APLICACIÓN DE LOS INTERESES PASIVOS Y ACTIVOS EN EL SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO Y SUS EFECTOS MACROECONOMICOS 2007-2013

APLICACIÓN DE LOS INTERESES PASIVOS Y ACTIVOS EN EL SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO Y SUS EFECTOS MACROECONOMICOS 2007-2013

Silvia Cecilia Delgado Vera
Italo Martillo Pazmiño

Universidad Tecnológica ECOTEC

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SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR

Antecedentes

El fin de la organización colonial española dejó un importante vacío administrativo en el territorio de la Real Audiencia de Quito, fueron necesarios muchos años de reorganización para lograr un nuevo marco jurídico republicano.
En el año 1830, cuando el Ecuador consiguió su independencia, después de su separación de la Gran Colombia y de su conformación como República, su economía era poco monetizada y circulaban monedas de oro y plata acuñadas de acuerdo con sucesivas leyes de moneda; por lo que ya se planteaba la necesidad de establecer un banco; sin embargo la formación y consolidación del sistema bancario en el Ecuador fue lenta e incipiente hasta los años cuarenta del siglo XIX.
Ecuador se caracterizaba por ser agrícola y comercial, actividades orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a estas actividades enfrentó una insuficiencia de recursos monetarios. La exportación de monedas, la falsificación y la emisión de billetes por parte de establecimientos particulares determinaron que en 1832 se dicte por primera vez una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para regular la acuñación de dinero y plata. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009)
Los proyectos de los comerciantes del puerto como Horacio Cox y José María Caamaño para crear un banco no prosperaron. La actividad comercial del Puerto de Guayaquil, en el marco de la exportación cacaotera no era suficientemente sólida para atraer capitales a una actividad riesgosa, como eran los préstamos y negocios con el gobierno.
El desorden monetario ecuatoriano, provocado por la falsificación de billetes, la circulación de monedas falsas, la mutilación monetaria y la existencia de monedas de baja ley tuvo un período de gran auge durante el gobierno de Juan José Flores, quien a pesar de promulgar drásticas medidas de castigo a esas actividades ilegales, no dispuso a ninguna autoridad para controlar su cumplimiento.
Los comerciantes guayaquileños sufrían por las serias dificultades en sus transacciones comerciales internacionales que se realizaban en oro.
El alza extraordinaria en el precio del cacao en el año 1853 y su impacto económico en la estructura económica de la costa creaban las condiciones para el establecimiento de un banco. A pesar del apoyo y promoción del Estado no se estableció ninguno hasta el año 1859.
En 1859 el gobierno de García Moreno, autorizó al español Manuel Antonio de Luzurraga a fundar el Banco de Luzurraga de Guayaquil y además le autorizó a emitir 100.000 pesos en billetes.
En 1860 también se autorizó la emisión de 200.000 pesos. Estos billetes eran “inconvertibles” y de curso forzoso. (Carbo, 1978).
En 1861 cincuenta comerciantes del Puerto fundaron el Banco Particular, a quienes en el año 1862 el gobierno autorizo la emisión de 600.000 pesos, también en billetes inconvertibles.
Estas emisiones fueron adoptadas por la escasez de moneda metálica. La circulación de los billetes que eran papeles sin ningún respaldo económico complicó más el panorama monetario del país.  
Se creó el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil en el año 1894, con facultad emisora. En poco tiempo, se convirtió en la base económica de la exportación, de la industria y del comercio del puerto principal. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009)
Los déficits presupuestarios anuales de los distintos gobiernos eran fácilmente solucionados por el banco: ponía en funcionamiento las máquinas que imprimían billetes. El banco también prestaba dinero a los gobiernos que eran designados por sus dueños. Y, para completar el esquema, las listas de los diputados que “triunfaban” eran creadas en sus oficinas.
Mientras la deuda del Estado aumentaba, también crecía la circulación de billetes sin sustento legal; lo que producía la devaluación de la moneda. Se consolidó así en el Ecuador el manejo oligárquico, que volvió al Estado en un simple elemento de los negocios de las élites.
En la década de 1960 y 1970 nuestro sistema bancario ecuatoriano comienza a modernizarse debido al ingreso de bancos extranjeros como: Citibank, Banco Holandés Unido y Bank of América que realizaban operaciones de comercio exterior. Debido al incremento petrolero, los bancos del país receptan; vía préstamos grandes cantidades de crédito de la banca internacional. Los depósitos crecieron 218% y lo créditos 164% nominalmente, para el conjunto de bancos ecuatorianos y extranjeros entre 1971 y 1976. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009)
Guillermo Arosemena sostiene que en 1982 los bancos ecuatorianos de la noche a la mañana dejaron de ser rentables. Luego del boom económico que tuvo el país en la década de 1970; impulsado por el auge petrolero, la propagación crediticia sin un crecimiento paralelo de ahorro, la equivocada percepción empresarial de que el crecimiento de precios generalizado no traería consecuencias en el mediano plazo; fueron las causas de la crisis, recesión, y consistente estancamiento de la que se designa la década perdida, 1980.
Los bancos acreedores no pudieron recuperar sus préstamos, porque  muchos empresarios cayeron en moratoria. Esto impulsó que los bancos del país entren en moratoria con los bancos extranjeros. La crisis de la deuda externa que mantuvo un carácter regional en América Latina también provocó repercusiones en la economía ecuatoriana.
Durante el gobierno de Osvaldo Hurtado se instauró la sucretización de la deuda externa ecuatoriana, que consistió elementalmente en que los deudores privados ecuatorianos conviertan sus obligaciones en dólares con acreedores externos a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador. Originando los Créditos de Estabilización, cuyos plazos se implantaron entre los acreedores internacionales y autoridades del país. El gobierno ecuatoriano por medio del Banco Central del Ecuador, contraía el pago de la deuda externa privada ante los acreedores externos.
El gobierno de León Febres Cordero, el mes de octubre de 1984, tomo medidas adicionales que mejoraron las condiciones de la sucretización, y amplió el plazo para cancelar los pagos a siete años, congeló la tasa de interés en 16% (mientras
las tasas mercantiles eran de 28%), hizo lo mismo con el tipo de cambio a 100 sucres por dólar, y  amplió el período de gracia de un año y medio a cuatro años y medio. De esta forma, el gobierno por medio del Banco Central del  Ecuador auxilió y protegió al sector productivo y bancario extremadamente endeudado con el exterior. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009)
Entre 1980 y 1992 la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, y el BCE aprobaron varios programas financieros y anticipos extraordinarios para rehabilitación de bancos con problemas de liquidez y hasta de solvencia; creando procesos de salvataje y proteccionismo para la banca ecuatoriana. Esta socialización de perdidas representó un elevado costo económico y social para los ecuatorianos, no solamente por los montos entregados a la banca sino también porque el insuficiente ahorro interno se despilfarró por no tener intermediarios financieros eficientes. Cabe resaltar que este salvataje bancario, previo a las reformas de 1993 y 1994, no exigió a los accionistas de los bancos a reconocer directamente con sus recursos el costo de este subsidio.
La crisis financiera que enfrentó el país a fines de 1995 y durante 1996, fue la más profunda desde aquella vivida en 1982 a causa del problema de la deuda externa y afectó fuertemente a las sociedades financieras y a las mutualistas, sectores que decrecieron en términos reales durante esos dos años. Esta situación no fue un hecho inesperado, y fue la consecuencia de una estrategia de expansión de alto riesgo adoptada por ciertas entidades y sustentada en la dinámica ahorro-crédito que había generado el ingreso de capitales al país.
La crisis financiera y fiscal que vive el Ecuador en 1995 es el resultado de causas externas e internas debido a la inestabilidad política, el impacto del fenómeno de El Niño, la guerra del Cenepa con el Perú, las crisis internacionales y la suspensión de las líneas de crédito internacionales.
Durante 1995 se registraron serios problemas de liquidez en el sistema bancario y fue necesaria la intervención del Banco Central que entregó un crédito de emergencia de alrededor de 150 millones de dólares.
La crisis financiera en el año 1996 empeoró cuando el Banco Central intervino una vez más para rescatar al quinto y más grande banco del Ecuador, el Banco
Continental que tenía 240 mil clientes a nivel nacional  y debido a la acumulación de créditos vinculados autorizados por la Ley de Instituciones Financieras, que a pretexto de liberalizar al mercado más bien lo desregularizó, dando paso a la difícil recuperación de su cartera que desde el año 1994 se duplicó en relación al resto del sistema bancario, siendo esta del 158%, superando enormemente al 73,3% de los otros bancos.
Debido al déficit patrimonial del Banco Continental, las autoridades de la Junta Monetaria y del Banco Central del Ecuador aprueban un crédito subordinado por 485.000 millones de sucres (121,7 millones de dólares), respaldado legalmente la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, vigente desde el 12 de mayo de 1994, ejecutada  por el  presidente Sixto Durán-Ballén y cuyos autores fueron Alberto Dahik, vicepresidente, y Ana Lucía Armijos, presidenta  de la Junta Bancaria (1993-96).
Este nuevo salvataje bancario, inició la crisis bancaria que se profundizó en el período 1998-2000. El Banco Central intervino, porque el Banco Continental no tenía capacidad para pagar el préstamo y luego de un análisis la Superintendencia de Bancos determinó que hubo sobrevaloración del patrimonio, el porcentaje de la cartera vencida se incrementó del 3,2 al 5,3%, los activos improductivos aumentaron 2,2 veces el patrimonio, los gastos de publicidad eran elevados, la calidad del banco se debilitó no solamente en el ámbito de la rentabilidad y liquidez sino que afectó a su solvencia.
Pablo Lucio Paredes, quien en 1996 asumió durante cuatro meses la gerencia del Continental por encargo del Central, señala que la desconfianza de la gente se evidenció “por la concentración del crédito en manos de los propios dueños”.
Paredes señala que en su administración trató de recuperar la confianza de los clientes. Como lección de la caída del Continental, dice: “Tenemos que pensar muy a fondo cuándo el Estado debe intervenir y cuándo no. Una de las razones de los abusos era que la banca sabía que el Estado estaba en capacidad de ayudar en los problemas”.
La crisis financiera y la incertidumbre política y económica que imperó en el país durante 1996, se  hizo evidente  en  una  importante  contracción de la actividad
financiera, incluyendo a la banca privada. En términos reales los activos, pasivos y patrimonio del sistema financiero crecieron en 5.3%, 8.2% y 1.7%, respectivamente, en tanto que el aumento de la cartera fue negativo en 6.6%. Las entidades financieras tuvieron problemas en colocar rentablemente sus recursos, la liquidez existente no se canalizó al financiamiento de proyectos que generen valor agregado y el nivel de respaldo patrimonial se deterioró.
Este año fue aún más crítico para las sociedades financieras cuyos activos, pasivos y patrimonio decrecieron en más del 50% en términos reales, como consecuencia de la contracción de su actividad y de los procesos de fusiones, absorciones o venta de activos a bancos afiliados o relacionados, que debieron recurrir como única medida para superar las eminentes quiebras. Igualmente se observó reducción de la actividad en general, sobre todo la crediticia en el caso de mutualistas y cooperativas, aunque la crisis a nivel de instituciones individuales fue menos aguda.
Desde 1996 en adelante, diversos shocks internos e internacionales deterioraron aún más la situación del sistema productivo nacional. En el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), la crisis económica estructural, ocasionada por una errada política económica, se transformó en una profunda recesión que generó niveles de consumo y producción extremadamente bajos.
Los efectos de la recesión económica hacían que la institucionalización pública y privada, durante el gobierno de Abdalá Bucaram, planteen medidas de política económica rígidas, como la convertibilidad monetaria.
Desde 1996 se incentivaba el debate público acerca de la convertibilidad monetaria, marcada por la influencia de técnicos argentinos de la Fundación Mediterránea, el mismo que fue interrumpido en 1997 con la caída del gobierno de Abdalá Bucaram.
En 1998 durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, factores nacionales e internacionales dan origen a la mayor crisis bancaria y financiera de la historia económica del Ecuador, la medidas económicas establecidas durante este año a través de la Disposición transitoria 42 permitían al Banco Central auxiliar al sistema bancario por el lapso de dos años.
El gobierno de Mahuad, la denominada aplanadora del Congreso Nacional conformada por  el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular expiden la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria – Financiera, mediante esta ley se crea la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos), se dispone la garantía ilimitada y permanente de los depósitos y el impuesto del 1% a la circulación de capitales (ICC), dirigiéndose hacia el salvataje de los grandes propietarios de los bancos en riesgo, grandes depositantes y deudores de la banca privada ecuatoriana.
La (AGD) Agencia de Garantías de Depósitos, fue creada para depurar el sistema financiero a fin de garantizar los ahorros que el público había depositado en los banco privados, además los garantizaba de manera ilimitada convirtiéndose en un aspecto polémico e incuestionable debido al compromiso que asume el Estado para cubrir la cartera del sistema financiero excesivamente concentrado: 525 personas manejan una cartera de 1.800 millones de dólares (78% de la cartera total), prácticamente la AGD permite a los banqueros quedar igualmente prósperos aun cuando sus bancos quebraban.
A pocas horas de la creación de la AGD justamente quiebra uno de los bancos más grandes del país el Filanbanco y más del 60% de instituciones financieras que también pasaron a manos del Estado, quien cubriría los fondos de los ahorristas.
El salvataje del Filanbanco le cuesta al Estado Ecuatoriano un egreso de 700 millones de dólares.
En el mes de marzo de 1999 quebraron los bancos: Tungurahua, Azuay, Finagro, del Occidente, la Mutualista Previsión y Seguridad y la Financiera América.
El ICC (Impuesto a la Circulación de Capitales) le significó a la banca la reducción del 16% de sus depósitos debido a la resistencia del público para pagar este impuesto. (Período Enero – Febrero 1999).
El mes de marzo de 1999 se convirtió en el mes más trágico de la historia ecuatoriana la cotización de dólar de 6.910 sucres, llegó a 19.000 sucres, baja la reserva monetaria, suben las tasas de interés, caen los bancos, cierre de empresas, paros, huelgas, angustias generalizadas.
En marzo de 1999 nos sorprende la quiebra del Banco del Progreso que es el  más grande y principal banco guayaquileño, después de haber sido auxiliado reservadamente por el Banco Central a través de la Ley de Régimen Monetario interno, el 6 de marzo de 1999 el banco mantenía muy pocas disponibilidades para atender a sus clientes.
El gobierno de Mahuad, anunció el 9 de marzo de 1999 un feriado bancario por un día con el propósito de evitar el retiro masivo de depósitos que se había vivido en el Ecuador durante las dos últimas semanas debido a la desconfianza del público; sin embargo a pesar del anuncio de un día para el feriado bancario este término extendiéndose toda la semana hasta el viernes 13 de marzo de 1999.
El miércoles 11 de marzo el presidente Mahuad hace un nuevo anuncio en el cual dispuso el congelamiento de los depósitos durante un año para las cuentas corrientes con más de 500 dólares o dos millones de sucres y para las cuentas de ahorro con más de 5 millones de sucres.
El propósito de estas medidas era salir de la hiperinflación que según Mahuad iba a cerrar en un 100% en este año, proteger la reserva monetaria que para ese entonces solo contaba con 200 millones de dólares, para bajar el precio del dólar que bordeaba los 18.000 sucres y para que los clientes cobraran sus depósitos de manera reprogramada por el pánico del sistema financiero.
La medida de ajuste aplicada en el primer trimestre de 1999 fue afectar la estabilidad monetaria mediante una exagerada emisión monetaria destinada al descongelamiento de las cuentas bancarias, provocando mayor devaluación del sucre, generando la compra masiva de dólares debido al factor desconfianza en la moneda nacional, incrementando la cotización del dólar.
Esta devaluación monetaria se ubica en el 356% y desata procesos inflacionarios durante 1998 y 1999.
Para el año 2000 la inflación asciende al 90%. Las tasas de interés se situaron por encima del 150%.  La devaluación de la moneda superó los 25.000 sucres por dólar (llegando al 400% la devaluación durante el gobierno de Mahuad).
El esfuerzo estatal para evitar el derrumbe del sistema bancario, genera el caos macroeconómico en gran escala. Las emisiones monetarias de más de mil millones de dólares y de bonos provocan inflación, devaluación monetaria en 400%, fuga de capitales y especulación monetaria. Comienza una enorme transferencia de recursos desde la sociedad hacia los bancos. (Miño 2008).
El 21 de enero del año 2000, una alianza con los indígenas en conjunto con un plan de insurrección militar derrocan al gobierno de Mahuad, que dejó como secuelas la fragilidad de la institucionalidad del país y se demostraba por la falta de solidez en los ámbitos económico, social y político. El 70% de la pobreza de la población desatan una intensa agitación social, diferencias tanto regionales como étnicas, el canibalismo político, fragmentan el poder en múltiples parcelas y determinan la difícil gobernabilidad.
En medio de una tormenta social causada por el incontenible deterioro de las condiciones generales de vida, el gobierno de Gustavo Noboa firmó otra Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, a fin de recibir un préstamo para el Ecuador como uno de sus países miembros y que tenía dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras externas.
La Carta de Intención, es el documento en el cual se presenta la situación económica actual del país, su programa macroeconómico y su plan de reformas estructurales.
Una vez más, el programa de reformas sugerido por el FMI incluía incrementos en el precio de los bienes y servicios públicos básicos, reducción de subsidios, liberalización de las tasas de interés, incrementos salariales austeros, disminución de los gastos públicos y reducción de la burocracia pública.
Además, el Estado comenzó a implementar un programa de reformas económicas más agresivo y rígido. El último paquete de ajuste estructural contempla medidas encaminadas a facilitar la inversión privada doméstica y extranjera en actividades económicas previamente controladas por el Estado, crear un mercado laboral más flexible y evitar un nuevo colapso del sistema financiero.
El fin del sucre como nuestra moneda nacional fue el resultado mayormente importante de la crisis y la implementación del dólar como moneda nacional tiene profundas repercusiones para el sistema bancario de los años 2000.
La dolarización determinó mayor estabilidad en el sistema económico y financiero, sin embargo esto no generó el abaratamiento del crédito, debido al elevado cobro de comisiones.
La dolarización se ha mantenido debido a la entrada de dólares provenientes de las remesas enviadas por los emigrantes, a los ingresos petroleros por el elevado precio internacional y a una progresiva devaluación del dólar que beneficia al sector exportador ecuatoriano.
Después del feriado bancario el gobierno empezó el proceso de rehabilitación del  sistema  financiero. Se cerraron  y fusionaron  bancos, se procedió a la lenta devolución de ahorros de los depositantes, se iniciaron procesos judiciales contra los pocos banqueros comprometidos con las estafas bancarias, algunos continúan prófugos de la justicia. Este proceso ha durado una década.
Después de la crisis bancaria es necesario realizar cambios que conlleven a realizar controles más estrictos en las operaciones del sistema bancario, por parte del estado, incluyendo la intervención de la propiedad de los activos de los grupos económicos que participaron en la debacle financiera del fin de siglo.
En resumen, los gobiernos ecuatorianos, sea por convicción ideológica o por presión externa, han implementado políticas de ajuste estructural. Estas políticas no han resuelto la crisis del sistema productivo nacional, ni tampoco, han fortalecido la sustentabilidad financiera del sector público. Las políticas de ajuste estructural han descuidado la promoción del desarrollo del capital humano.
Durante el periodo 2007-2013, el gobierno de Correa tomó la regulación de las actividades bancarias con el propósito de reivindicar el derecho de los ciudadanos; sin embargo los banqueros insisten en que la cantidad de regulaciones impuestas afectan el patrimonio de las instituciones y han disminuido su rentabilidad.
Entre las regulaciones que han disminuido la rentabilidad de los bancos están: La fijación de tasas de interés, la gratuidad de los servicios financieros, nuevos impuestos y mayores requerimientos de liquidez.
El economista Juan Alberto Rivera, por su parte, afirma que la banca ha logrado sostenerse firme estos años principalmente por dos razones: una, por la alta circulación de dinero en la economía y, dos, por la propia gestión de las instituciones que han sabido aprovechar herramientas como la Internet para disminuir sus costos operativos. "Creo que el Gobierno ha hecho bien en regular muchas cosas. Pero también considero que deben analizarse situaciones como la rentabilidad. Dos fusiones en menos de un año parece significar algo". (Diario El Comercio).
Rivera se refiere a la fusión, primero, entre el Banco Solidario y el Unibanco, el año pasado, y el anuncio a finales del 2013, de la posible compra del Produbanco por parte del Grupo Promerica. Aunque esto no parece ser una preocupación, ya que el mismo superintendente de Bancos, Pedro Solines, ha mostrado su interés en que hay un menor número de instituciones, pero más fuertes. (Diario EL COMERCIO).
Entre las normas que más han impactado el negocio bancario se encuentran las siguientes:
28/12/2007: Se reforma el sistema de tasas de interés. El Directorio del Banco Central fija las tasas de forma mensual. Mientras la máxima activa es el promedio por monto de cada segmento multiplicada por un factor determinado por la entidad.
20/10/2008: La Constitución de Montecristi señala a las actividades financieras como un servicio de orden público. Se les prohíbe poseer participación en empresas ajenas a la actividad financiera y se fija un plazo de dos años para la desinversión en estas.
22/06/2009: Se determina por primera vez las tarifas máximas y básicas de servicios financieros y tarifas porcentuales de afiliación de lugares afiliados a tarjetas de crédito. 29 servicios quedan con tarifa máxima mientras 11 transacciones básicas sin costo.
13/10/2011: Se reforma la composición de los grupos financieros, excluyendo de los mismos a compañías de seguros, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos. El plazo para la desinversión es hasta el 13 de julio del 2012.
21/06/2012: Se prohíbe la suscripción de garantías adicionales a la casa o vehículo dados en hipoteca o prenda para el otorgamiento de un crédito en las instituciones financieras. Además, se eliminan los burós de crédito privados y se organiza uno público.
21/11/2012: Se aprueba la Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, para justificar el alza del Bono de Desarrollo Humano. Entre otras cosas, retira a la banca el beneficio de reducción del Impuesto la Renta en 10 puntos si se reinvierten las utilidades.