REFORMAS Y MAS REFORMAS

La transnacionalización de la economía mexicana es un proceso muy antiguo. Se viene dando desde tiempos coloniales, solo que en el virreinato esta solo es con España. Posteriormente, durante el periodo independiente la presión de las potencias capitalistas desde inicios se hace patente. Es la propia España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos las principales potencias interesadas en el país. Las presiones no se hace esperar, desde inicios la nueva nación mexicana adquiere compromisos financieros con el extranjero y la injerencia es desde entonces una realidad nacional.
El artículo 27 constitucional establece la soberanía del pueblo de México sobre los recursos del suelo, el subsuelo y el espacio que comprende el territorio nacional. La explotación de recursos que son considerados estratégicos para el desarrollo del país son privativos de la nación por lo que solo el gobierno puede explotarles, salvo concesión permisible según se trate del recurso como del particular interesado, destacan las concesiones mineras, por dar un ejemplo. Sin embargo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos no son viables para su explotación por particulares, menos por extranjeros.
La constitución prohíbe que el Estado celebre contratos con particulares para la explotación de hidrocarburos, la finalidad es no entregar un recurso vital y estratégico para el crecimiento como para el desarrollo de la economía del país al control de persona, grupo o potencia extranjera que pueda bajo su monopolio direccionar el debido uso del recurso para fines de la equidad.
La generación, extracción, distribución y abasto de recursos que son fuente de la energía, así como la propia energía son exclusividad del Estado. No obstante la mitad de la energía eléctrica la generan empresas particulares que celebran contratos con la CFE.
Las reformas actuales simplemente lo que desean es que particulares puedan ingresar a este ámbito económico, hasta ahora privativo de la injerencia del Estado. El riesgo no es que mexicanos, como particulares, exploten este sector tan importante para el desarrollo, sino que lo hagan extranjeros. Lo primero que se pierde es la soberanía sobre un recurso estratégico para el futuro de la nación. Lo segundo es inminente saqueo de la riqueza nacional.
Situación extrema es el desarrollo de plantas generadoras de energía de origen nuclear. En manos de particulares la responsabilidad es muy alta y riesgosa. Usos bélicos como displicencia pueden causar un siniestro nuclear. La tutela del Estado es necesaria por diversos e importantes aspectos. Su abandono y traslado a manos de particulares tiene serias y riesgosas implicaciones.
Quienes promueven la reforma energética actual no en sí la administración de Enrique Peña Nieto, desde tiempos de Vicente Fox ya es patente la presión de las transnacionales. Es hasta ahora que los pendientes de administraciones anteriores como la de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyas administraciones fueron pusilánimes en promover las reformas, son llevadas con especial encono por el nuevo PRI. El compromiso de la presente administración con los intereses norteamericanos en el país es admitido como pago por transitar las fuerzas políticas a favor del regreso de este partido al poder. Así como en 1987 se “cae el sistema” para inclinar la balanza de los comicios a los resultados convenientes a las transnacionales, en el 2012 el “sistema electoral” convenientemente favorece a la clase política que resulta en abierto servilismo a la plutonomía nacional como extranjera.