Tesis doctorales de Ciencias Sociales

LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE. XICO, VERACRUZ UN EJEMPLO DE APLICACIÓN

Tito Bonifacio Hernández Hernández




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2. 2. Las condicionantes de la propuesta: La existencia de lineamientos, planificación y profesionales que apliquen la comunicación para el desarrollo

Para impulsar el desarrollo sustentable, en condiciones más favorables, se requiere, adicionalmente a la adopción de “otro desarrollo” y “otra comunicación”, la existencia de instrumentos, mecanismos y personas que faciliten y operen las acciones que se tengan que emprender. Esto es, se tienen que diseñar políticas comunicacionales para el impulso del desarrollo; elaborar un plan nacional de comunicación y que éste forme parte integral de un Plan Nacional de Desarrollo de México; y contar con profesionales con habilidades para aplicar la comunicación alternativa enfocada al desarrollo rural. Ello se analiza en los cuatro puntos siguientes.

2. 2. 1. La vocación y tradición de las Políticas de comunicación en México, condicionan la aplicación de una comunicación para el desarrollo

Para conocer las posibilidades que tiene México de contar con políticas de comunicación para el desarrollo, es necesario, entre otras cosas, estar al tanto de la vocación y tradición que tiene nuestro país sobre el particular, esto es posible saberlo analizando los antecedentes al respecto.

Las Primeras políticas de comunicación que se aplican en nuestro país (1921-1940), son de carácter normativo, de fomento a la radio y con fines propagandísticos.

El nacimiento de la industria mexicana de la radio, se ubica en la década de los 20, este nacimiento está ligado al interés que tiene el estado mexicano, en ese momento, de darle una aplicación política a este medio. Recordemos que en los años de referencia, se vive la etapa posrevolucionaria y los gobernantes del periodo buscan consolidar el poder mediante la pacificación, la reconstrucción y la unidad nacional. Aquí la difusión masiva de ideas y hechos favorables a tales cuestiones es vital, razón por la cual el Estado se interesa por la radio.

Dadas las limitaciones financieras de los gobiernos emanados de la Revolución, éstos se ven impedidos para instalar y mantener por su cuenta estaciones de radio, motivo por el que adoptan la posición de Estado rector y se van por la vía de aplicar una política de comunicación que promueva un sistema de propiedad mixto, impulse la participación del sector privado y ubique al gobierno en el control jurídico y administrativo de la actividad.

La utilización de la radio con fines políticos y sociales, tuvo mayor auge en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), éste impulsó su uso en actividades de desarrollo, educativas y culturales. Asimismo, dada la confrontación con Plutarco Elías Calles y con la burguesía nacional y extranjera, en 1937, el gobierno cardenista se vio obligado a crear el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), con la finalidad de contrarrestar la campaña que venían orquestando en su contra los aludidos anteriormente. Con el DAPP, se logró el control de la difusión de contenidos, de los diferentes medios de esa época, evitando de esta manera los ataques en contra del régimen.

Las acciones gubernamentales, en materia de radio, realizadas de 1921 a 1940, nunca rebasaron los limites normativos, propagandísticos y de censoria, razón por la cual, de ningún modo se llega a consolidar una radio mexicana estatal y privada de tipo social, limitándose la participación del gobierno, en los últimos años del periodo de referencia, a la producción de la “Hora nacional” (creada en 1937).

En el contexto de la política radiofónica gubernamental, antes comentada, fue creciendo y consolidándose la radio comercial”. Entre 1934 y 1940, el número de estaciones de radio aumentó casi al cien por ciento, de 68 llegó a un total de 113 (Ramos, 2007, p. 64). Este crecimiento siempre estuvo orientado por la lógica de mercado y jamás se hicieron presentes proyectos radiofónicos, con una visión social del uso del medio, que promoviera la participación comunitaria y reflejara la problemática de la sociedad.

El carácter privado de la radiodifusión, se consolida con la creación, en 1939, de la Comisión Consultiva de Radio, organismo que se fija como objetivo dirigir, administrar y resolver los problemas del sector radiofónico comercial, integrándose para el efecto un comité formado por representantes del gobierno y por miembros de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicación, organización a la que pertenecía la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras Comerciales (AMERC). Este cuerpo colegiado, permitió, a los empresarios de la radiodifusión tomar en sus manos el destino de la industria, además de ponerlos en ventaja en sus negociaciones con el Estado.

Para el periodo 1940-1960, las políticas de comunicación se enfocan, primordialmente, hacia el impulso del desarrollo de la televisión.

Miguel Alemán Valdés (1946-1952), es quien inicia la construcción de un modelo comercial de televisión, similar al que se implementaba, en esos años en Estado Unidos, sin tomar en cuenta, siquiera, la opción que representaba la televisión de tipo público y social, que se aplicaba en Canadá, Gran Bretaña y varios países europeos.

El gobierno alemanista, con fines propagandísticos, pretendía a toda costa contar en el corto plazo con una red televisiva de cobertura nacional, siempre en manos del capital privado. Para apoyar el crecimiento de la incipiente industria de la televisión, implementó una política proteccionista, consistente en condonar a las empresas televisoras el pago de impuestos, otorgarles permisos de libre importación de equipos y legislar a su favor, entre otras.

En este contexto, se otorgaron las primeras concesiones, a los tres canales pioneros del sector: XHTV Canal 4 (Rómulo O`Farrill, 1950); XEWTV Canal 2 (Emilio Azcárraga, 1951); y XHGC Canal 5 (González Camarena, 1952). El carácter proteccionista y carente de interés público de la televisión mexicana, se mantuvo durante todos estos años y persiste hasta nuestros días (Ley Televisa).

Sin embargo, a partir de 1940, motivadas por diversas circunstancias, se han presentado algunas acciones que rompen, un poco, con la predominante orientación privada de los medios electrónicos mexicanos. La primera acción, es la aparición del canal 11 del Instituto Politécnico Nacional que sale al aire en 1959 con la intención de ser una televisión con vocación cultural y educativa. Esta gestión, llevada a cabo durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), nació débil y nunca contó con el respaldo total y absoluto de este régimen, reflejándose esto en sus carencias de todo tipo, en su limitada cobertura, en la baja calidad de su programación y en su escasa audiencia, situación que perduró durante décadas.

Las políticas de comunicación aplicadas durante los gobiernos de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), siguen enfocadas a los medios electrónicos, presentando dos posiciones encontradas; López Mateos, continúa la dinámica de ceder y conceder todo a los empresarios; y Díaz Ordaz, trata de detener los excesos. En forma más explícita la narración de hechos es como sigue:

En la década de los 60, la relación de colaboración y ayuda mutua, entre gobierno y medios, ya tiene lazos muy fuertes y estrechos, lo que queda de manifiesto con la promulgación, en 1960, de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde a pesar de que expresamente se señala el “interés público” de los medios, no se especifica cuestión alguna sobre el cómo y cuándo el Estado utilizará e impulsará la creación de medios públicos. Al no existir mención alguna sobre la promoción de la cultura nacional y la educación a través de la radio y la televisión, esto queda sujeto al criterio de los concesionarios.

Sin ninguna obligación y restricción de por medio, las radiodifusoras y las televisoras comerciales, quedan liberadas de todo compromiso con el gobierno y la sociedad, situación que deja la puerta abierta, para que los medios electrónicos se conviertan en la voz y el poder de la nueva y vieja oligarquía mexicana, en este momento, en pleno periodo de consolidación.

Gustavo Díaz Ordaz intenta retomar el control de la situación, mediante el establecimiento de una Comisión Intersectorial, encargada de coordinar los tiempos oficiales en los medios comerciales, es decir, se trata de hacer efectivo el tiempo a que tiene derecho el Estado en los medios electrónicos. Esta medida no será vista con buenos ojos, por parte de los empresarios y éstos regatearán la medida (hasta nuestros días), a través de triquiñuelas como el ceder el tiempo en horarios inadecuados (horas de la media noche).

La política de medios de Díaz Ordaz, no logra grandes avances y finalmente éste cede, por el servicio que le proporcionan los magnates de la prensa, al callar los hechos sangrientos del 2 de Octubre de 1968.

La década de los 70, periodo de mayor florecimiento de las acciones gubernamentales en cuestiones de comunicación

En la década de los 70 y parte de los 80, el Estado mexicano, logra su mayor participación en materia de medios de comunicación, siendo durante los mandatos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, cuando esto tiene lugar.

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)

La participación del gobierno en este periodo, no solo en medios, sino en la actividad económica en general, será coyuntural y motivada por la crisis mundial, la que ocasiona altos niveles de desempleo y una inflación persistente en nuestro país, lo que causará estragos en las empresas, obligando a varias de ellas a cerrar, creándose así un déficit de inversión privada, que el Estado

tiene que cubrir con la inversión pública para superar la emergencia. Asimismo, aunada a la crisis económica, se presenta una crisis social que, se manifiesta en un amplio movimiento guerrillero que abarca varios puntos del territorio nacional.

Las circunstancias antes señaladas, crearon las condiciones propicias, para una mayor participación del Estado en la economía y en las actividades comunicacionales, manifestándose esto último, en la creación de varios organismos gubernamentales para regular, supervisar y controlar el ejercicio de la comunicación y en la adquisición de diversas estaciones de radio y televisión. En 1972 el gobierno federal adquirió el Canal 13 y Televisión Rural de México, la que a la postre seria llamada Televisión de la República Mexicana (TRM).

Como este rápido incremento de la incursión estatal en el sector mediático fue producto de la coyuntura económica y política del momento, el gobierno en turno no estaba preparado para enfrentar, en mejores condiciones, esta situación, razón por la cual la política de comunicación de Luis Echeverría se hizo sobre la marcha y nunca se pudo concretar un plan con propósitos claros, para impulsar el desarrollo de la radio y la televisión, con un sentido de utilidad pública y social.

En este ambiente de improvisación se desarrollara TRM, sin contar con el personal directivo especializado y experimentado, ni tener definido el modelo de televisión a seguir, ni poseer claridad en sus objetivos. Dadas estas circunstancias, no se podía esperar una programación de buena calidad y, en los hechos, siempre fue deficiente.

Aunado a lo anterior, los canales de TV gubernamentales siempre tuvieron el sello del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), consistente, entre otras cosas, en que éste, siempre ponía al frente de las diferentes empresas paraestatales, personas que no contaban con el perfil profesional requerido. Aquí lo que contaba era estar bien con el PRI. Otra característica del priísmo, era que todo lo convertía en medio propagandístico, con fines de control ideológico, llenando de alabanzas al gobierno en turno.

Para tal efecto, la TV le venía como anillo al dedo, motivo por el cual, ésta se condujo todo el tiempo con criterios políticos.

Desde su origen la televisión estatal no logró liberarse del control político de un sistema de gobierno corporativista y autoritario. La historia de esta televisión estuvo determinada por la política sexenal del gobierno en turno y los cambios constantes afectaron el rumbo y los desdibujados objetivos de la televisión estatal (Ramos, 2007, p. 70).

Aprovechando esta dinámica de estatización, en 1973, Echeverría intenta promulgar una nueva ley en materia de comunicación, pero la fuerte oposición del capital privado se lo impide y el intento se reduce a la creación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual no es suficiente para orientar el desarrollo de la televisión estatal y hacer cumplir a los medios comerciales sus responsabilidades y compromisos con la sociedad.

El avance gubernamental en la actividad comunicacional, será contrarrestado por la reestructuración de las empresas privadas, las que a partir de este momento tienden a convertirse en los grandes monopolios mediáticos que hoy conocemos, tal es el caso de Televisa, creada en 1973, al fusionarse Telesistema Mexicano (Emilio Azcarraga) y Televisión Independiente de México (Grupo Alfa, Monterrey).

La formación de grandes corporativos de TV y radio, fortalecerá aun más a los empresarios del sector y les permitirá detener todo intento gubernamental por regular la industria mediática y limitar sus privilegios, así como tener una gran influencia en la definición de las políticas de comunicación de los años setenta y hasta nuestros días.

Cabe destacar que el gobierno mexicano, con Luis Echeverría a la cabeza, juega un papel muy activo en el Movimiento de Países No Alineados, manteniendo una posición combativa en los foros internacionales y realizando acciones como la creación del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM). El movimiento de los no alineados tuvo sus mejores días, en el periodo comprendido de 1964 a 1976.

Los avances logrados por Luis Echeverría, en materia mediática, no trascendieron de lo antes reseñado, por las inconsistencias de su política de comunicación, por la presión de los monopolios mediáticos, pero sobre todo, porque, a mediados de su sexenio, se empieza a agudizar la problemática social, hasta alcanzar estallidos violentos y sobreviene una devaluación del peso, producto del crecimiento del déficit del gasto público, el cual se utilizó para el establecimiento de empresas estatales pésimamente administradas, como ya se indicó.

José López Portillo (1976-1982)

Durante este sexenio, después de posponerse, por los descubrimientos petroleros de esos años, la crisis política y económica que amenazó a nuestro país con un estallido de gran alcance, la nación mexicana vive una bonanza pasajera que se manifiesta en diversos ámbitos; el campo de la comunicación no fue la excepción, aquí, durante estos seis años, se logran los mayores avances que registra la historia, contribuyendo a ello, el contexto mundial de las décadas de los 70 y 80 (debate del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación-NOMIC-).

La ebullición política causada por el Informe McBride, llega a México y toma cuerpo, en la organización, por parte del gobierno, en coordinación con la UNESCO y la Federación Latinoamericana de Periodistas, de debates y seminarios en torno al NOMIC, así como en la creación de agencias de noticias nacionales y regionales como fueron los casos de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI) y de Acción de Sistemas Informativos Nacionales (ASIN); la primera, creada en 1984, con agencias similares en África y Asia; la segunda, fundada en 1979 en la Ciudad de México, como producto de un acuerdo interestatal firmado por 13 países de América Latina y el Caribe. La finalidad de estas organizaciones, era crear un sistema alternativo de noticias a nivel regional y contrarrestar los flujos informativos de las agencias internacionales.

Aunado a lo anterior, se crea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación; la Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONARTE); la Unidad de Televisión Educativa y Cultural (UTEC), de la Secretaría de Educación Pública; se otorgan señales de televisión a los gobiernos de los estados de Veracruz, Yucatán e Hidalgo; y Televisión de la República Mexicana (institución estatal), que llega a contar con 129 estaciones transmisoras en todo el país.

Asimismo, a partir de 1979, el Instituto Nacional Indigenista, adopta a la radio como medio para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, estableciendo para ello, inicialmente, seis estaciones de radio comunidad indígena, en el mismo número de estados de la República con población de estas características.

En la efervescencia del NOMIC, José López Portillo, incluye en el Plan Básico de Gobierno 1976-1982, acciones tendientes a garantizar el derecho a la información e instruye a Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, para que realice las gestiones necesarias para incorporar dos aspectos a la Constitución Mexicana:

1. El carácter educativo, social y democrático de los medios de comunicación, garantizado por el Estado; y

2. La ampliación del tiempo de los partidos políticos en los medios masivos de comunicación, para promover de manera permanente la educación política de la sociedad.

En la misma dinámica, queda de manifiesto que, para José López Portillo, era primordial que México contara con políticas nacionales de comunicación, así como con un sistema nacional de comunicación social, pues ello permitiría canalizar la utilización de los medios de comunicación, hacia el impulso del desarrollo del país. Esto queda plasmado en el libro: “Políticas y sistemas nacionales de comunicación social”, publicado en 1981 por la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

La reglamentación del derecho a la información y la intención de establecer políticas nacionales de comunicación en México, fueron mal vistos por los dueños de los medios, quienes, con Televisa a la encabeza, se opusieron a cualquier cambio y disposición argumentando que esto atentaba contra la libertad de expresión. Como salida lateral, los concesionarios mexicanos proponen una autorregulación de los medios y una valoración ética y moral de la labor periodística, adoptando de esta manera, la posición de las empresas transnacionales opositoras al NOMIC.

Finalmente, esgrimiendo la bandera de la no intervención del Estado en la actividad mediática, por ser atentatorio de la libre opinión, los dueños de las empresas privadas de comunicación, logran enturbiar el ambiente político y crean corrientes de opinión en contra del gobierno, razón por la que éste se ve obligado a dar marcha atrás en la reglamentación jurídica del derecho a la información y en la disposición de implementar políticas comunicacionales.

Sumado a lo anterior, los medios privados, en particular Televisa, fueron ganando credibilidad, audiencia, capacidad económica y poder político. Paradójicamente, esto lo obtienen gracias al apoyo del mismo gobierno vía permitirles el acceso a información privilegiada, el otorgamiento de toda clase de dádivas, compra de espacios para la difusión de mensajes gubernamentales y trato fiscal preferencial, entre otros. En contraste, la televisión estatal no tenía credibilidad; su audiencia era escasa por la mala calidad de su programación, enfrentaba limitaciones financieras; su administración era deficiente (los puestos ejecutivos eran un trampolín de los priístas) y, sobre todo, reinaba una enorme corrupción.

el periodo de López Portillo ha sido considerado, por investigadores y estudiosos de la comunicación, como el más caótico en el manejo de los medios del sector estatal…En el caso de la televisión, la inconsistencia administrativa, los abusos de poder y el despilfarro de los recursos públicos en una empresa que estaba más preocupada por complacer a algunos funcionarios del sector gubernamental que en cumplir su responsabilidad social y cultural, fueron hechos que contribuyeron al desgaste de la televisión del Estado. (Ramos, 2007, p. 75).

A pesar del interés de López Portillo, por implementar algunas cuestiones del NOMIC en nuestro país, no demostró tener la claridad ni la intención suficiente para democratizar el funcionamiento de los medios de comunicación mexicanos, garantizar la función pública y social de éstos e impulsar el desarrollo y consolidación de las empresas mediáticas de propiedad estatal, motivo por el cual no se alcanzaron mejores metas.

El periodo de 1982 al 2000, etapa de retroceso de las Políticas gubernamentales de comunicación en México

En el periodo de 1982 al 2000 se desarrollan los mandatos presidenciales de Miguel De la Madrid Hurtado, Carlos Salinas De Gortari y Ernesto Zedillo. Éstos, obligados por las circunstancias y por sus convicciones, darán marcha atrás a lo logrado, en la actividad comunicacional, en los dos sexenios anteriores.

Miguel de la Madrid Hurtado (1982 a 1988)

Cuando, en la segunda mitad de la década de los 70, se descubre el enorme yacimiento de petróleo de Cactus, Chiapas, José López Portillo, presidente en turno, lo celebra diciendo que, los mexicanos teníamos que prepararnos para administrar la abundancia. Una vez pasado el encanto petrolero, y registradas dos bruscas devaluaciones del peso en el último año de su gobierno, la filosofía popular ubica en el nuevo contexto a esta frase y ahora señala que a Miguel De la Madrid le tocó administrar la crisis.

Efectivamente, la crisis económica que circunstancialmente se pospuso durante seis años, finalmente estalla durante el sexenio de De la Madrid. En este periodo, México vive los peores años de su historia moderna, los estragos económicos, políticos y sociales que causa esta situación, requerirían de miles de páginas para reseñarlos. Sin embargo, varios estudiosos del problema, acuñaron un indicador que resume el impacto negativo de la crisis, quedando, éste expresado, en considerar a los 80, como “la década perdida”, debido a que los niveles de bienestar de la población mexicana, registrados en este momento, regresaron a los que tenían en 1970.

Ante la presión de un elevado déficit presupuestal, una devaluación diaria durante seis años, una hiperinflación sexenal y una insolvencia financiera para pagar la deuda gubernamental, Miguel De la Madrid, inicia una serie de ajustes para enfrentar esta problemática. En lo concerniente a las empresas estatales de comunicación, en primer lugar éstas serán objeto de una reordenación y en segundo, se irán perfilando para ser vendidas durante el gobierno de Carlos Salinas.

La reordenación, realizada en 1983, consistió en desconcentrar las actividades de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), mediante la creación de tres nuevos organismos: el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Mexicano de Televisión y el Instituto Mexicano de la Radio.

Otra cara de la reordenación, fue la tentativa de hacer autofinanciables a las empresas gubernamentales de medios, para ello, en 1985 se creó Imevisión, con el fin de constituir todo un sistema televisivo, conformado por estaciones regionales, una coordinación de estaciones repetidoras, unidades de producción y redes de televisión como lo fueron el Canal 13 con 47 repetidoras; el Canal 7 con 99 repetidoras; el Canal 22 del Distrito Federal; el Canal 8 de Monterrey; el Canal 2 de Chihuahua y el Canal 11 de Ciudad Juárez. Con este sistema se pretendía ser competitivo, para poder operar comercialmente y de esta manera llegar a ser una empresa autofinanciable.

El objetivo de convertir a Imevision en una empresa competitiva y rentable no se cumplió y se empezó a desintegrar en 1990, cuando fueron vendidos los canales 7 y 22 del D. F., 8 de Monterrey y 2 de Chihuahua. Finalmente, fue vendida en su totalidad en 1993.

Otra medida adoptada para enfrentar la crisis, fue el rediseño de la política gubernamental de difusión y propaganda, consistente en concentrar el gasto publicitario, en sólo unos cuantos periódicos de circulación nacional. Esto también le sirvió como cubierta, para reprimir económicamente (distribución discrecional de publicidad y de suministro de papel), a todos aquellos medios impresos que le resultaban incómodos. En este tenor, la Secretaría de Gobernación desempeño funciones de censura y de control de los medios.

Muy poco fue lo logrado por el gobierno de Miguel De la Madrid, no sólo en lo que a medios se refiere, sino también en lo general y terminó dedicándose a, literalmente, administrar la crisis.

Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994)

A Carlos Salinas no sólo le toca enfrentar lo más agudo de la crisis económica, sino también el conflicto político ocasionado por las elecciones presidenciales, con sospechas de fraudulentas, en las que resultó triunfador.

Las medidas que adopta para remontar la situación estuvieron dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consistieron en aplicar un programa de choque para contener la inflación, poner en práctica una economía de mercado, alentar una apertura comercial (TLC), permitir una mayor inversión extranjera, reducir el gasto público, suprimir los subsidios gubernamentales, seguir una política de congelamiento de salarios y vender las empresas paraestatales de todo tipo. A este conjunto de medidas se le conoció como “neoliberalismo económico”.

Para justificar la aplicación de estas medidas, Carlos Salinas dijo a la nación:

…el Estado paternalista llegó a su fin, no hay otra opción, el Estado, aunque quisiese permanecer proveedor, paternalista, absorbente, lo haría cada vez más ineficientemente y se debilitaría. El panorama internacional nos está mostrando día a día que el Estado avasallador está en retirada. Una retirada, por cierto promovida por quien se supone era su beneficiaria: la sociedad misma (Ramos, 2007, p. 79).

Este sofisma, impactó a una sociedad atribulada por la crisis y amplios sectores de la misma, con su silencio, consintieron la puesta en marcha de la privatización de todas las empresas del Estado, entre ellas las mediáticas.

El proceso de privatización de las empresas de medios, se inició en 1990 y se concretó hasta 1993, cuando finalmente se puso a la venta, en forma de paquete, las redes nacionales: Canal 7 y Canal 13, Impulsora de Televisión de Chihuahua, el periódico El Nacional, Estudios América y Compañía Operadora de Teatros.

En subasta pública, con sospechas de fraudulenta, el paquete de medios, con excepción de El Nacional, le fue otorgado a una empresa de nombre Radio Televisora del Centro, sin experiencia comprobada en la actividad televisiva y propiedad de Ricardo Salinas Pliego, de quien se sospecha, hasta el día de hoy, es prestanombres de Carlos Salinas De Gortari.

Con esta decisión gubernamental, se da margen a la creación de un duopolio electrónico en México (Televisa y TV Azteca) y se entrega al capital privado, el desarrollo y la operación de los medios de comunicación de nuestro país, quedando reducida a su mínima expresión, la posibilidad de una vía estatal, la cual es representada por los canales 11 y 22, únicos que no fueron vendidos y que, en 1994 serán integrados, en un organismo creado ex profeso para el efecto, denominado Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C. , red que con todo tipo de limitaciones, no representará mayor alternativa para una televisión mexicana de enfoque social y de utilidad pública. En este sexenio, entramos de lleno, al igual que la economía en su conjunto, a una política de comunicación de mercado.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)

Como durante este gobierno se profundiza en la aplicación de las medidas neoliberales e irrumpe una nueva crisis financiera, continúa el retiro del Estado

de las actividades comunicacionales, reduciéndose su intervención a cuestiones marginales, como el mantenimiento de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales y la apertura, en el año 2000, del Canal del Congreso. Asimismo, Zedillo, se pronunció por la autorregulación de los medios, a través de códigos de ética y normas internas de conducta, tal como lo venían haciendo, desde mediados del siglo XX, las empresas mediáticas de algunos países europeos. La ausencia rectora del Estado, ocasiona que la iniciativa privada, siga consolidándose y adueñándose del campo mediático mexicano, quien, gracias a esto, seguirá una firme tendencia de carácter monopólico.

Las políticas de comunicación del gobierno del cambio, que nada cambiaron, presidencia de Vicente Fox Quesada 2000 a 2006

En julio del año 2000, concluye una larga dictadura de partido de Estado producto de un proceso electoral, en el que triunfó un candidato que dijo representaba el cambio. Dicho cambio, cuando menos en el sector comunicacional, hasta el momento no se ha visto. Prueba de ello es lo siguiente.

De manera furtiva, señala Nubia Ramos (2007), la administración de Vicente Fox hizo llegar a unos cuantos privilegiados, un documento de cuatro cuartillas, titulado “Políticas de comunicación del nuevo gobierno”, siendo tres los aspectos principales de las mismas: derecho de la sociedad a la información, derecho social a la libre expresión y derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas. Nada nuevo bajo el sol, las mismas banderas de los gobiernos priístas en materia de medios de comunicación.

La prueba palpable, de la continuación de la línea marcada por las administraciones anteriores, por parte de Fox, fueron sus reiteradas y vehementes declaraciones, en cuantas ocasiones le fue posible, acerca de la admiración que sentía por el neoliberalismo económico y sus supuestas bondades. Todavía, durante su ultimo año de gobierno, no se cansó en rendirle culto al modelo neoliberal, al llamar a los mexicanos a mantener el rumbo, utilizando para ello, una de sus tantas frases coloquiales: “No hay que cambiar de caballo a medio río”.

Durante los seis años de gobierno de Vicente Fox, no solo se mantuvieron intactas las políticas de comunicación, establecidas por Carlos Salinas y continuadas por Ernesto Zedillo, sino que pasó del Estado benefactor de la sociedad, al Estado benefactor de los oligarquías mediáticas, siendo una prueba irrefutable de ello el despojo a la nación, que pretendían realizar las televisoras a través de la llamada Ley Televisa, ley que con su silencio, Fox siempre apoyó y posteriormente con su rúbrica avaló, al firmar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión. Dicho decreto fue publicado el 12 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Con la aprobación y aplicación de la ley de referencia, se da lugar a:

• El establecimiento de un modelo mediático que permitirá que más del 80 por ciento del cuadrante permanezca en manos de dos compañías de televisión, garantizando un negocio multimillonario al abrir su campo de expansión a las telecomunicaciones.

• Ubicar a México como el único lugar en el mundo con los mayores monopolios de medios electrónicos.

• Cerrar el acceso al espectro radiológico a pequeñas empresas, a instituciones educativas y a la comunidad en general, en la medida en que Televisa y TV Azteca tendrían todo el control sobre el otorgamiento y la comercialización de las concesiones de radio y TV.

• La entrega a perpetuidad, de manera gratuita y de forma ilegal, del espectro radioeléctrico a las empresas monopolistas de televisión y de radio. De consumarse esto, se constituiría en uno de los mayores despojos de los bienes de la nación, ello tomando en cuenta, el valor de miles de millones de pesos que tiene el espacio radial.

Lo controvertido de la Ley Televisa motivó, al momento de ser aprobada en la Cámara de Senadores (31 de marzo de 2006), una votación dividida de 81 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones. Al perder la votación, los opositores a la mencionada ley, recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), interponiendo una controversia constitucional (5 de mayo de 2006), para que este cuerpo colegiado, después del trámite correspondiente, tuviera a bien declararla inconstitucional.

La SCJN sesionó, para desahogar este caso, del 5 al 8 de junio de 2007, los acuerdos de cada una de esas reuniones, como se observa en los siguientes titulares del periódico La Jornada, fueron contundentes:

FECHA DE EDICION TITULAR Y BAJANTES

5 de junio de 2007

CUESTIONA QUE EL DINERO SEA CRITERIO DECISIVO EN CONCESIONES

Corte: ambigua e incongruente, la Ley Televisa

• Advierte que la subasta pública sólo otorga medios a poderosos

• Declara ilegal que el Senado objete designaciones en la Cofetel

6 de junio de 2007

DESLIZA QUE EL CONGRESO PRIVILEGIÓ AL DUOPOLIO TELEVISIVO

Tiro de gracia de la Suprema Corte a la ley Televisa

• Invalida artículos que permitían a cadenas aumentar su poder

• Anula la norma que posibilita las concesiones por 20 años

• Quita la subasta como medio para otorgar espacio radioeléctrico

7 de junio de 2007

INCUMPLIÓ EL MANDATO DE APOYAR A RADIOS COMUNITARIAS

Corte: marginó el Congreso a etnias en la ley Televisa

• Aplicó requisitos financieros y legales imposibles de asumir

• El Legislativo lleva seis años violando la Constitución: Góngora

8 de junio de 2007

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CONFIRMA LA INVALIDEZ DE SIETE ARTÍCULOS CLAVE

La ley Televisa se aplicará sin privilegios inconstitucionales

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer la invalidez de siete artículos clave de la llamada ley Televisa, echó abajo el régimen inconstitucional de privilegios para las dos grandes cadenas televisoras y puso punto final a la demanda

De acuerdo al último titular, procede la controversia de declarar inconstitucional la Ley Televisa y la SCJN, instruye para que el Presidente y el Senado de la República, formulen un nuevo planteamiento, que hasta el momento de redactar este párrafo, se encuentra pendiente.

Después de haber analizado las políticas de comunicación que, se formularon y aplicaron en México de 1921 al 2006, seis son las conclusiones iníciales a las que podemos llegar:

1. Son de carácter normativo y se circunscriben a los medios electrónicos.

2. En todo el periodo analizado, no se formula una sola política de comunicación para el desarrollo, lo que representa una total falta de tradición al respecto.

3. Predomina el impulso, por parte del gobierno, a la constitución de empresas de comunicación de capital privado.

4. En el transcurso de los años de 1920 a 1982, existe un interés intermitente por parte del Estado, por tener una participación activa en las actividades comunicacionales. De 1982 al 2006 este interés tiende a cero.

5. La combinación de los dos puntos anteriores, da margen a la formación de grandes monopolios mediáticos (privados).

6. Con la frase dicha por Carlos Salinas “El panorama internacional nos está mostrando día a día que el Estado avasallador está en retirada” se crea el fantasma del estatismo; el cual espanta a algunos, por el supuesto atentado a la libertad de expresión que esto representa; y lo aprovechan otros, como defensa de sus aviesos privilegios, para desalentar cualquier intervención estatal, así sea ésta necesaria para promover el crecimiento de la economía.

Las empresas monopolistas de medios son, a la fecha, el principal obstáculo para el diseño y puesta en marcha de políticas de comunicación que, democraticen este sector y permitan hacer factible la comunicación para el desarrollo, dada la importancia del análisis de este aspecto, dedicaremos a continuación un apartado sobre el mismo.


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julio
X Congreso EUMEDNET sobre
Turismo y Desarrollo




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Próximos congresos

 

06 al 20 de
octubre
I Congreso EUMEDNET sobre
Políticas públicas ante la crisis de las commodities

10 al 25 de
noviembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Migración y Desarrollo

12 al 30 de
diciembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Economía y Cambio Climático

 

 

 

 

Encuentros de economia internacionales a traves de internet


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