COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MÉXICO

II.-  FUNDAMENTOS DE LA TEORIA ECLECTICA DE LA COMPETITIVIDAD NECESARIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE, EN EL FUTURO INMEDIATO: 2013-2018.

II.1-.Marco teórico para arribar a la propuesta de la competitividad económica 
II.1.1..-Basada en la experiencia de la industria manufacturera en el territorio mexicana.

El conocimiento del sistema capitalista y de sus leyes concretamente, debe de constituir el referente fundamental  para la formulación e implementación factible de cualquier política pública económica que se desee instrumentar para elevar la calidad de vida de los mexicanos. En este contexto se ubica la política para la promoción del desarrollo empresarial regionalmente, en virtud de que las empresas surgen, evolucionan, se consolidan o desaparecen  en dicho sistema. Al respecto, sabemos que las empresas desempeñan una función social  trascendental  dentro del circuito económico al utilizar, por el lado de la oferta, los factores de la producción con los que genera los bienes y servicios que requiere la sociedad sin dañar el medio ambiente y, por el de la demanda, generan el ingreso proveniente de sus utilidades y de los salarios necesarios para adquirirlos y así gestar  el desarrollo sostenido y sustentable de la economía.
En este contexto es que en general para la elaboración de una  política pública se deben de considerar mínimamente entre otros factores, la existencia y el efecto que producen las leyes de la oferta y la demanda, de la acumulación y del movimiento de capitales, ya que la primera hace de las empresas entes que luchan por su supremacía en el mercado y la otras, inducen que las empresas que se apropian del mercado se consoliden y expandan  mediante la acumulación del capital, mismo que a su vez sustenta su movilidad y conversión en monopolios que tienen capacidad suficiente para crear o acceder a las innovaciones tecnológicas: Piedra de toque de su competitividad. En particular, se debe de considerar que por su conocimiento del mercado, son diferentes sus niveles de inversión y los coeficientes ocupacionales que generan primordialmente con procesos de fabricación intensivos en capital, ello da lugar a distintas capacidades de planta productiva instaladas y al reto de su aprovechamiento óptimo sin deteriorar  el entorno ecológico en que operan.
Derivado de lo anterior puede decirse que la promoción institucional debe hacerse por tamaño de empresa; en este sentido, puesto que son tan diferentes las unidades de producción, distintas deben ser las directrices de política económica que se establezcan, por ejemplo, para impulsar  la operación simultánea y/o conjunta de la empresa grande con el resto de las escalas de producción industrial del país. 
La primera tiene fortalezas monetarias, técnicas, productivas, distributivas y comerciales que no tienen el resto de los estratos empresariales, ya que éstos, en particular la micro y pequeña empresa, generalmente no operan con economías de escala, no innovan permanentemente y por consiguiente sus procesos de fabricación no son eficientes ni abaten costos como la gran empresa que lo hace en la producción, en el desplazamiento de sus productos y en el uso de medios de comunicación y de estrategias mercadológicas para acercarse al consumidor en los mercados nacional e internacional, de manera que las fluctuaciones económicas: ciclos de corta y larga duración, las afectan  significativamente y las hacen mucho más vulnerables cuando estos se hallan en las fases depresiva y de crisis.
Importancia que el Estado le concede actualmente a las MYPES.

Oscar Lange (1976) comenta que estas escalas de producción siempre han existido, dado que parecieran ser  intrínsecas a la sobrevivencia del ser humano que siempre ha requerido de su capacidad creativa para allegarse o producir los medios necesarios para subsistir y evolucionar.  Su presencia ha sido notoria en cualquier época, no ha importado el sistema ni el modelo económico que los países tengan en vigor, ellas están allí a pesar de su escasa capitalización, de sus  serias limitaciones de administración, de organización, de operación y de su fragilidad ante el cambio de política económica.
Al respecto, en lo que atañe a su evolución, todo indica que hasta la vigencia del modelo de organización de la producción fordiana en la economía occidental, que prácticamente duró hasta finales de la década de los setenta del siglo pasado, las MYPES manufactureras  incursionaban en el mercado de manera independiente, un tanto al azar y circunstancialmente, con acciones marcadamente individuales, con pocos apoyos institucionales y sin estrategia ni programas de organización en grupo, ya que se pensaba que en el largo plazo desaparecerían (OCDE ,1991) debido a la exitosa evolución  y consolidación de la gran empresa terminal que operaba con modelos de organización y administración vertical centralizada.
Antecedentes
En este contexto, en México a partir de la administración federal basada en la planeación socio-económica (que se inició con el Presidente Lázaro Cárdenas) el  apoyo institucional se caracterizó principalmente por la canalización de recursos financieros para la solución de sus problemas operacionales, ya que en el seno de Nacional Financiera y del Banco de México (principalmente) se crearon diversos fideicomisos para la proliferación de la pequeña y mediana industrial, dentro de los que destacaron los fondos de fomento como el FOGAIN para auxiliarlas con recursos crediticios para el capital de trabajo y adquisición de activos fijos de la pequeña y mediana industria, el FOMIN, con capital de riesgo transitorio en estas empresas, el FONEI, con  créditos para el desarrollo industrial, el FIRA con recursos para el campo, el FONEP con apoyos crediticios para la realización de estudios de factibilidad financiera y viabilidad técnica, así como otro fondo fideicomiso que proporcionaba créditos para la instalación de las empresas en terrenos correspondientes a parques, ciudades y conjuntos industriales seleccionados estratégicamente en el país, al igual que ARMO y el CECADE que capacitaban a  la mano de obra y a los técnicos para la realización de estudios y proyectos, respectivamente. En  octubre de 1978 se creó en Nacional  Financiera con apoyo del Banco Mundial el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria, PAI, que usando el crédito como eje rector del apoyo a estas empresa, aglutinó varias de las funciones de los fideicomisos antes mencionados  en torno a la solución de sus problemas operacionales, que no estructurales, pensando que éstas no solo tenían problemas financieros sino que también eran muy importantes los de índole productiva, organizacional  e inclusive de asistencia técnica. 
Es importante mencionar que  este apoyo institucional  “integral” en cierta forma ya visualizaba lo que posteriormente y de manera constante los empresarios  entrevistados le informan cada cuatro años al INEGI por medio de su Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI, quienes desde hace muchos años y hasta el año 2006 en que se realizó la última, vienen señalando que sus problemas principales son los antes  descritos  como estructurales y no los identificados como operacionales; sin embargo, el gobierno se empecina en apoyar estos y no en solucionar los primeros. 
Ahora bien, la crisis internacional del sistema fordiano de organización para la producción, para ese entonces ya era notoria y evidenciaba la necesidad de un cambio, mismo que se inició a principios de la década de los ochenta del siglo XX,  durante la cual surgió el modelo posfordiano como opción para que la gran empresa continuara siendo competitiva en el mercado internacional, ahora llamado globalizado, en el que la pequeña empresa  industrial ganó  su espacio en el ámbito de la producción, en virtud de que en este sistema, en que la dirección vertical de las empresas multinacionales se flexibilizó con el fin de que éstas pudieran  establecerse abiertamente en diversos países en los que se eliminaron las barreras arancelarias y que contaban con mano de obra y materias primas baratas, de manera que pudieron aplicar sistemas de “producción flexible” en diversas regiones del mundo y con los cuales brindaron la oportunidad a la pequeña industria para que participara en sus procesos de producción ofertando partes y accesorios que podían fabricarse en unos países, ensamblarse en otros y posteriormente comercializarse en terceros países.
Este sistema de organización para la producción flexible caracterizado por la segmentación del proceso de fabricación en muchas unidades, por lo general en pequeñas empresas industriales de producción separadas, que permite superar la limitación de la producción masiva de un solo producto homogéneo en la gran planta, hace viable la producción de bienes diferenciados en las cantidades requeridas por el mercado, lo cual evita la acumulación de inventarios y proporciona una nueva relación de las empresas con sus proveedores y clientes al organizarse con lemas como “calidad total, justo a tiempo y cero inventarios” (Sánchez Barajas, 2007: 24). Ello les dio ventajas competitivas y comparativas a las empresas multinacionales, EM.
Lo anterior aunado al creciente desempleo observado a partir de la década de los setenta en Europa occidental orilló por una parte, a los países a considerar las pequeñas industrias como instrumento estratégico  para su desarrollo económico; por otra parte, a evaluar  la inserción de las EM en la mundialización y a considerar que ello en cierta forma representaba una amenaza para sus planes de gobierno, al supeditarlos en parte a los planes de inversión que tuvieran estas empresas con una visión y actuación  abiertamente monopólica en el mercado internacional. Al respecto, Miguel Ángel Rivera Ríos (2000: 78) comenta que en el largo plazo el espacio internacional terminará por absorber al nacional. Para enfrentar esta tendencia y defender las economías nacionales se gestó el  agrupamiento de los países en bloques económicos regionales (Dabat, 2000). En relación con este artículo diremos que actualmente destaca, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: TLCAN y el de la Unión Europea: UE.   
Impacto en la industria pequeña y mediana de México.

La incorporación de la pequeña industria a los procesos segmentados de fabricación de la gran industria despertó el interés institucional por estudiar formalmente las Mypes industriales en México. Su estudio reveló que además de poder incidir significativamente en la producción estas unidades de producción generaban altos coeficientes de ocupación y por consiguiente abatir el flagelo del desempleo. Así, se decidió apoyarlas institucionalmente dado que constituían la principal fuente de empleo en el país; además de que se les identificó como la principal escuela para la formación empírica de empresarios que con su  capacidad gerencial contribuían relevantemente en la creación del PIB, en el desarrollo regional, en el aprovechamiento de materias primas y mano de obra locales, etc.       
Así, al iniciarse la administración federal 1982-1988, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se creó la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria, con objeto de elaborar la política oficial y establecer los mecanismos de apoyo institucional a estos estratos empresariales. Posteriormente las acciones de apoyo gubernamental ampliaron su cobertura de fomento hasta el resto de los sectores económicos del país.
Resultados observados.
Como se indicó al principio de esta exposición, los magros resultados que se han obtenido con las políticas públicas de apoyo a las MYPES en los últimos treinta años, se debe a que éstas se han elaborado y aplicado desconociendo las citadas leyes del capitalismo, las fases de los ciclos económicos y últimamente ignorando  la opinión de los empresarios mexicanos sobre los principales problemas que los aquejan (ENMN, 1998, 2002, 2006). Se hace este comentario  ya que sólo así  es  como se  explica el alto índice  de mortandad  que acusan; al respecto, en opinión de Alberto Nájar (2011): “Cada año el gobierno mexicano recibe unas 100,000 solicitudes para crear nuevas empresas. Pero de acuerdo con el especialista, el 80% de éstas muere antes de cumplir el primer año, y de las que sobreviven la mayoría cierra sus puertas antes de un lustro.”
Agréguese el menor ritmo de crecimiento en su número que contrasta con el creciente número observado en la gran escala de producción industrial (Censos Económicos de 1999 y 2004), que obligan a preguntarse si se están acentuando las tendencias monopólicas en el país. También se detectó la reducción de su número en la Ciudad de México y el Estado de México (Sánchez, 2009) la cual  contrasta con el incremento mostrado de  la gran empresa en la frontera norte del país, así como la desvinculación significativa de las MYPES de las cadenas productivas, comerciales y de servicios de las grandes empresas (Sánchez, 2007), y su escasa participación directa o indirecta en las exportaciones mexicanas, (Dussel, 2000).  
¿Pero cuál ha sido la política ortodoxa instrumentada para impulsar la economía nacional y el bienestar de la sociedad civil que de ella emana? Derivada de ella, ¿Cuál ha sido la política de impulso para el sector empresarial y concretamente para las MYPES?  
En los últimos 30 años se ha aplicado una política pública caracterizada  por: a)  “más mercado y menos estado”; b) la desregulación administrativa; c) la promoción del crecimiento económico a través de las exportaciones, para cuyo efecto fueron reducidos significativamente los aranceles a la importación, se firmaron tratados comerciales internacionales de manera que con la apertura se globalizaron nuestras acciones para igualar los precios internacionalmente,  para contar con oportunidades para acceder a la oferta mundial de materias primas distintas o semejantes a las producidas en México, así como a maquinaria, insumos y equipo, a procesos tecnológicos innovadores, etc., que abatieran costos de producción y  reforzaran la competitividad mundial de las empresas mexicanas.
Esta política pública “ortodoxa” de fomento no ha promovido el crecimiento requerido de la economía en relación con la oferta de mano de obra en el territorio nacional; este desequilibrio se ha debido principalmente, a que si en general el modelo de producción flexible propone la integración de la pequeña con la gran industria, en México ha sido insuficiente la integración de los diversos  tamaños de empresas en las cadenas de valor. Agréguese a lo anterior,concretamente, que la  planta productiva con perfil exportador está constituida en mucho por empresas maquiladoras y multinacionales, que dadas las facilidades que les brindan por ejemplo, el TLC,  se concretan a importar (cuyo valor desde hace muchos años  suele ser muy parecido al de sus exportaciones, tal que el superávit de éstas   últimas es pequeño) y ensamblar sus productos que luego exportan competitivamente  a los principales mercados mundiales. Los resultados de esta actuación históricamente revelan que aun cuando estas empresas han dado empleo a alrededor de un poco más de un millón de personas anualmente, también señalan que usan alrededor del 2% de los insumos nacionales (se infiere que son pocas las pequeñas industrias mexicanas que se los proporcionan) y que  ha sido escasa la transmisión del “know how”, es decir, son relativos los beneficios que han traído a la economía y sociedad  mexicana en términos de competitividad  económica y de bienestar, puesto que ni son las empresas tractor ni remolcadoras esperadas. 
Ello nos permite señalar que la “política ortodoxa” del fomento del comercio exterior como bujía del crecimiento económico, no ha dado los resultados esperados en términos de empleo, desarrollo empresarial e incremento de las innovaciones tecnológicas para hacer competitivas a las pequeñas empresas industriales mexicanas, en virtud de que al usar modestamente las empresas extranjeras las materias primas, los insumos y la mano de obra locales, ello ha inhibido en particular  la participación significativa de  las principales fuentes de empleo en el país: las micro y pequeñas empresas  (MYPES), ya que es escasa su presencia  en sus cadenas productivas, comerciales y de servicios.
Al ser moderada e irregular su participación directa o indirecta en el comercio mundial, principalmente de bienes con valor agregado, la acción de  las MYPES  industriales se ha reducido a la satisfacción del mercado nacional, donde lamentablemente, compiten en condiciones desventajosas con respecto a las grandes empresas comercializadoras que últimamente han priorizado sus importaciones masivas del lejano oriente, en particular de China. En resumen, estas unidades de producción lejos de ser beneficiarias del modelo económico neoliberal,  fueron perjudicadas porque desde 1986 en que México decidió abrirse en forma importante al mercado internacional, no fueron preparadas para exportar como tampoco para competir exitosamente en el país con la oferta extranjera que muchas veces lo hace deslealmente.

Derivado de las teorías  anteriores y de los resultados insatisfactorios que se han obtenido con su instrumentación por parte de los tres órdenes de gobierno en el pasado  y, en el muy reciente, existe un cumulo  de información que he analizado y evaluado detalladamente con el fin de elaborar una opción que permita optimizar el gasto público, es decir, la intervención del Estado en la economía, en la búsqueda regional de ventajas comparativas y competitivas que proporcionen a la sociedad la equidad en las oportunidades para el empleo y en la distribución del ingreso, así como la justicia social y la calidad de vida de los mexicanos  en plena armonía con la preservación del medio ambiente, por ser éste la fuente de donde la empresa  toma muchos de los factores de la producción, cuya combinación adecuada genera los  bienes y servicios    que demanda la sociedad en  tiempo y espacio determinados.