LAS REFORMAS

El resultado de casi medio siglo de políticas neoliberales aplicadas a la economía nacional, son precisamente las mismas que dieron pie al estallido de la revolución mexicana de 1910 como resultado de otro medio siglo de liberalismo, propiamente desde tiempos de la Reforma (1857 – 1961).
Es en 1965 con la implementación del Programa de la industria maquiladora de exportación que se tienen las primeras iniciativas de corte neoliberal en México en el diseño de su programa de gobierno. Desde luego bajo las directrices de los Estados Unidos de América y con base a la corriente, entonces muy reciente, que en su momento lidera Arthur Lewis (Premio Nobel de Economía, 1979).
Sostiene Carlos Marx que los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetirla. En México dicha lección al parecer nos lleva a vivir en una sociedad convulsionada por el efecto del neoliberalismo que causa la proliferación de la violencia, la inseguridad, la impunidad, la delincuencia organizada, como efecto de la pérdida de la justicia, la equidad y la igualdad.
La indización del salario nominal a la inflación nominal viene a congelar el salario real (poder adquisitivo), de los trabajadores. El año en que mayor poder adquisitivo tiene el salario mínimo en el país es precisamente en 1965, precisamente en el primer año de gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz (descendiente del Gral. Porfirio Díaz). Este es en pesos de ahora equivalente a $630 (seis cientos treinta pesos). El salario mínimo el día de hoy (aunque cambia de zona en zona) es de aproximadamente de $60 (sesenta pesos). El coeficiente de dependencia de hace 50 años es de 7 a 1 (con lo que gana una persona se sostienen siete). Ahora es de 1 a 2 (con el sueldo de uno se sostienen dos personas). En pocas palabras, el efecto es el recrudecimiento de la pobreza.
Se dijo en la década de los años 80 de la vigésima centuria que el problema del hambre en México había sido erradicado, ahora el tema es mejorar la calidad en la nutrición (presidente José López Portillo). Destacable es que al inicio del sexenio del Lic. Enrique Peña Nieto el principal programa social echado a andar viene a combatir ¡el hambre! Asimismo, la pobreza extrema viene en aumento a la par de la violencia, la inseguridad, la impunidad y la delincuencia.
Los neo liberales ante esta situación sostienen que la teoría económica no se equivoca, sino que las condiciones de corrupción en el país explican por qué no operan las políticas implementadas como se espera. Por ello sostienen que debe revisarse el orden institucional (constitucional) que ampare y respalde la tesis del libre mercado que sea garante de su efectividad benéfica.
La concilia política es clave para lograr reformas fundamentales que vulneran intereses históricamente establecidos, sumamente delicados y que conllevan compromisos con el corporativo nacional. El primer paso por tanto es el Pacto por México, donde las principales fuerzas políticas se ven congruentes con el ejecutivo nacional para respaldar sus iniciativas en el Congreso de la Unión.
El pacto se erige bajo el emblema de combatir los monopolios, los privilegios fiscales y de alguna forma atacar los poderes de grupos o poderes fácticos. En realidad es la concertacesión que se da para lograr reformas en materia de educación, energía, telecomunicaciones y de hacienda. Desde ese momento queda en evidencia que el principal costa político (entre otros) es la democracia y el voto ciudadano (costo cívico), así como la soberanía y el patrimonio nacional.
Las reformas se inician desde 1989 durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. No se han podido dar a la velocidad que deseara la derecha del país por la oposición que ejercen las organizaciones de los trabajadores. Quizá la más delicada es la relativa a la Ley Federal del Trabajo que se logra gracias a la concertacesión lograda con los partidos políticos por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El actual reto en materia de reformas son básicamente tres: la reforma energética (apertura), la reforma en educación (flexibilidad laboral), la de telecomunicaciones y la reforma hacendaria (gravar alimentos y medicinas).
El Partido Revolucionario institucional en sus estatutos admite una abierta orientación social demócrata. Herencia de la revolución mexicana admitida en los artículos constitucionales 27 y 123. Recientemente las reforma para ser consistente en la promoción de políticas neoliberales, mismas que matizan precisamente sus iniciativas recientes en el Congreso de la Nación.
Se admite que prácticamente ya se han agotado las reservas petroleras superficiales que por décadas explota la nación. En especial las del Golfo de México. No obstante, en yacimientos profundos la nación presenta una nueva y mayor riqueza petrolera. Su explotación requiere inversiones muy fuertes que en corto la nación no puede sufragar. Para ello desea abrir a la inversión privada algunos rubros en materia de exploración de nuevos yacimientos, refinación de aceites y gasolinas, la petroquímica, en especial en materia de polímeros, el desarrollo de petroquímica así como la transportación de los hidrocarburos.
En materia hacendaria el principal interés es subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 19% para homologarlo al impuesto prevaleciente correspondiente en las naciones que integran la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE). Impuesto directo y que resulta progresivo al nivel de ingreso de las personas, grava proporcionalmente más a los ricos que a los pobres, por tener estos últimos un nivel de gasto muy superior.
La descentralización del Ejecutivo federal iniciada en periodos de Miguel De La Madrid Hurtado pretendía desmembrar sindicatos. Iba dirigida a los más grandes, destaca el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En su momento se boicotea a Carlos Joguitud Barrios y al mismo sindicato, quien se opone a la descentralización puesto que esto dividiría (como sucede) al sindicato en 32 entidades mucho más pequeñas de orden estatal (divide y vencerás). Esto gracias a la actuación interna de la maestra Elba Esther Gordillo, actualmente presa (desde le 29 de febrero de 2013). Monstruos que crea el sistema, usa, abusa y desusa a su antojo e interés.
La reforma a la Ley que regula las telecomunicaciones abre el sector a la inversión extranjera, pero beneficia directamente a Televisa (Azcárraga Jan), Televisión Azteca (Salinas Pliego) y TELMEX (Carlos Slim).
En todas estas reformas el llamado Pacto por México es un instrumento de coerción importante. Se compromete la democracia a cambio de la concertacesión entre partidos que se reparten el poder a cambio de admitir las iniciativas que al Congreso de la Nación lleguen por parte del Ejecutivo nacional. Y el costo social no es solo esto sino las lesiones a las bases corporativas del propio estado, resentida, golpeada y debilitada a interés de la plutocracia y la plutonomía que rige actualmente al país.
Las reformas institucionales propuestas por Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión van dirigidas finalmente a afectas las relaciones industriales capital – trabajo del país. En la nueva lógica de la producción flexible, vienen a favorecer a la parte patronal, y en especial del capital trasnacional que opera en el país. Los trabajadores pierden, y el estado se deslinda y descarga de responsabilidades al trabajo. Tocan directamente los contenidos de los artículos 27 y 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fiscalmente las contribuciones cambian de peso a favor de la clase patronal, así como el destino del gasto de gobierno donde la seguridad social es la parte más comprometida. Los impuestos van cargándose a las clases trabajadoras, el trabajo informal tenderá a desaparecer lo que viene ampliando la base fiscal. Así también el destino del gasto abandona los programas sociales para asistir más a los empresariales. El Estado de bienestar tiene su “tiro de gracia” y con ello se da fin al carácter social demócrata que caracteriza al Estado mexicano desde los años 30 de la vigésima centuria.
Un Estado neoliberal, deshumanizado, desasociado de las demandas vitales de la población. Frío. Cuyo principal interés es el de la empresa, de la oportunidad y de la capitalización. De la explotación eficiente de los recursos naturales (donde eficiencia no significa sustentabilidad). Es el nuevo Estado mexicano que desde 1989, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, se perfila.
Los movimientos sociales ahora son motivados por la búsqueda de preservar los derechos de los trabajadores, anteriormente ganados en luchas pretéritas. Si en la asistencia social se abandona a la educación, quienes son afectados son los profesores, y en especial sus organizaciones (SNTE, CNTE). Si se afecta un subsidio nacional dirigido a un servicio público como el de la energía eléctrica, los afectados no  solo es la población receptiva del mismo, sino los trabajadores de la CFE, en especial en su organización sindical (SME). Si se va a tocar la responsabilidad empresarial necesariamente los perjudicados son los empleados y vienen a temblar la seguridad social en sus expresiones institucional: el IMSS, el ISSSTE…
Es entonces que todo se traduce en perjurio del trabajo, de sus organizaciones y de la población receptiva de programas sociales, a favor de lograr contrarrestar la caída generalizada de la tasa de ganancia de los negocios. No hay en sí una nueva lógica de acumulación capitalista, solo de los instrumentos de capitalización de las empresas. El depauperio del trabajo conlleva la lógica que explica los movimientos sociales que desde el segundo lustro de los años 80 del siglo pasado se viene dando.
La derecha ensoberbecida se alía con la izquierda incipiente y mustia. La clase política mexicana, al fin abiertamente mercenaria, en el Pacto por México, ganan espacios de poder a cambio de concesiones al capital para lograr el clima institucional que alenté una nueva organización social del trabajo y la producción fehaciente a los empleadores, cuyo costo social es el aumento de la pobreza entre los trabajadores, así como el abandono paulatino y sistemático de las demandas sociales, en razón de una mejor y mayor rentabilidad de las empresas.