MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES, TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIFERENCIAS DE FIABILIDAD ANTE RIESGO, INCERTIDUMBRE Y CONFLICTO EN CAFICULTORES, DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES EN XILITLA, MÉXICO

Dra. María Beatriz Castillo Escamilla
Dr. José Marcos Bustos Aguay.
Dr. Cruz García Lirios

RESUMEN
La fiabilidad social, a diferencia de la confianza entre ciudadanía y gobernantes, se observa en situaciones de riesgo y vulnerabilidad a partir de los cuales individuos y grupos se identifican con estilos de vida frugales y estrategias de afrontamiento frente a contingencias económicas, ambientales, políticas o comunitarias. En tal contexto procesos tales como identidad social, capital vertical, participación ciudadana o gobernanza son explicados por la fiabilidad social. El presente estudio utilizó una muestra no probabilística de 104 caficultores para establecer las propiedades psicométricas de una escala que mide su grado de fiabilidad ante riesgos ambientales, incertidumbre política y conflicto local. Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los grupos con respecto a los efectos de sequías e inundaciones en sus cosechas de café así como el derecho al acceso de los recursos financieros y naturales.
Palabras claves; fiabilidad, identidad, confianza, participación, capital
ABSTRACT
The social reliability, unlike the trust between citizens and rulers, is observed in situations of risk and vulnerability from which individuals and groups are identified by frugal life styles and coping strategies against economic contingencies, environmental, political or Community. In such a context, such as social identity processes, vertical equity, citizen participation and governance are explained by the social reliability. This study used a nonrandom sample of 104 farmers to establish the psychometric properties of a scale measuring their degree of reliability to environmental hazards, local conflict and political uncertainty. The results show that there are significant differences between the groups with respect to the effects of droughts and floods in their coffee crops and the right to access financial and natural resources.
Keywords, reliability, identity, trust, participation, equity

INTRODUCCIÓN
El sistema tarifario de los servicios públicos relativos a los recursos naturales, energéticos e hídricos es un instrumento de gobernanza que supone la intervención del trabajo social en ámbitos periurbanos. Se trata de un sistema en el que la disponibilidad de los recursos está relacionada con las necesidades de futuras generaciones a través de las políticas públicas y la práctica profesional del trabajo social. A medida que la escasez de recursos se intensifique y pase a convertirse en una problemática de desabasto, el sistema tarifario retardará la escasez para orientarla a la sustentabilidad local. Es aquí en donde la intervención del trabajo social está supeditada a los programas de reordenamiento ecológico ya que realiza censos para establecer un valor entre el coste del servicio y las posibilidades de pago de los usuarios. En situaciones de escasez y desabasto, el trabajo social está confinado a gestionar la distribución de lo recursos en función de la participación civil o política.
Sin embargo, el ejercicio profesional del trabajo social en cada uno de los escenarios, ya sea de escasez, desabasto o sustentabilidad, está influido por las políticas públicas o las necesidades de la ciudadanía más no de la disponibilidad de recursos. Por ello es menester establecer un sistema de tarifas ya no sólo a partir de los intereses políticos o de las necesidades locales, sino además es necesario considerar la disponibilidad y distribución de los recursos naturales entre las localidades según su nivel de abastecimiento. Ello supone para la práctica profesional del trabajo social la mediación de conflictos entre quienes se consideran pueblos originarios herederos de los recursos naturales y quienes demandan su consumo. Empero, tal mediación no se realizaría desde el ámbito jurídico o discursivo, sino más bien tarifario.
¿Cuál es el sistema de tarifas que permite la mediación de conflictos entre dos localidades a las que les asiste el derecho a los recursos naturales, energéticos e hídricos en referencia a la conservación de especies animales y vegetales, actuales y futuras?
A partir de la Teoría de la Fiabilidad Social (SFT por sus siglas en inglés) de Giddens (2000) es posible responder a la interrogante ya que ésta parte del supuesto según el cual ´las situaciones de riesgo, incertidumbre y conflicto propician interacciones entre los grupos que construyen la agenda pública a través de iniciativas políticas, opinión pública y sesgo informativo. En tal sentido, el establecimiento de un sistema tarifario supone cuando menos el análisis de la información difundida por los medios en cuanto a conflictos por el uso de los recursos naturales, la opinión pública respecto a la incertidumbre sociopolítica y los riesgos socio-ambientales.
La SFT predice la emergencia de marcos interpretativos que influirán sobre la opinión pública a medida que los eventos son impredecibles y por tanto inconmensurables según la información difundida por los medios de comunicación. En esta primera fase del establecimiento de un marco interpretativo, las audiencias buscarán corroborar sus creencias con información circundante en redes informativas para emitir un juicio social relativo a la acción gubernamental. Es aquí donde surge el efecto de la fiabilidad la cual consiste en reducir la información en un sentido favorable y/o desfavorable hacia algún actor social, económico o político.
No obstante, la SFT ha sido criticada por suponer que las audiencias son cautivas o indefensas ante el embate informativo de los medios, aunque hay quienes afirman que la imparcialidad está sujeta a los niveles de expectación, existen posturas intermedias que señalan la orientación de la opinión pública hacia determinado tema. Tal proceso resulta fundamental para la práctica profesional del trabajo social ya que el diagnóstico de la fiabilidad puede facilitar la comprensión de las acciones colectivas o la movilización ciudadana.
Precisamente, el trabajo social parte del supuesto según el cual la esfera mediática, civil y política transita de lo público a lo privado. Es decir, los medios de comunicación pueden hacer público un conflicto entre particulares sobre la administración de un cuerpo de agua, la opinión pública puede llevar a instancias públicas un asunto de desabasto hídrico residencial y las iniciativas políticas pueden justificar sus decisiones a partir de casos en los que la ciudadanía se organizó para defender su derecho al agua.
Sin embargo, el trabajo social para el Desarrollo Sustentable de los recursos naturales, energéticos e hídricos tiene ante sí la oportunidad de estudiar los conflictos derivados por el uso de servicios públicos, gestionar acuerdos y sobre todo intervenir en las diferencias entre los actores con respecto al uso de suelo y agua en situaciones de riesgo, incertidumbre o conflicto. Piénsese en la planificación urbana de las ciudades con meno de 500 mil habitantes de las cuales se espera que en los próximos años crezcan a una taza que implique más del millón de habitantes, una mayor densidad y por ende, desabasto de vivienda, agua o electricidad así como su impacto en la salud y calidad de vida.
En tal contexto, el presente estudio aborda los conflictos hídricos desde la óptica del trabajo social como mediador de conflictos, diseñando tarifas locales y comunitarias para la sustentabilidad de cuerpos de agua, terrenos ejidales y fuentes de electricidad a fin de preservar los recursos para las futuras generaciones.
Por último, se asume que los servicios públicos son sólo indicadores de sustentabilidad la cual se alcanzará hasta que los sistemas de cobro no sólo permitan la cobertura total de los servicios, sino además garanticen la disponibilidad de los recursos en el futuro próximo. En este sentido, el diagnóstico y gestión que se propone desde el trabajo social permitirá aplicaciones en espacios de socialización tales como centros educativos, recreativos, sanitarios o productivos.
DIMENSIONES URBANAS EL DESARROLLO SUSTENTABLE
En su historia más reciente, el trabajo social emerge como una disciplina encargada de velar por los intereses de los sectores vulnerables, marginados y excluidos. Tal cuestión deriva de considerar a las urbes como centros de desarrollo humano, local y sustentable desde la cual todas las propuestas de sustentabilidad se adscriben a centros políticos y se diseminan en los sectores sociales y económicos. Si el centro que organiza los demás nodos periféricos se caracteriza por ser un modelo de sustentabilidad en el que la movilidad resulta ser confinada a fuentes de energía alternativas o programas de reducción de emisiones, entonces el centro de poder que representa está cuando menos abierto a la posibilidad de que los ciudadanos se desarrollen de un modo tal que les permita alcanzar un nivel satisfactorio de vida, aunque ello implique asumir el costo de vivir en una demarcación estricta en cuanto al control de residuos (véase tabla 1).
A primera vista la ecociudad resulta ser un centro hegemónico de servicios urbanos desde los que se gestan los conflictos y las alternativas de sustentabilidad siempre y cuando se atiendan las diferencias entre los sectores y éstos para con sus autoridades (Rico, 2007).
Sin embargo, la sustentabilidad de los servicios periurbanos contrastaría con los centros ecourbanos. Tal diferencia estriba en las oportunidades, capacidades y responsabilidades con los que cuentan las demarcaciones o barrios (Kantor, 2008). En este sentido, la ciudad compacta en referencia a la urbe difusa, parece tener ventajas comparativas ya que agiliza los traslados y con ello reduce los costes, ello supone la interrelación de sectores, productos y servicios que por su diversidad corresponden a un esquema de aglomeraciones sólo coexistentes por su distribución simétrica de oportunidades y capitales (Valenzuela, 2009). Si se le mira de cerca, la ciudad compacta demanda un sistema de optimización de los recursos tal que la electricidad es fundamental no sólo para su automatización, sino por su sincronización para hacer menos asimétricas a las demarcaciones (Pérez, 2010). Es por ello que el volumen de electricidad supone la emergencia de redes comerciales y distributivas ágiles que permitan el abastecimiento continuo y la competitividad que ello implica (Sánchez, 2011).
El marco jurídico regulatorio de la ciudad ecológica está imbricado en el Desarrollo Sustentable que pregona la conservación de los recursos naturales sin considerar la cultura o la tradición comunitaria (Navarro, y Ortuño, 2011), aunque está orientado a la emergencia de un ciudadano con libertades que le permitan conservar los recursos para las generación futuras, sigue siendo la desregulación inmobiliaria su principal signatura pendiente. El impacto del crecimiento inmobiliario no sólo compromete la distribución de los recursos, sino además representa las contingencias que se agravan cada vez más conforme huracanes o depresiones tropicales circunden las comunidades aledañas. La ciudad difusa, en referencia a la ciudad compacta, depende de las capacidades más que de las libertades u oportunidades (Pérez, 2011). Mientras que la ciudad compacta pregona la seguridad, crecimiento y sustentabilidad que son traducidos en votos de confianza de la ciudadanía para con sus autoridades, la urbe difusa construye representaciones sociales, habitus y fiabilidad social que les impide migrar a la ciudad compacta. Ello es así porque sus residentes centran las oportunidades en sus capacidades, aunque ello signifique renunciar a sus libertades y responsabilidades (Piña, 2012).
En términos de movilidad, la ciudad difusa es opuesta a la compacta ya que en la primera los trabajadores fungen como intermediarios en la distribución de los recursos a través de bienes y servicios. En contraste, en la urbe compacta, sus habitantes esperan la llegada de los recursos para consumirlos y no participan en su redistribución, ni siquiera en su reutilización o reciclamiento (Castro, 2012).
Sin embargo, la ciudad compacta es el centro financiero que controla las redes comerciales y las trasferencias monetarias que implican el consumo de los servicios públicos (Ide, 2012). Quizá, esta sea la diferencia esencial entre los sistemas urbanos en los que el trabajo social tiene su principal encomienda: mediar las redes distributivas.
El trabajo social al establecer inventarios de los recursos con los que cuentan la ciudad compacta y la urbe difusa, puede entablar diálogos de consumo, optimización y reutilización favorables a las comunidades, barrios y edificaciones en las que se concentran residentes y autoridades (Paniagua, 2012).
Si los conflictos emergen por el bloqueo del suministro, el abasto intermitente o el incremento de sus costos, entonces será encomiable la gestión del capital humano, el conocimiento y sobre todo las tarifas según las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades de quienes habitan las ciudades (Santamaría, 2012).
CIUDADES COMPACTAS Y  URBES DIFUSAS: GESTIÓN DE LA CONFIANZA, FIABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA
En principio, la ciudad compacta supone la emergencia de sistemas de distribución que aseguren la calidad de vida de sus habitantes, empero la urbe difusa está construida a partir de la imaginación de sus residentes (véase tabla 2). Mientras que en la urbe compacta la esfera civil está vinculada con la esfera política, en la ciudad difusa la opinión pública está lejana a lo que sus autoridades estiman conveniente para la demarcación. En tal contexto, la confianza emerge como una moneda de cambio en la urbe compacta mientras que la fiabilidad subyace en la ciudad difusa (Bermudes, 2000).
En el ámbito político, la ciudad compacta es heredera de las ciudades antiguas que velaban por la seguridad social, pero contrasta con éstas en cuanto a su infraestructura la cual le permitiría subsistir por periodos continuos de tiempo (Jimeno, 2007). Aunque la confianza a las autoridades es esencial en la urbe compacta, en realidad es la desconfianza a lo extraño lo que incentiva la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades ya que la protección a los bienes privados más que a los públicos es materia de buen gobierno y civilidad en la urbe compacta.
Por el contrario, en la ciudad difusa los bienes son privados, pero en función de tradiciones, usos y costumbres colectivas para beneplácito del Estado porque se ha encargado de desmembrar al sistema policiaco y lo ha confinado a resguardar los bienes públicos. Por ello, en el sistema difuso la fiabilidad emerge como un mecanismo de defensa ante la impunidad, opacidad, corrupción e ingobernabilidad que caracteriza a las zonas difusas (Muñoz y Martínez, 2007).
La fiabilidad es el resultado de la interrelación entre la ciudad difusa y la urbe compacta, aunque se ha relacionado con las zonas periurbanas que ni son compactas ni son difusas, sino más bien confusas (Trujano, 2011). A diferencia de la confianza que emerge de la certidumbre y la seguridad, la fiabilidad es un estado de indefensión en el que la sociedad civil está a expensas de las voluntades políticas. Es decir, la ciudad difusa parece conminar a sus residentes a emigrar a la urbe compacta antes de que ésta, la ciudad difusa, devenga en una zona de confort o conflicto que impida a la sociedad desarrollarse sostenidamente.
Antes bien, la fiabilidad es condición significativa de la participación ya que es en esta donde se orienta la movilización ciudadana por la redistribución de los recursos. Es aquí donde los sistemas tarifarios aparecen como instrumentos de gestión ya no para conservar los recursos, sino para influir en las preferencias electorales. (véase tabla 3).
En un principio los mecanismos de participación ciudadana filtraban las propuestas desde organizaciones políticas más que desde organizaciones civiles (Mota, 2002). Fue en el devenir de los derechos humanos de tercera generación donde la sociedad civil obtuvo su carta de naturalización ante las problemáticas que aquejaban a los usuarios de los servicios públicos. Empero, los derechos humanos son símbolos de resguardo de las libertades y oportunidades, pero las capacidades de organización civil distan de sus libertades ya que ésta ha demostrado que aunque su organización sea improvisada rebasa las expectativas de quienes la miran con desdén (Páez, 2006).
El pleno ejercicio de los derechos civiles supone el establecimiento de una agenda común que como ya se ha visto deviene de la información circundante en los medios de comunicación, pero la estructura urbana en donde se procesan la reorientan a una participación civil frente a las restricciones jurídicas o gubernamentales (Cabral, 2008).
No obstante que la participación quiere ocupar los espacios que el Estado ha dejado al mercado, ésta ha sido absorbida por ambos para legitimar la privatización de los servicios públicos (Mussetta, 2009).
Si la ciudadanía busca mediante la participación contrarrestar el efecto privatizador del Estado para beneficio del mercado, entonces la sociedad civil se ve obliga a excluir sectores importantes de ella para entablar un diálogo con la clase política en materia de abastecimiento de servicios públicos a costa de marginar la parte difusa de la ciudad (Castillo, Esparza, Argueta, Márquez y Velázquez, 2010).
Es así como la participación es una consecuencia de la opacidad del Estado frente al desmantelamiento del bienestar económico, social y comunitario. A medida que las instituciones públicas se transforman en sociedades anónimas o asociaciones civiles, los recursos naturales y los servicios públicos adquieren una nueva desigualdad que estriba en su administración y por la cual se espera que las capacidades de gestión determinen el desarrollo local, humano y sustentable (Escobar, 2012). De este modo, la gobernanza de los recursos naturales, energéticos e hídricos depende de la capacidad organizativa y distributiva de asociaciones civiles o sociedades anónimas.
La gobernanza sugiere que las esferas pública y privada se fusiones, que las esferas civiles, políticas y económicas converjan en acuerdos que les permitan distender la relación entre periferias difusas y centros compactos, entre los fundamentos comunitarios y los principios liberales (véase tabla 4).
Liberalismo y comunitarismo entienden a las ciudades como espacios de gestión ya sea de tradiciones o de libertades. En este sentido, el establecimiento de tarifas está claramente diferenciado en dos rubros: subsidios y sanciones.
En el primer caso, la gobernanza de los recursos se gesta desde el establecimiento de subsidios para reducir costos que permitan, según reza la lógica liberal, el otorgamiento de oportunidades en redes de distribución y consumo (Naranjo, Lopera y Granada, 2009). Por el contrario, cuando los recursos naturales son considerados como parte de la vida cotidiana y representan algo más que productos y servicios de consumo, las redes de distribución se complejizan a nivel local, regional o global. Es decir, mientras que las organizaciones multinacionales y trasnacionales quieren penetrar en las tradiciones locales y para ello buscan alianzas con pequeñas y medianas empresas, las comunidades diversifican sus significados relativos a quienes los gobiernan y quienes pretenden disuadirlos de su costumbres para adoptar estilos de vida globales (Iglesias, 2010).
Empero, la gobernanza en tanto redes de gestión está supeditada a organismos financieros multinacionales que determinan no sólo las políticas de desarrollo, sino la participación ciudadana e incluso las alianzas entre trasnacionales y pymes (Orgaz, Molina y Carrasco, 2011).
Una consecuencia directa del impacto de las políticas monetarias sobre la sociedad civil es una especie de fiabilidad de gobernanza indicada por la brecha entre la misma esfera civil. Se trata de organizaciones ciudadanas versus consumidores en donde las primeras, a través de observatorios, vigilan la tendencia del consumo y denuncian la precariedad en la que cada vez más se encuentran los individuos dispersos de la organización civil (Nin, 2012). En tal sentido, la gobernanza fue una respuesta del Estado frente a la desregulación de los servicios públicos, aunque la estrategia debió ajustarse a las realidades de gestión territorial que significaron su privatización. A medida que las sociedades adoptaron estilos de vida frugales el territorio se transformo en zonas difusas no sólo desreguladas, sino re-posicionadas por la migración. Fue así como el rediseño de políticas urbanas centró la problemática en los asentamientos humanos irregulares. La solución consistió en el reordenamiento territorial a través de instrumentos que traspasaran los límites municipales, organizaciones locales o comunidades gestoras (Rosas, Calderón y Campos, 2012).
Más allá del establecimiento de una agenda común de los servicios públicos o la gestión de un sistema tarifario, la gobernanza de los recursos naturales supone instrumentos de desarrollo local que inevitablemente conlleva la privatización de los servicios. Es decir, las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades que se construyen en redes de gestión están supeditadas al financiamiento de organismos internacionales o empresas trasnacionales capaces de absorber los montos de inversión, contratación de deuda, gasto en cuenta corriente o infraestructura sin la cual los esfuerzos locales se reducirían a conflictos. En tal coyuntura, la participación social, política y ciudadana acordes con las políticas públicas son el contrapeso a la discrecionalidad de las autoridades locales, haciendo parecer que es posible un sistema de gestión civil independiente de la acción gubernamental, pero a expensas de las capacidades que el mercado demanda para con usuarios de los servicios públicos quienes son reducidos a meros consumidores de facto (Díaz, 2013). Es cierto que la sociedad civil e incluso trasnacionales, pymes y autoridades pueden configurar un sistema de gobierno en red, pero el monto de financiamiento requerido para la construcción de infraestructura rebasa las capacidades financieras, aunque sea en los bancos donde se determinen los prestamos, la sociedad civil que acceda a tales créditos verá comprometido su futuro ya que gastará sus posibilidades futuras.
Sin embargo, en un escenario de conflicto por la administración de recursos locales, el trabajo social no sólo obedecería a los designios de las políticas públicas realizando estudios de impacto ambiental y socioeconómico, sino además tendría la posibilidad de mediar en las resoluciones de controversias. Tal intervención sería el primer paso para fusionar a la esfera civil y reencauzarla con miras a un nuevo diálogo financiero con quienes otorgan préstamos dirigidos a inversión pública en infraestructura. Aunque tal panorama es lejano,  no será posible si la sociedad civil está fragmentada.
A continuación se expondrán las propiedades psicométricas de la fiabilidad ante riesgos socio-ambientales, incertidumbre sociopolítica y conflictos socio-comunitarios en una zona caficultora de la región huasteca de San Luis Potosí, México.
MÉTODO
Diseño. Estudio transversal y correlacional.
Participantes. Se utilizó una muestra no probabilística de 28 caficultores (ingresos económicos mensuales M = 576 USD; DE = 125 USD), 32 distribuidores (M = 468 USD; DE = 25 USD) y 44 vendedores (M = 589 USD; DE = 45 USD).
Instrumento. Se construyó una Escala de Fiabilidad  la cual incluye 18 ítems relativos a sus expectativas de desarrollo, administración de sus recursos y micro financiamiento en situaciones de incertidumbre o conflicto.
Procedimiento. La escala se construyó siguiendo los supuestos de la SFT según los cuales las situaciones inciertas propician expectativas de corto plazo en los que los individuos y grupos buscan resguardar sus intereses, aunque ello implique costos significativos a largo plazo, empero el beneficio social que adquieren por su unión momentánea les significará acceso a créditos para reactivar su economía local, encauzar sus demandas a la clase política y construir nuevas relaciones basadas en la fiabilidad más que en la confianza. En tal sentido, se consideraron tres dimensiones de la fiabilidad social relativas a riesgo, incertidumbre y conflicto (véase tabla 5).
Una vez construida la escala se procedió a su aplicación en la asociación de caficultores de las comunidades. Al momento de entregarles la encuesta se les explicó que se tratada de un estudio para micro financiamiento y que los resultados de la encuesta no afectaría ni positiva ni negativamente sus ingresos o su situación de caficultor. Al terminar de responder, se revisó el cuestionario y en los casos en que alguna respuesta se repetía o la ausencia de alguna se les pidió que escribieran las razones por las que repitieron la respuesta o dejaron en blanco el ítem. La captura de datos se realizó en el Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) y Análisis de Momentos Estructurales (AMOS por sus siglas en inglés) en sus versiones 20.0
Análisis. Se llevaron a cabo pruebas de distribución normal, confiabilidad, validez, correlación y varianza (véase tabla 6).
Normalidad. Se utilizó el parámetro de Curtosis para establecer la distribución normal de las respuestas al instrumento. También se estimó el parámetro Boostrap para establecer el nivel de significancia.
Confiabilidad. Se utilizó el estadístico alfa de Crombach para estimar la consistencia interna de los ítems en referencia a la escala o subescalas. Se consideró un valor cercano a la unidad como sinónimo de colinealidad y un valor cercano a cero como evidencia de relación espuria. Los valores que superaron el 0,60 hasta 0,90 fueron asumidos como argumento de confiabilidad. De este modo, la escala obtuvo una confiabilidad general de 0,718 y las subescalas obtuvieron alfas de 0,691 para riesgo socio-ambiental, 0,719 para incertidumbre sociopolítica y 0,791 para conflicto socio-comunitario.
Validez. Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación varimax para establecer las correlaciones entre los ítems y los factores. Los valores superiores a 0,300 fueron asumidos como evidencia de validez de constructo. El primer factor relativo a la fiabilidad ante riesgos socio-ambientales explicó el 48% de la varianza e incluyó los ítems 3, 8, 11 y 16 mientras que el segundo factor alusivo a la fiabilidad ante incertidumbre sociopolítica se conformó por los reactivos 21, 22 y 27 explicando el 19% de la varianza. Por último, el tercer factor se refirió a la fiabilidad ante conflictos socio-ambientales explicó el 8% de la varianza e incluyó los indicadores 40, 48, 49 y 52
Correlación. Se estimó una correlación de Pearson para establecer relaciones de dependencia entre los factores y poder especificar un modelo lineal general. Los valores entre 0,30 y 0,90 fueron considerados como sinónimos de asociación.
Anova. Se utilizó el parámetro de Levene para la homogeneidad de la varianza y Fisher para las diferencias a fin de establecer diferencias entre los grupos de caficultores, distribuidores y vendedores según su grado de riesgo, incertidumbre y conflicto.
RESULTADOS
Una vez establecidas las propiedades psicométricas, se procedió a estimar las asociaciones entre los factores (véase tabla 7). La fiabilidad ante riesgos socio-ambientales correlacionó positivamente con la fiabilidad ante la incertidumbre sociopolítica (r = 0,728; p = .000). Tal hallazgo es relevante ya que un aumento de la unión entre caficultores, distribuidores y vendedores ante sequías e inundaciones está vinculada con un crecimiento de la unión entre estos microempresarios ante los desaciertos de sus autoridades. Es decir, ante las amenazas ambientales como la corrupción o la opacidad política unen a los caficultores, empero tales situaciones están relacionadas negativamente al surgir diferencias entre ellos (r = -0,418; p = 0.000 y r = 0,515; p = 0.000 respectivamente).
Los riesgos, incertidumbres y conflictos impactan diferencialmente a caficultores, distribuidores y vendedores (véase tabla 8). En la primera situación, las sequias e inundaciones propician diferencias significativas entre productores, distribuidores y vendedores al momento de intentar unirse para afrontar las problemáticas (F = 24,812; p = 0,001), sin embargo, respecto a la corrupción u opacidad de sus autoridades, las diferencias se reducen a su mínima expresión ya que no existen diferencias significativas entre los grupos (F = 14,811; p = 0,230). Por último, los conflictos derivados de la administración de los recursos naturales propician diferencias entre los tres grupos (F = 17,812; p = 0,000)
En síntesis, la fiabilidad de caficultores, distribuidores y vendedores ante riesgos socio-ambientales, incertidumbres sociopolíticas y conflictos socio-comunitarios parece estar diseminada. Ello implica que la relación entre ciudadanos y autoridades está expuesta a cambios ambientales y políticos que hacen más vulnerable a la microrregión de estudio. Por ello, es indispensable diseñar un sistema tarifario para reconstruir no sólo la fiabilidad entre ciudadanos, sino la confianza para con sus autoridades. En este sentido, es indispensable un sistema de tarifas parra regular  los servicios públicos y redistribuir los recursos naturales.
DISCUSIÓN
El presente trabajo ha establecido diferencias significativas entre caficultores, distribuidores y vendedores con respecto a su fiabilidad ante riesgos, incertidumbres y conflictos relativos a inundaciones, sequías o acceso de recursos financieros y naturales. En referencia al estudio de Topa, Moriano, Morales y Moreno (2010) en donde el apoyo grupal y organizacional se relacionó positivamente con la identidad grupal y organizacional, el presente estudio encontró una desunión al momento de enfrentar contingencias ambientales y conflictos por el manejo de los recursos. Es decir, la identidad de grupo que parece unir a los caficultores ante los desaciertos de sus autoridades en materia de gestión de recursos, parece diluirse al momento de surgir contingencias ambientales como sequías e inundaciones. En este sentido, es menester profundizar en los procesos de identidad y alteridad de la ciudadanía para con sus autoridades en situaciones de riesgo ambiental e incertidumbre política.
No obstante que la identidad de caficultores está orientada al financiamiento gubernamental y las contingencias ambientales, su fiabilidad está imbricada en los conflictos que se generan al interior de la asociación de productores, distribuidores y vendedores de café ya que a diferencia de los procesos de confianza en los que la estabilidad es su condición indispensable, la fiabilidad por el contrario emerge ante situaciones inestables. Es por ello que la comparación, entre grupos que interactúan en ambientes estables en referencia a grupos que se interrelacionan en situaciones inestables, deberá considerar a la participación política como un indicador de gobernanza de los recursos naturales.
Sin embargo, el estudio de Rubio, Herrera y Pérez (2007) muestra que la superviviencia activa redes de colaboración y confianza en las que las comunidades desarrollan un capital más vertical que horizontal, ello implica no sólo la exclusión de autoridades en referencia a la toma de decisiones para el afrontamiento de riesgos ambientales, sino además supone la emergencia y reconfiguración de asociaciones paralelas a las instituciones del Estado. Se trata de una fiabilidad cercana a organizaciones civiles más que gubernamentales o políticas. Es decir, la sociedad en general y las comunidades en particular, están perdiendo la solidaridad que la caracterizaba ante contingencias ambientales, crisis económicas o ingobernabilidad política.
Ayer las problemáticas ambientales, económicas y políticas unían tanto a grandes como a pequeñas comunidades, hoy sequías e inundaciones, opacidad y corrupción parecen unir y fragmentar a los grupos ya que el capital natural no deviene en capital social, humano o heredado.
En tal panorama, la gobernanza de los recursos naturales está confinada a tratar de unir a individuos, grupos, comunidades, barrios u organizaciones más que a la preservación del capital natural para beneficio de las especies actuales y futuras, vegetales y animales.
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