Popular o populista en la memoria histórica: Unos casos clave en la Guerra del Sur, 1824-1831

Daniel Hovey Calhoun
University of California, Davis

Resumen

Esta ponencia tiene como propósito el diferenciar la cultura popular de sus representaciones populistas, frente a una crisis histórica. Durante los años 1824-1831, y enfocada en el Bajío y en la Huasteca, se encuentra en fuentes municipales y de Defensa Nacional una disidencia agraria, agresiva y populista en tono, distinta de la cultura oficial proyectada por el régimen de Lucas Alamán y Carlos Montes de Oca, pero culturalmente anterior a las controversias partidarias de la Guerra del Sur. Con un conocimiento práctico y no sentimental del pasado histórico, regional y aun global, este repertorio presentaba tanto gestos de lealtad fraternal, como ideas radicales dirigidas al futuro. Al mismo tiempo que varios voceros populistas defendían a los rancheros pobres contra los hacendados ricos, algunos hablaban en contra de las comunidades indígenas. A la vez, unos voceros indígenas rechazaron, agresivamente, el esfuerzo que unos hacendados populistas hacían para hacerse voceros de valores comunales. Los diversos grupos populares, representados o a veces opuestos por protagonistas de autenticidad problemática, mostraban sin embargo, en los amagos de una energía defensora, un elemento compartido entre las culturas específicas.

Palabras clave: disidencia rural, populismo, Silao, Tancanhuitz, Guerra del Sur.

Introducción

La Guerra del Sur en México fue, entre otras cosas, una de las pequeñas revoluciones de 1830, todas las cuales constituyeron, juntas, un esfuerzo global para repensar y aun ensayar de nuevo la experiencia previa con el gran conflicto civil. Muchos historiadores han entendido este esfuerzo como un gran debate entre ideologías trascendentales –La Revolución y El Orden–, de tal manera que este enfoque sobre la cima de acciones ha facilitado una suposición de que tales pensadores y voceros puedan representar adecuadamente el pensamiento de toda una sociedad. No importa que una historiadora (Pitts, 2005) participe en los debates con el propósito de lamentar el abatimiento de valores liberales dentro de la causa revolucionaria, a la vez que otro historiador (Guerra, 1993) alabe el éxito del liberalismo doctrinario en reprimir a los revolucionarios. Las dos interpretaciones son evaluaciones rivales de las mismas presiones impuestas desde arriba. Le ha faltado al debate incluir cuestiones sobre la manera en que los pueblos locales expresaban el gran viraje desde un ambiente de conflicto militar hacia una época de desarrollo agresivo y capitalista.
     

Pese a las excepciones –unas destacadas sobre México (Ríos, 2005; Guarisco, 2003) y unas interesantes que tratan de otras partes (Sahlins, 1994; Méndez, 2005)–, este problema incluye ambigüedades en la manera de comprender “el pueblo” y “lo popular”. Entre otros, hay tres grupos que considerar: las poblaciones indígenas, los plebeyos eurodescendientes, y la gran asamblea virtual de escritores e intelectuales que se presentan como si fueran voceros del pueblo. Las líneas que dividen estos grupos se han oscurecido por el mestizaje tanto demográfico como cultural, por las adaptaciones individuales, y por los papeles diversos que los voceros asumían. En vez de empezar con etiquetas que restringen las identidades de voces y voceros, como si fuera legítimo exiliar a los no auténticos, sería más útil comenzar con la recolección de textos diversos que se puede oír como una interesante literatura, disidente en este caso, que merezca ser escuchada y criticada por ser una serie de opiniones cotidianas.
     

Con un ejemplo icónico, de solamente cinco palabras, se puede ver la manera en que los dichos populares se ofrecen al análisis. Aun durante la Guerra del Sur, se abría una grieta entre la mentalidad oficial y los impulsos populares. El nuevo régimen del vicepresidente Anastasio Bustamante trataba de reforzar su éxito inicial en expeler a Vicente Guerrero de la presidencia. Lucas Alamán, como ministro de relaciones “interiores y exteriores”, armaba un programa en dos fases: una lucha a largo plazo para promover el desarrollo económico, importando hasta maquinaria textil, y unas medidas a corto plazo para esforzar la obediencia social, hasta meterse en el micromanejo de las operaciones militares (AHEGto, Mun., caja 91, San Luis de la Paz: sesiones secretas, enero-mayo de 1830). Reveló el sesgo de todo eso cuando anunció criterios para la movilización militar. En su Memoria del 12 de febrero de 1830, exhortando a los hacendados a organizar a sus dependientes contra intrusiones, quería eximir del combate más amplio no solamente a los trabajadores esenciales en las fincas, sino también a los mismos hacendados:

¿Como puede un propietario, un hombre de familia, dejar abandonadas por algunos dias, y acaso por muchos meses, su hacienda y casa por destinarse a estos servicios? ¿Como pueden aventurarse a los riesgos de una campaña, aquellos hombres de quienes depende la suerte de muchos individuos? La pérdida de cada uno de ellos sería la ruina de una familia, y por consiguiente, la de muchos en un dia de batalla, una calamidad para toda la nacion (RO 14, 16 de febrero de 1830).

      Otras personas, no éstas, se suministrarían como carne de cañón para las campañas que imaginaba Alamán.

      En este contexto apareció una frase que llevaba en sí una expresión probablemente popular. Alamán, para implementar su propia propuesta, había señalado el modelo de las milicias “auxiliares”, como las que perseguían a salteadores en el estado de Guanajuato. Un grupo de tales, habiéndose destacado en la Sierra Gorda, fue movilizado para pelear en el Sur, contra Guerrero. El 5 de octubre de 1830, el coronel José Cayetano Montoya informó al secretario de guerra, José Antonio Facio, que estos hombres “se resistieron a seguir la marcha por no batirse con sus hermanos”. Cualquiera que fuera el significado exacto de hermanos en aquel contexto, el dicho fue un reto directo a la disciplina militar y a la política del régimen. Como si fuera poco, en seguida Montoya amplió el reto, ofreciendo su propia interpretación. Según él, “la ignorancia de estos rancheros, el amor a sus milpas, y a sus familias los habia [sic] hecho producir semejante voz sin saber la pena a qe. se habian hecho acreedores”. Aunque Montoya insistió en que impondría castigos, añadió que restringiría el número de muertes al suficiente para producir la obediencia. Puso a unos siete en capilla, aterrorizándolos, hasta descubrir y ejecutar a un tal Guadalupe Nolasco, supuestamente el más culpable. Se dejó todavía abierto el significado de la palabra hermanos. Facio, después de presentarle informe a Bustamante, respondió a Montoya sin adornos, alabándolo por su firmeza contra los que se habían sublevado “para no batirse con el enemigo” (AHSDN, exp. xi/481.3/723, vol. 1, ff. 276-277). Inevitable que fuera, en tiempo de guerra, la traducción automática de hermanos en enemigo, dice mucho sobre la diferencia entre la mentalidad popular y la burocrática.

      La frase corta de los milicianos fue uno de los textos llanos que surgirían durante una guerra: una idea casi normal y normativa. El general Vicente Filisola ya la había empleado para describir una resistencia popular de 1827 (AHSDN, exp. xi/481.3/354, ff. 7-10). Luis de Cortázar, comandante militar en Guanajuato, amplió la perspectiva de Montoya cuando escribió también a Facio, sugiriendo métodos para reclutar a la gente rural. No habló de un amor sentimental hacia la tierra, sino de penas materiales: la pérdida de tiempo para trabajar en el campo, otra pérdida de tiempo para elaborar productos destinados a las ferias, más la pérdida de caballos llevados a la guerra, y todo “por ultimo resultado, al llegar al seno de sus familias, han hallado a estas en una completa miseria (y quizá prostitución), recibiendo por pago el que les desnuden de la poca ropa que traen, que sucede ser la única con que pueden cubrirse”.
   

  Sin embargo, el remedio que Cortázar ofreció no contradijo los fines de la administración.
Como si bastara un toque de modernización, sugirió el “preparar un corto numero escogido en cada Poblacion, q. […] se arme y vista lo mejor posible, q. duplique los dias señalados pa instruirse, y que se asegure de qe. so[lo] se moverá cuando el enemigo toque las fronteras del Estado. De esta manera […] que ocupados de entusiasmo; van convencidos de que el pronto triunfo, violenta el regreso a sus Pueblos” (Cortázar al ministro, 29 de octubre de 1830, AHSDN, exp. xi/481.3/764, ff. 99-101).
      Con todo, el deslizamiento entre hermanos y enemigo indica que los militares de campo tenían una mayor conciencia de las necesidades cotidianas –es decir, una conciencia más material que la que tenían los altos funcionarios liberales–. Había también, más allá de Montoya y Cortázar, algunas personas que usaban palabras aun menos teñidas de artificio o jerga. En la misma zona donde operaban estos militares, unos ciudadanos locales, socialmente distintos de los que Alamán aceptaría en la “opinión pública”, emitieron unos documentos de disidencia agraria –más bien, de un agrarismo laboral– que han quedado fuera de las historias. Sin embargo, y pese al escondite archivístico, tales textos merecen la atención actual por haber alcanzado en su propio momento un papel contrincante en alguna riña reconocida. Varios de tales textos se encuentran en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero son examinados aquí en contrapunto con materiales municipales alojados al nivel estatal en Guanajuato y San Luis Potosí. En cuanto al método, se puede notar en el caso de Defensa Nacional el modelo de la antología de Reina (1980), y en los casos municipales las sugerencias de Serrano (2001, pp. 29-30). Los textos escogidos para este ensayo proceden de los años 1824-1831, y de una franja territorial a través del Bajío y de la Huasteca, formando así una cara norteña de la que la convención histórica llama la Guerra del Sur. En las huellas que se extienden por estos textos, se pueden encontrar evidencias de una escisión cultural, entre unos que aceptaban un estilo elitista y otros que se aproximaban a las experiencias de poblaciones subordinadas.

      Estos textos caben en tres secuencias de sucesos:

• Una primera secuencia, desde la Insurgencia hacia el motín de los enemigo/hermanos, trazó una senda de contradicciones sobre como movilizar a las poblaciones locales en el conflicto mayor. El foco geográfico yacía en San Luis de la Paz y en las entradas occidentales de la Sierra Gorda.
• La segunda, desplegándose en el Bajío pero con eco ideológico de los sucesos en la Sierra Gorda, diferenciaba la burocracia reciente de la gobernación previa. Desde lo retrospectivo de este discurso salían, sin embargo, propuestas radicales para resolver los conflictos del día.
• En la tercera secuencia, unos hacendados de la Huasteca, buscando el desarrollo, proyectaban su propio plan contra el de Alamán y contra la movilización militar. Puesto que estos terratenientes trataban de reprimir la resistencia laboral en sus propios terrenos, las ironías requerirán una interpretación más amplia.

La Sierra Gorda: ¿gavillas o vigilantes?

Las evidencias sí indican que el motín de los hermanos-enemigos fue en gran parte el esfuerzo de unos elementos populares de la Sierra Gorda para clarificar sus lealtades en medio de unos conflictos sociales que, ya en proceso durante la Insurgencia, continuaban durante la Independencia. Sin embargo, surgió en 1824 una complicación en el caso, pues que la diagnosis más decididamente agraria vino de un alcalde que ya se había declarado en contra de algunos grupos indígenas.

      En la parte occidental de la Sierra, antes de 1819, se habían proliferado gavillas, identificadas por los nombres personales de sus cabecillas, no por los geográficos de comunidades. Las fuentes no ofrecen muchas informaciones que precisen el carácter social, ni de los jefes ni tampoco de su gente. Pudieran haber sido personas alejadas de comunidades nombradas, o refugiadas en el monte por fines económicos, o aun refugiadas por fines de culto sincretista. Anteriormente, una línea oscura había distinguido entre pames sedentarios y chichimecas nómadas, y unos indígenas de la zona se habían marcado por su capacidad de mudarse entre la residencia fija en las misiones y la suelta en el monte. En la historia de algunos, el suceso revelador había sido su defensa de los jesuitas, y de la gobernación popular, contra las medidas que el régimen real impuso en 1767 (Escobar, 1768). Tal vez pareciera poca diferencia segura entre los salteadores, los practicantes de la agricultura de tumba y quema, las cuadrillas sueltas que buscaban nuevo empleo, y los guerreros honorables contra el poder español.

      Aun cuando la gavilla bajo Sebastián González siguió al guerrero liberal Xavier Mina, no hay manera fácil de identificar el tipo de interés social que así se incorporara a la Insurgencia. Cualquiera su manera de subsistir, estas bandas se presentaban al virrey Juan Ruiz de Apodaca como una amenaza que éste debiera reducir a la residencia supervisada, como unas antiguas bandas migratorias se habían reducidos en pueblos nuevos o en misiones. Escribió él de la reducción en pueblos fortificados, de la cual el ejemplo más visible (o símbolo más sardónico) sería el fijar en el muro de San Luis de la Paz la cabeza de Sebastián González, capturado. Y la mejor indicación de la motivación de unas bandas familiares sería el ataque que la gavilla de González, ahora bajo su hermano Patricio, hizo en vano para recuperar a la cabeza. (AGN, Op.Guerra, vol. 59, ff. 38-41.) Mientras tanto, el comandante realista en San Luis de la Paz, Melchor Álvarez, abogaba por fijar a los cabecillas en fincas bajo hacendados de lealtad conocida (Álvarez al virrey, 27 de marzo de 1819, AGN, Op.Guerra, vol. 59, ff. 333-338). La diferencia entre Apodaca y Álvarez –entre reducción y hacienda– puso de relieve el significado de unos ajustes sociales al terminarse la Insurgencia. Patricio González aceptó el indulto ofrecido por Apodaca, más un nicho de tipo Álvarez dentro de la Hacienda de Salitre, al sur de San Luis de la Paz.1 Álvarez, con su concepto de insertar a los cabecillas dentro de nichos propietarios, dio su apoyo eventual al Plan de Iguala y al emperador Agustín de Iturbide. Mediante estos cambios, González convirtió a la gavilla suya en milicia realista, después imperial, después republicana. En todo esto, la realidad quedaba el pesar de un curso ambiguo, aun con elección entre valores contradictorios. Mientras que servían en defensa del sistema social, él y otro cabecilla José de la Luz Nolasco se alistaron en el movimiento para expulsar a los españoles, encabezado en 1827 por Juan José Codallos. Aunque González quedaba en Salitre, Nolasco se fue al foco occidental del movimiento en Jalisco, antes de regresar a Guanajuato con un plan para “descoyotar” la región (Nolasco a Fernando López, 20 de noviembre de 1827, AHSDN, 481.3, exp. 371, ff. 6-8). Por no llevar ningún punto electoral, éste plan fue uno de los primeros verdaderamente sociales en la Guerra del Sur.

      La ambivalencia se entrelazaba con conflictos sociales en la zona occidental de la Sierra Gorda. Claro que el año 1824 comenzó en San Luis de la Paz con ceremonias pacíficas por celebrar la nueva constitución nacional: ritos de inclusión cultural, hasta con un desfile de jóvenes que simbolizaban varias naciones nuevamente independientes de las Américas, el todo tildado negativamente solamente por la condescendencia con que el alcalde, José María Vázquez, diferenció las danzas “inocentes” de los pames del baile “magnífico” de los de razón (Vásquez y regidores, 13 de marzo de 1824, AHEGto, Mun., caja 6, San Luis de la Paz). Ya desplegaba esta escena unas cuestiones matizadas que surgirían más tarde bajo la rúbrica moderna de “multiculturalidad”. Pero después de sólo tres meses Vázquez acudió al gobernador, pidiendo milicia segura como protección contra los pames, supuestamente incitados por el antiguo cabecilla Cristóbal Mejía (Serrano, 2007, p. 433). Los miedos de Vázquez se presentaron también en la gestión del administrador de Salitre, Miguel Chaire, cuando éste alcanzó ser elegido alcalde de Xichú. Con este cargo, Chaire montó una campaña epistolar contra los “antes llamados Indios” de Santa Catarina y Tierra Blanca, acusándolos de embriaguez y de haber expulsado de sus pueblos a los habitantes blancos (AHEGto, Mun., caja 47, Xichú). Aquí aparece en acción la memoria histórica, ya que el insurgente José María González había organizado estas mismas poblaciones contra España en 1810 (Van Young, 2001, pp. 170-173; AGN-Infid. 14, exp. 1, ff. 6-7). Se ofrecían en los años veinte un vínculo posible con el mundo de las gavillas, supuestamente transformadas por lealtad jurada, pero expuestas a nuevos conflictos. Aún se puede especular sobre líneas familiares desde Pascual González y Felipe González en el siglo xviii (Lara, 2010, p. 149), mediante José María, Sebastián, y Patricio durante la Insurgencia, hasta las tensiones étnicas en vísperas de la Guerra del Sur.

      Con su cargo en Xichú, Chaire colaboraba también con un nuevo alcalde de San Luis de la Paz, José Mario Gaitán, en organizar milicias auxiliares para mantener el orden en los caminos de la zona (AHEGto, Mun. caja 91, San Luis de la Paz, exp. 3: Gaitán a regidores, 1 de enero de 1830, Gaitán al gobernador [c enero 1830]).

      Todo esto constituía el balance de fuerzas (y de vínculos) durante los primeros meses de la Guerra del Sur cuando el gobernador liberal (o jacobino) del estado de San Luis Potosí, Vicente Romero, sentía amenazas presentadas por el comandante militar en su estado, Juan José Zenón Fernández, y también por dos gobernadores alamanistas, Francisco García Salinas en Zacatecas y Carlos Montes de Oca en Guanajuato (García a Romero, 15 de abril de 1830, AHSDN, exp. xi/481.3/734, ff. 138-139). Como si en pánico, Romero apeló a varios simpatizantes posibles, y de fama guerrera. Desde Salitre, Patricio González viajó a San Luis Potosí. Voces sobre los rebeldes González y Nolasco llegaron a Alamán y a los militares nacionales (AHEGto. Mun., caja 87, Casas Viejas, Acuerdos, 22 de mayo de 1830). Mediante una persecución dirigida desde la capital, falleció Nolasco (de qué, no se dijo) y se arrestó González. Habiéndose escapado después de unas semanas, González fue perseguido de nuevo, esta vez por Gaitán y Chaire con sus auxiliares (AHSDN, exp. xi/481.3/717, f. 121). En el momento de la segunda captura, intervino un momento de reconocimiento sardónico entre Chaire y González –es decir, entre el antes paternalista y el antes reducido–. 2 Los auxiliares en este caso recibieron pronto la aprobación hasta de Facio y del vicepresidente Bustamante. Pero recibieron pronto también las órdenes para marchar al sur, y fueron algunos de estos quienes armaron el motín escandaloso. Si la explicación de este motín fuera la finalidad suficiente de la investigación, todo podría pararse aquí. Se parecería a un episodio pintoresco dentro de una sociedad polarizada entre pames y burócratas, o una repetición del conflicto entre gavillas y realistas, durante la Insurgencia misma.
     

Sin embargo, lo pintoresco no es todo. Una controversia económica se había insertado en el cuadro del conflicto étnico. José María Vázquez, hacia el fin de su año de alcalde primero de San Luis de la Paz, lideró al ayuntamiento en presentar al gobernador una segunda queja, no contra los pames, sino contra los hacendados del municipio (Vázquez al gobernador, 7 de diciembre de 1824, AHEGto, Mun., caja 6, San Luis de la Paz). Describieron la estructura del poder económico, hasta sugerir unos remedios radicales. Sin ocuparse de diferencias minuciosas entre pequeños hacendados y grandes rancheros, fueron al grano: “La mayor cantidad de habitantes de esta Cabezera de Partido, es de los que se llaman Rancheros, y son los arrendatarios de las Haziendas de este Territorio. Consultando, pues, el origen de su miseria, e imbestigando las causas de que proviene, no se encuentra otra, que la servidumbre con que los hacendados los tienen oprimidos de varios modos”.

      Recorrieron una lista de las penas bajo las cuales trabajaban los rancheros, haciendo hincapié en las faenas, especialmente “que cada arrendatario ha de prestar gratuitamente todas sus Yuntas a la hazienda” en tiempos cruciales. Y concluyeron las quejas con la falta de seguridad en el arrendamiento: “Ya se deja ver el enorme, e irreparable daño que a los miserables arrendatarios se les sigue en sus labores, con tan iniqua como criminal faena: mas ¿que han de hacer? llorar en lo privado su opresion, por no oir de la boca del amo la terrible sentencia, que de ordin[ari]o es: te quitaré el rancho”.
     

Concediendo que había problema en las deudas de los hacendados, Vázquez y el ayuntamiento sugirieron un remedio irónico:

Hay ademas unas haciendas en esta jurisdiccion, que cargan quantiosos capitales, y estando destruidas en su totalidad, no queda otro recurso, a los que se dicen dueños de ellas, que subir las rentas a los miserables rancheros, sacandoles para este medio hasta el ultimo quilo; y sería mas a proposito se adjudicasen tales fincas, a las obras pías a que estan afectas, pues de este modo los establesimientos piadosos asegurarían sus reditos, y los arrendatorios, no sufrirían las estorsiones que padecen.

      Y concluyeron con sugerir otro remedio, aun legislativo: “Y aunque en verdad, llegará tiempo, que cada ciudadano, no disfrute mas capital, que el que adquiera con su trabajo, […] sería de desear: que un reglamento provisional, señalase el arrendamiento de la fanega de sembradura, y que por providencias gubernativas, o economicas se contenga la arbitrariedad de los Hacendados en tanto sobre la materia […]”.

      Hay una tensión obvia aquí, entre este populismo que defendía a los rancheros contra los de arriba, y otro imaginable que defienda a la parte indígena del pueblo contra la parte “de razón”. Vázquez, por su propia manera de revelar un viraje en sus ideas, había preparado un anticipo intelectual del viraje que se revelaría después en el motín de los milicianos. Por lo menos, se puede mantener una conciencia de esta alternativa mientras se examinen otros casos.

El Bajío: nuevos planes y el orden local

Como en la Sierra Gorda, se desarrolló en el Bajío una tensión difícil entre la cultura oficial y la cultura popular. En este contexto también se encontraban quienes insistían en diagnosticar su propia sociedad de manera severa, y sin toda la disciplina secretarial que pudiera garantizar a sus ideas un lugar en los discursos públicos.
    

  Se puede notar primero unos puntos relacionados con la Guerra. El coronel Montoya, poco después de haber impuesto penas sobre sus milicianos amotinados, descubrió un cabecilla recién capturado por los trabajadores de una hacienda vecina. Este Eusebio Silva llevaba un Plan político, que Montoya archivó con sus superiores. Sería demasiado fácil ver en este Plan Silva algo que pudiera haber agitado a los milicianos, puesto que los milicianos podrían haber llegado a la zona ya equipados con sus propias ideas, aun subversivas. En todo caso, los puntos específicos del Plan expusieron una escena político-social con materialidad suficiente en sí. Pidió la expulsión definitiva de los españoles. Propuso convocar un alto consejo político para arreglar una gran paz política, compuesto por Antonio López de Santa Anna, Vicente Guerrero, Manuel de Mier y Terán, Andrés Quintana Roo, y Luis de Cortázar. El Plan habría servido para enmascarar las ambiciones de Santa Anna bajo la causa de Guerrero: varios puntos demandaron un trato de ciudadanía universal, más protección o beneficios para soldados que prestaran su apoyo a la causa del plan, como si para una ciudadanía militar y populista bajo un general igualmente populista (AHSDN, exp. /481.3/723, ff. 489-494). Pero un puro cinismo político, culpando a Santa Anna por todo, haría caso omiso de una resistencia verdaderamente popular contra las actitudes despectivas hacia soldados rasos, actitudes expresadas en algunos discursos en el congreso nacional a favor de una nueva ley sobre desertores. 3 Si hubo algo de revolucionario en el Plan Silva, se encontró en su manera de anticipar o prever a los ejércitos populistas de 1910.

      Por razones que aparecían de manera específica en el estado de Guanajuato, una nueva inclusividad formal en el trato de ciudadanos no habría bastado para apaciguar todas las ansiedades populares. El gobernador Carlos Montes de Oca, con simpatía por el programa nacional de Lucas Alamán, persiguió su propio programa de renovación cultural: nuevas escuelas según el sistema lancasteriano, un nuevo sistema para registrar los hierros que protegieran el ganado, y el requisito de que los ayuntamientos sometan sus informes al estado “según estilo”, en forma regularizada y burocrática, para facilitar los resúmenes estatales. En un momento revelador, algunas instrucciones sobre el estilo aparecieron en la misma circular en que el gobernador sugirió medidas militares previas contra los daños que los “enemigos de la patria” pudieran causar en las elecciones presidenciales de 1828 (AHEGto. Mun., caja 63: Pénjamo, Acuerdos, 19 de agosto, 2 y 18 de septiembre de 1828; Casas Viejas, Acuerdos, 16 de octubre de 1828).4

      La reacción más sencilla, y aun simple, contra los esfuerzos homogeneizadores del gobernador apareció en Pénjamo, en el caso de Fermín Molina y la milicia cívica. Molina, habiendo llegado al pueblo como maestro recomendado para la escuela lancasteriana, aprovechó la ocasión para formar amistades con los milicianos. Estos, como si bajo la influencia de Molina, prepararon una queja contra los cambios de atmósfera en la milicia, mediante los cuales el antiguo y suave paternalismo de los oficiales se había transformado en formalismo altanero. El ayuntamiento reaccionó no solamente investigando las actividades “seductoras” de Molina, pero también buscando información sobre el éxito o no de su trabajo como maestro.5 El caso pasó al consejo del gobernador, y fue resuelto (más o menos) solamente en 1830, durante un conflicto político-militar sobre la intrusión en Pénjamo del cabecilla Nieves Huerta (AHEGto, Tranq., caja 81, exp. 124; Mun., caja 81, Pénjamo, exp. 3). El ayuntamiento despidió a Molina por las faltas magistrales, dejando a un lado la acusación de conspirar contra las autoridades.
     

También se encontró en el Bajío de entonces un informe local pero amplio y autónomo, que diagnosticó las relaciones sociales, de manera semejante al agrarismo del informe del alcalde Vázquez en San Luis de la Paz. Hacia fines de 1829, cuando se aproximaba el deber de preparar un informe oficial según modelo para las autoridades estatales, un grupo que se denominó labradores de Silao emprendió su propia versión, no oficial, para describir las condiciones del municipio. Se anticipó con éxito al informe oficial, por un intervalo de varias semanas.6

      En primer lugar, dramatizaron su relato, haciendo hincapié en el papel originario de un bachiller Ignacio Gutiérrez, hacendado maligno, quien emprendió métodos explotadores para enriquecerse “a fuer[za] del sudor de los Incautos y necesitados”. Estos métodos fueron copiados después por otros hacendados, haciendo cundir trastornos “de rancho en rancho”, mediante imponer penas especialmente sobre “los labradores pobres que por su desgracia tienen mas familia. […] ¿cómo podran […] pensar en el cultivo, sino pueden ni mantenerse? todo esto y mucho mas causan unos hombres q. viven sin regla y contra sus semejantes, en una palabra diremos con S. Gregorio, q son maliciosos por q. siempre traman y urden malicias pa. sus proximos y quien asi es no admite consejo […]”. 7
      Insistió el informe en que tales hacendados, además de causar una “guerra ambiciosa y doméstica”, se creían los únicos hijos de la Madre Patria, y que “nacieron los demas pa. sus esclavos y perpetuos a su servidumbre!”

      Los labradores notaron también que los hacendados, manteniendo baldías unas tierras que los pobres podrían haber aprovechado para subsistir, recuperaban sus pérdidas subiendo las rentas que extraían de las tierras ya arrendadas.
  

    Dos puntos teóricos se encontraron en el informe de estos labradores. Primero, habiendo observado que había leyes para reglamentar el reparto del producto de las minas entre “Dueños y Operarios”, sugirieron una ley análoga para la agricultura. Segundo, y contra la posibilidad de disputa sobre la inviolabilidad de propiedades, se preguntaron si la propiedad de un poseedor no era “primero de la nacion, a quien debemos llamar gral. y después es dél en particular? Desde luego si es gral. a la nacion[,] sus individuos o ciudadanos esperan una Ley, en su tanto, como la de las Minas pa. tener parte en los frutos de la tierra, pues esta es la primera colu[m]na de la Nacion, y la otra la segunda de donde se forman el Comercio, las Artes y las industrias”.
   

   En un punto clave, utilizaron una estrategia análoga a la ya empleada en el discurso de José María Vázquez. Ahora en Silao, como antes en San Luis de la Paz, se analizaron unas dificultades económicas que estimulaban a los hacendados a imponer sus propias pérdidas sobre los hombros de los rancheros. Por eso, estos labradores como voceros de los rancheros insistieron en la posibilidad y la lógica de buscar una solución legislativa y más equitativa. Este paso retórico, desde el análisis hasta la prescripción, podría haberse constituido el núcleo clave y generador de un radicalismo popular y nativo de largo plazo, y de radicalismos de tipo general, aun en otras partes del mundo.
     

Tal análisis populista, como si para presentar una faz popular, solía fijar atención sobre las relaciones entre ricos y pobres, dentro de una sociedad de dueños y arrendatarios. Parecía ignorar la relevancia de grupos comunales, y aun ignorar la exclusión asignada a los indígenas de varias sociedades locales. Exactamente para quitarnos esta dificultad, mejor dirigir la atención al caso de Tancanhuitz, donde salieron las quejas de algunos indígenas específicos contra hacendados populistas.

La Huasteca: fandango y desarrollo

El caso de la Huasteca introduce su propia forma de contradicción. Se presentó una gran acta de resistencia contra la movilización militar, un acta de la cual las autoridades nacionales se burlaron. Pero también habían surgido movimientos distintos de indígenas, movimientos casi desconocidos en la escena nacional. Hay que considerar ambas resistencias.

      En esta zona, una parte del apoyo dado a Vicente Guerrero vino de dos hacendados que se consideraban líderes regionales: Cristóbal Andrade de Huejutla (Escobar, 1997, 2000) y José Antonio Velarde de Tancanhuitz, ambos destacados en asuntos culturales, pero destacándose Velarde aun más en los laborales. Andrade, patrocinando al maestro Rafael Sánchez Contreras, promovía una reforma en la escuela local, no siguiendo el modelo lancasteriano para instruir a muchos estudiantes sino recibiendo a los hijos de los hacendados, más un escaso número de pobres a quienes Andrade pensaba dar zapatos. En 1824, durante la pequeña rebelión de Antonio Cortés, Sánchez actuó también como oficial miliciano, alentando a los hombres a defender la causa del orden (AHSDN, exp. xi/481.3/289, f. 22-23). Pero Andrade buscaba también medidas para transformar la Huasteca en nuevo estado dentro de la República. Sánchez, mientras representaba los intereses de Andrade en el congreso estatal de México, comenzó a incluir detalles liberales en su propaganda escolar, hasta describir un cartón estudiantil en contra del Plan de Montaño, con toques de apoyo a Vicente Guerrero (Sánchez, 1828). Velarde, considerándose un líder en el desarrollo económico de la zona, respaldó las ideas de Andrade, hasta introducir en Tancanhuitz a un maestro formado por Sánchez (José María García al gobernador, junio de 1830, AHESLP, SGG, legajo 1830 enero-1).

      Aquí, como en la vecindad de San Luis de la Paz, llegó un momento decisivo cuando el régimen nacional comenzó a movilizar a los milicianos locales a pelear en el Sur. Procurando que el recolector local de diezmos rechazara tal uso de sus fondos, Velarde celebró de repente un fandango en la plaza de Tancanhuitz para marcar este éxito. Emitió también un Grito con un plan político, comprensivo pero improvisado de repente, probablemente con la ayuda de Sánchez.

      El núcleo del Plan consistió en cláusulas para una autarquía social, al punto de excluir muchas formas de participar en el comercio internacional. Insistió en un control nacional sobre la recepción de prelados enviados por el Vaticano. Propuso reformas escolares a nivel nacional, pero según la manera de Sánchez, no la lancasteriana. Pidió bajas en las subvenciones parroquiales, e inclusive cambios en las horas locales de la misa para servir las necesidades de los rancheros. Para colmo, Velarde hizo un gran esfuerzo ideológico de hacerse, aun con ser hacendado, el vocero de los intereses comunales. Dijo el Grito: “Se declaran comunes las tierras de suelo americano del Septentrion, cada cual en la agricultura, ocupará la tierra que pueda en la siembra de semillas y cria de ganados. Nadie es dueño de tierras, ni puede cobrar rentas. Solo en las fincas tiendas &c”.8

      Aquí hay problema. Estas palabras hablaron con astucia y aun doblez, reveladas por la correspondencia previa entre Velarde y los indígenas de la zona, durante dos años antes del Grito. Al principio, en 1829, apareció casi una competencia entre Velarde y los gobernadores naturales del pueblo cercano de Aquismón, por acceso a la mano de obra de la zona. Un aliado de Velarde, alcalde de Aquismón, culpó al gobernador natural de este lugar de haber empleado trabajadores indígenas para servir sus intereses particulares. Pero este juez indígena, Agustín Pérez, insistió con otros en que Velarde y los blancos del ayuntamiento de Tancanhuitz habían empleado la fuerza –es decir, cepos, látigo y prisión– para reclutar a indígenas mal pagados para trabajar en tierras de los blancos, durante temporadas cuando estos naturales tenían quehaceres importantes en sus propios terrenos. Hay que escuchar el tono de la queja: “no señor no es esto justo, asi como no lo seria que nosotros lo hiciesemos con los de razon, si teniendo el mando, que nos están usurpando, quisiesemos obrar como ellos”. 9

      Por si todo eso fuera poco, Pérez demandó también a Velarde por su mal trato a trabajadores en el campo, y las mujeres de Aquismón acusaron a Velarde de haberse metido en los asuntos parroquiales del lugar. 10 Todo acabó en una confrontación a veces vulgar en la alcaldía de Aquismón, cuando el alcalde se opuso a la presencia del séquito indígena que acompañaba a Pérez, Pérez se burló del alcalde, cada uno dirigió al otroel epíteto farruco, y el alcalde mandó encarcelar a Pérez.11 Aun lo tosco de este encuentro indicaba algo de la autenticidad de personas como Pérez. Para poco serviría despreciarlas, solamente a causa de la ayuda que un simpatizante instruido (José María García) pudiera darles cuando escribieran cartas a funcionarios.
    

  En todo caso, cuando Pérez y otros se quejaron a oficiales regionales de la práctica de Velarde, éste respondió con confesión virtual: aceptando los hechos sobre su empleo de fuerza, insistió en que éste era una práctica tradicional derivada de los derechos indígenas, y que además servía para fomentar el desarrollo económico y el empleo. Velarde no solamente culpó a los defensores de los indígenas de “proteger entre ellos la [h]olgazanería”, sino argumentó al ayuntamiento de Aquismón a favor de lo sedentario, en contra de lo errante: “Estoy informado de la insubsistencia de ese Municipio, de las actuales escaseces, de sus ningunos sembrados, de su falta de entretenimto., y de que [van] manteniendose errantes pr. los montes, buscando las ocasiones de viciarse e incurrir en delitos qe. han prevenido ntras. leyes” (Velarde al Sub-Prefecto de Valles, 30 de abril de 1830, AHESLP, SGG ).
 

     Para analizar esto, se puede preguntar si había continuidad cultural entre las migraciones históricas y una táctica negociadora que armaban los refugiados en el monte. Valdría la pena pensar en otras consideraciones sobre el mundo “transicional” de aquel entonces. Una parte de los conflictos sociales sería el empuje de una movilidad tanto geográfica como del espíritu, en contra de las fuerzas reductoras y sedentarias de la historia. En este sentido, mucho de la fuerza opositora de los pueblos indígenas sería una resistencia móvil en contra de la reducción en todos sus sentidos.12
  

    Los sucesos del Grito empujaron entonces a Pérez hacia un nuevo nivel de discurso. Oficiales estatales y aun nacionales, sin referirse en nada a las quejas indígenas, arrestaron pronto a los vecinos que habían respaldado el Grito. Los encarcelaron en San Luis Potosí. Después de unos meses, el alcaide los libró. Regresaron a Tancanhuitz, donde recuperaron sus oficios políticos, causando en los indígenas un susto. Pérez y un socio diagnosticaron los peligros en una carta basada en criterios históricos, escribiendo al gobernador que ellos,

Vecinos de Tancanguiz de la parcialidad de los indios huastecos, ante V.E. Respetuosamente decimos: que no obstante la eterna lucha que sostuvieran nuestros predecesores para no someterse a los servicios forzados a que los compelían los de razón, y no obstante que en ella hubiesen sido protegidos por los Antiguos Birreyes, este error se perpetuo en tales términos, que encadenada nuestra suerte a los mismos tratos y privaciones ha pocos días que por sernos insoportable esta especie de esclavitud […] que desnudándonos de toda natural libertad, y como despojándonos de la dignidad de hombres nos imponían como a brutos las Cargas mas pesadas y los castigos que su arbitrariedad les sugería: […] por que habiendo revuelto de esta capital los principales vecinos que se habían traído presos, han desplegado con tanta furia el poder y paciones, que no se mira otra cosa en Tancanguiz, sino extendidos por todas partes la discordia, la venganza, las persecuciones y la esclavitud, llevados hasta el término mas lastimoso (Juan Andrés y Agustín Pérez al gobernador [ca abril de 1831], con respuesta anotada del gobernador, AHESLP, SGG, 1831.9).

      El gobernador de entonces añadió al ayuntamiento de Tancanhuitz que no impusiera sobre los trabajadores de aquel lugar penas más pesadas que las impuestas sobre otros. Pero eso fue una idea tardía y solamente local. Ninguna alianza previa de tal clase se había manifestado en el pensamiento alamanista del Registro Oficial.

      La conciencia histórica que los indígenas habían expresados ya antes del Grito, en palabras gráficas, puntualizó que los de razón estaban usurpando, hasta la actualidad, el mando social. Fue solamente después del Grito y después del regreso de los encarcelados, cuando la queja indígena incluyó, en palabras prudentes e irónicas, el punto de que habían recibido antiguamente la protección de los virreyes. Sin embargo, esta invocación irónica no modificó el mensaje básico. Ni en esta declaración, ni en el previo discurso local contra los velardistas, se perdían ni por un latido las frases contra la coacción laboral.

Conclusión: una memoria activa

En aquel mundo posrevolucionario, la circulación de opiniones en México formaba parte de la construcción global de memorias históricas. El método más obvio que pudiéramos emprender para reconstruir esta construcción al nivel local ha sido el de trazar las palabras y acciones de las nombradas etnias relevantes, incluidas las opiniones de cualquier casi-etnia constituida por las ciudadanías de nuevas constituciones políticas. Aunque las etnias (o las “culturas”) no se identificaban siempre con gran claridad en las declaraciones públicas, sus ideas eran expresadas bastante bien en sus mismas inconsistencias. Queriéndose un retrato clásico del conflicto sobre tierras, no hay que buscar más allá de las acusaciones de Miguel Chaire y de José María Vázquez sobre los conflictos entre pames y no indígenas en las faldas de la Sierra Gorda, durante los años veinte. Queriéndose, por otro lado, evidencias de conflictos laborales en sí, no hay que buscar más que en la alcaldía de Aquismón. Apareció la posibilidad de un análisis complejo en los informes sucesivos de Vázquez mismo, en los cuales su queja inicial, contra los pames, cedió paso a una contra los hacendados ricos, sin indicar claramente si Vázquez defendiera así solamente a los pobres de razón, o también a algunos pames. Imbricado la clasificación por riqueza con la por etnicidad, las ambigüedades podrían desembocar, o en un conflicto entre etnias, o en el logro de una nueva etapa abarcadora en las relaciones sociales (como la ya imaginada en las ciudadanías constitucionales). Existía en la situación regional una alternativa moral, inclusive sobre cómo entender las experiencias previas de la gente. Entre las opciones, poco dictaba una elección terminante.

      Claro que una parte real de la memoria histórica fue la inscrita en los cuerpos mismos de los protagonistas. Se podían repetir los papeles que cualquier grupo local había hecho en épocas anteriores. Cuando Vicente Romero acudió en 1830 a los cabecillas antiguos, aprovechaba en parte la fama local que varios tuvieran de haber actuado durante la guerra previa, y aun una fama previa de hazañas familiares en el monte, o de resistencias contra políticas borbónicas. Una descripción de conflictos históricos formaba parte de la retórica indígena en la Huasteca en 1830, de tal modo que pudiera haberse asimilado al vocabulario con el cual los labradores de Silao abogaban por la resistencia populista.

      Al nivel local de identidades, el criterio de acceso fácil fue el de la distinción general entre etnias nombradas. Varias actuaban como tales, como lo hacían los huastecos en contra de Velarde, o como algunos pames lo harían en contra de la residencia de no indígenas en sus pueblos. Pero estos huastecos no reclamaban derechos por ser huastecos, mientras que los voceros populistas en Silao parecían defender a los ciudadanos pobres en general. Si el pensamiento analítico de los voceros populistas de Silao y de San Luis de la Paz indicara una visión global que disfrutara una casi-etnia compuesta de mestizos pobres, queda inevitable preguntarnos si tal descripción y la análoga presentada por los huastecos constituyeran una aproximación entre las conciencias de los grupos así representados.

      Hay, además, lugar a dudas sobre el papel ideal que una convención histórica haya imaginado en la estabilidad de comunidades reducidas. Este papel estrecho no hace caso de las instancias en que las cuadrillas móviles empleaban el refugio en el monte como un recurso en sus negociaciones con autoridades ya económicas, ya militares. Funcionaban dos grandes formas de la memoria –es decir, dos maneras de mantener continuidad con estrategias sociales conocidas desde hace mucho tiempo–. Una forma era la memoria encarnada en instituciones comunales. Otra era le memoria ejercida en los movimientos de cuadrillas y gavillas originalmente nómadas.

      En algunos casos, el antiguo énfasis historiográfico sobre la tierra podría considerarse excesivo si tuviera el resultado de distraer la atención que merezcan conflictos de forma más moderna o permanente. Claro que hay épocas cuando la tierra funciona como baluarte por el cual algunos pueblos se defiendan contra la dependencia. Pero hay también épocas cuando, después de la pérdida de tierras, la fijación persistente sobre títulos ofrezca a observadores un amparo sentimental, o un refugio donde no hay que escoger entre propiedad y trabajo como criterios sociales.

      Sí había, pese a lo contradictorio en las escenas de la Huasteca y del Bajío, una consistencia cultural en la estructura básica de los conflictos. Una gran parte de toda resistencia consistía de la defensa general de los pobres, abarcando asuntos tantos culturales como económicos. Algunos caudillos culturales, en su afán modernizador, se enfrentaban con las energías autónomas de varias sociedades locales. En otros términos, el “multi” de fenómenos “multiculturales” podría referirse a las resistencias variadas contra una “metacultura” uniforme y desarrollista, la cual se había desplegada durante los años de revolución global en las políticas borbónica, alamanista, y aun velardista. Aunque tal metacultura buscaba una forma de reducción histórica, nada prohibía la búsqueda de otros modos de articularse las culturas.

Referencias

 

Archivos

Archivo General de la Nación, México [AGN].
      Infidencias [Infid.].
      Operaciones de Guerra [Op.Guerra].
Archivo Histórico del Estado de Guanajuato [AHEGto].
      Municipios [Mun.].
      Secretaría General del Gobierno [SGG].
      Serie Tranquilidad Pública [Tranq.].
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí [AHESLP].
      Secretaría General del Gobierno [SGG].
      Supremo Tribunal de Justicia [STJ].
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional [AHSDN].
Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato [AHUGto].
      Militar.

Hemerografía

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