concepto es la piedra de toque para encauzar con estabilidad la economía hacia la producción de bienes que aumenten la calidad de vida  de los mexicanos, sugiero:

Realizar estudios sobre los modelos de asignación de recursos derivados de las propuestas para redistribuir funciones públicas, de titularidad o ejercicio que impliquen reformas constitucionales en favor de las entidades federativas.

• Realizar estudios sobre las implicaciones hacendarías y de descentralización del gasto público, en función de las propuestas para redistribuir condiciones de concurrencia o coincidencia que impliquen reformas a las leyes secundarias de la Federación, en favor de las entidades en algunas funciones públicas, con especial referencia al gasto social.
• Proponer nuevos modelos de gasto tendentes a redistribuir y equilibrar vertical y horizontalmente la asignación del financiamiento de algunas funciones de gasto social y de la inversión pública federal incorporando criterios diáfanos de asignación, eficiencia y equidad.

Crédito Público
Muchas de las siguientes recomendaciones quizás ya no sean pertinentes, sin embargo a continuación se presentan con ánimos de brindar el escenario completo en que debe actuar la triada que conforma la política fiscal en apoyo de la económica. Impulsar criterios y mecanismos de calificación derivados de la reforma al artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, para que los gobiernos estatales y los municipios tengan acceso oportuno y diferenciado a los mercados del financiamiento público y privado.

• Fortalecer el papel de la banca de desarrollo, fideicomisos y fondos de fomento público, para impulsar los proyectos productivos y de infraestructura regional mediante el incremento de sus fondos, así como apoyar transferencias complementarias para este tipo de proyectos, con sujeción a los siguientes lineamientos:
• Revisar los programas de financiamiento de las instituciones de fomento para orientarlos a la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores prioritarios, con base en criterios de desarrollo regional y mediante una mayor difusión de los programas de crédito, de garantías, y el otorgamiento de asesoría técnica bancaria.
• Vincular las operaciones financieras y crediticias a las necesidades de la población de estados y municipios con mayor atraso relativo, buscando el fomento de actividades que favorezcan las ventajas de cada región o productor.
• Considerar los ingresos no tributarios para incrementar los flujos crediticios con riesgo proyecto, complementándolos con la participación de la iniciativa privada, y fondos como el de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con el propósito de financiar un mayor volumen de servicios públicos e infraestructura.
• Promover mayor capacidad y flexibilidad financiera a estados y municipios mediante la aplicación de mecanismos de cobertura cambiaría (tipo Fondo de Apoyo a los Estados y Municipios), a fin de apoyar con recursos externos la realización de obras prioritarias.
• Hacer expeditos ante las instancias correspondientes las modificaciones legales necesarias para posibilitar la bursatilización de las carteras crediticias de estados y municipios.
• Mejorar administrativamente el sistema de información y registro sobre deuda local en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Revisar las reestructuraciones de las deudas locales, con el fin de minimizar los costos de intermediación y que se formulen en congruencia con la capacidad de pago de las entidades federativas y los municipios.
• Proseguir con el programa de apoyo crediticio a las entidades y municipios que presenten condiciones deficitarias extremas, mediante criterios que precisen circunstancias, alcances, condiciones y responsabilidades.
• Consolidar el desarrollo de  los sistemas de información hacendaría, a fin de homologar y permitir la evaluación comparada respecto de la operación descentralizada de funciones federales en las entidades y municipios.
• Promover oportunamente ante los Congresos Locales la promulgación de leyes en materia de deuda pública.

Interacción de Ingreso, el Gasto y la Deuda Pública

• Emprender estudios sobre la mezcla de recursos necesarios para financiar las responsabilidades de gasto que competan a cada gobierno, tales como: ingresos propios con potestad normativa y administrados por cuenta de otro gobierno, participaciones, transferencias con destino específico por colaboración administrativa o como donación, subsidios, aportaciones para programas o proyectos conjuntos, así como el uso del endeudamiento.
• Definir el papel de las participaciones en el contexto anterior, así como la determinación de sus montos y de nuevos criterios para su distribución.
• Analizar la operación anual de los sistemas financieros y fiscales para evaluar el cumplimiento de las metas presupuestales de cada gobierno en particular, y analizar las condiciones y limites de acceso al crédito público con base en los elementos anteriores.

Descentralización y Colaboración Administrativa

• Consolidar la eficiencia de la colaboración administrativa establecida en el nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en todas las facultades delegadas y en particular la de fiscalizar el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para lograr los mayores estímulos por su gestión y el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales en provecho conjunto de la Federación, entidades y municipios.
• Continuar el avance de colaboración administrativa en otras materias como la cobranza de créditos, adecuando las normas y mecanismos que aseguren su manejo eficiente.
• Perfeccionar los sistemas de información que determinan la Recaudación Federal Participable, Impuestos Asignables, Población, y en general afinar la oportunidad y precisión de los indicadores que intervienen en la distribución de las participaciones federales.
• Realizar estudios hacendarios para proponer mecanismos de transferencia que apoyen las nuevas funciones y programas de descentralización del gasto público federal.
• Revisar y perfeccionar los mecanismos de transferencias financieras para apoyar las funciones con grado avanzado de descentralización, con especial referencia a los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social y Urbano. Este sistema de transferencias deberá contemplar los casos en que los apoyos sean complementarios, condicionados o de carácter general.

Dichas funciones deben propiciar una estrategia económica inmersa en un horizonte de  planeación de corto y largo plazo, que permita ir revisando y actualizando la política pública que norme la acción oportuna y suficiente del Estado durante las fases del ciclo económico para suavizar las fluctuaciones de la fase depresiva, para aprovechar y mantener hasta donde sea posible las de la fase de auge económico. En pocas palabras propiciar el desarrollo con estabilidad económica  en las condiciones que le fija la Constitución.