LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA EN AMÉRICA LATINA. Cooperación Hispano- Venezolana

1.3- Valoración del contexto de desarrollo.

En lo político-institucional y tal y como hemos visto en el presente capítulo, el país destacó por el alto nivel de enfrentamiento y polarización ideológica de buena parte de la sociedad venezolana. Pese a lo anterior, tanto las elecciones regionales, como legislativas, constituyeron una clara prueba de la posibilidad real de que la línea opositora pueda acceder al poder. Sin embargo, el recorte, más o menos legal, de las competencias de alcaldes y gobernadores de oposición; así como la nueva ley habilitante, que permitió al presidente legislar por decreto sobre una amplia gama de temas, vacío de contenido las capacidades de la AN y fue una vía de hecho para disminuir el ejercicio del poder por parte de alternativas distintas al “Chavismo”. En este sentido la posibilidad de relección presidencial constituyó también una manera indirecta de limitar el acceso al poder de otras corrientes políticas, pues la disponibilidad que tuvo el “oficialismo” de los recursos del Estado, en un régimen fuertemente presidencialista, supuso una clara ventaja en los distintos procesos eleccionarios. Lo anterior fue especialmente relevante si consideramos el contexto venezolano, en el que se plantean serias dudas sobre la efectiva separación de poderes. Los cuestionamientos fueron especialmente graves en lo tocante al poder judicial, también en relación al poder legislativo; sobre el que el “oficialismo” ejerció un control casi absoluto, pese al avance de la oposición en la AN.

Entorno a lo analizado desde la perspectiva político-institucional, el período genera diversas preguntas que son objeto de intensos debates tanto en el mundo académico, como en los medios de comunicación y la sociedad venezolana. Quizá la cuestión más importante gira en torno a cómo explicar la ambigua actitud del GBV frente a los principios de la democracia liberal. Por un lado fue claro el respeto “formal” del oficialismo ante los principios democráticos de tradición liberal, al tiempo que, por otro lado, se limitó el ejercicio del poder por parte de los opositores. Existen diversas tesis, que intentaron explicar esta aparente contradicción. En la primera de ellas se propone que la “dinámica” impuesta por los hechos fue marcando la “radicalización democrática” del “Chavismo”. Desde esta perspectiva el Golpe de Estado del 2002 y el subsiguiente “Paro Petrolero”, impulsados por los sectores más radicales de la oposición, crearon las bases reales para “justificar” la persecución política de los adversarios del Chavismo por todos los medios disponibles. Una segunda tesis, propuesta desde el oficialismo, apuntaría a que en Venezuela se ensaya un nuevo modelo de “socialismo democrático” que genero, durante el período estudiado, las tensiones propias del enfrentamiento político, pero que respeta los principios de la democracia liberal. Una tercera y última tesis, defendida por ciertos sectores de la oposición, tomaría como base de análisis la perspectiva marxista, señalando que, si bien el “Modelo Socialista Venezolano” es confuso y poco ortodoxo, éste estaría utilizando las instituciones propias de la democracia liberal en tanto en cuanto herramientas útiles para la transitar hacia una sociedad comunista.

En lo económico y siguiendo lo visto en el capítulo y lo planteado por autores como Dieterich, el período destaca por que incluso desde la perspectiva teórica del SSXXI “las medidas aplicadas en Venezuela han sido claramente erróneas y voluntaristas y no han logrado resolver los problemas estructurales de la economía venezolana, tales como la inflación, la falta de incentivo a la producción nacional y el desabastecimiento” (Dieterich 2008a). En este sentido destaca también la profundización de la dependencia nacional del sector petrolero en el marco del tradicional modelo estatista venezolano.

En lo social, la ola de reformas, con clara orientación hacia los postulados socialistas, generó una fuerte oposición en una fracción importante de la población venezolana y polarizó de manera notable al conjunto de la sociedad. Lo anterior tuvo su reflejo en todas las esferas de la vida nacional. Sin embargo, en términos generales, el país avanzó en la consecución de los objetivos de desarrollo vinculados con la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Esto se debió no tanto al efecto de las misiones, entendidos como programas de transferencias, como al aumento de los ingresos laborales (Hopenhaynd 2012), lo que supone un importante riesgo de retroceso puesto que, debido a un ingreso petrolero alto, “es posible que los ingresos de los hogares puedan mejorar sin que la economía sea más productiva” (España 2012), lo que no genera condiciones estructurales con las que, ante una hipotética caída del precio petrolero, se puedan sostener los avances logrados. En todo caso hay que considerar también como positivos los avances alcanzados en relación al cumplimiento del resto de los ODM. Sin embargo estos avances también deben matizarse e interpretarse a la luz de los datos que señalan el buen desempeño del resto de PRMA de la Región en cuanto a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, tal y como se ha presentado hasta aquí. Por otro lado subsisten dudas sobre el grado de eficiencia con que se usaron los recursos durante los años de bonanza petrolera, especialmente durante la primera parte del período estudiado. Lo anterior plantea interrogantes en términos costo-beneficio, señalando la posibilidad, más que plausible, de que los avances logrados fueron mucho menores de lo que debieron haber sido. Por último un aspecto de gran importancia es el relativo a los niveles de sostenibilidad de las políticas sociales en un contexto en el que los ingresos petroleros, principal sostén de los gastos sociales, descendieron durante los últimos años del período estudiado.

Pese a los importantes avances en la reducción de la pobreza, la disminución de las brechas de desigualdad, y el cumplimiento de  los ODM, fruto tanto de los beneficios extraordinarios de los precios petroleros, la mejoría de los ingresos laborales y la mayor distribución de las rentas, todo ello en el marco de la aplicación de los masivos programas sociales en un contexto de clara expansión económica; subsisten problemas estructurales, muy propios de la especial coyuntura venezolana, que suponen una amenaza real de retroceso en los logros alcanzados y que justifican la permanencia de la cooperación externa. Los principales problemas son: la excesiva polarización política, la alta dependencia de la renta petrolera en el marco del tradicional estatismo venezolano, y los muy elevados índices de violencia. En este sentido y como se verá al analizar en detalle el programa de cooperación Hispano-Venezolano, implementado en el período 2006-2010, es claro que la CE debió de orientarse claramente a la resolución de los mencionados problemas, algo que no se hizo, en el marco de agendas y objetivos de cooperación más acordes con las características de  Venezuela en su condición de PRMA. Por otro lado el complicado clima institucional y político de Venezuela sirvió como base argumental sobre la que explicar y justificar el bajo desempeño de la CE en el país, lo que, como se demostrará en nuestro trabajo, fue un factor influyente pero no determinante en los deficientes resultados de la cooperación en el caso estudiado.