LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

MODERNIDAD: FIN DE LA REVOLUCIÓN

1990

A la Revolución Mexicana nada le es más ajeno, más contradictorio e incompatible que la modernidad friedmaniana. La Revolución nos enseñó a emocionarnos con las nacionalizaciones que despojaban a los explotadores y nos hablaban de Patria. La modernización es fría y calculadora, habla de eficiencia y productividad.

Moisés Lozano

El propósito de los hombres que hicieron la Revolución Mexicana era alcanzar la justicia social. Hoy, a 80 años de tan trascendental hecho histórico, aún vivimos en un país grandes desigualdades sociales y económicas. El propósito revolucionario no se ha cumplido.

La Constitución de 1917 estableció el marco jurídico para cimentar una sociedad justa e igualitaria durante las décadas siguientes, los gobiernos emanados de la Revolución moldearon un Estado fuerte. Cuya intervención directa en la economía garantizara el progreso económico y el desarrollo social. Un Estado que garantizara un justo equilibrio entre las clases sociales. Un Estado basado en el principio revolucionario de que “...ninguna de las clases sociales puede oprimir a las demás ni sobreponerse a la nación”. Como lo postula el texto de la Declaración de Principios del PRI. Partido heredero y defensor (al menos teóricamente) de los principios básicos de la Revolución Mexicana. Un Estado (como lo dice la misma Declaración) “...Nacional y Revolucionario (cuya) función primordial consiste en procurar un bienestar creciente a toda colectividad, velando por la eficiencia de sus derechos y protegidos por la Constitución”.

Un Estado nacionalista que comprendía que la intervención del capital extranjero y cualquier otro interés ajeno al país amenazaba nuestra soberanía. Un Estado cuyo nacionalismo radicaba en la experiencia vivida de las consecuencias que ésta intervención ocasionaba al país. Un Estado Nacionalista capaz de limitar y controlar la presencia de intereses extranjeros dentro de nuestras fronteras.

Al paso de los años, ese Estado perdió de vista los objetivos para los que fue creado y dejó de cumplir sus propósitos. Los intereses de los grandes grupos económicos se impusieron y el Estado dejó de servir al pueblo.

Nuestra nueva coyuntura histórica impone un cambio. Y el cambio se está dando. Pero en un sentido inverso al que se requiere. En lugar de reafirmar los objetivos y propósitos de ese Estado. En lugar de volverlo eficiente y justo, se le cancelan todas sus posibilidades de actuar en favor de los desposeídos. Se le transforma en un Estado reducido y limitado. En un Estado con un carácter distinto.

El Estado antiguo era ya obsoleto para los fines e intereses económicos de los grandes propietarios. A pesar de privilegios con su política económica, su ambivalencia (que por momentos lo lleva a cumplir con sus compromisos con las grandes mayorías) significa un límite a la expansión del gran capital. La decisión de desmantelar ese Estado no fue sino otra victoria de esos poderosos grupos. El Estado Nacionalista y Revolucionario fue substituido por Estado Solidario y promotor.

La redefinición del Estado no ha significado un avance en la creación de mecanismos para el cumplimiento de los propósitos de justicia social. No ha significado su acercamiento a los postulados revolucionarios. Por el contrario significa un alejamiento mayor. Alejamiento que quizá cumpla objetivos de progreso económico, pero no de justicia social.

Los principios y los objetivos han cambiado. Revolución por Modernización, Nacionalismo por Integración. Justicia por Integración. Justicia por Solidaridad. Intervencionismo por Promoción. La revolución como propósito histórico. Como fuente de inspiración para el cambio social. Como principio rector de las instituciones y de los actos del Estado ha llegado a su fin. Cualquier referencia actual por parte de los gobernantes no es sino mera retórica. Recurso para el discurso, pero no más para la acción política y social. El segundo informe presidencial parece demostrar que no son tiempos, ya, de hablar de Revolución. En dicho informe únicamente hay una breve referencia a la Revolución y sólo como apunte histórico.

Los principios, las instituciones, las leyes, los mecanismos que la Revolución creó para cumplir sus objetivos han sido cancelados. Sin ellos no existe posibilidad alguna.

El propósito revolucionario ha quedado, quedará, incumplido. La Revolución ha sido cancelada. Basta ver la realidad para comprobar, en los hechos, las palabras.

México es hoy un país con 40 millones de personas (el 50% de la población) en la pobreza total. Sin capacidad para satisfacer sus necesidades elementales de alimento, salud, vestido y vivienda. (Según datos del Consejo Consultivo PRONASOL). Según la misma fuente, 16 millones de personas no perciben un salario mínimo. Y una cantidad igual alcanza apenas a percibir ese salario.

Según datos del Banco de México y la Secretaría de Programación y Presupuesto, la participación de los sueldos y salarios, como porcentaje del ingreso nacional, cayó de un 43.8% en 1976 a un 26% en 1990. Ello significa una distribución cada vez más desigual (y por lo tanto inequitativa e injusta) del ingreso y la riqueza. En la actualidad el 15% de la población concentra la propiedad del 80% de la riqueza nacional. El 20% de las familias mas pobres reciben apenas el 4.5% del ingreso nacional y el 20% de las más ricas concentran el 51% de dicho ingreso (datos del PRONASOL).

Existe en la actualidad 8 millones de personas sin empleo. Esto es, cerca del 30% de la Población Económicamente Activa, que es de 26 millones, (según datos del INEGI y el IMSS).

La capacidad de las mayorías para influir en las decisiones de Gobierno también se ha deteriorado. La correlación de fuerzas se ha movido en su contra. El sistema político ha obstaculizado su participación real. Esto se refleja en una incapacidad para impedir que se le imponga una política económica adversa a sus intereses. La reciente firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PECE) es una muestra palpable de ello.

A pesar del amplio deterioro del poder adquisitivo del salario en los últimos años. Con dicha firma se acordó un aumento salarial de apenas el 18%. Cuando, tan solo la inflación de este año es superior a ese porcentaje. Más grave es que dicho acuerdo, estipuló también nuevos incrementos a los precios de los insumos básicos (gasolina, diesel, electricidad). Todavía más grave, es que dicha firma se llevó a espaldas y sin el consentimiento de los trabajadores. En una acción rápida y sorpresiva, que dice mucho en contra de la política de concertación del actual Gobierno.

A si mismo, si la firma del pacto fue un acuerdo para que sólo se incrementara el salario y los precios ya mencionados. No se entiende por qué, unos días después de dicha firma, se autorizó el aumento a los precios del azúcar, el transporte y las cuotas para el tráfico carretero. Incrementos que no se incluyeron en el acuerdo y por lo tanto no fueron pactados. Ello implica una violación a los acuerdos firmados. Significa una ofensa para quienes todavía creen en los compromisos del Gobierno. Y constituye un acto autoritario contra toda la población a la que se le imponen medidas (de por sí lesivas) contrarias a las declaraciones y acuerdos oficiales.

El incumplimiento del propósito de brindar justicia social a la población queda de manifiesto también en la forma como han evolucionado los salarios y la productividad del trabajo.

Tanto el Gobierno como los empresarios han manejado el argumento de que los salarios deben incrementarse en la medida que lo haga la productividad. Sin embargo, de 1987 a la fecha (según datos del INEGI) el índice de productividad de la industria manufacturera se ha incrementado un 18.65%. A pesar de ello, el salario, en esa rama, sólo se ha incrementado un 11%. Según datos publicados por Ignacio Rodríguez (El Financiero 3-09-90), en la industria de los textiles, de marzo de 1989 a marzo de 1990, la productividad se incrementó un 12.1%. Sin embargo los salarios tuvieron una caída del 14.5%. En la industria metálica básica, en el mismo período, el incremento productivo fue del 12% y la caída de los salarios del 10.2%. En la rama del papel, el alza fue de 9.59 y la caída del 1.9% respectivamente.

Ello muestra que no sólo no hay congruencia en el discurso. Sino que tampoco la hay respecto al compromiso. Y se abusa de la capacidad de resistencia de los trabajadores. Sobre cuyas espaldas se pretende construir el “México Moderno”.

La redefinición del Estado y el nuevo proyecto económico son, pues, la renuncia a los principios revolucionarios. Marcan la ruptura con la ideología de la Revolución. Ruptura que implica, también, un distanciamiento ideológico entre el Gobierno y su Partido.

El Estado moderno y su Proyecto económico cancelan la vigencia de los propósitos revolucionarios como marco de referencia para establecer el rumbo del país. La Revolución ha muerto. ¡Viva la Revolución!