LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y EL PROCESO DE REGULACIÓN EN MÉXICO, 1993 – 1999

Fernando Ramírez Hernández(*)

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4.3.3 Un espacio para el sector eléctrico

A raíz de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la participación del sector privado en este sector ha crecido, aunque lo ha hecho un buen ritmo, dicha participación aún es marginal representa el 4.2 por ciento de la capacidad total instalada en el país. Esta cifra, no incluye a los permisionarios de producción independiente de energía eléctrica (PIE) que entrarán en operación entre 2000 y 2002. Los permisos de PIE representan 37 por ciento de la capacidad de generación asignada hasta la fecha a los particulares y 30 por ciento de la inversión comprometida en proyectos que no son para el servicio público. Como consecuencia de la creciente participación privada en el desarrollo de infraestructura en el sector energético, la CRE ha otorgado 163 permisos de generación e importación de electricidad. Estos permisos representan una inversión de 3,770 millones de dólares para la construcción y operación de 5,460 MW de capacidad de generación. Del total de permisos, 36 han sido otorgados a Pemex para las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración, mismos que representan 20 por ciento de la capacidad e inversión total en generación de energía eléctrica que no es para servicio público. A la fecha, existen 149 permisos de generación e importación que representan inversiones de 5.5 mil millones de dólares para la construcción y operación de 8,794 Megawatts de capacidad, 37 por ciento de la cual será destinada para venta a la Comisión Federal de Electricidad a través de proyectos de producción independiente de energía eléctrica.

Cuadro 4.6

Fuente. CRE

La propuesta de reforma

El evento más significativo para el sector energético en los últimos años fue la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en febrero de 2000. El objetivo de la iniciativa es establecer las bases para realizar un profundo cambio estructural en la industria de energía eléctrica. La reforma busca garantizar en el largo plazo el suministro confiable, de alta calidad y a precios competitivos; reducir el impacto presupuestario y los riesgos asumidos por el Gobierno para la expansión del sector eléctrico nacional y reafirmar la rectoría del Estado en esta industria.

Además, se pretende lograr una apertura adicional a la inversión privada, introducir competencia en diferentes segmentos de la industria, acompañadas de una nueva ley de electricidad. Las reformas incluirían la creación de operadores de sistema y de mercado independientes y empresas separadas de generación, transmisión y distribución. El cambio estructural planteado en esta iniciativa de reforma constitucional considera las particularidades de la economía mexicana y su sector eléctrico e incorpora las mejores prácticas adoptadas en los sectores eléctricos de otros países.

Las recomendaciones de la OCDE para la reestructuración del sector eléctrico en México

Para la OCDE las reformas deben empezar con una reestructuración del mercado, separando la capacidad de generación de la red de transmisión y distribución. Posteriormente, debe permitirse la existencia de un número suficiente de generadores y distribuidores independientes para que puedan conformar un mercado competitivo.

En cuanto a la regulación de la red transmisora debe asegurarse el acceso equitativo a todos los generadores, además, el precio de este servicio de interconexión es una de las claves para permitir la competencia real.

Para el caso de México, conviene señalar algunos puntos concretos:

1. Existencia de múltiples compradores y vendedores que tengan información confiable para tomar sus decisiones. Todos los participantes deberán competir bajo las mismas condiciones.

2. Cuando por razones técnicas sea más conveniente que exista solamente un proveedor en vez de varios (monopolio natural), la posesión privada de los medios de producción debe complementarse con esquemas que regulen su funcionamiento, de manera que se asemeje a las condiciones de mercado.

3. Facilitar la participación de un número suficiente de generadores que hagan efectiva la competencia, sin que ninguno cuente con subsidios del gobierno. El mercado de generación eléctrica también debe incluir, sin restricción alguna, la participación de empresas extranjeras.

En esta línea se encamina la propuesta presentada por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión. La iniciativa aludida se fundamenta en la libre participación de empresas públicas y privadas en la generación de electricidad en México, y constituye una propuesta muy razonable para enfrentar los retos de la industria eléctrica.