SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL

SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL "ESPACIO SOCIAL-NATURAL" DE LA CIUDAD DE PUEBLA 1984-2010

Rafael de Jesús López Zamora (CV)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1.6.- Modelos de gestión de los servicios de agua potable

En la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento se identifican dos tendencias o visiones dominantes polarizadas que se enmarcan en la visión general dominante: el modelo de gestión privada de corte empresarial y el modelo de gestión pública estatal. Una tercera vía estaría identificada con la gestión social o ciudadana o comunal de aquellos servicios, es una experiencia participativa a nivel municipal relativamente muy reciente como los casos de algunas ciudades de Brasil desde fines de los años ochenta, de Bolivia y más recientemente de Venezuela (Castro, 2005).
Cuando estudiamos los modelos de gestión de los SAPAS y a fin de identificarlos, necesariamente tenemos que analizar el papel que juega el Estado en el ámbito de lo que son los bienes públicos proporcionados por él, lo que implica diferentes visiones sobre su papel como regulador  de la economía, ya sea la visión tradicional según la cual el Estado no debe intervenir en aquellos asuntos o aquella que pugna por su obligación de intervenir como regulador, de ellas se desprenden también diferentes apreciaciones respecto a la característica de tales bienes o servicios, si son públicos o privados.
Así mismo se hace necesario abordar los conceptos de “condiciones generales de la producción” y de “bienes comunes o colectivos” a fin de hacer la diferencia entre los diferentes modelos de gestión y su sustento teórico. Aquellos conceptos tomados en su real dimensión nos ayudarán a esclarecer el hecho de que el concepto de “bienes públicos proporcionados por el Estado” en realidad esconde la verdadera naturaleza de estos bienes y servicios, la de ser bienes comunes y de uso colectivo. En realidad los bienes públicos proporcionados y administrados por el Estado no son otra cosa más que los bienes públicos comunes o de uso colectivo que han sido expropiados, ya sea por el Estado como ente abstracto o por el capital.

1.6.1.- El Estado, la gestión de los servicios públicos y las condiciones generales de la producción

La visión actual del papel del Estado se traduce en dos iniciativas: la liberalización y la privatización. La primera tiende a reducir su papel en la regulación de la economía y la privatización pretende transferir al sector privado las actividades que antes realizaba el Estado.
De acuerdo con Nicos Poulantzas (1969) la superestructura jurídico-política del Estado tiene una doble función: 1.- Bajo su aspecto de sistema jurídico normativo de realidad jurídica, el aislamiento en las relaciones sociales económicas y 2.- En su relación con las relaciones sociales económicas, representar la unidad de relaciones aisladas instituidas en el cuerpo político que es el pueblo-nación. Doble función que se refleja en contradicciones internas en las estructuras del Estado, revisten la forma de contradicciones  entre lo privado y lo público, entre los individuos-personas políticos y las instituciones, entre el derecho privado y el público, entre las libertades políticas y el interés general1 .
Para Jean Lojkine (1979:162) “…la intervención estatal es la forma más elaborada y perfeccionada de la respuesta capitalista a la necesidad de socializar las fuerzas productivas”, a través de las políticas urbanas consideradas como “contratendencia” regula los efectos negativos de la segregación y la mutilación capitalista del equipamiento urbano. En su intervención con el financiamiento público de los medios de consumo colectivos ha permitido al capitalismo poner en juego el desarrollo de todas las condiciones generales de la producción: medios de consumo como medios de circulación.
Otro punto de vista marxista sobre el Estado es el de Elmar Altvater (1979:89), para él el Estado bajo el capitalismo “es el instrumento de dominación del capital sobre la clase de los trabajadores” en el que la sociedad burguesa desarrolla una forma específica que expresa los intereses generales del capital. El Estado no es un mero instrumento político ni una institución establecida por el capital, sino más bien una forma especial de cumplimiento de la existencia social del capital al lado y conjuntamente con la competencia, como momento esencial en el proceso de reproducción social del capital. Siguiendo a Altvater, una de las funciones principales de aquel Estado y que no pueden ser realizadas por las unidades del capital (entre otras) es la creación de las condiciones materiales generales de la producción, a las que identifica con la infraestructura.
Condiciones generales de producción2 es un concepto marxista que se refiere “...al proceso colectivo de reproducción de la fuerza de trabajo y a las unidades de consumo colectivo (aglomeraciones) en las que dicho proceso se realiza.” (Castells, 2001: 9). De acuerdo con Carlos Marx, las condiciones de reproducción social y material se refieren a todos los satisfactores necesarios, no solo para vivir, sino también para garantizar la reproducción y perpetuación de los trabajadores, y determinan el valor de la fuerza de trabajo que está formado por un elemento físico y otro histórico o social, ya que “No se trata solamente de la vida física, sino de la satisfacción de ciertas necesidades que brotan de las condiciones sociales en que viven y se educan los hombres” (Marx, 1974: 72).
Los que Lojkine (1979) llama medios de consumo colectivo,  pertenecen a las condiciones generales de la producción, se oponen sin embargo, a las condiciones generales directas de la producción capitalista en la medida en que no añaden ningún valor al creado en el proceso de producción y se distinguen por que su valor de uso es colectivo ya que se dirige a una necesidad social que sólo puede satisfacerse colectivamente; por la duración de su consumo, de lenta rotación de capital y rentabilidad capitalista muy escasa y por ser valores de uso complejos, duraderos, inmóviles y no poseer valores de uso que se tornen en productos materiales separados, exteriores a las actividades que los produjeron.
Luego entonces, los servicios públicos y de equipamiento, bienes de consumo social de carácter público tradicionalmente proporcionados por el Estado como los servicios de agua potable de los cuales se ocupa la presente investigación, estarían incluidos dentro de aquellos bienes y que Castells (2004:483) denomina “medios  de consumo objetivamente socializados”, que por razones históricas dependen en cuanto a su producción, distribución y gestión, de la intervención del Estado, pero que son colectivos por naturaleza3 .
Para Marx, el “medio ambiente construido” es tratado como las “condiciones generales de producción” que, como regla, tienen que ser provistas por el Estado, al menos mientras el sistema de derechos de propiedad no esté suficientemente desarrollado como para ofrecer activos seguros a los inversores privados. El discurso sobre las condiciones generales de producción, es decir, sobre los bienes públicos, es un tema de carácter politizado, en esencia porque el Estado, el sistema político y la estructura de poder de una determinada sociedad están involucrados desde su comienzo (Altvater, 2006).
Reconocer que el agua es un bien público implica la obligatoriedad del Estado de definir políticas públicas que aseguren el abasto de usuarios múltiples con múltiples necesidades. Pero el agua, en primera instancia pertenece a la naturaleza y luego al hombre, de ahí que independientemente de su ubicación geográfica y disponibilidad física, el agua es un bien de propiedad común siendo el mismo hombre quien a través de sus instituciones, le atribuye al Estado el dominio público del recurso para su administración en aras del bien común (Hernández, 2007).
Para Shiva (2007) el agua es un bien comunal porque constituye la base ecológica de toda la vida y porque su preservación y distribución equitativa dependen de la cooperación entre miembros de la comunidad. Si bien el agua se ha manejado como bien comunal a través de la historia de la humanidad en las diferentes culturas, y no obstante que la mayoría de las comunidades administran los recursos hídricos como propiedad común o tienen acceso a ellos como  un bien público compartido por todos, incluso en la actualidad, la privatización  ha cobrado auge. La autora y activista afirma que las comunidades autogestionarias no sólo han sido una realidad histórica sino un hecho contemporáneo, que el principio de cooperación más que el de la competencia entre individuos predomina todavía en las sociedades rurales del Tercer Mundo, que los grupos sí fijan reglas y restricciones respecto al uso de los recursos y que en una organización social que se basa en la cooperación y en la producción basada en necesidades, la lógica de la ganancia difiere enormemente de la que impera en las sociedades competitivas.
Para el caso de de los países de América Latina no hay que olvidar el embate de la contrarreforma social para preservar y reproducir las estructuras de la desigualdad social y económica de la región con privilegios para los grupos dominantes y la primacía del mercado. Los Estados conformados en los años ochentas y noventas responden a las iniciativas del “consenso de Washington” contextualizadas en el movimiento internacional neoliberal, cuya estrategia estaba orientada a desmantelar el llamado “Estado benefactor” e impulsar una política de manos fuera por parte del Estado en la economía y en pro del capitalismo internacional, por lo que la verdadera orientación del Estado no podía darse en dirección de políticas sociales a favor de las clases populares. 
Una de las claves principales de aquella estrategia ha sido la progresiva desactivación de la función pública en todos los ámbitos, desde el internacional, al local, pasando por el nacional; degradar las tradicionales funciones del Estado y de las instituciones públicas en general, como impulsores de valores de justicia y cohesión social. Las políticas liberalizadoras y desreguladoras tienden a desmoronar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los servicios de agua y saneamiento, tradicionalmente asumidos como derechos de ciudadanía, al pasar a reconocerse como derechos, tan sólo de quienes puedan pagarlos. De esta forma, los derechos ciudadanos se degradan, quedando reducidos a derechos comerciales del cliente (Arrojo, 2006 a: 183).

1.6.2.- Los modelos de gestión de los servicios de agua potable dominantes

En América Latina a partir de la década de los ochenta se puede identificar por un lado, un movimiento que intenta subordinar las instituciones públicas al control social y por otro, un movimiento que tiende a desmontar la gestión pública de los servicios y transferirlos a la esfera del control del capital privado en diferentes modalidades, sobre principios de mercado y pasando por encima del carácter de derecho fundamental4 de acceso universal a los servicios más esenciales de los individuos (Castro, 2005). Así se manifiesta, a grandes rasgos la confrontación social en el sector agua y por ende en el de los servicios relacionados con el recurso en nuestros países.
Por lo tanto, es de gran importancia analizar los principales modelos de gestión del agua que sustentan las respectivas visiones para demostrar que los dos modelos predominantes que se han impulsado y alternado en América Latina y en particular en México, el público-estatal y el privatizador, tienen una orientación claramente ideologizada, y que se hace necesario avanzar hacia un proceso de valoración y construcción social del problema, que nos permita construir una propuesta alternativa con una visión crítica y de participación social (Lezama, 2004).

El modelo de gestión privado

La privatización constituye una de las estrategias que instrumenta el Estado, impulsado por los organismos internacionales, para intentar resolver los problemas hidráulicos en las grandes ciudades bajo el argumento de la ineficiencia en el manejo público del recurso. Históricamente podemos ubicar un fuerte predominio del modelo de gestión privada entre fines del siglo XVIII en Inglaterra y que se extiende a otros países, incluyendo los de América Latina hacía fines del siglo XIX,  hasta la década de los años ochenta del siglo XX cuando los servicios se organizan sobre la base de un fuerte control estatal centralizado y una etapa que se inicia en los años ochenta caracterizada por una creciente confrontación entre el modelo predominante de gestión pública y distintas expresiones (Castro, 2005), con diversos matices que pugnan por la descentralización, la desestatización, la privatización o la democratización y en la práctica, diversas combinaciones en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento5 .
En realidad no existe un modelo privado puro de gestión de los SAPAS tomando en cuenta que ya en la actualidad la legislación de la gran mayoría de las naciones confiere en principio la prestación de estos servicios a la esfera del Estado a partir de considerar de propiedad e interés público la explotación de recursos como el agua. No obstante se insiste en promover la privatización y explotación de ciertos procesos clave de la operación, administración y distribución de aquellos servicios. La privatización 6 de los servicios de agua y saneamiento en América Latina ha sido presentada como una solución técnica y sin contenido político para los problemas crónicos que caracterizan a este sector. Los argumentos utilizados para promover las privatizaciones son de carácter a histórico, ignorando la evidencia sobre la interrelación entre el sector público y el privado en la organización de los servicios de agua y saneamiento. Así, las prescripciones basadas en una visión ideológica neoliberal, sin fundamento empírico, pretenden reemplazar la evidencia histórica, al excluir cualquier referencia al proceso por el cual los países hoy llamados desarrollados, lograron una organización socialmente eficaz de los servicios esenciales de agua y saneamiento y su consecuente universalización, en donde  después de una creciente regulación de las empresas privadas se procedió a su desprivatización y reemplazo por entes públicos, en un primer momento a escala municipal y posteriormente a escala regional y nacional, por ejemplo los E.E.U.U. y gran parte de Europa (Castro, 2007) 7.
Entre otras razones, este proceso se explica por el hecho de que las empresas privadas no eran eficientes, al no tener incentivos para extender los servicios a los sectores más pobres, tendían a cubrir solo ciertas zonas de las ciudades más importantes y no estaban interesadas en avanzar en la recolección y el tratamiento de aguas residuales (proceso similar se dio en América Latina). Fue necesario también abandonar la noción de que estos servicios estaban destinados sólo a quienes podían pagarlos y aceptar que constituyen un bien público y un derecho social de ciudadanía, cuya provisión y satisfacción universal deben recaer en manos del Estado. Como consecuencia, se aceptó que estos servicios deben estar bajo control público, que deben ser de propiedad pública y que la mayor parte del financiamiento requerido debe estar a cargo del Estado.
Aunque los expertos en privatizaciones se resisten a reconocer el fracaso de sus propuestas, el caso de los servicios de agua y saneamiento deja poco lugar a dudas. Entre otras causas las políticas privatizadoras de aquellos servicios en América Latina han fracasado, en dos aspectos cruciales: la promesa de la inversión privada y la de reducir la pobreza y la desigualdad.
Uno de los argumentos centrales que se utilizan para promover las políticas de privatización en los servicios de agua y saneamiento es que contribuirían a la provisión de inversión privada fresca y la atracción de nuevas fuentes de capital. La evidencia revela que esto no se ha cumplido: no solamente el volumen de la inversión privada ha sido muy modesto, sino que el grueso de los recursos financieros captados por las empresas privatizadas han provenido de la recaudación, de subsidios públicos o del endeudamiento (Castro; 2007).
En el segundo aspecto, el de reducir la pobreza y la desigualdad, manejado explícitamente por los defensores de las privatizaciones desde mediados de la década de 19908 , también la privatización fracasó, como lo demostró el ejemplo de Cochabamba, Bolivia, donde los servicios de agua y saneamiento fueron privatizados en 1999 mediante una concesión a la empresa Aguas del Tunari e inmediatamente una de las primeras decisiones de la compañía fue elevar las tarifas en un 35 por ciento en promedio. A pesar de que el incremento supuestamente estaba orientado a los usuarios de mayores ingresos, en la práctica los más afectados fueron los sectores pobres, ya que la tarifa básica pasó a representar 22 por ciento del salario mínimo (Castro; 2007). Éste fue uno de los elementos detonantes de la movilización social que en marzo del año 2000 resultaría en la renuncia del gabinete nacional y en la cancelación del contrato de privatización.
De igual forma en Argentina. En Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas incrementó las tarifas 88.2 por ciento entre 1993 y 2002, periodo durante el cual la inflación aumentó sólo 7.3 por ciento. Esto afectó particularmente a los sectores más pobres: en el Gran Buenos Aires, la tarifa pasó a representar 9 por ciento del ingreso familiar para el decíl de menores ingresos, mientras que para el usuario promedio equivalía sólo al 1.9 por ciento (Azpiazu et al. 2004, citado por Castro, 2007).
Otro caso en Argentina fue el de Tucumán, donde en 1993 se otorgó una concesión a la empresa Aguas del Aconquija. Al igual que en Buenos Aires, una de las primeras medidas fue una modificación de la tarifa que, junto con una nueva carga destinada a financiar al organismo regulador, derivó en un aumento de 106 por ciento. Además, la empresa introdujo un “cargo de infraestructura” que trasladaba a los usuarios la responsabilidad de financiar la expansión de la red. La reacción no se hizo esperar. Se desencadenó un movimiento de desobediencia civil que incluyó una campaña para no pagar las facturas del servicio a la cual se adhirió 86 por ciento de los usuarios, que incluyó a las pequeñas empresas locales y a los organismos públicos. En 1997, tras varios meses de conflicto, la concesión fue cancelada.
En México, donde la privatización de los servicios de agua potable ha sido marginal y no ha progresado como se pretendía9 , Aguascalientes (1993) fue una de las primeras experiencias mexicanas, seguida por Cancún-Isla Mujeres, estado de Quintana Roo (1993); Ciudad de México (1994); Navojoa, estado de Sonora (1996-1997); ciudad de Puebla (1998 y 1999); Saltillo, Coahuila (2001) y recientemente la ciudad de Hermosillo, Sonora (mayo 2011). Si bien los esquemas utilizados fueron diferentes en cada caso, el denominador común fue la alianza del sector público con el capital privado (Contreras, 2008).
El primer caso se refiere al municipio mexicano de Aguascalientes, estado del mismo nombre, donde inicialmente se contrataron los servicios comerciales y de administración, pero posteriormente el contrato evolucionó hacia un esquema de concesión (Contreras, 2008) y los servicios fueron privatizados en 1993 a favor de un grupo formado por ICA, Promociones Industriales BANAMEX y la francesa Compañía General des Eaux (actualmente VEOLIA), bajo la forma de concesión integral por 20 años. A pesar de que este municipio experimentó un boom económico durante los 90, de acuerdo con la propia empresa privada cerca de 70 por ciento de sus usuarios domésticos estaba catalogado como “de bajos ingresos”. Según el plan financiero de la concesión, era necesario un aumento en la tarifa de 170 por ciento, el cual comenzó a aplicarse en 1993 mediante incrementos parciales bimestrales. Sin embargo, la crisis financiera que afectó al país en 1994 interrumpió la aplicación del plan. Esto condujo a la compañía al borde del colapso financiero, del cual fue rescatada por el gobierno a través de un paquete de medidas que incluyó una renegociación para transferir al Estado la responsabilidad por la inversión en infraestructura. Se estableció, además, un Fondo de Subsidio para los usuarios pobres y se sancionó la Ley de Aguas, que prohibió la desconexión de los usuarios por falta de pago (Castro, 2007).
Las quejas sobre el deterioro de la calidad del servicio de agua abundan, ya que las fuentes tradicionales de agua se han secado por completo y eso ha provocado hundimientos de tierra y grietas que ponen en peligro la integridad estructural de las viviendas de algunas comunidades pobres en la periferia de la ciudad de Aguascalientes; las tarifas están entre las más altas de México y el acuífero del que depende la ciudad se está agotando peligrosamente. Aunque las autoridades locales lo niegan, los expertos prevén que esta región será una de las primeras en sufrir una crisis de agua que obligará a recortar drásticamente los planes de expansión económica (Barkin, 2005).
En 1993-1994, un consorcio privado ganó una concesión para gestionar el sistema de agua de Cancún por un período de 20 años. El consorcio, encabezado por el conglomerado mexicano de la construcción Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), asociado con la empresa minera mexicana Peñoles y con Azurix, la división de agua del agresivo gigante estadounidense Enron, firmo un contrato de concesión integral con el Gobierno del Estado y los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, formando Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) y como operador Aguakan. Cuando el socio extranjero se vio obligado a vender las acciones del agua (49.9 por ciento) por problemas financieros, el consorcio cerró un acuerdo con Bal-Ondeo (asociación entre Peñoles, mexicana y Suéz Environnement, francesa) en 2001-2002, que recibió financiación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para comprar la empresa local de agua, Aguakán, y ampliar la concesión durante diez años más. La comisión de Agua Potable del estado (CAPA) intenta aprender cómo supervisar a la empresa privada, pero aunque conoce las condiciones operativas y sociales locales, no tiene los conocimientos contables y administrativos ni la autoridad necesarios para ahondar en el funcionamiento interno de la empresa. Los observadores locales subrayan que hay una falta de cobertura en los barrios periurbanos, que crecen muy rápidamente, donde la gente se ve obligada a comprar un agua muy cara de los camiones tanque, aunque se reconoce que los consumidores individuales disfrutan de un servicio relativamente barato gracias a los subsidios cruzados asignados por el gobierno estatal. Los usuarios comerciales (aproximadamente el 65 por ciento del volumen facturado) se quejan de los altos costos y algunos hoteles ya han buscado otra alternativa como instalar plantas de desalinización (Barkin, 2005; Bal-Ondeo, 2011).
La experiencia de mayor escala del sector privado en la gestión de agua es la de ciudad de México. En 1994, la ciudad fue dividida en cuadrantes para organizar una licitación pública y recoger ofertas para gestionar la actualización del registro de usuarios, la instalación de medidores y la implantación de un proceso de recaudación más eficaz. Los ganadores se responsabilizarían también de algunas tareas de mantenimiento sobre la red secundaria de distribución a los usuarios. Se otorgaron cuatro contratos de prestación de servicios por diez años a empresas nuevas, creadas ad hoc en cada cuadrante, cada una con una propiedad mayoritaria de una empresa constructora mexicana y un socio extranjero con experiencia en el sector del agua: Sistemas de Agua Potable (SAPSA) integrada por ICA, General des Eaux y Banamex; Agua de México (AGUAMEX) integrada por GUTSA y North West Water; Industrias del Agua de la Ciudad de México (IASA o IACMEX) de Severn Trent y Tecnologías y Servicios de Agua (TECSA) integrada por Bufete Industrial, Lyonaise des Eaux Anglian Water y Bancomer; las dos últimas: IACMEX y TECSA actualmente son operadas por BAL-ONDEO (Contreras, 2008). Diez años después, tres de las empresas se han reestructurado y algunas acciones se han vendido a terceros. Las condiciones contractuales y el seguimiento de la empresa dependen de la Comisión de Agua de Ciudad de México, aunque su influencia es mínima, mientras que las tarifas del agua y las cuotas por servicios y conexiones son establecidas por la legislatura local. La eficacia técnica ha aumentado y la recaudación ha mejorado notablemente gracias a la introducción de un sistema informático de lectura y análisis de los medidores; de esta manera, la facturación y la cobranza son más eficaces. Además, se ha implantado un proceso de identificación electrónica de pérdidas en el sistema de distribución secundario (Barkin, 2005).
En Puebla se destacan por su importancia tres experiencias, la primera se remonta al año de 1993 cuando el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (SOAPAP) lanzo una convocatoria para licitar la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, fijándose un tiempo estimado de 12 meses para el inicio de operación de las plantas, a partir de la firma del convenio.  El veredicto fue favorable para Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), se  firmo un convenio para la construcción y operación de las cinco plantas y de dos colectores marginales en las cuencas de los ríos Atoyac y Alseseca,  estimándose que las obras estarían concluidas para 1995. Para noviembre de 1995, el proyecto presentaba un importante retraso ya que debido a la crisis de 1995 el GMD enfrentaba fuertes problemas financieros, así como dificultad para obtener un crédito de BANOBRAS y continuar el proyecto.  El gobierno del estado se mostraba imposibilitado para terminar con la concesión por lo que se vio obligado a proporcionarle varias oportunidades al grupo, incluso gestionó un crédito por 200 millones de pesos con BANOBRAS y modificó por segunda ocasión los términos del contrato, amplió la concesión hasta el año 2020 y otorgó un nuevo plazo de 18 meses para que se concluyeran las obras. Lo anterior en gran parte obedecía a que GDM ya había realizado una inversión de 27 millones de pesos que debería cubrir el SOAPAP y que al no hacerlo se acumulaban los intereses, y se convertía en una deuda que en su caso debería liquidarse en el momento que se rescindiera el contrato y que dos años y medio después ascendía a casi 60 millones de pesos.
Finalmente GDM se mostraba incapacitada para cumplir y realizar la obra por lo que en  septiembre de 1998 se vuelve a licitar la obra, ahora de cuatro plantas de tratamiento y 90 kilómetros de colectores pluviales, con financiamiento del Programa Fondo para la Infraestructura, FINFRA, de BANOBRAS, quien aplicaría recursos a fondo perdido hasta por un  determinado porcentaje del costo total, siendo la iniciativa privada la encargada de financiar el resto. Se realizó un contrato por concesión de prestación de servicios con vigencia de 20 años con TAPSA, integrada por TRIBASA- DEGREMONT para la construcción de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción de 90 kilómetros de colectores y la prestación de servicios de saneamiento.
Posteriormente y una vez que habían entrado en operación las plantas de tratamiento hacia el año 2002, y a fin de salvar la situación, el sistema operador contrajo más deuda para poder desincorporar las plantas, pero sin poder finalizar la concesión por prestación de servicios de saneamiento con la empresa concesionaria. Esta experiencia ha significado una fuerte sangría mensual por más de 10 millones de pesos en números redondos por concepto de pago de servicios para el sistema operador que aunado a los primeros problemas y los que se han agregado representa actualmente una fuerte carga financiera, una deuda millonaria creciente, además de la imposibilidad de dar por terminado el contrato en mención.
Otra experiencia tuvo lugar también en Puebla cuando el sistema operador firmo contrato con apoyo del BID para la prestación de servicios para modernizar su gestión comercial, con General des Eaux, asociada a ICA (que también financiaría parte de las inversiones) bajo un contrato que inició en 1999 y con plazo convenido de diez años, pero que se dio por terminado en 2005 por la serie de problemas y vicios que se acarreaban. Entre las actividades que se comprometía a realizar la empresa estaban actualización del padrón, ampliación de la micro medición y la implantación de un sistema informático, lo que redundaría en un aumento en la facturación y por tanto de la recaudación. Pese a que se hayan señalado un sinnúmero de argumentos como causas del término de contrato, la realidad fue que no se lograron los objetivos pactados, ni se incidió en los procesos críticos, y al no mejorarse los servicios se desestimuló a los usuarios para pagar sus cuotas, además de que los términos de este tipo de contratos resultan ser de poco compromiso y ventajosos para la empresa en virtud de la inexistencia de un sistema de control para tal efecto (Contreras, 2008).    
La empresa Aguas de Saltillo, en la ciudad industrial, capital del estado de Coahuila en el norte del país, está gestionada por una sociedad mixta con participación municipal mayoritaria que se creó en 2001 y cuyo control depende del municipio en un 55 por ciento y de Aguas de Barcelona (a través de una filial mexicana) en un 45 por ciento. El Consejo de Administración está integrado por representantes del socio privado y  representantes de la parte pública, de los cuales uno es el Presidente del Consejo, el Presidente Municipal de de la ciudad es el Presidente Honorario y el resto son consejeros (Aguas de Saltillo, 2011). De todas las experiencias de privatización en México, ésta es la más polémica. Durante los dos primeros años, las tarifas del agua aumentaron entre un 32 y un 68 por ciento, aunque eso contravenía las condiciones de la concesión, que estipulaba que las tarifas debían ajustarse a la tasa de inflación en torno al 11 por ciento. Una investigación parlamentaria reveló importantes irregularidades en las transacciones financieras de la empresa, incluidos aumentos tarifarios y cambios de servicio no autorizados, así como procedimientos de adquisición irregulares y disputas entre la directiva y los trabajadores. A pesar de estos problemas, la empresa se jacta de haber mejorado sensiblemente la recaudación, la calidad del servicio y el porcentaje de población cubierta. Sin embargo, su violación flagrante de las condiciones de la concesión ha provocado protestas enérgicas (Barkin, 2005). Debido a los reclamos y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la empresa por parte de algunos sectores se ha conformado un “Observatorio Ciudadano” cuyo propósito es dar seguimiento al desempeño de la empresa (Contreras, 2008).
La experiencia más reciente es la del organismo operador de agua de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, Agua de Hermosillo que recién lanzó una licitación pública para concursar un contrato de prestación de servicios en asesoría técnica para el mejoramiento de la gestión comercial por recomendación del Consejo Consultivo.  El día 25 de mayo de 2011 el organismo operador falló y otorgó el contrato a favor de BAL-ONDEO a través de Tecnología y Servicios de Agua (TECSA) por lo que desde el 1° de junio de 2011 BAL-ONDEO se encuentra a cargo de dirigir el proceso comercial del organismo (Agua de Hermosillo, 2011; Bal-Ondeo, 2011).
A mediados de los ochenta en México el gobierno federal (pero también otros países de América Latina lo hicieron), al identificar la falta de capacidad técnica y los limitados recursos financieros como los dos principales obstáculos para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento así como para ampliar la infraestructura, fue el principal promotor de la idea de que la participación privada era una importante alternativa de solución a los problemas del sector, por lo que en esa etapa se observa una oleada de iniciativas por parte de algunas ciudades importantes. Pero a la distancia se observa que la experiencia privatizadora no dio los resultados esperados y que además el ímpetu disminuyo considerablemente; la implementación de delegación de sistemas a operadores privados especializados no dio resultado; las razones iniciales que dieron origen a buscar alternativas a la prestación tradicional de los organismos públicos desaparecieron y es muy probable que a nivel internacional las tendencias de colaboración público-privada se hayan revertido y tanto empresas como gobiernos ya no estén interesados en participar en el sector (Contreras, 2008).
Tras los conflictos que derivaron en la cancelación de contratos de concesión en diversos países, particularmente después de la debacle de la economía argentina en 2001 y la subsiguiente crisis de Aguas Argentinas, las empresas transnacionales dedicadas a los servicios de agua y saneamiento anunciaron su decisión de dejar de lado América Latina y concentrarse en Europa y EEUU, zonas consideradas más favorables en términos de estabilidad política y económica (Castro, 2007).
Aunque las políticas de privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina han fracasado en sus objetivos declarados, su implementación puso en marcha una serie de procesos que continúan –y continuarán– influyendo por un largo tiempo. Las reformas impulsadas para tales efectos, no sólo han dejado irresueltos la mayor parte de los problemas preexistentes, sino que con frecuencia los han agudizado y además han generado nuevos obstáculos para una gestión sustentable y democrática de estos servicios. Cabe señalar que a pesar del reconocimiento del fracaso de los objetivos de la privatización por parte de funcionarios de algunas instituciones internacionales, la campaña privatizadora sigue vigente dado que el adoctrinamiento iniciado a fines de los años ochentas ha dado resultado y los argumentos favorables a la privatización están muy enraizados en ciertos sectores académicos y políticos. En ese sentido, aunque el propio Banco Mundial ha reconocido el error de creer que la solución reside en la inversión privada, estos argumentos conservan gran vitalidad en los debates actuales de la región, no solamente en países que continúan aplicando el modelo neoliberal sino también en aquellos que hoy son gobernados por líderes de centroizquierda, incluso en aquellos lugares donde las concesiones privadas fueron canceladas o abandonadas, como en Buenos Aires, Tucumán y Cochabamba, donde los problemas no han terminado.
La situación ha empeorado, ya que el Estado, además de tener que hacerse cargo de las promesas incumplida de renovación y expansión de la infraestructura, enfrenta las demandas judiciales de las empresas privadas que buscan  una indemnización por el lucro cesante debido a la cancelación de contratos que se extendían por 20 o 30 años. Argentina, por ejemplo, enfrenta actualmente unos 30 juicios de empresas transnacionales. Para Argentina, al igual que para Brasil o México, quizás sea posible diseñar sus propias estrategias financieras y políticas para resolver la crisis, sin embargo, países más pobres y dependientes tienen mucho menos margen de maniobra, es el caso de Bolivia, que también enfrenta varios juicios millonarios relacionados con las cancelaciones de los contratos de Cochabamba y más recientemente, de La Paz-El Alto. Sin embargo, probablemente el efecto inercial más importante reside en las reformas legales e institucionales implementadas en los distintos países para promover la privatización y convertir los servicios de agua y saneamiento en bienes privados. Esto anula la noción de que constituyen un bien público y que, por lo tanto, existe un derecho ciudadano al acceso universal, independientemente de la capacidad de pago de los usuarios. El punto es crucial, pues implica la reducción del ciudadano a la dimensión de un consumidor de mercancías, más allá del carácter público o privado de las empresas que prestan los servicios, en muchos países, las compañías públicas ya están operando sobre la base de principios mercantiles. El peligro es que estos servicios, esenciales para la reproducción vital de las personas, se reorganicen sobre el principio de exclusión dictado por la mera eficiencia económica (sólo accede quien puede pagar) en lugar de ponerse en función de la inclusión social, como ocurrió en Europa y EEUU (Castro, 2007).
Desde otra perspectiva, se trata de un proceso muy dinámico, con cambios frecuentes de dirección y con un futuro incierto. En ese sentido, es importante la creciente insatisfacción pública y la oposición abierta hacia las políticas de privatización. Sería un error explicar esta oposición sólo como un rechazo a las políticas de libre mercado o como un ataque al sector privado, como algunos autores suelen sugerir, ya que de hecho existió bastante apoyo –o al menos tolerancia– a las reformas implementadas durante los 90. En rigor, la combinación de procesos autoritarios en la implementación de dichas políticas (como las reformas por decreto introducidas sistemáticamente por Carlos Menem en Argentina), la ausencia de participación ciudadana, la amplia percepción de la existencia de corrupción pública y privada y la creciente evidencia de que las privatizaciones han favorecido los intereses de las empresas privadas, particularmente las transnacionales, en lugar de beneficiar a los usuarios, han contribuido a que se multipliquen las acciones de protesta, desobediencia civil e incluso violencia abierta, contra este modelo y contra sus representantes. La evidencia sugiere que la privatización de los servicios de agua y saneamiento también pasó por alto los desafíos que presenta la transformación de las relaciones y las estructuras sociales. En efecto, la reforma privatizadora presupone ciertas identidades y relaciones sociales, como por ejemplo la idea del ciudadano-consumidor como sujeto de crédito, capaz de comprar bienes y servicios a precios que permiten la viabilidad de la empresa privada; o, de modo más amplio, la generalización de relaciones sociales mercantiles en la organización de los servicios públicos esenciales. El problema es que dichas identidades y relaciones sólo tienen una presencia parcial y fragmentaria en los países menos desarrollados, y a veces ni siquiera existen en las áreas en que se concentra la población pobre e indigente. Por otra parte, el desarrollo de estas identidades y relaciones sociales mercantiles entra en contradicción con esquemas de organización social alternativos, algunos preexistentes, otros en plena emergencia, lo cual constituye un obstáculo para las políticas de privatización. Esto ha hecho que la iniciativa neoliberal deba enfrentar una trama de relaciones y estructuras sociales bien consolidadas: por ejemplo, aquellas enraizadas en las tradiciones de propiedad y gestión del agua indígena (en Cochabamba), o aquellas representadas por los movimientos que defienden la tradición del sector público (en Argentina). Por último, el avance neoliberal debe enfrentar el desafío de las luchas sociales que tienen lugar a escala global por la democratización de la gobernabilidad y la gestión del agua y de sus servicios, en particular las que defienden la idea del derecho humano al agua para usos esenciales.
En resumen, el modelo de privatización implementado desde la década de 1990 para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina ha sido contrario a los problemas específicos que presentaban dichos servicios; se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada, entre otros problemas, por la falta de cobertura de amplios sectores de la población, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en infraestructura. La razón principal para la implementación de esas medidas no fue la búsqueda de soluciones a los problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro privatización, que resurgió durante la década de 1980 e influyó en el diseño y la implementación de políticas públicas en forma global, incluidas aquellas relacionadas con los servicios de agua y saneamiento. Desde esta perspectiva, la crisis real de los servicios fue utilizada –y, en algunos casos, hasta provocada– para promover las privatizaciones.
Según Castro (2007), los argumentos utilizados para promover estas políticas ignoraron la evidencia histórica sobre la interrelación entre el sector público y el privado en la organización de los servicios de agua y saneamiento. Como se mencionó antes, no se ha tomado en consideración que en los países llamados desarrollados, la universalización del acceso a estos servicios esenciales requirió la desprivatización de las empresas y la creación de compañías públicas. Los argumentos en favor de la privatización han reemplazado éstas lecciones históricas privilegiando las prescripciones neoliberales sin fundamento empírico.
Las políticas de privatización implementadas para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina han fracasado en el logro de sus objetivos explícitos, entre los cuales se destacaban la atracción de capitales privados para financiar la expansión y la renovación de la infraestructura, la extensión de los servicios a la población no atendida, el incremento de la eficiencia en la gestión, el alivio de la responsabilidad financiera del sector público y la reducción de la pobreza y la desigualdad. El modelo privatizador ha demostrado pues, su ineficiencia e incapacidad para dar solución a la problemática, además de provocar el despido masivo de trabajadores, el empobrecimiento y la posible transferencia de capital hacia el extranjero. Su actuar ha sido contrario al interés público y social, más bien ha sido a favor del sometimiento y control de este recurso  y servicio estratégicos por parte del capital transnacional.

El modelo de gestión público-estatal

Respecto al modelo público-estatal, en América Latina la experiencia más representativa es la de México, donde la estrategia hidráulica neoliberal del Estado determinó el desarrollo del modelo actual de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento dominante a nivel nacional, cuyo soporte tecnológico se caracteriza por el aprovechamiento de las aguas subterráneas; privilegia los factores de oferta sobre los de la demanda, aumentando la oferta a través de la extracción de más y más agua y de la creación de nueva infraestructura hidráulica. Dicho modelo corresponde aún, al planteamiento de la vieja visión del aumento de la disponibilidad del agua desde la oferta.
El proceso de conformación de este modelo de gestión está marcado por tres grandes etapas, a saber, una fuerte centralización de los servicios de agua potable y saneamiento en manos del Estado, la municipalización de los servicios y la aparición de los actuales organismos operadores como entidades públicas de carácter municipal o estatal. Los Organismos Operadores de agua potable y alcantarillado (OO’s) son los encargados de administrar y operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las ciudades y municipios del país; actualmente existen en la república 2 mil 356 organismos, (AGUA, 2007).
Son organismos para-municipales que operan con recursos propios y apoyos federales, conforman un grupo bastante heterogéneo, con competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas muy diversas. Destacan por su desempeño a nivel nacional, como los mejores sistemas de gestión pública estatal, en orden de importancia Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), en la segunda ciudad más grande de México; la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) que opera los servicios en una región fronteriza del norte, en Tijuana, Baja California, centro maquilador, es reconocido como ejemplo de excelencia y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) en la ciudad de León, Guanajuato, centro industrial de curtiduría y Zapatos, primer gran sistema descentralizado que escapó a la privatización de los años ochentas. Estos organismos han logrado asegurar la prestación de un buen servicio, ampliar las coberturas y mejorar la calidad, reduciendo las pérdidas en redes de abastecimiento e incrementando la recaudación, a pesar de que sus tarifas son más altas que en el resto del país (Barkin, 2008).
Pero en lo general, los OO’s a nivel nacional padecen serios problemas, en ellos, el horizonte de planeación es muy estrecho y se limita al período de tres años del presidente municipal; enfrentan fuertes deudas por pago derechos de extracción con la CNA y por derechos y tarifas no pagados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el costo de operación es mayor que los ingresos o éstos son apenas suficientes para cubrir los costos de operación básicos; las inversiones, si las hay, son resultado de largas gestiones con las autoridades federal y estatal para conseguir recursos a fondo perdido, dado que la mayoría no son capaces de generar recursos propios suficientes.
Se supone que uno de los objetivos prioritarios de los OO´s  es proporcionar los servicios a los ciudadanos, pero dada la difícil situación técnica y financiera de la mayor parte de ellos, no existen incentivos para prestar  los mismos de manera eficiente, al menor costo posible y de buena calidad. Tampoco existen incentivos para una gestión socialmente óptima de los servicios; se privilegia el factor político, y es mayor el reconocimiento político cuando se invierte en una planta de tratamiento o en una presa, que cuando se reducen las pérdidas de agua en redes de distribución. En la misma medida, es más fácil para las autoridades ofrecer subsidios, que ser duros con los usuarios que no pagan, a pesar de que esta práctica provoque desperdicio de agua o que impida al sistema aumentar la cobertura a colonias sin servicio por la falta de ingresos.
Los responsables de supervisar y normar el buen funcionamiento de los OO’s también están más preocupados por las grandes obras que por las mejoras marginales pero constantes, estas instancias están enfocadas a la planeación y gestión de recursos y no a la regulación del servicio y protección de los derechos de los usuarios. Por lo mismo, no se han desarrollado instrumentos legales, técnicos y de información que permitan contar con datos objetivos sobre las condiciones con las que se prestan los servicios.
En este escenario no existe garantía de contar con mejores servicios, más eficiencia y un bajo impacto sobre los recursos hídricos; lo más probable es que al final de cada administración la situación siga igual o peor, pero con un deterioro del medio ambiente y con recursos dedicados a proyectos e iniciativas que no tienen efectos palpables en los niveles de eficiencia del propio organismo y, sí por el contrario, con una creciente carga financiera (Contreras, 2005).
Generalmente los bajos niveles de eficiencia y calidad del servicio se atribuyen a la falta de recursos para invertir en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura, instalación de mejoras tecnológicas o capacitación, y no a su capacidad para proporcionar los servicios a la mayor cantidad de usuarios, a las menores pérdidas posibles, a un costo razonable; o a su capacidad para hacerse de los fondos necesarios para lograr y garantizar su cometido.
De acuerdo con un estudio realizado por la CNA en 2001, sobre un total de 329 localidades con poblaciones mayores a cincuenta mil habitantes, padecen de fuertes pérdidas, el agua no contabilizada es superior al cuarenta por ciento; las pérdidas se deben a fugas en las redes de agua y en tanques de almacenamiento, errores de medición en fuentes, redes y tomas domiciliarias y robo de agua o tomas clandestinas; agua no pagada o agua no cobrada. Estimaciones internacionales indican que los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación, mantenimiento y algo de inversión en un sistema de agua varían entre 5 y 11 pesos por m³. Si tomamos como referencia que en México la recaudación promedio de acuerdo con CNA fluctúa entre 2 y 3 pesos por m³, el resultado es un déficit importante, entre 100 y 300 por ciento. Si los ingresos no alcanzan a cubrir los costos, ni las inversiones, la infraestructura se deteriora, el servicio baja de calidad, no llega a los más pobres y el agua no se trata (Contreras, 2005).

El modelo de gestión social o de participación ciudadana

Aunque no podemos reconocer a éste como un modelo dominante, y a fin de contrastarlo con los dos anteriores, cabe destacar el modelo de gestión social de los servicios de agua potable y saneamiento que se da  actualmente en América Latina a través de la puesta en práctica de las nuevas formas de gestión social y participativa en el ámbito urbano de algunas grandes ciudades, mismas que transitaron de experiencias incipientes de lucha y resistencia social, pasando por experiencias intermedias aún en curso, a modelos de gestión social exitosos. Estas experiencias fueron producto de movimientos sociales, impulsados por actores que al ser portadores de un proyecto se constituyeron en sujetos sociales durante el proceso.
Venezuela inaugura un nuevo paradigma cuando establece en la constitución de 1999, que el agua es un bien de dominio público, al tiempo que impulsa experiencias de control participativo y toma de decisión ciudadana en los sistemas de agua urbana.
En Bolivia10 fracasó el intento de imponer un régimen de gestión autoritario y mercantilizado ante la ofensiva del movimiento social contra la privatización del agua, con la promulgación de la Ley 2029 entre septiembre y octubre de 1999 y finalmente con la devolución del control sobre el recurso al ámbito público y comunitario.
En Brasil, a partir del gobierno del presidente Lula con el Partido del Trabajo, a pesar de que se continuó reconociendo la necesidad de la participación privada y se impulso una especie de sociedad mixta pública-privada en el sector agua y saneamiento, se puso el acento básicamente en las empresas públicas municipales al tiempo que se promovió la creación de mecanismos de control social de las mismas (Regoli, 2007).
En las ciudades Brasileñas como Porto Alegre destaca la experiencia participativa del Departamento Municipal do Agua DMAE (el modelo de Río Grande do Sul) a través de asambleas populares; la experiencia de la ciudad de Recife, Pernambuco, contra la privatización de COMPESAC, Caxias do Sul, Santo André, Jacarei, Piracicaba, entre otras (Delgado, 2005; Regoli, 2007). Aquí, la administración pública del agua se ha transformado mediante reformas democráticas como la del presupuesto participativo, en un modelo de control social donde los habitantes toman decisiones directas sobre las prioridades de su empresa de agua a través de reuniones públicas11 .
Estas experiencias alternativas muestran un proceso en evolución de gestión social y participativa exitoso. Demuestran también, que no es suficiente el rescate o la re estatización de los servicios de agua potable y saneamiento en nuestras ciudades mediante la implantación de un modelo de gestión público estatal que también ya ha demostrado su incapacidad para resolver la problemática y convertirse en un verdadero modelo de gestión público, sino que es necesario avanzar hacia niveles superiores de organización social y gestión de aquellos servicios sobre principios  democráticos y de participación social12 .
En América Latina, el éxito en el diseño y la implementación de políticas orientadas a la universalización solo será posible si se logra articular una combinación de fuerzas sociales, amplia y de carácter universalista. Estos procesos, aunque incompletos y fragmentarios, están ya en marcha en (Castro, 2007).
Estas experiencias comparten características, que las hace ser diferentes radicalmente de los modelos tradicionales de gestión del agua urbana, convirtiéndolas en alternativas, en virtud de privilegiar la participación comunitaria, el control social, el respeto por los ecosistemas y la toma de decisiones democráticas.

1 Para Joseph E. Stiglitz (2000) una de las principales funciones del Estado es establecer el marco jurídico dentro del cual se realizan las transacciones económicas y sus actividades se dividen en: a) producir bienes y servicios, b) regular y concesionar la producción a la propiedad privada, c) comprar bienes y servicios y d) redistribuir la renta.

2 O’connor, (1991), siguiendo a Marx clasifica las condiciones de producción en la actualidad, en: Condiciones físicas externas (en términos de viabilidad de los ecosistemas): los niveles atmosféricos de ozono, la estabilidad litoral, las cuencas de los ríos, la calidad del agua, el aire, tierra, etc.; fuerza laboral (en términos de bienestar físico y mental de los obreros): tipo y grado de socialización, toxicidad del trabajo y capacidad para afrontarla, los seres humanos, fuerzas productivas sociales; y condiciones comunales (en términos de “capital social”): infraestructura, etcétera.  En los tres conceptos están implicados el espacio y el “entorno social”, espacio urbano y otras formas de espacio estructurados por la relación entre personas y ambiente.

3 Para los marginalistas los bienes públicos  son los que, o no son suministrados por el mercado, o si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente, un ejemplo a gran escala es la defensa nacional y otro a pequeña escala, las ayudas de navegación y se llaman “bienes públicos puros” y tienen dos propiedades básicas: 1) no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas, costo marginal nulo y 2) es difícil o imposible impedir que se disfrute de un bien público puro (consumo no rival y no exclusión). De acuerdo con la misma lógica, los bienes suministrados por el Estado cuyo costo marginal de suministrarlo a más personas es alto, se denominan “bienes privados suministrados por el Estado”; por lo que “el agua” sería un bien privado suministrado por el Estado ya que cada unidad consumida tiene un costo marginal, cuesta dinero purificarla y llevarla desde la fuente hasta el domicilio; si se suministra gratuitamente, es probable que su consumo sea excesivo y el consumidor como no tiene que pagar, demanda hasta el punto en el que el beneficio marginal que le proporciona es cero, a pesar de que su provisión tenga un costo marginal real; pero que es probable que el consumidor se sacie rápidamente y la distorsión no sea muy grande. Bajo este argumento y lógica, el agua, como “bien” es susceptible de privatización (Stiglitz, 2000).

4 El derecho humano al agua es, según la observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, condición previa para la realización de otros derechos humanos.   

5 En épocas de transición, la relación entre formas residuales y emergentes da lugar a procesos complejos y contradictorios en referencia a la cultura dominante, que lleva a cabo una selección a partir de procesos de inclusión y exclusión de las formas a su disposición, con la finalidad de reafirmar los intereses de poder de una clase (Williams, 1980).

6 El concepto de “privatización” se refiere, de forma genérica, para denotar ciertas formas de participación privada que caracterizan a las políticas de los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los países desarrollados. En términos más rigurosos, el concepto se refiere a una de las formas que asume la participación privada: la transferencia completa de la propiedad y la gestión de empresas públicas al sector privado (Castro, 2007). Las formas principales que adopta la privatización de los servicios de agua potable a nivel mundial son: 1.- La venta total de los sistemas de distribución, tratamiento o almacenamiento por parte del Estado a las empresas multinacionales; 2.- La concesión por parte del Estado a las empresas multinacionales para que se hagan cargo del servicio y el cobro por la operación y el mantenimiento y 3.- El modelo “restringido” en el que el Estado contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. De las tres, la más común es la segunda (Delgado, 2005).
Pedro Arrojo afirma que el modelo que ha avanzado es el modelo francés, la famosa PPP (partenariado público privado). es privatizar, no a través del control de la mayoría accionaria, sino a través del control de la información, del monopolio de la información empresarial. El negocio no se  produce a través del beneficio de la empresa mixta sino blindando los mercados secundarios, los mercados tecnológicos y los ciudadanos pasan a ser clientes. El ayuntamiento pierde el control de ese servicio público y deja de hablar de derechos humanos y ciudadanos, habla de negocio y de grandes beneficios para las empresas (Tamayo, 2012).

7 Proceso que comenzó en los siglos XVIII (en Inglaterra) y XIX (en el resto de Europa y EEUU).

8 El Banco Mundial por ejemplo, pregonaba las bondades de la participación privada en la mejora de la eficiencia de los servicios de infraestructura y extender su distribución hacia los pobres (Castro,  2007).

9 Algunas experiencias de Participación Pública Privada (PPP) bajo la forma de contrato de administración como la de la empresa Mexicana de Gestión del Agua, filial de TRIBASA, en Navojoa en 1996-1997 en el estado norteño de Sonora que fue retomado por el municipio en 2005; así como otros intentos en Nogales, Sonora y Acapulco Guerrero, no progresaron  (Contreras, 2008).

10 La resistencia y lucha de Cochabamba, Bolivia contra la multinacional estadounidense Bechtel (Delgado, 2005).

11 Ver más a detalle cada experiencia en el Apéndice metodológico al final de la tesis: “Experiencias de gestión y participación social en los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina”

12 Bajo este presupuesto también se puede concluir que bajo una nueva concepción de gestión y control social de los servicios de agua potable, la participación del capital privado, pasaría a un segundo plano, y se convierte en un falso dilema.