2. LA CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL PROCESO DE LA ISI

Autores:
Dr. Marco A. Piña Sandoval
Mtro. Marco A. Pérez Méndez

Introducción
La experiencia histórica indica que las circunstancias que vive hoy la actividad económica, no se pueden admitir como actos aislados y sólo del presente. Por lo tanto, se acordó presentar el análisis de este trabajo en tres secciones, la primera parte es un análisis descriptivo sobre el modelo de la ISI y su impacto en el sector industrial, esto es, aborda las causas que llevaron a la economía mexicana a incrustar el modelo de industrialización con una serie de privilegios y exenciones que hacían atractiva la generación de empresas.
En la segunda parte del trabajo, se analiza como una premisa fundamental de todo este proceso de desarrollo industrial, la generación de una clase industrial dependiente del Estado e incapaz de competir.
La tercera parte aborda la contextualización de las ideas centrales en la conformación de una clase empresarial mexicana muy concentrada. El análisis nos lleva a examinar el papel de las organizaciones empresariales y como estas proyectaron a las oligarquías capitalistas durante el proceso de la ISI.

La estrategia de sustitución de importaciones y su impacto en el sector industrial mexicano
Es evidente que la política de sustitución de importaciones contribuyó notablemente a la elevación del ingreso, a la creación de un mercado interno y a la generación de una clase industrial y sobre todo de una clase media. 1 Así como también es cierto que no se aprovecharon las circunstancias para mejorar la habilidad de la clase industrial en una producción eficiente de artículos manufacturados, además, el efecto de la política proteccionista generó, entre otras cosas, que las empresas extranjeras reemplazaran las operaciones comerciales con inversión extranjera directa. En lo referente a la política de mexicanización, el resultado obtenido fue que algunos de los industriales mexicanos, que para entonces ya eran privilegiados, se beneficiaran aún más de las ganancias oligopólicas bajo el proceso de industrialización.
En esta investigación, no pretendemos anclar la problemática de la clase industrial “rentista” a un solo periodo de la historia. Más aún aceptamos las hipótesis de otros trabajos de investigación, donde se prevé la posible generación de una clase “rentista” desde la colonia y el siglo decimonónico.
El escenario es que México salió de la revolución sin una clase empresarial propia que liderara la industrialización; en consecuencia, surgió la necesidad de arreglos institucionales especiales para enfrentar y resolver los problemas de la industrialización tardía.
A partir de 1916 fue común ver los nombres de los nuevos políticos y militares en las actas constitutivas de empresas: como socios de agencias aduanales o de terrenos agrícolas, entre otras actividades económicas. El militar no capitalizó o reinvirtió sus utilidades. En este sentido, en su papel de empresarios los nuevos gobernantes no se consolidaron como un sector dinámico y vital del desarrollo capitalista del país. 2 El Estado mexicano post revolucionario se dio a la tarea de alimentar la burguesía nacional y de hacer lo que esa naciente clase industrial nacional no quisiera o pudiera hacer.
La crisis de 1929 empujo a la economía mexicana por el camino de la industrialización vía sustitución de importaciones. Por un lado, la demanda del mercado interno respondió a la sustitución de importaciones debido principalmente a una reducción de las exportaciones y la caída en los términos de intercambio. Por el otro lado, la oferta se pudo satisfacer debido a la capacidad ociosa de la industria, heredada en algunos casos del porfiriato y de las dos primeras décadas del siglo XX.
Entonces podemos señalar que la industrialización vía sustitución de importaciones fue una reacción a las fuerzas naturales del mercado debido a los hechos catastróficos de la gran depresión del 29 y posteriormente a la segunda guerra mundial. Albert O. Hirscbman (1981) lo describe así:
“No cabe duda de que las guerras y las depresiones económicas han desempeñado un papel muy importante, al llevar industrias a los países de la “periferia” que anteriormente estaban clasificados en el grupo de los países no industrializados. Es bien conocido el efecto que tuvieron las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, al restar prestigio a las ideas tradicionales sobre la división internacional del trabajo entre los países adelantados y los subdesarrollados.” (Hirscbman, 1981: 175)
En relación al proteccionismo de la economía mexicana, los antecedentes se pueden ubicar desde el siglo decimonónico. Graciela Márquez (2007) señala al respecto:
“Los primeros decenios del México independiente estuvieron marcados por una debilidad crónica de las finanzas públicas. A los problemas estructurales que se arrastraban desde el siglo XVIII de las finanzas coloniales se sumaron la desorganización administrativa, el descenso en la actividad económica y la inflexibilidad de los gastos militares. Dada la situación extrema no resulta extraño que por más de medio siglo los aranceles a las importaciones (y en menor medida a las exportaciones) se constituyeran en el pilar de los ingresos públicos por su bajo costo de recaudación y el efecto relativamente menor en el ingreso de los consumidores ...” (Marquez, 1981:175)
A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, México reforzó la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones. Se mantuvieron cerradas las fronteras a las importaciones de algunos bienes, principalmente de consumo no durable que eran los de mayor demanda debido a la expansión del mercado interno, con el fin de proteger la industria nacional se aplicaron exenciones de impuestos en algunos sectores específicos, el Estado creó la infraestructura necesaria para estimular la industrialización, además de establecer un esquema de subsidios y controles de precios. El campo mexicano desempeñó en este periodo un papel muy importante, a pesar de no constituir en sí el eje del desarrollo económico: representó una reserva importante de mano de obra, alimentos y materias primas baratos, así como divisas que permitían financiar por lo menos en parte las importaciones de bienes de capital.
En un principio, se protegieron exclusivamente algunos productos y ramas industriales, elevando aranceles, y en contadas ocasiones se establecieron cuotas, pensando que esta medida sería más bien temporal. Conforme avanzo´ la década de los años cincuenta, el esquema se fue ampliando para abarcar muchos más productos y áreas de la economía, sobre todo en el caso de bienes de consumo final que eran más fáciles de sustituir, lo cual desde luego tuvo el consentimiento de los productores nacionales. Ello llevó con el tiempo a una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones, de tal suerte que se lograran producir internamente bienes que anteriormente se importaban, con el doble propósito de estimular la economía nacional y ahorrar divisas al dejar de importar. Para que la política tuviera éxito, el gobierno estableció subsidios directos al sector industrial e intensificó las inversiones públicas en infraestructura básica, especialmente en la dotación de energía y combustibles a bajo costo, así como el mantenimiento de las líneas férreas y la construcción de carreteras.
Por otra parte, la legislación sobre la materia también otorgaba beneficios fiscales a las nuevas empresas y cerraba la frontera a la competencia externa apenas comenzara a producir internamente el bien en cuestión (Izquierdo, 1986: 258-269). Se puede afirmar que el modelo tuvo mucho éxito en la década de los cuarenta, pues permitió que el sector industrial creciera muy rápidamente, que desarrollara capacidades empresariales internas y que generara empleo bien remunerado. Además, esta política estimuló la entrada de más inversión extranjera, conforme se cerraban las puertas a los productos importados, las empresas foráneas decidían trasladarse al país para entonces producirlos en México.
De lo anterior podemos señalar que las empresas transnacionales optaron por establecerse en territorio nacional, para evitar las barreras arancelarias y a su vez beneficiarse de los beneficios fiscales a la creación de nuevas empresas. Otro aspecto que influyo, fue la generación de capital, debido a las facilidades ya mencionadas, en el estudio realizado
Por Nacional Financiera (1986:203) así lo subraya:
“Los regímenes impositivos, unidos a las medidas proteccionistas han creado históricamente un clima muy favorable para la expansión de las actividades industriales, asegurando un rápido proceso de formación de ahorros y de capitales y atrayendo a la inversión extranjera.”
La política de fomento industrial encuentra sus antecedentes de manera formal en los decretos de los regímenes revolucionarios. El decreto de 1926, promulgado durante el periodo presidencial de Calles, exoneraba de pagar los impuestos federales durante tres años a las empresas industriales nacionales que tuvieran un capital no mayor de 5 mil pesos oro. (DOF, 1926)
El Decreto de 1939, otorgaba franquicias por cinco años sobre el 100% de los impuestos federales a la importación de maquinaria y materias primas, así como por la exportación de mercancías elaboradas e impuestos sobre la renta, del timbre y dividendos, a las empresas que realizaran en el territorio nacional, actividades totalmente nuevas. El decreto condicionaba que la nueva actividad no causara perjuicios a industrias ya establecidas. (DOF, 1940)
La ley de Industrias de transformación, decretada por el presidente Manuel Ávila Camacho, delimitaba el campo de las industrias nuevas y añadía la categoría de necesarias (una industria necesaria completaba la oferta interna para la satisfacción total de la demanda nacional. (DOF, 1941) Con esta Ley se pretendía impulsar el desarrollo de la industria manufacturera. Otorgaba exenciones por un máximo de cinco años sobre los impuestos federales.
La Ley de Fomento de industrias de transformación (1945) complementó a la Ley de Industrias de Transformación con artículos más selectivos respecto a cuáles ramas resultaban de mayor importancia para el crecimiento manufacturero. Además de ampliar la exención de impuestos de 5, 7 o 10 años, a industrias consideradas fundamentales y de relevancia económica. El concepto de nuevas o necesarias se hizo extensivo a las industrias dedicadas a la exportación, el ensamble entre otras.
La Ley de Fomento de Industrias nuevas y necesarias (1955), clasificaba con una mayor precisión las ramas industriales y el carácter de las empresas a las cuales se les otorgó protección. En esta Ley, las industrias nuevas eran aquellas que se dedicaban a la fabricación de mercancías que no se producían en el país. Por industrias necesarias se consideraba a las que tenían por objeto la creación de mercancías que se producían en el país en cantidades insuficientes para el consumo nacional. Además, se introducía la clasificación de básicas, las que producían materias primas, maquinarias, equipo y vehículos que fueran primordiales para las actividades de importancia fundamental para el desarrollo industrial o agrícola; semi-básicas, las que producían mercancías destinadas a satisfacer directamente necesidades vitales de la población o herramientas, aparatos científicos o artículos que pudieran ser utilizados en procesos posteriores de otras actividades industriales importantes; y secundarias, las que fabricaban artículos no comprendidos en los dos grupos anteriores.(DOF, 1955)
Un aspecto importante de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias incluyó por primera vez disposiciones que tendían a reservar al Estado un papel más activo en la orientación de la inversión industrial y a evitar que se concedieran demasiados privilegios a industrias con márgenes de utilidad excesivos.

La concentración del mercado
La mentalidad empresarial mexicana estuvo fuertemente ligada al proteccionismo gubernamental y la ausencia de competencia; como resultado la industria nacional, al tener asegurado el mercado doméstico, tuvo pocos incentivos para competir internacionalmente y prefirió proveer al mercado nacional con productos que frecuentemente eran de baja calidad y alto precio. Si en un principio, se dio un impulso a una naciente industria manufacturera, eventualmente el costo de la ineficiencia fue dominante. En un intento por contener las fuerzas monopólicas derivadas de la ausencia de competencia vigorosa, la política comercial e industrial descansó en los elementos de control directos, ya sea sobre los precios o con la participación directa del Estado en las actividades productivas.
México ha desarrollado a lo largo de los años un sector empresarial orientado, en términos generales, hacia tareas de corte tradicional, es decir, la incursión en nuevos negocios o nuevas formas de hacer negocios no ha sido en general una característica propia de los empresarios mexicanos.
Dentro de todo el universo que constituye a las empresas mexicanas, las de gran tamaño son el único tipo de negocio que cuenta con los recursos suficientes para asumir una estrategia innovadora3 basada en el conocimiento. Sin embargo, la forma en que se dio la industrialización 4 en México ha configurado un sector empresarial que nació bajo la forma del monopolio y que durante el periodo de sustitución de importaciones configuró sus rasgos más peculiares que lo identifican como rentista5 . En efecto el alto grado de proteccionismo que el estado brindó a las actividades productivas dentro del territorio mexicano, en términos de impuestos arancelarios a la importación y programas de subvención, reforzaron la estructura de mercado oligopólica, construyendo incentivos para la creación de empresas sin reparar en la calidad de su producción.
La política proteccionista se descifró como algo permanente, no existió el incentivo para llevar adelante inversiones y alcanzar niveles de producción a una escala competitiva a nivel internacional, por lo que, al ajustar expectativas a esa situación, las empresas maximizaron su utilidad bajo condiciones de un mercado cautivo, oligopólico y subsidiado, produciendo los bienes a un alto precio y con una gran variedad en la calidad (mala calidad en lo general).
Adicionalmente, al disminuir considerablemente el tipo de cambio real durante el periodo, éste contribuyó aún más, a que la industria se limitara al mercado interno. En los primeros diez años, para apoyar la producción de bienes sustituidos, el arancel fue el instrumento más utilizado y en mayor medida los controles cuantitativos a la importación.
En conjunto la política económica durante el periodo (1940-1980) ocasionó que tanto el precio relativo de los bienes importables como los domésticos se incrementaran en relación a los bienes exportables. Esto trajo consigo un aumento en la oferta relativa tanto de los bienes importables (sustitución de importaciones) como de los domésticos y una disminución de los bienes exportables, lo cual generó un sesgo anti-exportador. (Izquierdo, 1986:253-254)
En efecto, desde mediados de los años cincuenta, pero sobre todo al inicio de los años sesenta, el sector privado, particularmente la CONCAMIN y con más frecuencia la CANACINTRA, presionaron al gobierno para recibir protección adicional a la arancelaria de las leyes y reglamentos de mexicanización. Pero la política proteccionista no sólo se mantuvo durante los años sesenta, con todos los subsidios, y estímulos ejercidos hasta entonces, sino que incluso se reforzó, de dos maneras: se estableció la política de “mexicanización” y comenzaron a proliferar empresas paraestatales o mixtas, fundamentalmente enfocadas a las ramas de bienes intermedios y de capital. (Cárdenas,1996: 61-63)
La política proteccionista llegó al grado de proteger (sin ser su cometido) algunas empresas extranjeras al no permitir a los competidores de esas mismas firmas establecerse en el país (por ejemplo, por muchos años permitió a Kodak, pero no a Fuji, argumentando que la competencia no hace gran diferencia en un mercado tan pequeño. (Rubio, 1990: 253)
La búsqueda de mayores ingresos o beneficios estaría estrechamente relacionada según Pareto, con la capacidad de involucrarse o soportar mayores riesgos, así los empresarios son activos, imaginativos, interesados en promover innovaciones, son especuladores tanto en el sentido filosófico del término, como en su sentido económico. En tanto que los rentistas son pasivos, faltos de imaginación y conservadores de bienes de consumo, y en otras áreas también, tendrían varias consecuencias. Primero, el desarrollo de la industria al amparo de la protección de la competencia externa, de subsidios de la agricultura, de empresas públicas y del propio erario estatal, así como de preferencia en cuanto al destino de la inversión pública federal, llevaba naturalmente el efecto de no alcanzar un nivel de competitividad adecuado. Por tanto, la calidad y precios de los productos no eran competitivos y promovían ineficiencia, altas tasas de ganancia, reforzamiento de la estructura oligopólica y debilitamiento gradual de las finanzas públicas, a costa del consumidor y de la sociedad en general.
La segunda consecuencia de mantenerse el esquema proteccionista por un periodo más prolongado e intentar expandirlo hacia los demás productos industriales, es que las industrias de bienes de consumo duradero y de capital tienen características especiales que dificultan el proceso, y de hecho lo hacen muy ineficiente. En primer lugar, la estructura del mercado es aún más oligopólica en estos casos que en los de la industria de consumo no duradero. Por otra parte, estas industrias requieren mucho más capital por empleo generado y un mercado más amplio para poder producir con cierto grado de eficiencia. Si bien el tamaño de mercado interno no era en general una limitante para establecer al menos una planta, brindar protección arancelaria y de otro tipo para el caso de las industrias de bienes de consumo; al mismo tiempo, estas industrias debían estar enfocadas al mercado externo desde un principio para poder seguir creciendo una vez agotado el mercado nacional. Pero, por otra parte, este tipo de industrias demandarían más capital, más importaciones, crecerían menos empleos y habría una mayor participación de multinacionales, lo cual tendría sin duda un costo, al menos a corto plazo. Este costo lo absorbía el resto de la economía en la forma de déficits públicos. Dada la autosuficiencia en el sector industrial donde fue más sencilla la sustitución de importaciones, y lo costoso de proseguir con el modelo en el futuro y extenderlo hacia las industrias de bienes intermedios y de capital. (Ayala,1981: 574-588)
También es cierto que la excesiva protección la pegó principalmente al consumidor al enfrentar precios más altos y menor calidad, y el sector exportador al no poder repercutir en el precio final de los mayores costos de insumos producidos internamente o importados, debido a que se enfrentaba a precios internacionales dados. En efecto, la protección a la industria no tuvo un sentido exportador que la hiciera competitiva internacionalmente y muchas veces sólo se protegió a la ineficiencia. Pues la propia legislación estableció indirectamente barreras a la entrada al cerrar la frontera a la competencia extranjera. Por tanto, había incentivos para que se establecieran suficientes empresas para satisfacer el mercado interno, a cualquier precio y con cualquier calidad.
El Estado también se encargó de invertir en la creación de empresas dedicadas sobre todo al desarrollo de infraestructura porque tanto los montos como el riesgo de la inversión eran elevados. La creación de estas paraestatales tuvo como objetivo asegurar el abastecimiento de productos y servicios, como energía eléctrica, acero y bienes intermedios, ya que en estos años se consideraban indispensables para cualquier país en vías de industrialización. La existencia de monopolios públicos o naturales hizo pensar que estos no buscarían maximizar beneficios sino el bienestar social y quizás así fue, pero tampoco se pensó en maximizar los recursos utilizados y menos aún se tenían en mente aspectos relacionados a la eficiencia e innovación.
En la creación de empresas públicas intervienen factores económicos y también políticos y, muchas veces, estos últimos tienen más importancia que los primeros. Todo apunta a que estos factores políticos hicieron de este período, el tendón de Aquiles de todo el desorden económico que se suscitó.
Constantemente se ha pensado que las empresas públicas tienen objetivos sociales. Ha habido una tendencia muy arraigada a suponer que estos objetivos podrían alcanzarse mejor vendiendo baratos los productos de las empresas públicas, a veces por debajo del costo. Esta práctica ha causado pérdidas que debían cubrirse con fondos del presupuesto general, y los beneficios han sido aleatorios y nada específicos, lo que ha conducido a grandes ineficiencias y dispendios en el uso de los recursos, como ha ocurrido por ejemplo con los altos niveles del consumo de gasolina, electricidad, agua y azúcar. (Villareal, 1988: 250-265)
Según Horacio Flores de la Peña (1976) la creación de empresas públicas, era un objetivo del Estado bien intencionado con el desarrollo económico, por lo cual señala lo siguiente:
“...sostener que los rendimientos financieros de las empresas no debe ser la medida de su eficiencia, implica un gran riesgo, pues permite que el Estado incurra en malas inversiones o mantenga administraciones cuya actuación no sea correcta. Es más, aun en las empresas que deben operar con pérdida para realizar otro propósito, el Estado debe calcular el costo de esa meta, cubrirlo con un subsidio y exigir resultados financieros positivos. Esto equivale a fijar una relación de costo-beneficio que no es de aplicación general, pero sí de observancia rígida en cada caso.” “Estas medidas estánjustificadas porque el sector de empresas públicas ya es grande y continuará creciendo en el futuro, pues no parece haber otra alternativa, dentro de la democracia, para un crecimiento acelerado y que alcance las metas múltiples del desarrollo.”
El Estado en vez de controlar la ineficiencia del sector privado, prefería integrar el sector de empresas públicas. Por lo que se observa un rápido crecimiento del número de las empresas públicas en todo el periodo analizado, ver cuadro 1.
Es importante señalar que aparte de la política de precios, las empresas públicas tendían a tener costos laborales inflados a causa del favoritismo político disfrutado por los sindicatos gubernamentales. Los costos se inflaban también por la mala administración y la corrupción, aunque en mucho menor medida que la inflación provocada por la política de precios, porque el empleo en las empresas del sector público sólo equivalía a 3% del empleo total en 1983.
En general, las relaciones de los empresarios industriales mexicanos a lo largo de las décadas comprendidas en el periodo que corre de 1940 a 1970, han sido estrechas y cordiales, no así, el inicio de esta gran etapa de desarrollo y de sustitución de importaciones mediante la intensa aplicación de una política estatal proteccionista, la cual empezó mal y termino igual de mal.
El comienzo de la administración cardenista fue calificado por algunos como de corte progresista 6, mientras que el capitalismo de estado se reforzaba en el país, a través del liderazgo que asume el gobierno en el proceso de crecimiento económico, mismo que daba inicio.
Adicionalmente, debido a que el presidente Cárdenas puso en práctica políticas de corte distributivo y a que se propuso fortalecer la base social, fue visto con desconfianza e irritación por parte de las clases empresariales. (Arriola, 1981: 83-84) Del mismo modo, el ímpetu infringido al otorgamiento de créditos al sector agrícola7 , el reparto agrario a través del ejido, así como la intención de fijar el nivel salarial de acuerdo con la capacidad de cada empresa, pero de tal manera, que le permitiera operar en términos redituables, dieron elementos al empresariado, para formarse expectativas respecto a una posible tendencia socialista envestida en el presidente.
Durante el mandato de Lázaro Cárdenas surgió con cierta fuerza el conflicto laboral, haciéndose evidente por el pronunciamiento a huelga en varias empresas. Tal fue el caso de la revuelta ferrocarrilera en 1936, al igual que la huelga petrolera, con efectos muy nocivos para la naciente industria debido al desabasto de combustibles que causó.
Otro elemento de distanciamiento entre estado y empresa en el sexenio cardenista, fue la negativa del mandatario mexicano a incrementar el nivel de aranceles a los productos importados y que podían perjudicar, según los empresarios, a los bienes nacionales que sustituían a los importados.
La consolidación y afianzamiento del corporativismo se remonta hacia los años que comprendió el sexenio de Lázaro Cárdenas (Lázaro, 1992:108). Se crean organismos empresariales que fungen como órganos de consulta del Estado, aunque fuera del partido oficial. Algunos organismos como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) existían desde el porfiriato, y otros se afianzaban al margen y hasta en franca oposición al partido oficial como es el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), (Labastida, 1992:144)
La etapa de sustitución de importaciones mostraba claros signos de agotamiento a la llegada de la década de los setentas, la transición presidencial concedía su turno a Luis Echeverría, con quien el discurso oficial mostraba, desde el primer momento, tintes sociales. De tal manera que la década que iniciaba, marcaria también el regreso del distanciamiento entre el Gobierno y la clase empresarial.
Al igual que Cárdenas, Luis Echeverría se mostró interesado en reafirmar el papel rector del estado, así como ubicar dentro de sus responsabilidades una participación activa tanto en la producción de bienes, como en la distribución de los beneficios, pues denunció que el periodo de crecimiento recién terminado había heredado una serie de carencias e injusticias, así como una predilección por el conservadurismo proveniente por el largo periodo de estabilidad, por lo que la tutela del Estado velaría tanto por el bien público, como por la transformación económica y política. (Arriola, 1981: 85-88)
El desarrollo económico conseguido durante los treinta años en que marcho´ el proteccionismo mexicano, no enfrentó conflictos graves que amenazaran su legitimidad, aun cuando se consiguió a costa de una gran desigualdad en el ingreso así como la carencia de muchos beneficios sociales, lo cual fue posible gracias al corporativismo (Hernández, 1992:153) Como el comienzo de los setentas coincidió también con el inicio del desmantelamiento del corporativismo, (Labastida, 1992:145) la administración de Echeverría fue testigo presencial del surgimiento de un gran movimiento por parte de los principales sindicatos obreros al igual que del recrudecimiento de la violencia.
Aunque el gobierno de Echeverría no enfrento abiertamente una oposición representada por personaje u organización alguno, si sufrió del deterioro de su envestidura presidencial a nivel de declaraciones patronales y rumores, (Arriola, 1981: 84) de tal suerte que las discrepancias entre Estado-empresarios se hicieron patentes en 1973 en torno a cuatro temas que abarcaban la política fiscal, la política en relación a los obreros, el papel del estado en el funcionamiento económico, la considerable tolerancia ante las manifestaciones sindicales independientes, la falta de represión para contener a las fuerzas de la izquierda y la política exterior.
El discurso del jefe del ejecutivo fue recurrente su apoyo al movimiento sindical obrero y a sus demandas de ajuste salarial. Dichas declaraciones del presidente también calificaron de especulativas las prácticas de los comerciantes y de inapropiada la renuencia a la negociación por parte de los empresarios.
La reacción empresarial, llegaba mediante amenazas de paros patronales que no hacían sino agudizar las revueltas sindicales obreras como la CTM en términos de emplazamientos a huelga, así como el posible control de los precios por parte del gobierno. (1981:111)
La preocupación de los empresarios ante el posible control de precios, permeó a la Cámara Americana de Comercio, declarando entre otras cosas la falta de garantías a la inversión extranjera, los inversionistas estadounidenses emigrarían a Brasil. La reacción del empresariado mexicano culminó en la disminución de inversiones en el país y la translación de capitales hacia el extranjero, así como la reconstrucción de su imagen con la intención de ampliar sus posibilidades de acción en la defensa de sus intereses. (1981:114)
A pesar de que ese tipo de corporativismo concedía un amplio margen de acción a los grupos empresariales, fue funcional hasta los años sesenta, en los setentas empieza a desquebrajarse. El corporativismo permitió subordinar y apaciguar a los trabajadores y a los sectores populares, al implementar modelos de crecimiento injustos para estos sectores (HERNANDEZ, 1992:153) aunque de igual modo, existieron diferentes beneficios que el estado hizo llegar a las clases desplazadas a través de los organismos. (Labastida, 1992:154)
A pesar del crecimiento sostenido del sector industrial, éste no alteró en lo fundamental la estructura del sector, problema agravado por la existencia de empresas con carácter monopólico articuladas al sector financiero y protegidas por los gobiernos en turno. La dependencia tecnológica prevaleció durante todo el modelo ISI.
La historia se repite con el modelo de la ISI, pues la modernización industrial del Porfiriato fue una fuerte ruptura entre la economía, la política y la sociedad.
 La causa del fracaso industrial del Porfiriato, radicó en buena medida en no haberse insertado en el proceso innovador de la revolución industrial, en haber dependido desde sus orígenes de la protección del Estado, vía leyes, componendas, favoritismos y corrupción, todo lo cual truncó el modelo porfiriano.

Un intento de contextualización a manera de conclusión.
El modelo de la ISI evolucionó en el enriquecimiento desmedido de algunos industriales y la distribución polarizada del ingreso; la falta de competitividad de la industria con la consiguiente mala calidad de muchos productos; la saturación del mercado interno y la creación de una estructura económica desequilibrada y con profundos rezagos tecnológicos, el proyecto sentó las bases del desarrollo industrial y comercial de las décadas siguientes y permitió el ascenso de una burguesía nacional que constituyó el germen del actual sector empresarial mexicano con una alta concentración.
Las sustanciosas tasas de rentabilidad obtenidas por los industriales de la época analizada, a pesar de que no existía una elevada productividad en sus empresas, hizo que estos grupos económicos mostraran cierta aversión a la innovación tecnológica. En otras palabras, la rentabilidad dependía más de la estructura oligopólica y el poder de las élites que de la productividad laboral y el desarrollo tecnológico.
Entonces podemos observar como los empresarios, seguían con las prácticas porfiristas basada en la provisión de privilegios especiales, a cambio de apoyo político.
En el contexto de la ISI, encontramos un proceso de fusión creciente durante todo el periodo, entre las distintas fracciones dominantes: empresarios nacionales y extranjeros, y élite política. Lo anterior demuestra la negativa de las instituciones en fomentar la competencia en los mercados.
En este trabajo encontramos dos vertientes que confirman lo analizada hasta aquí: primero, porque de acuerdo con las características ya mencionadas los empresarios mexicanos se establecieron en un “estado de confort”, donde los beneficios de las políticas económicas del modelo de la ISI, les permitían por un lado mantener un control del mercado, y por otra parte, obtenían rentas cuantiosas de sus negocios sin la necesidad de innovar; segundo, podemos señalar que los grandes conglomerados industrial-financieros ubicados en un sector dinámico (ya que actuaba como el eje central sobre el cual giraba la totalidad del proceso de desarrollo económico social), donde la información económica era casi perfecta y por lo cual podían especular con los tipos de cambio sobrevaluados. Esto es, se presenta un proceso de desacoplamiento financiero donde el capital especulativo sale dominante por encima del capital productivo, lo cual se da como resultado del agotamiento del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones.8
Las industrias al producir principalmente bienes para el mercado interno, prefirieron establecerse en los lugares de mayor consumo. Lo anterior trajo como consecuencia que la producción se concentrara en las grandes ciudades.
La actividad política de la burguesía mexicana se estructura fundamentalmente a partir de sus propias organizaciones; fomentadas y autorizadas por el Estado. Estas son la CONCANACO y la CONCAMIN, surgidas en el periodo posrevolucionario, así como la Asociación de Banqueros de México (1924), la COPARMEX (1929), la CANACINTRA (1941), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios CMHN (1962) y el Consejo Coordinador Empresarial (1975).
De las organizaciones empresariales mencionadas sobresale el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios por las siguientes características; los empresarios son de alto nivel, es un club de amigos millonarios, consejo de asesores presidenciales. Otra característica de esta organización empresarial es que se encuentran agrupados cuarenta de los hombres económicamente más poderosos del país. En resumen, es la auténtica élite del poder. (Briz, 2002: 21-26)
Otro ejemplo fue la CANACINTRA, organización que enarboló los principios nacionalistas de los regímenes pos-revolucionarios. Esta organización empresarial aglutinó en su seno, principalmente a pequeños productores orientados básicamente al mercado interno. Los industriales pertenecientes a esta organización, en su mayoría fueron empresas creadas durante la segunda Guerra Mundial, con un rasgo distintivo que era la dependencia por completo del capital mexicano, pero a su vez con una desventaja muy grande, no tener buenas relaciones con las principales instituciones financieras de México. Por tales motivos definían un concepto de intervención del gobierno como algo más amplio que el de las empresas más grandes y antiguas de México. Lo anterior puede explicar porque dentro de sus peticiones al gobierno se centraron en la protección de la industria mexicana.
A título de resultados podemos acotar, que el modelo de sustitución de importaciones genero una clase empresarial muy concentrada en México a través del proteccionismo, debido a que protegió a medianas y grandes empresas por igual sin entender que la gran empresa no necesitaba el apoyo.
El temor a la desaparición de la propiedad privada como lo supone la implementación de un orden socialista, llevo a los empresarios a tomar la decisión de impulsar un cambio de estrategia en el capitalismo mexicano, esto es la transición hacia el liberalismo. La CANACINTRA concentró a los empresarios industriales pequeños nacidos en la ISI, quienes en un inicio fueron favorecidos por el proteccionismo, pero que en el proceso de transición al liberalismo terminaron sin el cobijo del estado y más dependientes que nunca. El pensamiento de Douglas North, retoma vigencia al señalar que los incentivos en una economía se rigen por la correcta definición de los derechos de propiedad, debido a que, si los derechos de propiedad incentivaban la importación durante el periodo que duró la ISI, no podía esperarse que emergiera una clase empresarial exportadora.
El consejo mexicano de hombres de negocios instituyo´, la formación de un sector empresarial muy concentrado, debido a que los grandes capitales de la industria conformaron un bloque de industriales que empleaban distintos instrumentos, a fin de obstaculizar el cambio estructural tanto en el ámbito social como en el económico.
No hay duda de que las organizaciones empresariales fueron los medios más eficientes en la defensa de los distintos intereses del sector privado en su relación con los diferentes gobiernos.

Referencias
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