EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

5. Conclusiones preliminares

Una mirada exploratoria sobre el sector cooperativo en los países del MERCOSUR permite observar que entre ellos, existe un alto grado de asimetrías, tanto estructurales como de políticas estatales.
Efectivamente, la situación de asimetrías observada en la primera parte que se materializa en disparidades de variables como población, PBI, PBI per cápita o PEA, tiene su correlato en el sector cooperativo. A su vez, este panorama termina de completarse cuando se tiene en consideración la perspectiva histórica tanto en el devenir del cooperativismo como en su  relacionamiento con otras instancias sociales y estatales.
Esto se refleja en los datos estadísticos, ya que tanto  el tamaño de cooperativas, como el número de socios o la cantidad de empleos creados es altamente dispar, comparando los países pequeños con los grandes. A su vez, una comparación entre los dos socios mayores no refleja tamaña desigualdad e incluso permite entrever en términos relativos (si se tiene en cuenta la población total de Brasil de 193.733.795 y la de Argentina de 40.276.376) una ventaja numérica en el caso argentino, que probablemente pueda deberse a la larga experiencia cooperativa de este país, o al apoyo gubernamental que -fundamentalmente desde el año 2003-, es brindado al sector de la Economía Social en general y al cooperativismo en particular.
Una situación similar se presenta en el ámbito del peso e incidencia de las organizaciones representativas del cooperativismo a nivel nacional. Los socios mayores exhiben instituciones con objetivos claros que, superando lo retórico, se materializan en una fuerte presencia y colaboración con otras organizaciones tanto del sector como estatales. Se destacan los casos de Cooperar quien representa en Argentina a treinta y dos (32) federaciones y mantiene una relación estrecha con el INAES a través del Sistema de Cooperación Interinstitucional, iniciativa que reúne a ambos organismos alrededor de un “presupuesto consensuado” para las medidas de apoyo al sector.
En Brasil se destaca la inigualable penetración territorial del movimiento cooperativo a través de las veintisiete (27) OCEs  que representan a más de 7.000 cooperativas, y la creación del espacio institucionalizado de cooperación entre el sector cooperativo y el sector estatal, de la mano del SESCOOP. Este espacio dedicado exclusivamente a la educación y divulgación cooperativa -pilares del cooperativismo–, esconde un gran potencial para el trabajo en otras áreas sensibles al sector.
Por su parte, Uruguay y Paraguay presentan un escenario distinto. En el caso del primero, es de destacar la gran labor de CUDECOOP  -considerando su reciente creación-, y el gran impacto que la Ley General de Cooperativas provocó en el sector. Del lado del relacionamiento con instituciones educativas, la Universidad de la República es sumamente prolífera en las cuestiones referidas a la Economía Social y a su vertiente cooperativa.
Sin embargo, dado el histórico desinterés por el sector, éste se encuentra en una situación de atraso en referencia a los socios mayores, en cuanto a su articulación con el sector estatal y a las políticas públicas en su apoyo.
Paraguay representa el eslabón más débil en la cadena cooperativa regional. Sus iniciativas se agotan en la capacitación y difusión, y en una apuesta regional que no logra suplantar la falta de apoyo a nivel nacional.
En síntesis, los países que integran el MERCOSUR presentan amplias divergencias en sus sectores cooperativos, evidenciando asimetrías de tamaño y de madurez institucional de sus organizaciones representativas. Adicionalmente, el escenario en el ámbito de las asimetrías de políticas es altamente dispar: en el contexto regional conviven situaciones de activa promoción del sector cooperativo con otras en las que las medidas de apoyo son casi inexistentes.
En el caso de Brasil, se observa la implementación de diez programas de apoyo a las cooperativas, los cuales son llevados a cabo por el DENACOOP en conjunción el SENAES. Asimismo, se comprueba un tratamiento crediticio favorable, asistencia técnica, un fuerte énfasis en el ámbito educativo, y cierta ayuda en el acceso a los mercados.
Por su parte, en Argentina el apoyo gubernamental al sector cooperativo se manifiesta en el Programa de Asistencia Técnica y de Formación de Formadores del INAES, así como en el gran caudal de políticas sectoriales, y en el fuerte énfasis dado a la Economía Social y a las cooperativas por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner  -por ejemplo, el Plan Nacional “Manos a la Obra”-.
El caso de las políticas sectoriales, pilares de apoyo al sector, reviste una situación compleja en la que si bien el sector se ve favorecido por medidas específicas por rama de actividad, se encuentra a su vez perjudicado por la negación de su especificidad, al ser valorado -en este contexto-  como una empresa privada.
Del lado de las medidas de fomento, el panorama es bastante magro, ya que las medidas existentes no son una política específica de apoyo al cooperativismo, sino políticas en el marco de programas generales. La excepción en este ámbito es el educativo, donde a la Ley de Educación Cooperativa se le suman iniciativas de distintas instituciones públicas y privadas de todos los niveles, así como redes de intercambio y actividades de investigación y educación.
En Uruguay, la inexistencia de un organismo público de apoyo al sector cooperativo explica y refuerza su debilidad. Sólo a partir del año 2008, este país cuenta con el Instituto Nacional de Cooperativismo, que en tanto organismo público no estatal “propone, asesora y ejecuta la política nacional del cooperativismo”. Su reciente creación y la histórica carencia de una instancia de estas características, imposibilita una evaluación de su funcionamiento.
A su vez, la Comisión Honoraria de Cooperativismo si bien se erige como una propuesta muy interesante desde la perspectiva del trabajo conjunto entre el sector cooperativo y el público, en la realidad presenta funciones muy acotadas.
Uruguay no cuenta tampoco con ningún mecanismo de fomento del sector.
Finalmente, en Paraguay el INCOOP es la persona jurídica de derecho público encargada del sector cooperativo. Sin embargo, no presenta ningún programa en su apoyo y su campo de actuación se limita fuertemente a la prevención del lavado del dinero y al trabajo conjunto con las Universidades, en el área de difusión. Pese a que las cooperativas cuentan con ciertas exenciones tributarias, no sucede lo mismo en el ámbito del tratamiento crediticio u otras medidas de fomento.
En conclusión, resaltan en el caso del MERCOSUR, las importantes asimetrías tanto estructurales como de políticas, manifiestas en el disímil grado de apoyo público y medidas de fomento al sector cooperativo. En este sentido se destaca el esfuerzo de armonización de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR que en sus publicaciones “Serie Jurídicas”, iniciadas en el año 2003 incluyó estudios sobre “Régimen Legal de las Cooperativas en los países del MERCOSUR (2005)”, “Las cooperativas y los impuestos en el MERCOSUR (2006)” y un Taller Técnico sobre “Tributación cooperativa en el MERCOSUR (2003)”.
Sin embargo, como lo demuestran tanto la teoría como la evidencia empírica, no existen razones que permitan suponer una disminución de las asimetrías entre los países pertenecientes al proceso de integración, si no se ponen en funcionamiento mecanismos dedicados a tal finalidad. En este sentido -y pese a sus limitaciones- el FOCEM es una medida alentadora que ejemplifica la necesidad de cierta intervención a la hora de tratar este delicado tema.
Resulta pertinente recordar en este punto que el proceso de globalización implica enormes desafíos para las cooperativas, como el embate de capitales especulativos, la internacionalización de las empresas manteniendo su condición jurídica, la deslocalización de sus actividades productivas, o la generación de economías de escalas imprescindible en determinados sectores a la hora de competir con  la empresa privada capitalista (Rubio, 2006).
En este contexto, si se entiende a los procesos de integración regional en bloques como una consecuencia de la  globalización en aras de generar esfuerzos para enfrentar dicho proceso de forma asociativa, es posible observar cuán relevante es para el sector cooperativo el aprovechamiento de la plataforma abierta por el MERCOSUR.
Una de las principales trabas para este proceso lo constituyen -como se ha señalado- las asimetrías,  tema crucial para el sector cooperativo y para el proceso de integración en la medida en que atentan contra la posibilidad de un crecimiento armónico en la región, minando así sus propios fundamentos. El abordaje de esta cuestión de naturaleza regional requiere de un análisis enfocado  en este mismo nivel. De ahí la importancia de la existencia de una institución u organismo de corte regional que atienda las inquietudes y desafíos del cooperativismo a este nivel y, que a su vez participe también en el diseño de un modelo de desarrollo regional del que las cooperativas -en tanto representante de la Economía Social- formen parte.
Lo antedicho implica necesariamente un modelo de integración resuelto a incorporar en su agenda no sólo la participación de la sociedad civil organizada, con autonomía y recursos, sino también las cuestiones de la justicia social, el desarrollo armónico de sus pueblos y en este marco, el tratamiento de las asimetrías.
Existe dentro de la arquitectura del MERCOSUR una institución representativa del cooperativismo a nivel regional, la RECM, pero que parece seguir una lógica congruente con la del modelo integracionista -con una fuerte impronta intergubernamental-. El interrogante que inaugura la siguiente sección gira en torno a las posibilidades reales para una institución como la RECM de conseguir tan elevados y vitales objetivos en el marco mayor del MERCOSUR; en otras palabras explorar en qué medida el MERCOSUR en tanto proyecto de integración facilita o dificulta esta labor.